Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El Secretario de un Comité de Empresa solicitó la memoria técnica de los pliegos de un servicio de atención telefónica de urgencias a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y seguridad. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al considerar que el solicitante, por su condición de representante de los trabajadores, tiene un interés público legítimo para la vigilancia laboral.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores el detalle de los gastos por la repatriación de españoles detenidos por Israel (Flotilla de Gaza). El Ministerio denegó la información alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el interesado pidió el montante total y no datos individualizados.
El reclamante solicitó a RTVE el resultado de un estudio técnico de contenido de programas de una licitación específica. RTVE denegó el acceso alegando que era información auxiliar de apoyo y que su divulgación afectaría a su estrategia comercial y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el informe es un instrumento estratégico cuyo acceso dañaría la posición competitiva de la entidad.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Pulianas los expedientes completos de las actuaciones de alumbrado público de 2023. La administración alegó que la información ya estaba en el portal de transparencia y que no podía entregar facturas por contener datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de los expedientes tras la supresión de datos no necesarios.
Una mercantil solicitó memorias técnicas y titularidad de centros de difusión TDT al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación por falta de motivación específica y denegación genérica sin realizar test de daño.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Revillarruz copia del proyecto, planos, memoria y presupuesto de una obra pública realizada junto a su propiedad. Ante la falta de respuesta expresa (silencio administrativo), la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar el expediente completo, incluyendo el proyecto técnico.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud la composición (nombres, apellidos y cargos) de los grupos de trabajo de la Comisión Central de Farmacia Hospitalaria. La administración denegó los nombres alegando protección de datos e independencia técnica. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación, ordenando la entrega de la identidad de los miembros.
El reclamante solicitó a la Conselleria d'Educació i Universitats (Illes Balears) documentación de su hija, concretamente la respuesta de la inspección a la defensora del menor. Tras una respuesta que supuso la supresión parcial de datos, el interesado recurrió. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la administración facilitó la información correctamente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Sevilla datos sobre usuarios de servicios sociales, horas asignadas, criterios de horarios e informes de seguimiento. Tras no obtener respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por pérdida de objeto, dado que la administración facilitó la información tras la reclamación.
El interesado solicitó acceso al expediente y a la relación de planes de labores de la empresa Asturmet Recursos, S.L. en relación con un permiso de investigación minera. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias denegó parte de la información alegando intereses comerciales y secretos profesionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no haberse justificado el daño.
El reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura un listado detallado de terrenos públicos vendidos o traspasados entre 2017 y 2025. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no requiere reelaboración compleja.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social la fecha de toma de posesión de una funcionaria en la Inspección de Trabajo de Madrid. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que es un dato identificativo relacionado con la actividad pública y no se justificó riesgo para la seguridad o intimidad.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número de expedientes disciplinarios de la Guardia Civil en Málaga (2020-2024), desglosados por año, escala, empleo y tipo de sanción. Alegó que el desglose no permitía la identificación de personas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos globales de sanciones.
Se solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el acceso a la publicación "Proceso BAIETZ" y datos sobre su implantación. La administración denegó el acceso alegando derechos de propiedad intelectual de los autores. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al considerar que dicho límite no justifica la denegación del acceso al contenido.
Se solicitó información detallada sobre las donaciones recibidas por la Generalitat Valenciana para la crisis de la DANA, incluyendo nombres de donantes jurídicos y desgloses de importes. La Consellería d'Hisenda i Economia entregó parte de la información pero omitió los datos de personas jurídicas alegando protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación.
El Centro Terapéutico La Ribera solicitó copia de una denuncia y el informe de una inspección de servicios sociales a la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana. La administración denegó el acceso alegando protección de funciones de inspección y protección de datos. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación al reconocer el derecho a acceder a la denuncia, siempre que se disocie la identidad del denunciante.
Un sindicato (UGT Servicios Públicos) solicitó al Ayuntamiento de Torre-Pacheco expedientes sobre coberturas provisionales, traslados, estructura orgánica y nombramientos de interinos para la negociación colectiva. La administración denegó el acceso alegando volumen excesivo, falta de amparo en el TREBEP y protección de datos. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación.
El interesado solicitó información técnica, ubicación y régimen de custodia de cuatro estatuas-fuente (BIC) de la Villa Romana de Los Cantos. Tras una respuesta parcial de la administración, el recurrente alegó que no se satisfacían sus peticiones sobre localización e informes de conservación. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación al considerar que la administración ya facilitó toda la información de la que dispone.
El interesado solicitó al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz el acceso a los padrones municipales hasta el año 1950 para fines genealógicos. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a los padrones hasta 1925 para proteger la privacidad.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Arona acceso a los expedientes derivados de denuncias por ruidos contra diversos locales comerciales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de datos especialmente protegidos. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización de datos personales no protegidos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yaiza el acceso completo a expedientes de 2017-2024 sobre la reforma del Hotel Sun Park. La administración denegó el acceso alegando expedientes en elaboración y límites genéricos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el índice de documentos para que el solicitante pueda acotar su petición, al considerar que la denegación total fue desproporcionada y que los expedientes, aunque en trámite, contienen documentos conclusos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar justificantes bancarios de ingresos de un coto cinegético, expedientes del contrato de aprovechamiento y memorias de actividades. El Ayuntamiento dio respuestas insuficientes o alegó inexistencia de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, confirmando el silencio administrativo positivo.
Magnon Homes Inversiones, S.L. solicitó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid anular la concesión de acceso a una licencia de obras del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Alegó protección de propiedad intelectual. El Consejo desestimó la reclamación por considerarse una obra estándar y prevalecer el interés del procedimiento administrativo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Carboneras copia del proyecto técnico modificado y el certificado final de obra de una licencia de licencias de obras. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procedimientos judiciales y la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se acreditó un riesgo real para los procedimientos judiciales.
Una asociación de estudiantes solicitó a la Universidad de Jaén los justificantes de gasto de dos partidas específicas del Consejo de Estudiantes tras recibir un estado de cuentas genérico. La Universidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que afectaba a la protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación.
Un cargo electo solicitó al Ajuntament de Boadella les Escaules el acceso íntegro a los registros de entrada y salida de diciembre de 2025. Tras la reclamación por silencio administrativo, el Ayuntamiento accedió a facilitar la información. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la solicitud.
Se solicitó a AENA información sobre procedimientos, informes de mediciones radiológicas y comunicación con organismos competentes ante posibles fugas de radiación en escáneres del Aeropuerto de Málaga. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que AENA no facilitó toda la información relevante en el plazo legal, haciéndolo solo durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al ICO el beneficio neto anual de Fond-ICO Global, desglosado por fondos invertidos y entidades participadas desde 2013. El ICO concedió el dato agregado, pero denegó el desglose. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que el desglose detallado perjudicaría intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG) al revelar estrategias de inversión sensibles, y que la información agregada ya cumplía el fin de transparencia.
El reclamante solicitó datos estadísticos sobre personas trans y no binarias en prisiones de Cataluña al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica. La administración denegó parte de la información alegando protección de datos sensibles. Tras un proceso de mediación ante la GAIP, las partes alcanzaron un acuerdo para facilitar la mayoría de los datos solicitados, dando fin al procedimiento.
La empresa Engiprom SL solicitó al Ayuntamiento de Pla del Penedès el proyecto de urbanización en formato editable (AutoCAD). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de disponibilidad y protección de la propiedad intelectual del autor. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar los archivos editables por ser el formato adecuado para verificar mediciones.
Una persona jurídica solicitó a Taigua-Aigua Municipal de Terrassa documentación sobre la ejecución de un contrato de gestión de agua. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de legitimación y naturaleza privada del contrato. La GAIP estima parcialmente la reclamación, indicando que la información es pública y debe entregarse previa anonimización de datos personales.
Se solicitó al ICO/Ministerio de Economía el detalle anual de inversiones de Fond-ICO Global en entidades y sus informes. El CTBG desestimó la reclamación, confirmando que la información detallada de inversiones anuales está protegida por el límite de intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), ya que su divulgación revelaría estrategias empresariales sensibles. La petición de informes internos fue inadmitida por su carácter auxiliar y su inexistencia.
Se solicitó a CRTVE la solución técnica ofertada por Telefónica en una licitación de transporte de señal por satélite. El CTBG desestimó la reclamación de acceso, confirmando la denegación inicial. Argumentó que la información es secreto empresarial, su divulgación causaría un daño real y significativo a los intereses comerciales y la propiedad intelectual, y el acceso parcial no era viable sin desnaturalizar el documento, prevaleciendo la protección de la confidencialidad sobre el interés público, ya satisfecho con la información publicada.
Se solicitó a la AP Barcelona el convenio de cesión de un pabellón para la Kings League. El Consejo desestima la reclamación de acceso a las tarifas y condiciones económicas, al considerar que la información constituye secreto comercial de Kings Competition, revelando su know-how y estrategia competitiva, y que no hay prevalencia del derecho de acceso al no comprometerse fondos públicos.
Un concejal del PSOE solicitó al Ayuntamiento de Tinajo decretos sobre contratación, pagos, nóminas y otros gastos para su labor de fiscalización. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando protección de datos y limitó el acceso a un horario presencial. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación al considerar que el derecho de los cargos electos es reforzado.
La reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) copia íntegra del expediente de un accidente laboral. La ITSS denegó parte de la información. Tras un recurso de reposición, la reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación por un óbice procesal, al haberse interpuesto previamente un recurso de reposición, que es sustitutivo de la reclamación ante el Consejo.
Alternativa Sindical AENA/ENAIRE solicitó a la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) datos estadísticos sobre la activación del 112 por AENA entre 2021 y 2024. La AVSRE denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por considerar que se solicitan datos numéricos que no vulneran la privacidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja la copia digital de expedientes de obra y actividades económicas de una nave industrial. Un tercero (arquitecto) se opuso alegando falta de motivación de la solicitud. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que la motivación es irrelevante y que la propiedad intelectual no impide el acceso.
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expedientes de obras de reforma en buques. El Ministerio denegó parcialmente el acceso por propiedad intelectual, pero luego alegó no disponer de la información. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación por la falta de motivación adecuada en la resolución inicial y la justificación de la ampliación de plazo, aunque no puede forzar la entrega de documentos que el organismo declara no poseer.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) copia completa de los expedientes de autorización de vacunas COVID-19. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los expedientes por confidencialidad (Art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación, a la espera de sentencias del Tribunal Supremo que fijarán jurisprudencia sobre la aplicación de límites y cláusulas de confidencialidad en casos similares.
Se solicitó copia de un acta de la policía local al Ayuntamiento de Montgat. El reclamante alegó que la administración no había atendido la solicitud. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación, ya que el Ayuntamiento facilitó la información (aunque anonimizada) durante el procedimiento.
Se solicitó al Colegio de Abogados de Barcelona el número de quejas presentadas por una letrada específica y cuántas de ellas fueron desestimadas. El reclamante alegó interés personal por haber sido objeto de quejas similares. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por considerar que el acceso vulnera la protección de datos y no tiene una finalidad de transparencia.
Un concejal del Ayuntamiento de Alcocer solicitó la documentación contable del ejercicio 2024 de forma telemática. El Ayuntamiento denegó el envío electrónico alegando la necesidad de proteger datos personales y la elevada carga de trabajo, ofreciendo en su lugar la revisión presencial. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación.
La reclamante solicitó al Servicio Canario de la Salud la copia completa y ordenada de un expediente de acoso laboral, incluyendo actas y grabaciones. La administración denegó el acceso alegando la confidencialidad del protocolo de acoso y la protección de datos. El Comisionado de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas (contenido mínimo) e informes anonimizados.
Un ciudadano solicitó a RENFE el coste y condiciones del patrocinio de la Kings League y Queens League. RENFE denegó el acceso alegando que era información comercial privada y que perjudicaba intereses económicos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a RENFE revelar el coste total del patrocinio, pero no el desglose ni las condiciones, al considerar que la información es pública pero el desglose afecta intereses comerciales.
Se solicitó a la Secretaría General de Agua desgloses (Excel y PDF) de los importes girados por el Canon de Regulación y la Tasa de Utilización del Agua en el Distrito Guadalete-Barbate (campañas 2020-2023), incluyendo identificadores de contribuyentes. La administración denegó el acceso alegando reserva tributaria (art. 95 LGT). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información económica pero exigiendo la anonimización de los sujetos para proteger su intimidad.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid los manuales de formación de la Unidad de PAS de los últimos cinco años. La universidad alegó que no constituyen información pública al ser elaborados de forma particular y que afectan a la propiedad intelectual. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que los documentos no cumplen el requisito de elaboración en el ejercicio de las funciones y que su divulgación vulneraría los derechos de propiedad intelectual de sus autores.
El solicitante pidió copia del acta y certificación de la toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Burgos. El Colegio denegó el acceso alegando que el documento contenía datos de terceros y no datos del propio solicitante. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación, indicando que la información es pública y los datos son meramente identificativos.
Una asociación solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la compra de vacunas COVID-19 (farmacéuticas, costes, cantidades y contratos). El Ministerio concedió acceso parcial a las cantidades, pero denegó costes y contratos alegando confidencialidad e intereses comerciales, basándose en una sentencia de la Audiencia Nacional. La reclamante recurrió al CTBG, argumentando que dicha sentencia no era firme al estar pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El CTBG suspende el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, dada la litispendencia.
Un propietario solicitó al Ayuntamiento de Cuenca copias de la documentación técnica y el Libro del Edificio de su inmueble. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando derechos de propiedad intelectual. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha resuelve retrotraer las actuaciones para que el Ayuntamiento dé audiencia al autor del proyecto antes de decidir.
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