Reclamación por denegación parcial de acceso a información del registro RITSIC sobre instalaciones de ascensores y resultado desestimatorio

Resolució 1459/2024, de 28 de novembre Número d’expedient de la Reclamació: 1051/2024 Administració reclamada: Departament d’Empresa i Treball - Generalitat de Catalunya Informació reclamada: Diversa sobre manteniment d’ascensors. Sentit de la resolució: Desestimació Resum: En aquest supòsit la reclamació ha de ser desestimada d’acord amb els arguments següents. En el cas que ens ocupa, la Comissió considera que la interpretació de les causes que han motivat la denegació de l’accés a la informació sol·licitada - causes que consten abastament explicades a l’antecedent 6 d’aquesta Resolució- són perfectament compatibles amb la LTAIPBG. La interpretació dels límits al dret d’accés a la informació pública que fa l’òrgan competent del Departament de Empresa i Treball està totalment alineada amb la doctrina prèvia de la GAIP aplicable a aquest cas concret i s’ajusta perfectament als criteris ja establerts en el passat per aquesta Comissió. En definitiva, aquesta Comissió resol que la pretensió de la persona jurídica reclamant no pot prosperar en el marc d’aquest procediment. Paraules clau: Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Treball. Registres. Cartera de clients. Reclamació contra estimació parcial. Límits. Interessos econòmics i comercials. Protecció de dades. Desestimació. Mediador: Josep Ramon Barberà i Gomis Ponent: Clara I. Velasco Rico Antecedents El dia 25 de juliol de 2024 entra a la GAIP la Reclamació 1051/2024, presentada per una persona física contra la Direcció General d’Indústria del Departament de Empresa i Treball, en relació amb la sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP) presentada el dia 26 d’abril de 2024, que fou parcialment desestimada per l’administració reclamada. La persona reclamant sol·licita el procediment de mediació previst a l’article 42 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) i regulat pels articles 36 a 41 del Reglament de la GAIP, aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol (RGAIP). El dia 29 d’agost de 2024 la GAIP admet provisionalment la Reclamació, informa a la persona reclamant sobre els aspectes més rellevants de la seva tramitació i de la posició jurídica que ostenta com a persona interessada, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu i la de transparència i accés a la informació pública. Li demana especialment que informi a la GAIP immediatament de les comunicacions que rebi de l’Administració reclamada relatives a la informació pública sol·licitada, mentre duri la Reclamació. Després de diversos intents des de la GAIP per a que es convingui una data per a la celebració de la mediació, la part reclamant ha manifestat en diverses ocasions la seva manca de disponibilitat horària. En concret, en un escrit adreçat a la GAIP el dia 12 de setembre de 2024 fa constar que: “En relación con la citación a la sesión de mediación en el Exp. Reclamación 1051/2024 contenida en su correo anterior y propuesta para el día 13 de septiembre, lamento comunicarles que actualmente, debido a circunstancias personales, no tengo disponibilidad para comparecer telemáticamente en horario laboral o diurno ante GAIP”. Aquesta mateixa afirmació es conté en un segon escrit, d’11 d’octubre de 2024, en el qual la persona reclamant exposa que “No tenía certeza de mi disponibilidad en las fechas sugeridas para el acto de mediación y de la necesidad de mi eventual aportación adicional al mismo. En relación con ambos aspectos, querría comunicarles, por un lado, que lamentablemente continúa mi falta de disponibilidad en horario de oficina y, por otro y más importante, que mi aportación al acto de mediación se contiene en mi mensaje anterior y, como anticipaba en el mismo, en el escrito de “Alegaciones Complementarias”, registrado en el procedimiento con Expte. nº 1051/2024 en el Registro E. General de la Generalitat en fecha 18/09/2024 (Número de registre 9015- 2233357/2024)”. En les al·legacions complementàries a les quals es fa referència en l’antecedent anterior es conclou el següent: “El derecho de acceso al RITSIC se establece en la normativa autonómica catalana de seguridad industrial, la Ley 9/2014, de 31 de julio, y el Decreto 192/2023, pero no se ha transpuesto ni implementado por la Generalitat los medios electrónicos de acceso impuestos por la Directiva de servicios para ejercer dicho acceso, el cual, no obstante, es de aplicación obligatoria y directa en todo el Estado por el carácter básico de las leyes de transposición de dicha Directiva. CONCLUSIÓN: Por tanto, el derecho de acceso al RITSIC es expreso e innegable, cuyo ejercicio goza de un régimen propio y específico completo de acceso a la información pública, pero el hecho de que el mismo no se encuentre implementado por la Administración competente de la Generalitat hace entrar en juego la aplicación supletoria del régimen de acceso a la información pública previsto en la Ley 19/2014 de Transparencia de Cataluña (LTAIPBG), tal como establece su D.A. Primera, 2. de la Ley 19/2014 (D.A. Primera, 2., de la Ley 19/2013, LTAIBG), régimen al cual se vio obligado a acudir el solicitante, en ausencia del propio. En consecuencia, debe estimarse la reclamación, declarando el silencio administrativo estimatorio producido a la solicitud y la consiguiente estimación total del acceso a la información solicitada, declarando expresamente estar garantizado por el régimen propio y específico completo de acceso a la información pública del art. 19.1.b de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, el cual no prevé límites, salvo el referido a los datos de carácter personal, denegando la aplicación del límite al acceso del art. 14.1.h) y j) LTAIBG acordado en la resolución por la reclamada, relativo a la denominación y los datos identificativos de las empresas instaladoras, dato registral considerado expresamente de carácter público en la normativa de seguridad industrial catalana, art. 6.8 y art. 6.5.f) de la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, y el art. 83.1.a) del Decreto 192/2023, como ya se expuso en el escrito de reclamación, y anonimizando los datos identificativos de personas físicas.” En data 23 d’octubre de 2024 el mediador certifica d’ofici la impossibilitat de realitzar la mediació sol·licitada. Posteriorment, la resolució de la reclamació és assignada a una altra vocal de la GAIP. L’objecte de la SAIP registrada en data 26 d’abril de 2024 davant la Direcció General d’Indústria del Departament de Empresa i Treball és el següent: “Los asientos del registro de instalaciones técnicas de seguridad industrial deCataluña (ritsic), sección de aparatos elevadores, ascensores, de todas las instalaciones de ascensores de velocidad >0,15 m/s cuyas solicitudes de inscripción en dicho registro fueron presentadas ante la administración entre el 01/07/2017 y 30/04/2018.” La desestimació parcial de la SAIP es va fonamentar en els motius següents: “En primer lugar, respecto al límite invocado relativo a los intereses económicos y comerciales, del artículo 14.1.h) de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, se entiende aplicable respecto del dato solicitado sobre la razón social o denominación de las empresas instaladoras - conservadoras. En este sentido cabe poner de manifiesto que, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el registro de estos aparatos elevadores se hace, como también remarca la guía de aplicación de la ITC MIE -AEM 1 (aprobada mediante el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero), con el objeto de pretender dar a conocer al órgano competente de la comunidad autónoma qué aparatos se han instalado en su territorio y su localización con el objetivo de posibilitar el control posterior de los mismos, ya que la competencia sobre los ascensores que ostentan estos organismos es en relación a la garantía de la seguridad industrial, no tratándose de recogida de datos y difusión de los mismos para otro tipo de actividades. Por ello, se considera que, aunque la Direcció General d’Indústria disponga de información relativa a las empresas instaladoras/mantenedoras de los ascensores ubicados en Catalunya, la petición de difusión de ese dato junto con sus ascensores instalados no tendría fines de garantía de la seguridad industrial para la protección de los intereses colectivos, pudiendo ocasionar daño económico y comercial a cada empresa, por lo que se considera necesario argumentar razones de Seguridad industrial en la solicitud y acreditar el interés legítimo frente a dicho perjuicio. A mayor abundamiento, en cuanto a la valoración del daño que podría ocasionar la divulgación de esta información, la solicitud podría tener un fin concreto y particular que afectaría a los intereses económicos y comerciales de cada empresa instaladora frente al resto de empresas del sector. Por tanto, otorgar el acceso al detalle de la empresa instaladora/mantenedora podría afectar a la posición de mercado o procesos negociadores de naturaleza económica de las empresas, lo cual comprometería intereses económicos y comerciales de acuerdo al artículo 14 h) de la LTAIBG y al criterio interpretativo 1/2019, emitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre aplicación del citado artículo 14, número 1, apartado h), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En segundo lugar, en relación a la invocación del límite relativo al secreto profesional, regulado en el art. 14.1.j), cabe tener en cuenta la Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, articulo 2: “La información que reúna todos los requisitos siguientes: a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para éstas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control”. En el mismo sentido se pronuncia el Criterio Interpretativo 1/2019 emitido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tal como indica en sus alegaciones la entidad representativa: Ha de ser relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa. La información no ha de tener carácter público, es decir, que no sea ya ampliamente conocida o no resulte fácilmente accesible para las persones pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información. Debe haber una voluntad subjetiva del titular de la información de mantener alejada del conocimiento público la información en cuestión. La voluntad de mantener secreta la información ha de obedecer a un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cabrá identificar. Por ejemplo, cuando la revelación de la información produzca el detrimento de la competitividad de la empresa titular del secreto frente a sus competidores, debilite la posición de esta en el mercado o le cause un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial. Como indica la entidad representativa en sus alegaciones, la publicidad de la información solicitada supone un perjuicio para las empresas instaladoras/conservadoras, al tratarse de una parte fundamental de su negocio, además de ser una información desconocida por terceros, que representa para las propias empresas un valor estratégico que afecta a su competencia en el mercado y que iría en contra de sus intereses legítimos económicos y comerciales. Por tanto, tal y como hemos indicado anteriormente, indicar qué empresa es instaladora /conservadora de cada ascensor, revelaría la cuota de clientes que posee cada empresa en el mercado, haciendo pública una información comercial y/o financiera de carácter secreto, pues ostenta valor empresarial, con lo cual debería restringirse el acceso para proteger sus derechos e intereses legítimos. (...) Por último, en relación a la invocación del límite relativo a la protección de datos personales, regulado en el artículo 24 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, esta Administración debe aceptar el posicionamiento planteado por la entidad representativa dado que la información pública afectada contiene datos identificativos y de contacto de las personas físicas titulares de ascensores en el ámbito de Catalunya así como de las personas representantes de las empresas instaladoras/mantenedoras. A efectos del artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se considerarían datos de carácter personal el tratamiento de las cuales se encuentra sujeto en esta norma y al resto de la normativa aplicable en la materia. La comunicación de datos personales a terceros, en tanto constituye un tratamiento de datos, debe estar legitimada por alguna de las bases jurídicas previstas por el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, considerando también lo que disponga la normativa sectorial aplicable. En este sentido, el artículo 8.8 de la Ley 9/2014, del 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos, dispone que “los datos contenidos en el Registro son públicos, salvo los de carácter personal, que tienen la protección establecida por la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal [norma derogada por la actual Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales]”. Dicho precepto excluye expresamente el acceso a los datos personales que contenga el RITSIC, razón por la cual resultaría de aplicación el límite previsto por el mencionado artículo 24 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre,” . Fonaments jurídics 1. Competència de la GAIP i contingut i abast generals del dret d’accés a la informació pública D’acord amb l’article 39.1 LTAIPBG i 29 del RGAIP aquesta Comissió és competent per tramitar i resoldre aquesta Reclamació. L’article 2.b i c LTAIPBG defineixen la informació publica i preveuen el dret d’accés a les persones per a sol·licitar i obtenir-la que d’acord amb l’article 18.1 LTAIPBG, tan a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda. L’article 20 LTAIPBG preveu els requisits i criteris per a l’aplicació dels límits legals al dret d’accés a la informació pública, que l’Administració no disposa de potestat discrecional i ha d’indicar en cada cas els motius que ho justifiquen. Els articles 21 i 22 LTAIPBG estableixen que aquests límits no són d’aplicació automàtica i absoluta i han de ser aplicats d’acord amb criteris de proporcionalitat i temporalitat i han d’atendre les circumstàncies de cada cas concret, especialment la concurrència d’un interès públic o privat superior que justifiqui l’accés a la informació. 2. Sobre la desestimació de la Reclamació L’article 39.1 LTAIPBG estableix que “Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la informació pública i, si escau, les que resolguin el recurs de reposició poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, encarregada de vetllar pel compliment i les garanties del dret d’accés a la informació pública que regula aquest títol”. L’article 29 RGAIP desenvolupa aquest precepte i concreta que també poden ser objecte de reclamació davant la GAIP les comunicacions que substitueixin les resolucions i l’incompliment material del dret d’accés, quan aquest ha estat reconegut expressament o presumpta. L’article 2.c LTAIPBG defineix el dret d’accés a la informació pública com “el dret subjectiu que es reconeix a les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per aquesta llei”. Per la seva banda, l’apartat b del mateix precepte defineix la informació pública com “la informació elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb el que estableix aquesta llei”. Així mateix, l’article 20 de la LTAIPBG on s’estableix que el dret d’accés a la informació pública només pot ser denegat o restringit per les causes establertes per la Llei de forma expressa. Igualment, en concordança amb aquest article, les limitacions legals al dret d’accés a la informació pública han d’ésser aplicades d’acord amb llur finalitat, tenint en compte les circumstàncies concretes de cada cas concret, i s’han d’interpretar sempre restrictivament en benefici d’aquest dret, no podent-se ampliar per analogia. A més, cal incorporar aquí les previsions de l’article 22 de l’LTAIPBG on s’explicita, d’una banda que els límits aplicats al dret d’accés a la informació pública han d’ésser proporcionals a l’objecte i la finalitat de protecció i d’una altra que aplicació d’aquests límits ha d’atendre les circumstàncies de cada cas concret, especialment la concurrència d’un interès públic o privat superior que justifiqui l’accés a la informació. Igualment, l’article 44 del Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol (RGAIP), estableix que la resolució de la Reclamació pot inadmetre, estimar o desestimar, totalment o parcial, la sol·licitud de reclamació i que ha de ser motivada i s'ha de basar en l'aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la resta de l'ordenament jurídic. En aquest supòsit, la reclamació ha de ser desestimada d’acord amb els arguments següents. En el cas que ens ocupa, la Comissió considera que la interpretació de les causes que han motivat la denegació de l’accés a la informació sol·licitada - causes que consten abastament explicades a l’antecedent 6 d’aquesta Resolució- són perfectament compatibles amb l’LTAIPBG. La interpretació dels límits al dret d’accés a la informació pública que fa l’òrgan competent del Departament de Empresa i Treball està totalment alineada amb la doctrina prèvia de la GAIP aplicable a aquest cas concret i s’ajusta correctament al la interpretació dels límits que sosté aquesta Comissió. En definitiva, aquesta Comissió resol que la pretensió de la persona jurídica reclamant no pot prosperar en el marc d’aquest procediment. 3. Publicitat de les resolucions de la GAIP L’article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s’han de publicar en el portal de la Comissió previst a l’article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals. Resolució Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 28 de novembre de 2024, resol per unanimitat desestimar la Reclamació 1051/2024, d’acord amb les consideracions fetes al fonament jurídic 2, declarar-ne finalitzat el procediment i donar publicitat d’aquesta resolució al web de la GAIP. Iolanda Pineda Balló Presidenta Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.