Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó el convenio de cesión de un pabellón de la Autoridad Portaria de Barcelona para la Kings League. La administración concedió acceso parcial alegando secretos comerciales. El reclamante impugnó la denegación de las tarifas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que revelar las tarifas negociadas perjudicaría la posición competitiva de la empresa.
Se solicitó a la AP Barcelona el convenio de cesión de un pabellón para la Kings League. El Consejo desestima la reclamación de acceso a las tarifas y condiciones económicas, al considerar que la información constituye secreto comercial de Kings Competition, revelando su know-how y estrategia competitiva, y que no hay prevalencia del derecho de acceso al no comprometerse fondos públicos.
Un concejal del PSOE solicitó al Ayuntamiento de Tinajo decretos sobre contratación, pagos, nóminas y otros gastos para su labor de fiscalización. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando protección de datos y limitó el acceso a un horario presencial. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación al considerar que el derecho de los cargos electos es reforzado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la competencia, delegaciones y costes de la expedición de visados en Bata. El Ministerio denegó el acceso argumentando que no es información pública, sino una solicitud de motivación. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos relativos a la competencia.
La hija de un trabajador fallecido solicitó copia íntegra del expediente de un accidente laboral a la Inspección de Trabajo. Ante una respuesta parcial, interpuso un recurso de reposición y luego una reclamación ante el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la desestima por improcedencia procesal, ya que la reclamación es sustitutiva y no cabe tras un recurso de reposición.
La reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) copia íntegra del expediente de un accidente laboral. La ITSS denegó parte de la información. Tras un recurso de reposición, la reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación por un óbice procesal, al haberse interpuesto previamente un recurso de reposición, que es sustitutivo de la reclamación ante el Consejo.
Alternativa Sindical AENA/ENAIRE solicitó a la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) datos estadísticos sobre la activación del 112 por AENA entre 2021 y 2024. La AVSRE denegó el acceso alegando protección de datos personales. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por considerar que se solicitan datos numéricos que no vulneran la privacidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Jaume d'Enveja la copia digital de expedientes de obra y actividades económicas de una nave industrial. Un tercero (arquitecto) se opuso alegando falta de motivación de la solicitud. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación al considerar que la motivación es irrelevante y que la propiedad intelectual no impide el acceso.
El solicitante pidió acceso al expediente de una denuncia presentada contra una empresa. La AEAT denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios y la falta de condición de interesado del denunciante. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a acceder al expediente (si la denuncia fue archivada o el procedimiento concluido), excluyendo datos de terceros.
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos solicitó al Ministerio de Transportes expedientes sobre obras de reforma en buques. El Ministerio denegó parte de la información alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la ampliación del plazo de respuesta no fue debidamente justificada.
El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible expedientes de obras de reforma en buques. El Ministerio denegó parcialmente el acceso por propiedad intelectual, pero luego alegó no disponer de la información. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación por la falta de motivación adecuada en la resolución inicial y la justificación de la ampliación de plazo, aunque no puede forzar la entrega de documentos que el organismo declara no poseer.
La solicitante pidió al Ministerio de Sanidad copia completa de los expedientes de autorización de todas las vacunas contra la Covid-19. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia en recursos de casación que fijan jurisprudencia sobre la materia.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad (AEMPS) copia completa de los expedientes de autorización de vacunas COVID-19. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los expedientes por confidencialidad (Art. 14.1.k LTAIBG). El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación, a la espera de sentencias del Tribunal Supremo que fijarán jurisprudencia sobre la aplicación de límites y cláusulas de confidencialidad en casos similares.
Se solicitó copia de un acta de la policía local al Ayuntamiento de Montgat. El reclamante alegó que la administración no había atendido la solicitud. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación, ya que el Ayuntamiento facilitó la información (aunque anonimizada) durante el procedimiento.
Se solicitó al Colegio de Abogados de Barcelona el número de quejas presentadas por una letrada específica y cuántas de ellas fueron desestimadas. El reclamante alegó interés personal por haber sido objeto de quejas similares. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por considerar que el acceso vulnera la protección de datos y no tiene una finalidad de transparencia.
Un concejal del Ayuntamiento de Alcocer solicitó la documentación contable del ejercicio 2024 de forma telemática. El Ayuntamiento denegó el envío electrónico alegando la necesidad de proteger datos personales y la elevada carga de trabajo, ofreciendo en su lugar la revisión presencial. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación.
Se solicitó el coste y desglose del contrato de patrocinio de la Kings League al Ministerio de Transportes. La administración alegó intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el coste total pero denegando el desglose detallado para proteger la estrategia comercial de las entidades.
La reclamante solicitó al Servicio Canario de la Salud la copia completa y ordenada de un expediente de acoso laboral, incluyendo actas y grabaciones. La administración denegó el acceso alegando la confidencialidad del protocolo de acoso y la protección de datos. El Comisionado de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas (contenido mínimo) e informes anonimizados.
Un ciudadano solicitó a RENFE el coste y condiciones del patrocinio de la Kings League y Queens League. RENFE denegó el acceso alegando que era información comercial privada y que perjudicaba intereses económicos. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando a RENFE revelar el coste total del patrocinio, pero no el desglose ni las condiciones, al considerar que la información es pública pero el desglose afecta intereses comerciales.
El Español solicitó a la Junta de Contratación Centralizada información detallada sobre los contratos de publicidad institucional (número de inserciones y criterios de reparto). El Ministerio de Cultura denegó parte de la información alegando secretos comerciales y profesionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos por ser esenciales para la rendición de cuentas.
Se solicitó a la Secretaría General de Agua desgloses (Excel y PDF) de los importes girados por el Canon de Regulación y la Tasa de Utilización del Agua en el Distrito Guadalete-Barbate (campañas 2020-2023), incluyendo identificadores de contribuyentes. La administración denegó el acceso alegando reserva tributaria (art. 95 LGT). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información económica pero exigiendo la anonimización de los sujetos para proteger su intimidad.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid los manuales de formación de la Unidad de PAS de los últimos cinco años. La universidad alegó que no constituyen información pública al ser elaborados de forma particular y que afectan a la propiedad intelectual. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que los documentos no cumplen el requisito de elaboración en el ejercicio de las funciones y que su divulgación vulneraría los derechos de propiedad intelectual de sus autores.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio de Sanidad datos sobre el coste, cantidad y contratos de compra de vacunas COVID-19. El Ministerio denegó parcialmente la información alegando intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia decide suspender el procedimiento debido a la litispendencia, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación sobre la materia.
El solicitante pidió copia del acta y certificación de la toma de posesión de la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Burgos. El Colegio denegó el acceso alegando que el documento contenía datos de terceros y no datos del propio solicitante. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación, indicando que la información es pública y los datos son meramente identificativos.
Una asociación solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la compra de vacunas COVID-19 (farmacéuticas, costes, cantidades y contratos). El Ministerio concedió acceso parcial a las cantidades, pero denegó costes y contratos alegando confidencialidad e intereses comerciales, basándose en una sentencia de la Audiencia Nacional. La reclamante recurrió al CTBG, argumentando que dicha sentencia no era firme al estar pendiente de recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El CTBG suspende el procedimiento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, dada la litispendencia.
Un propietario solicitó al Ayuntamiento de Cuenca copias de la documentación técnica y el Libro del Edificio de su inmueble. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando derechos de propiedad intelectual. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha resuelve retrotraer las actuaciones para que el Ayuntamiento dé audiencia al autor del proyecto antes de decidir.
Una asociación solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha el expediente completo de una concesión minera, el Plan de Restauración y los Planes de Labores. Tras una resolución de acceso parcial, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando las limitaciones impuestas por la Administración.
Se solicitó información detallada sobre una licitación de conductores a la CNMC. El solicitante alegó que la respuesta parcial era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió dentro del plazo legal establecido, vulnerando el derecho de acceso.
La Asociación “Bien Común de Monesterio” solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico copia de un expediente minero. La empresa Río Narcea Recursos S.A. reclamó ante el Consejo alegando que la solicitud era abusiva y que se le denegó la ampliación de plazo. El Consejo desestima la reclamación por no acreditarse la confidencialidad de los datos.
Un regidor del Grup Municipal PSC solicitó al Ajuntament de Ripoll acceso a los expedientes sancionadores por infracciones de la Ordenanza de Civismo de 2024 y 2025. La administración no respondió. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información previa disociación de datos personales.
Un aspirante solicitó acceso al expediente completo de un proceso de selección de arquitecto municipal, incluyendo pruebas y criterios de corrección. El Ajuntament de Seva ofreció acceso presencial y denegó las pruebas de otros candidatos por protección de datos. La GAIP estima la reclamación, reconociendo el derecho a acceder a sus propias pruebas y a la documentación de la persona seleccionada.
Una representante de los trabajadores solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de los implicados, el informe final y las entrevistas de un expediente de acoso sexual. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso al informe final siempre que esté anonimizado para proteger la intimidad y los datos especialmente protegidos de la víctima.
La Asociación "Bien Común de Monesterio" solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica acceso al expediente de explotación de la mina Aguablanca. El Ministerio concedió acceso parcial, excluyendo datos confidenciales. Río Narcea Recursos S.A. (tercero afectado) reclamó ante el CTBG, alegando falta de concreción de la solicitud, ausencia de interés legítimo y protección de secretos empresariales. El CTBG desestima la reclamación de RNR al no justificar suficientemente los límites invocados, confirmando el acceso parcial.
El reclamante solicitó copias de informes, requerimientos y actas de la Inspección Educativa sobre un centro concertado en Sevilla. La administración denegó la mayoría alegando que eran informes internos de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, pues la administración no acreditó la naturaleza auxiliar de los documentos.
El reclamante solicitó al Institut Català de la Salut la identificación de las personas (nombre, DNI y códigos) que han accedido a su historia clínica laboral en el programa PREVEN. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a conocer la identidad y los apartados accedidos, pero denegando el DNI y los códigos de acceso por protección de datos.
La entidad El Español solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia los criterios y la ponderación del reparto de publicidad institucional en diversos contratos. La administración denegó la entrega de los criterios alegando la protección de secretos comerciales y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima la reclamación al considerar que existe un interés público esencial en la rendición de cuentas del gasto publicitario.
Se solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia información sobre los medios, inserciones, inversión y, especialmente, los criterios y su ponderación para la adjudicación de publicidad institucional en contratos específicos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar los criterios, al considerar que no se justificó adecuadamente la aplicación de límites de acceso.
El reclamante solicitó a la Agencia Estatal de Investigación copias de los CV, memorias e informes de evaluación de los candidatos a las ayudas Ramón y Cajal. La Agencia denegó el acceso alegando protección de datos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima la reclamación y ordena la entrega de la información, excluyendo únicamente datos identificativos como DNI o domicilio.
Se solicitó a la Secretaría General del Agua de Andalucía confirmación individualizada sobre la emisión de recibos del Canon de Regulación y TUA de diversos expedientes. La entidad denegó el acceso alegando reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que se fiscaliza la actuación administrativa y no la situación del contribuyente.
Se solicitó a la Agencia Estatal de Investigación copia digital de CVs, memorias e informes de evaluación de 14 aspirantes a las ayudas Ramón y Cajal 2024. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que el interés público en la fiscalización de procesos de concurrencia competitiva prevalece sobre la protección de datos personales (salvo DNI, domicilio, teléfono) y la propiedad intelectual en informes de evaluación. La AEI no ponderó adecuadamente los intereses.
El reclamante solicitó el proyecto de obra y la licencia de una finca al Ajuntament de la Coma i la Pedra. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por el alto número de peticiones del interesado. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, al no acreditarse el ánimo de obstrucción y tras la reducción del objeto.
El solicitante requirió conocer la identidad de los funcionarios que tramitaron sus denuncias ante la ITSS. La administración alegó secreto profesional y un régimen especial de la Ley 23/2015. El CTBG estimó la reclamación, argumentando que la identificación de empleados públicos es la regla general y que los límites alegados no afectan a la identidad de los actuantes.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la identificación de los funcionarios que tramitaron sus denuncias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando a la ITSS a proporcionar la información. La decisión se basa en que la identificación de empleados públicos es la regla general (Art. 15.2 LTAIBG) y no se justificó ninguna excepción para denegarla, ni se aplicó un régimen específico de acceso que desplazara la Ley de Transparencia.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig datos sobre la plantilla y vacantes del servicio de recogida de RSU y limpieza viaria. El Ayuntamiento denegó la información alegando que es competencia de la empresa concesionaria y alegando límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al municipio a obtener y facilitar los datos.
Se solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional los horarios de todo el profesorado del Institut Les Margues de Calldetenes, detallando sus cargos. Tras un silencio administrativo inicial y una entrega parcial de la administración sin los nombres de los docentes, la GAIP estima parcialmente la reclamación al considerar que los nombres son datos identificativos que no requieren anonimización.
Se solicitó la copia de un proyecto subvencionado de la Asociación 'IN GÉNERO' al Ministerio de Igualdad. La entidad beneficiaria alegó la protección de su propiedad intelectual y de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la administración facilitó información suficiente y protegió correctamente los datos sensibles.
Se solicitó al Ministerio de Igualdad copia del proyecto "Atención integral a personas en contexto de prostitución y víctimas de trata..." de la Asociación "IN GÉNERO", subvencionado en 2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la Administración ya facilitó información suficiente y que el resto contenía datos personales sensibles (Art. 15 LTAIBG) y propiedad intelectual, justificando la denegación parcial.
El interesado solicitó a la Universidad de Murcia informes científicos, justificaciones económicas y documentos de reintegro de proyectos subvencionados relacionados con el Mar Menor. Tras una reclamación por silencio administrativo, la Universidad emitió una resolución estimando parcialmente la solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia declaró la pérdida de objeto y archivó el expediente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación técnica y presupuestaria del Parque de las Tres Luces. El reclamante alegó que la información era preceptiva y que no se aplicó el test de daño. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación vulneraría los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual y la confidencialidad contractual, especialmente por estar en curso la licitación de la fase 2 del proyecto.
Un representante de UGT de Catalunya solicita al Ayuntamiento de Granollers diversos documentos sobre la Policía Local (planes, listados de agentes, expedientes de negociación colectiva y registros de fichajes). La administración no respondió a la solicitud original. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación.
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