Reclamación por denegación de acceso a licencias e informes técnicos urbanísticos en el Ayuntamiento de Soto del Real

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. El 31 de julio de 2024 tuvo entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por , de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, LTPCM). La reclamante manifestaba no haber recibido respuesta a su solicitud de acceso a la información pública presentada el día 24 de junio de 2024 ante el Ayuntamiento de Soto del Real, por la que solicitaba acceso a la siguiente información: «Primero.- Conocer el estado del procedimiento en el que soy interesada y que a la luz de estos nuevos hechos, se averigüe si en el caso de tener licencia para este vertido, se ajusta a la misma, en algunos casos, la tierra se ha elevado casi 5 metros, los árboles están casi sepultados. Segundo.- Copia de todas las licencias, informes topográficos y demás documentación respecto a las parcelas situadas en la [dirección].» Junto a la reclamación, se aportaron escritos previos sobre la misma cuestión y un informe de contestación de la Secretaría General del municipio, sin que conste resolución administrativa del órgano municipal competente. SEGUNDO. El 8 de agosto de 2024 se envió a la reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, la LPACAP). El 16 de octubre de 2024, se trasladó la documentación al Ayuntamiento de Soto del Real, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 de la LPACAP, remitiera un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulara las alegaciones que considere oportunas. TERCERO. El 5 de febrero del 2025 tuvo entrada un escrito del Ayuntamiento de Soto del Real junto a varios escritos anteriores de la reclamante de 24 y 28 de junio de 2024. El Ayuntamiento manifiesta lo siguiente: «Que los movimientos de tierra de la [dirección] cuentan con la oportuna licencia municipal otorgada con fecha 15 de diciembre de 2023 […] y que los posibles perjuicios sobre su cerramiento, los debe reclamar por vía civil.» Obra en el expediente un informe jurídico sobre la cuestión solicitada por la reclamante en el que se le indica, en síntesis, lo siguiente: 1º La acción pública en materia de urbanismo le permite tener acceso al expediente. 2º El proyecto técnico está protegido por derechos de autor ex artículo 10.1 f) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. 3º De conformidad con el artículo 14.1.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no procede la expedición de copias de proyectos. 4º El derecho a la información no alcanza tampoco al derecho de poder fotografiar la documentación obrante en el expediente. CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo de 7 de febrero de 2024 se dio traslado de las alegaciones a la reclamante. Asimismo, se le confirió el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 de la LPACAP con un plazo máximo de diez días para que presentara alegaciones. El 17 de febrero de 2025 tuvo entrada el escrito de alegaciones de la reclamante en el que manifestaba, entre otras cuestiones, lo siguiente: «Que la protección de los proyectos técnicos no impide su consulta. Y que sólo están protegidos por derechos de autor cuando se pretenden fines comerciales o de explotación. Que el Ayuntamiento justifica la denegación de acceso por el artículo 14.1 j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, pero realizado el test del daño, la ponderación a favor de la transparencia prevalece. El artículo 13 de la Ley de transparencia le permite obtener copias, existiendo diversas resoluciones del CTBG en las que se exige una razón justificada para impedirlo. En mi caso soy interesada ya que se trata de defender mis derechos contra una construcción como vecina colindante.» FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. En su solicitud, la reclamante pedía la «copia de todas las licencias respecto a las parcelas situadas en la [dirección]». El Ayuntamiento de Soto del Real, en la resolución impugnada, indicó a la interesada que «los movimientos de tierra de la parcela [dirección] cuentan con la oportuna licencia municipal otorgada con fecha 15 de diciembre de 2023 en el expediente de su razón, con número de referencia UR-OMY 4019-23». Según establece el artículo 5.b) de la LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». El derecho a la información, aplicable de forma general a la actividad administrativa, cobra especial importancia en el ámbito urbanístico. En este campo, cualquier ciudadano puede ejercer un control sobre el cumplimiento de la legalidad vigente, así como sobre la ejecución de los planes y demás instrumentos de ordenación y gestión urbanística. Por ello, se reconoce el derecho de acceso a la información que posean las Administraciones Públicas en relación con la planificación del territorio, el urbanismo y su evaluación ambiental. Asimismo, se garantiza la posibilidad de obtener copias o certificaciones de disposiciones o actos administrativos; así como de recibir por escrito información completa sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela concreta, conforme a lo previsto en el artículo 5 letras c) y d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, LSRU). Así, la documentación contenida en los expedientes de los procedimientos urbanísticos –por ejemplo, una licencia– debería considerarse información pública, dado que se encuentra en poder de una entidad sujeta a dicha normativa y ha sido generada u obtenida en el marco de las funciones urbanísticas municipales previstas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LRBRL). Por tanto, la licencia de obra referida por la reclamante se incardinaría claramente dentro del concepto de información pública del artículo 5.b) de la LTPCM. Además, no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada, ni que la entidad requerida haya alegado motivo alguno de inadmisión ni límite legal que justifique la denegación del acceso a la licencia, al menos en el escrito de denegación inicial. De hecho, el propio Ayuntamiento remitió un informe genérico en materia urbanística que señala lo siguiente: «Ante la solicitud de copias de documentos obrantes en expedientes urbanísticos se debe tener en cuenta lo siguiente: 1º) Considerando que siendo pública la acción en materia de urbanismo, PROCEDE poner el expediente administrativo a disposición de la persona del solicitante, si bien debe señalarse que respecto de los datos personales contenidos en el mismo y del proyecto técnico, el solicitante queda sujeto a las limitaciones impuestas por la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y el reglamento UE general de protección de datos 2016/679, de 27 de abril de 2016.» Por ello, y en aplicación de la regla general de acceso reconocida en la normativa de transparencia, este Consejo aprecia que la reclamación debería ser estimada, al menos en lo relativo a la obtención de la «copia de todas las licencias respecto a las parcelas situadas en la [dirección]». Este carácter de información pública que tendrían las licencias urbanísticas ya ha sido reconocido por otros Consejos, como es el caso de la Resolución 488/2024, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. No obstante, y sin perjuicio del carácter de información pública que tendría una licencia urbanística, cabría analizar si en este caso sería de aplicación alguna legislación específica. Al fin y al cabo, la documentación solicitada forma parte de un expediente administrativo en materia de urbanismo por el que la reclamante podría ver afectados sus intereses legítimos. CUARTO. En su solicitud, la reclamante señaló que deseaba «conocer el estado del procedimiento en el que soy interesada», condición que reafirmó posteriormente tanto en la reclamación como en su escrito de alegaciones. El acceso de los ciudadanos a los expedientes administrativos se concede de acuerdo con un doble criterio. En primer lugar, debe tenerse en cuenta la condición o no de interesado de quien solicita la información en el procedimiento. En segundo lugar, debe tomarse en consideración el estado del procedimiento, en el sentido de si este está en curso o ya ha finalizado. La LPACAP, en su artículo 13.d), establece que cualquier ciudadano tiene derecho a acceder a la información pública, así como a archivos y registros, conforme a lo previsto en la LTAIPBG y en el resto del ordenamiento jurídico. En este sentido, el concepto de «ciudadano» abarca un espectro más amplio que el de «interesado en el procedimiento», ya que solo se consideran interesados quienes cumplan alguno de los tres supuestos recogidos en el artículo 4.1 de la LPACAP: «Concepto de interesado. 1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.» En este caso, la reclamante es propietaria de una vivienda contigua a las parcelas en las que se estarían produciendo vertidos de tierras resultado de unas obras. Las inclemencias del tiempo habrían provocado, según señala, movimientos de tierra que estarían sepultando parte de las propiedades lindantes y alterando gravemente el suelo contiguo a su finca, situación que ella ya ha denunciado ante el Ayuntamiento en diversas ocasiones. Además, la reclamante señala que las obras en curso están afectando tanto a su intimidad como a las construcciones cercanas al linde. De ser ciertas las circunstancias expuestas por la reclamante, esta se habría personado en el procedimiento referido y sus intereses legítimos estarían viéndose afectados por la obra licenciada por el Ayuntamiento. QUINTO. Por todo lo expuesto, este Consejo estima que la reclamante ostentaría, en relación al expediente de licencia de obra que nos ocupa, la condición de interesada en virtud del artículo 4.1. de la LPACAP. En este sentido, conviene citar la disposición adicional primera de la LTAIPBG, que establece lo siguiente: «Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública. 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. […]» De conformidad con lo dispuesto en la citada disposición adicional primera y de acuerdo con el Criterio Interpretativo 008/2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre la aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIPBG –cuyo contenido es idéntico al de la disposición adicional primera de la LTPCM–, en caso de que existan regulaciones especiales del derecho a la información el acceso deberá realizarse según su legislación específica, por lo que la normativa de transparencia adquiriría carácter supletorio. De acuerdo con lo dispuesto en la referida disposición adicional, en el caso del acceso a la información por parte de los interesados relativa a documentos que formen parte de expedientes correspondientes a un procedimiento en curso, se aplica la normativa que regula el correspondiente procedimiento administrativo. En primer lugar, y en relación con la existencia o no de una legislación específica de acceso a la información en materia de urbanismo, el Tribunal Supremo en la Sentencia 1575/2022, de 28 de noviembre, aclara que los derechos de acceso reconocidos en los artículos 5 letras c) y d) de la LSRU referidos en el fundamento tercero de la presente Resolución no constituyen un régimen específico distinto del previsto en la LTAIPBG, sino que, por el contrario, refuerzan su aplicación. Esta sentencia establece, por tanto, que la regulación de la acción urbanística no excluye ni sustituye el régimen general de acceso a la información pública contemplado en la normativa de transparencia. De acuerdo con la sentencia citada, las solicitudes de acceso a la información en materia urbanística resultan coherentes con los objetivos perseguidos por la normativa de transparencia, ya que constituyen un mecanismo legítimo de control sobre la concesión de licencias y autorizaciones urbanísticas, permitiendo verificar tanto la legalidad de la actuación administrativa como la adecuación de las actuaciones de los beneficiarios a las licencias otorgadas. En segundo lugar, y respecto de del acceso a la información por parte de los interesados relativa a documentos que formen parte de expedientes correspondientes a un procedimiento en curso, el artículo 53.1.a) de la LPACAP reconoce a los interesados en un procedimiento en tramitación el derecho a conocer el estado del expediente en cualquier momento, así como el sentido del silencio administrativo, el órgano competente y los actos de trámite dictados. Además, tienen derecho a examinar y obtener copia de los documentos que integran el procedimiento, incluso mientras este siga en curso. Por tanto, este Consejo concluye que no existe un régimen específico de acceso a la información en materia de urbanismo, por lo que sería de aplicación la normativa de transparencia en relación con la información solicitada. No obstante, en este caso concurrirían los requisitos previstos en la disposición adicional primera de la LTAIPBG y, por tanto, la normativa de transparencia adquiriría carácter supletorio, al menos en todo lo relativo a la documentación del expediente en el que la reclamante ostenta la condición de interesada. Por tanto, sería de aplicación la legislación específica prevista en la LPACAP en lo relativo al acceso a la información por parte de la interesada a la documentación del procedimiento urbanístico en curso. Por todo lo expuesto, y de acuerdo con los previsto en el artículo 53.1.a) de la LPACAP, la reclamante –que ostenta la condición de interesada en el procedimiento referido– tendría derecho «a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados», así como a «acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos». SEXTO. En su solicitud de acceso, la reclamante solicita la «copia de […] informes topográficos y demás documentación respecto de las parcelas situadas en la [dirección]». El Ayuntamiento, en su informe genérico aportado como documento de alegaciones, señala lo siguiente: « […] debe tenerse en consideración lo previsto en el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cuyo artículo 10.1 f) dispone que los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, son objeto de propiedad intelectual, y por lo tanto su autor tiene protegidos sus derechos, entre otros el de reproducción, y en consecuencia, el derecho de los ciudadanos al acceso a los registros y archivos de las Administraciones Públicas y el derecho a obtener copias, no alcanza a los proyectos técnicos». En esta misma línea, el informe citado procede a señalar posteriormente la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.j) de la LTAIPBG, que indica que «el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial». Aunque este Consejo no ha podido revisar directamente los proyectos técnicos incluidos en el expediente, se puede presumir que, al tratarse de documentación técnica sobre unas obras, estos proyectos encajarían en el ámbito protegido por el artículo 10.1. del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, LPI). En concreto, el apartado f) del artículo referido señala que «son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería». No obstante, la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, incorporó el artículo 31 bis a la LPI. De acuerdo con este nuevo artículo, la reproducción o comunicación pública de una obra sin necesidad de autorización del autor en el caso del correcto desarrollo de un procedimiento administrativo estaría permitida: «Seguridad y procedimientos oficiales. No será necesaria autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios.» En cualquier caso, el simple hecho de que una solicitud afecte a un derecho protegido por los límites del artículo 14 de la LTAIPBG no implica per se que deba denegarse el acceso. Es imprescindible verificar si la divulgación de la información causa un perjuicio efectivo y, en caso afirmativo, valorar si existen intereses que puedan prevalecer sobre ese daño. En este supuesto, el Consejo considera que la entidad reclamada no ha fundamentado adecuadamente la existencia de un perjuicio concreto y real derivado de la concesión del acceso a la información. En su informe genérico, el Ayuntamiento se ha limitado a invocar el artículo 10 de la LPI y la necesidad de autorización del autor, sin argumentar ni justificar qué tipo de perjuicio se produciría. Tampoco ha efectuado el análisis del interés público o privado concurrente que podría justificar el acceso a la información. Por tanto, no puede entenderse debidamente motivada la aplicación del límite invocado. Por todo lo expuesto, este Consejo considera que los informes y proyectos técnicos forman parte de un expediente administrativo en el que la reclamante ostenta la condición de interesada. En virtud del artículo 31 bis de la LPI, esta documentación no estaría sujeta a autorización al ser esencial en el desarrollo del procedimiento administrativo urbanístico en cuestión. Por tanto, no sería de aplicación del límite 14.1.j) de la LTAIPBG invocado –pero no motivado– por el Ayuntamiento de Soto del Real. En análogo sentido se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en su Resolución 970/2024, en la que estimó el acceso por parte del reclamante a un proyecto técnico contenido en un expediente de un procedimiento administrativo en materia de urbanismo en el que este ostentaba la condición de interesado. SÉPTIMO. En el caso que nos ocupa, la reclamante solicita explícitamente copias de «todas las licencias, informes topográficos y demás documentación […]». Respecto de las copias, el artículo 27.4 de la LPACAP establece que los interesados «podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas […]». El artículo 22.4 de la LTAIPBG, en relación con las copias, señala que «el acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable». De lo expuesto se desprende que no se puede cobrar por el ejercicio del derecho de acceso a la información, pero sí por los documentos que sean copias o difieran en alguna medida del formato original, ya que estos serían una consecuencia del ejercicio de este derecho. En este sentido, habría que estar a lo dispuesto al régimen económico del Ayuntamiento de Soto del Real, en concreto a la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, de 18 de mayo de 2018 (así como a sus modificaciones posteriores). Estas tasas han sido establecidas por el Ayuntamiento en virtud de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, así como por el artículo 106 de la LRBRL y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 20 a 27 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por todo lo expuesto, este Consejo pone de manifiesto la diferencia que existe entre el derecho de acceso a la información pública y la expedición de copias; ya que esta última sería una consecuencia del ejercicio del derecho y podría estar sujeta a tasas en virtud de las competencias atribuidas legalmente a las corporaciones locales. De hecho, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la Resolución RT 0564/2020, ya hizo referencia a la potestad municipal de exigir el pago de una tasa por la expedición de documentos como consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la información. OCTAVO. No obstante, y en relación con la formalización del acceso, este Consejo debe señalar que desconoce el contenido concreto del expediente administrativo comprometido, por lo que no puede valorar si existe información sensible que pudiera estar sujeta a límites o que afectara a los derechos de terceros. En caso de que esto fuera así, no podría impedirse el acceso a la información simplemente invocando la limitación, pues la denegación debería justificarse con base en una resolución motivada que acredite las circunstancias de vulneración referidas. De apreciarse la afectación de derechos de terceras personas, este Consejo estima que el acceso a la información podría autorizarse adoptando medidas que redujeran al mínimo la posible vulneración de estos. Así, podría considerarse permitir el ejercicio al derecho de acceso a la información mediante la consulta de la documentación que vulnerase los derechos de terceros en las dependencias consistoriales, sin reproducción alguna únicamente en este caso. De hecho, este proceder en el acceso a la documentación ya ha sido previsto por otros Consejos, a saber, la Resolución 408/2024, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. En ella, se formalizó el acceso a la información de la «forma que menor afección tenga para el derecho de propiedad intelectual, y a estos efectos consideramos que la solución más ajustada a principios de proporcionalidad sería limitar el acceso a la vista o consulta de los proyectos citados en la propia sede de la entidad reclamada, sin reproducción de los mismos […]». Asimismo, sería necesaria la advertencia expresa a la reclamante sobre la responsabilidad por un uso indebido de la información concedida o las copias obtenidas, pues como bien establece el artículo 33.2 de la LTPCM, la persona que accede a la información queda sujeta a una serie de obligaciones: «b) Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada. d) Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información. e) Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original». Por todo lo expuesto, este Consejo desea insistir en el desconocimiento que tiene respecto de los documentos que integran el expediente comprometido. Consecuentemente, es el Ayuntamiento de Soto del Real el que debe limitar la expedición de copias –y no el ejercicio del derecho de acceso– únicamente en el caso de que se vieran vulnerados los derechos de terceras personas y la protección de estos prevaleciera sobre el derecho de acceso a la información pública, previa ponderación por parte de la entidad reclamada. Así, se protegería el interés público en la transparencia y el derecho de acceso, a la vez que se limitaría el impacto sobre los derechos de las personas afectadas, si este existiere. Adicionalmente –y en relación con la formalización del acceso–, este Consejo recuerda al Ayuntamiento que debe proporcionar la información requerida a la persona solicitante previa eliminación de los datos personales que pudieran estar presentes en la documentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 de la LTAIPBG y en el RGPD. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO. ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la información que se solicita sobre la documentación relativa al “procedimiento en el que soy interesada”, así como a “todas las licencias, informes topográficos y demás documentación respecto a las parcelas situadas en la [dirección]”. SEGUNDO. Instar al Ayuntamiento de Soto del Real a facilitar a la persona reclamante la información indicada en el punto anterior en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.