Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó estadísticas y expedientes anonimizados de denuncias de superiores contra subordinados al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Tras una denegación parcial, la GAIP resuelve la inadmisión de la parte referente a la motivación de archivos (por no ser información preexistente) y la estimación parcial del resto, exigiendo la entrega de datos estadísticos y expedientes anonimizados respetando la protección de datos.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Gratallops información sobre la compatibilidad laboral del Alcalde, su reducción de dedicación, pagos y cotizaciones. La administración no respondió (silencio). La GAIP estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a la información sobre compatibilidad y retribuciones, pero deniega las cotizaciones por protección de datos.
El reclamante solicitó acceso al expediente de innovación del PGOU de Ronda. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando la necesidad de acreditar condición de interesado, la falta de concreción y la presencia de datos personales o información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, indicando que el objeto fue bien delimitado.
Una mercantil solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid el expediente completo del Plan de Igualdad de otra empresa (incluyendo actas y justificantes). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación al considerar que dicha documentación regula relaciones privadas y no constituye información pública.
El solicitante pidió información sobre el personal, sueldos y horarios del Punto de Información para la Mediación en Algeciras. Alegó falta de respuesta ante la administración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información (con acceso parcial) durante el trámite de la reclamación.
El reclamante solicitó acceso a las valoraciones y puntuaciones de un proceso selectivo al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. La administración inicialmente denegó parte de la información por protección de datos, pero tras la reclamación, entregó la documentación solicitada. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la pretensión.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Salou la lista de propietarios de pisos turísticos. Tras una denegación inicial por protección de datos, el Ayuntamiento accedió a facilitar la información durante el procedimiento de reclamación. La GAIP declara la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud de forma extemporánea.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información sobre contratos de gestión de servicios de transporte de viajeros por carretera (VAC), incluyendo licitaciones, prórrogas y solicitudes de cese de servicio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Para los puntos 1-3, por requerir reelaboración de información histórica. Para el punto 4, por afectar a intereses económicos y comerciales y constituir secreto empresarial.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre contratos de gestión de servicios de transporte de viajeros por carretera (VAC), incluyendo licitaciones históricas y solicitudes de cese de servicio. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Para los puntos sobre contratos, consideró que requerían una reelaboración excesiva de información dispersa. Para las solicitudes de cese, estimó que su divulgación afectaría intereses económicos y secretos empresariales de las compañías.
Se solicitó a Renfe Operadora información sobre su relación comercial con Malinche The Musical Spain, incluyendo cifras y desglose de gastos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, instando a Renfe a revelar la cuantía total destinada a la actividad promocional. Considera que esto satisface el interés público en la gestión de recursos de empresas públicas, sin requerir un desglose exhaustivo por no aportar valor adicional relevante.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Viladecans copia del proyecto ejecutivo de un edificio donde reside. La administración denegó la copia alegando derechos de propiedad intelectual. Tras la reclamación ante la GAIP, las partes alcanzaron un acuerdo de mediación mediante el cual el Ayuntamiento entregará la parte solicitada para uso de defensa jurídica, poniendo fin al procedimiento.
Una asociación ambientalista solicitó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya los planes de labores anuales y actuaciones administrativas de una cantera. La administración denegó el acceso alegando secreto empresarial y complejidad técnica. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de carácter ambiental (análisis petrográfico y estado del recurso).
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el detalle de las horas de crédito sindical (meses enero-marzo 2025), incluyendo nombres y motivos de la dispensa. La administración denegó el acceso por proteger datos de afiliación sindical y alegó que la información se publicaría próximamente. La GAIP estima la reclamación por entender que el solicitante tiene un carácter reforzado.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat todas las comunicaciones con la DGAL sobre el puesto de secretaría-intervención desde 2019. Ante el silencio administrativo y la falta de colaboración, la GAIP estima la reclamación, tras un informe de la APDCAT, permitiendo el acceso siempre que se excluyan datos de especial protección.
Una persona electa (regidora) solicitó al Ajuntament de Sant Climent de Llobregat acceso a un expediente laboral y nóminas. Ante la falta de respuesta y de colaboración de la administración, la GAIP estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso de los electos locales, con la limitación de proteger datos de categoría especial.
Un representante sindical solicitó al Ajuntament de Rubí un listado de trabajadores externos y autónomos, así como sus contratos. La administración alegó protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a la información sobre autónomos y empresas, pero limitando los datos de personas físicas y exigiendo la anonimización de los trabajadores de empresas.
Un representante de la UGT solicitó al Ayuntamiento de Cardedeu expedientes completos de nóminas de todo el personal y de cargos electos. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y complejidad en la anonimización. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación: concedió el acceso individualizado a cargos de confianza y eventuales, pero denegó el acceso a los expedientes de la plantilla general, permitiendo solo el acceso a sus retribuciones básicas y complementarias de forma anonimizada.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento SUNLENCA 464 MG SOLUCIÓN INYECTABLE y su impacto presupuestario. El Consejo de Transparencia suspendió la tramitación de la reclamación debido a la litispendencia ante el Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre recursos de casación relacionados con sentencias de la Audiencia Nacional que anularon resoluciones previas del Consejo sobre información similar.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia los expedientes de justificación de subvenciones de asistencia letrada a colegios de abogados (2018-2022). La administración denegó el acceso alegando el límite de secreto profesional y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la administración justificó correctamente la aplicación del límite por el riesgo de vulnerar el secreto profesional de los profesionales intervinientes.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid la documentación técnica y administrativa de los conciertos de Romeo Santos en el estadio Santiago Bernabéu. Tras una concesión parcial basada en la propiedad intelectual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena dar acceso a la documentación del art. 12 del Decreto 167/2018 mediante consulta presencial y anonimización.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente completo de los conciertos de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu. El reclamante alegó falta de motivación en la denegación por propiedad intelectual y el uso de normativa derogada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, obligando a dar acceso a la documentación y a la licencia de funcionamiento.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el expediente completo de autorización del evento 'La velada del año IV' en el estadio Santiago Bernabéu. El reclamante impugnó la denegación parcial de documentos técnicos basada en propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, concediendo el acceso mediante la consulta presencial de los documentos.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente completo de autorización de los conciertos de Luis Miguel en el estadio Santiago Bernabéu. El reclamante impugnó la denegación de proyectos técnicos y planes de autoprotección. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, concediendo el acceso mediante consulta presencial.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente de autorización del concierto de Manuel Carrasco. El organismo denegó parcialmente el acceso alegando propiedad intelectual y solicitudes abusivas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena dar acceso a toda la documentación, incluyendo la licencia de funcionamiento.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente de autorización de los conciertos de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu. El organismo denegó parcialmente el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena dar acceso mediante vista del expediente.
El solicitante pidió a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente completo de autorización del concierto “Telefónica 100 Live”. Tras una denegación parcial basada en la propiedad intelectual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena dar acceso a la documentación mediante la vista del expediente y anonimización de datos.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente completo de autorización del concierto “Locos por la música”. El reclamante alegó falta de motivación y uso de normativa derogada para denegar documentos técnicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, concediendo el acceso mediante consulta presencial.
Se solicitó a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid el expediente de autorización del concierto “Locos por la música”. Tras una denegación parcial basada en la propiedad intelectual, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y ordena conceder el acceso a la documentación mediante la vista del expediente y anonimización de datos.
La mercantil XXX solicitó a AUVASA acceso a las propuestas técnicas de sus competidores XXX y XXX en un contrato de gestión energética. Los terceros se opusieron alegando confidencialidad y secretos comerciales. AUVASA denegó el acceso, y la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación, confirmando la confidencialidad de la información y que el derecho de defensa del reclamante no fue vulnerado, ya que el informe de valoración era suficiente.
Un participante en un proceso selectivo solicitó información sobre el expediente de selección de Gesplan. La administración denegó parcialmente la información alegando protección de datos y su naturaleza de sociedad mercantil. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación por motivos formales al constatar que la respuesta fue extemporánea.
El interesado solicitó a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia copias de documentos (presupuestos, memorias y certificados) relativos a las subvenciones concedidas a una asociación de comerciantes. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y propiedad intelectual. La Comisión de Transparencia estima la reclamación y ordena el acceso.
Se solicitó acceso a expedientes de subvenciones, presupuestos y memorias de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Águilas a la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social de Murcia. La administración denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual e intereses comerciales. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación por no acreditarse daño real.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villamánrique de la Condesa la identificación de un empleado municipal y si se habían iniciado investigaciones o procesos disciplinarios por retrasos administrativos. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter repetitivo y abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación.
Un concejal solicitó acceso al expediente 1373/2025 al Ajuntament de Vilanova del Vallès, el cual le fue denegado alegando protección de datos personales. Tras interponer la reclamación, el Ayuntamiento facilitó la información solicitada. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declara la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
El reclamante solicitó el acceso a la base de datos de un estudio demográfico sobre esposales de la Catedral de Barcelona al Centre d'Estudis Demogràfics (CED). La administración denegó inicialmente el acceso alegando propiedad intelectual. Finalmente, el CED entregó la información, lo que provocó que la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) declarara la pérdida de objeto.
El reclamante solicitó a la Generalitat de Catalunya el desglose de subvenciones económicas de los últimos 5 años por importes, nacionalidad y municipio. La administración denegó la nacionalidad alegando que no dispone de dicha información. La GAIP desestima la reclamación basándose en el riesgo de reidentificación de las personas y en que la administración no posee los datos solicitados.
El reclamante solicitó acceso al expediente disciplinario de un procedimiento del Servicio Canario de Empleo. Tras una primera reclamación por silencio administrativo, el interesado presentó una segunda queja alegando que la documentación entregada contenía tachaduras y borrones que impedían su lectura. El Comisionado de Transparencia declara la terminación del procedimiento debido a que la administración emitió una nueva respuesta.
Se solicitó una relación de los Planes Consensuados de Atención a la Salud en el entorno educativo de los últimos tres años al Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de salud. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de un listado anonimizado que permita verificar las tareas sanitarias sin identificar a menores.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (trasladado a la Diputación de Sevilla) una copia de una propuesta de designación de instructor. Alega que la administración no cumplió con el formato elegido al entregar una transcripción literal en lugar del documento original. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación.
Una representante sindical de CCOO solicitó información sobre la plantilla, la relación de puestos de trabajo (RLT), procesos selectivos y licitaciones del Ayuntamiento de Badalona. La GAIP inadmitió parcialmente la reclamación por solicitar aclaraciones y explicaciones (no información) y estimó parcialmente el resto, ordenando la entrega de la documentación sobre personal y RLT.
El reclamante solicitó acceso al expediente de transparencia de una concejala de Blanes, cerrado en diciembre de 2024. Tras la falta de respuesta, la GAIP estima la reclamación, supeditando la entrega a la anonimización de datos de carácter personal para proteger la identidad de los implicados, dada la falta de colaboración del Ayuntamiento.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Granollers documentación sobre la estructura de puestos y el Coordinador General. El Ayuntamiento negó el acceso a correos y alegó falta de información en algunos puntos. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información en formato digital.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transformación Digital copia de resoluciones que amparan emisiones de La1 UHD y contenidos promocionales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar copias actualizadas y completas de los títulos habilitantes, sin omisiones, ya que la información previa estaba desfasada y los límites invocados no fueron justificados adecuadamente.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
Un concejal del Grupo Popular de Fuensanta de Martos solicitó información sobre ingresos, pagos y expedientes administrativos. La administración estimó parcialmente las solicitudes pero no concretó citas para el acceso, alegando carga de trabajo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, al considerar que la administración debe garantizar la efectiva puesta a disposición.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco el informe de seguridad y análisis de riesgos de la planta de regasificación Bahía de Bizkaia Gas. Tras una estimación parcial, la interesada alegó que dicha información es pública por normativa de protección civil. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación por concurrir límites económicos y de seguridad.
Un representante de la Junta de Personal solicitó a la Universitat de Girona un listado de plazas de PTGAS, indicando si estaban ocupadas, quién las ocupaba y la fecha de vacante. La Universidad denegó parte de la información alegando protección de datos y una carga de trabajo compleja. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información solicitada.
Un delegado sindical de CSIF solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el detalle de las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad de todos sus empleados. La administración respondió de forma insuficiente, remitiendo a tablas genéricas. La GAIP estima la reclamación al considerar que la normativa de función pública y la condición de representante sindical permiten el acceso para la vigilancia de la legalidad.
Un representante del Comité de Empresa de la CCMA solicitó las retribuciones detalladas (nombres, cargos y desgloses) de altos cargos y personal de libre designación (niveles H y 0) de 2022 a 2024. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y jurisprudencia laboral. La GAIP estimó la reclamación por prevalencia del interés público en el control de recursos.
Una persona solicitó a la Universitat de Barcelona los exámenes y plantillas de corrección de los últimos 5 años del Máster de Psicología General Sanitaria. La solicitante alegó que la información es pública y que otras universidades la facilitan. La GAIP desestimó la reclamación basándose en el límite de propiedad intelectual y la protección de pruebas psicométricas.
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