Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó un inventario de captaciones y perforaciones en el Parc Natural del Montseny al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La administración alegó que no tenía un registro estructurado y que acceder a los expedientes físicos supondría una tarea compleja. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos digitales básicos, pero desestimó el acceso a los expedientes en papel.
El reclamante solicitó las preguntas y respuestas de una prueba piloto de tests psicométricos a la Generalitat de Catalunya. La administración denegó el acceso alegando propiedad intelectual de un tercero. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública de Cataluña desestimó la reclamación por considerar que el acceso en formato digital afectaría a los derechos de difusión y la eficacia de futuras pruebas.
La C.P. Puerto Azul solicitó al Ayuntamiento de Dénia acceso a expedientes y permisos de urbanización. Tras una resolución parcial, el Ayuntamiento limitó la entrega mediante resúmenes o índices. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos reales (no resúmenes) y expedientes relacionados, manteniendo los límites de protección de datos ya aceptados.
El reclamante solicitó información sobre formación en prevención de riesgos laborales, evaluaciones de riesgos y gestión de equipos para becarios al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El Ministerio denegó parte de la información alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a la Administración a concretar fechas y contenidos.
El interesado solicitó un listado detallado de infracciones sancionadas y procedimientos de inspección desde 2010 a la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. El reclamante impugnó la inadmisión de su solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración excesiva y compleja.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Topas copias completas de expedientes de obras y de una explotación porcina. El Ayuntamiento denegó el acceso total alegando propiedad intelectual y datos personales. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, ordenando al Ayuntamiento retrotraer el procedimiento para dar audiencia a terceros y luego entregar los expedientes completos, disociando datos personales, al no considerar la propiedad intelectual un límite aplicable.
Se solicitó a la FUNDACIÓN E.O.I. F.S.P. acceso a expedientes de subvenciones concedidas a The Valley Digital Business School y Fundación Universidad Complutense. La Fundación EOI permitió acceso parcial, excluyendo datos personales, pero denegó la exclusión de información comercial/propiedad intelectual por falta de justificación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación de The Valley, al considerar que la justificación detallada de la información sensible (know-how, estrategia comercial) fue aportada, aunque tardíamente, y debe ser excluida del acceso.
La Asociación Bien Común de Monesterio solicitó a CRTVE un documento audiovisual de una reunión institucional de 1995. CRTVE denegó el acceso alegando normativa interna e intereses económicos y de propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, dictaminando que las normas internas no pueden limitar el derecho de acceso y que los límites invocados no estaban justificados ni eran proporcionales, prevaleciendo el interés público.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Soto del Real el estado de un procedimiento urbanístico y copias de licencias e informes topográficos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información.
Se solicitó a Renfe Viajeros el coste desglosado de ser el "Tren Oficial" de la gira 25 aniversario de Estopa. Renfe denegó el acceso alegando que no era información pública y que afectaba intereses económicos/comerciales. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a Renfe a revelar el coste total de la campaña, al considerar que la información es pública y que el límite invocado no se justifica para el coste global sin desglose.
El reclamante solicitó copia de un expediente de dependencia de una tercera persona al Ayuntamiento de Pilas. Ante la falta de respuesta formal, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información contiene datos de salud especialmente protegidos y el solicitante no acreditó consentimiento o representación legal.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de La Palma del Condado el importe individualizado de las indemnizaciones pagadas a los miembros del tribunal de un proceso selectivo de la Policía Local. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y la existencia de un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia de Andalucía estimó la reclamación.
Se solicitó documentación sobre una reunión entre la inspección educativa y el claustre del Institut Els Til·lers de les Franqueses al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat. El reclamante alegó falta de respuesta. La Comissió de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la solicitud, ordenando el acceso previo a la anonimización de datos personales.
El solicitante pidió acceso a licencias y expedientes de protección de la legalidad urbanística de una finca al Ayuntamiento de Sant Vicenç de Montalt. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), reclamó ante la GAIP. La GAIP estimó la reclamación, permitiendo el acceso a la información, salvo datos personales sensibles bajo el principio de minimización.
Un representante sindical solicitó a la Universitat de Girona copia de los nombramientos de encargos de funciones del personal. La Universidad denegó el acceso alegando protección de datos personales. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que la normativa de protección de datos no impide el acceso a dicha información.
Un particular solicitó al Consell Comarcal del Pla d'Urgell datos en Excel de ayudas económicas de los últimos 5 años (importes, nacionalidades y municipios). La administración denegó parte de la información alegando que no disponía de los datos de nacionalidad y por protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación: ordena entregar datos estadísticos de 2020 y 2023 pero deniega la diferenciación por DNI/NIE.
Se solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya información sobre horarios, convenios, contratos e informes de inspección de un centro educativo. Ante la falta de respuesta, se interpuso reclamación. La GAIP estimó parcialmente la solicitud: concedió acceso a convenios e informes de inspección (anonimizados), pero denegó horarios, contratos y requerimientos.
La entidad AGROGOMERA, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Hermigua documentación técnica, contractual y financiera sobre el proyecto del Mirador-Lanzadera de Parapente de La Orilla. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando protección de datos y falta de existencia de documentos. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación y requiere la entrega.
El solicitante pidió a la Conselleria de Justícia i Administració Pública resoluciones y certificados sobre el criterio de aplicación del convenio de reciprocidad entre la Generalitat y la UV (2019-2021). Alegó que la denegación por protección de datos era improcedente al no ser datos sensibles. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y ordena el acceso anonimizado.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Barcelona acceso completo a tres expedientes disciplinarios. El Ayuntamiento anonimizó los testimonios alegando protección de datos y riesgo de acoso. La GAIP desestima el acceso al expediente de la hermana de la reclamante por falta de representación, pero estima el acceso a la identidad de los testimonios en los otros expedientes para garantizar el derecho de defensa.
Un ciudadano solicitó al Ajuntament de Barberà del Vallès copia de un expediente de licencia urbanística de su vivienda. Ante la falta de respuesta (silencio), presentó reclamación ante la GAIP. El organismo estimó la reclamación, declarando el derecho de acceso, aunque advirtió la necesidad de anonimizar datos personales y aclaró que el acceso no otorga derechos de explotación intelectual.
Se solicitó documentación sobre el proceso de selección y el sueldo íntegro de un empleado al Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. La administración no informó sobre los límites de acceso. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación: concede acceso a datos del proceso y retribución bruta, pero deniega el sueldo íntegro.
Se solicitó a la Dirección General de Planificación, Política Económica y Financiera de la Junta de Andalucía el expediente completo del proyecto minero IBERIAN BELT WEST. La entidad promotora alegó límites de intereses económicos/comerciales y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la documentación administrativa e informes, con censura previa de las técnicas innovadoras y know-how empresarial que pudieran afectar a dichos intereses.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores (AECID) la evaluación detallada de proyectos de innovación concedidos y en reserva, el proyecto de "Médicos del Mundo", y los CVs de los evaluadores. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a las evaluaciones y proyectos por secreto profesional/propiedad intelectual, pero concediendo los CVs de los evaluadores (anonimizados) por interés público en la fiscalización de fondos.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat el informe final de la investigación epidemiológica sobre un brot de intoxicación por pollo de 2005. Tras alegar la administración la protección de datos y la necesidad de reelaboración, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por no concurrir límites ni causas de inadmisión.
Un reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una copia completa de un expediente de acción inspectora contra dos empresas. El organismo denegó el acceso alegando un régimen específico de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha decidido suspender la resolución de la reclamación, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la normativa sectorial de la Inspección de Trabajo excluye la aplicación de la Ley de Transparencia en estos casos.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el "Plan de Limpieza" de los centros de salud de OSI Araba, alegando incumplimiento del contrato de limpieza (barrido en seco). El Departamento denegó parcialmente el acceso por confidencialidad. La Comisión Vasca desestima la reclamación, considerando que el Plan contiene secretos comerciales cuya divulgación dañaría a la empresa adjudicataria, y que la solicitud era desproporcionada dado que la información específica sobre el barrido ya fue proporcionada.
Un particular solicitó al Departament d'Empresa i Treball datos detallados sobre la plataforma de control de viviendas de uso turístico (HUTS), incluyendo municipios, plataformas y nombres de usuarios. La administración denegó el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación al considerar que concurren límites legales de investigación y de intereses comerciales.
El Colegio de Ingenieros Navales solicitó a la Delegación Territorial de Agricultura en Huelva los expedientes de concesión para plantas fotovoltaicas flotantes en el embalse del Andévalo. La administración denegó parcialmente el acceso alegando propiedad intelectual y exigió acreditar condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación, considerando que la mera invocación del límite es insuficiente sin acreditar daño real, y que el derecho de acceso es universal sin necesidad de acreditar interés.
El ciudadano solicitó a la Conselleria de Sanitat el número de objectores de conciencia para la eutanasia desglosado por hospital, ciudad y provincia. Tras una denegación inicial basada en la protección de datos, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación al considerar que se solicitan datos numéricos agregados que no vulneran la intimidad ni la confidencialidad.
El ciudadano solicitó a la Conselleria de Sanitat datos detallados sobre procedimientos de eutanasia, listas de solicitudes y datos sobre expedientes incompletos. Alegó que la respuesta fue insuficiente y evasiva. El Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos numéricos y temporales, pero deniega el acceso a las listas por afectar a datos sensibles de salud.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat una lista de hospitales donde se practicó la eutanasia y las fechas desde marzo de 2021. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales y confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación porque la información solicitada no vulnera la intimidad al no incluir datos identificativos.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
Se solicitó a la Agencia ACCIÓ información sobre la gestión de datos personales, protocolos, transferencias internacionales y materiales de formación. La GAIP resuelve que parte de la solicitud quedó satisfecha extemporáneamente (pérdida de objeto) y estima parcialmente el resto, obligando a entregar protocolos, régimen de garantías de transferencias y materiales formativos.
El reclamante solicitó los horarios de los profesores de un instituto para cinco cursos escolares al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. La administración denegó la información alegando una excesiva carga de trabajo por el volumen y la necesidad de anonimizar datos. La GAIP estimó la reclamación, indicando que el volumen no justifica la inadmisibilidad.
Un periodista solicitó a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) el convenio y adendas para el uso del Estadio Olímpico Lluís Companys por el FC Barcelona. El reclamante alegó que la denegación total era desproporcionada. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información excepto aquello que afecte a la seguridad pública.
El reclamante solicitó acceso físico al expediente completo de una licencia de obras mayores al Ayuntamiento de Pineda de Mar. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, ordenando el acceso pero advirtiendo la necesidad de anonimizar datos personales.
Se solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya información sobre propuestas de continuidad/no continuidad de un instituto y modificaciones de plantilla. El reclamante alegó disconformidad por la anonimización excesiva de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero excluyendo datos excesivos como el DNI.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior el expediente y criterios de la condecoración Orden del Mérito Policial. Ante la falta de respuesta y una denegación posterior basada en la protección de datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información es pública y los datos de los funcionarios son meramente identificativos.
Una persona física solicitó al Departament d’Empresa i Treball datos del registro RITSIC sobre ascensores. Tras una estimación parcial el 20 de junio de 2024, el solicitante reclamó la falta de entrega de la información. La GAIP inadmitió la reclamación por ser extemporánea, ya que se presentó fuera del plazo de un mes previsto en la normativa aplicable.
Se solicitó al SEM el registro anonimizado de servicios de ambulancias (2019-2024). El reclamante alegó recepción parcial e insuficiente de los datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la duración de llamadas, puntos de trayecto y motivos detallados, siempre que se apliquen técnicas de agregación para evitar la identificación de personas.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Alarcón acceso directo a los módulos de la plataforma GESTIONA sobre órganos colegiados. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decide inadmitir la reclamación por considerar que lo solicitado no constituye información pública.
ASUFIN solicitó a la AEPD copia del expediente sancionador EXP202304633 contra 4Finance. La AEPD denegó el acceso invocando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG por un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEPD facilitó acceso parcial (resolución y alegaciones de terceros) tras la reclamación, reconociendo la aplicación del límite por la investigación penal en curso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acta de adjudicación, valoraciones e informes técnicos de una licitación de satélites. El Ministerio denegó el acceso invocando límites. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar desmedida la denegación inicial por no ofrecer acceso parcial ni audiencia a terceros, lo que se subsanó durante el procedimiento.
Se solicitó información sobre la gestión de ordenadores en un Centro de Formación de Adultos (CFA) al Departament d'Educació i Formació Professional. El reclamante alegó que, pese a haber recibido respuesta, no se le entregó la información. La GAIP estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a fechas de entrega y actas de aceptación (anonimizando datos personales), pero deniega los requerimientos realizados a docentes en baja médica por contener datos de salud.
Una empresa se opuso a la entrega de documentos CHED-A sobre la entrada de macacos en Cataluña solicitados a través de transparencia al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Alegó abuso de derecho y afectación a secretos comerciales. La GAIP desestimó la reclamación, validando la decisión del Departamento de entregar la información anonimizada.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Elda plantillas de respuestas, informes psicológicos y actas de un proceso selectivo para inspector de Policía Local. Tras alegar algunos afectados la protección de datos de salud, el Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las actas y a los datos del solicitante y de quien autorizó, pero denegando los de quien se opuso.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació diversas facturas, actas y presupuestos del CEIP Camp de Túria de Bétera. La administración denegó el acceso alegando límites genéricos del art. 14 de la Ley 19/2013. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación y ausencia de ponderación del daño.
La Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos solicitó a CRTVE información detallada sobre sus inspecciones de IVA (ejercicios abiertos, prorrata, importes reclamados/pagados, liquidaciones pendientes) para 2013-2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de acceso, al considerar que la información sobre procedimientos tributarios en curso está protegida por el régimen de reserva de confidencialidad del art. 95 LGT.
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