Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una asociación solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha el expediente completo de una concesión minera, el Plan de Restauración y los Planes de Labores. Tras una resolución de acceso parcial, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando las limitaciones impuestas por la Administración.
Un regidor del Grup Municipal PSC solicitó al Ajuntament de Ripoll acceso a los expedientes sancionadores por infracciones de la Ordenanza de Civismo de 2024 y 2025. La administración no respondió. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información previa disociación de datos personales.
Un aspirante solicitó acceso al expediente completo de un proceso de selección de arquitecto municipal, incluyendo pruebas y criterios de corrección. El Ajuntament de Seva ofreció acceso presencial y denegó las pruebas de otros candidatos por protección de datos. La GAIP estima la reclamación, reconociendo el derecho a acceder a sus propias pruebas y a la documentación de la persona seleccionada.
Una representante de los trabajadores solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de los implicados, el informe final y las entrevistas de un expediente de acoso sexual. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso al informe final siempre que esté anonimizado para proteger la intimidad y los datos especialmente protegidos de la víctima.
La Asociación "Bien Común de Monesterio" solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica acceso al expediente de explotación de la mina Aguablanca. El Ministerio concedió acceso parcial, excluyendo datos confidenciales. Río Narcea Recursos S.A. (tercero afectado) reclamó ante el CTBG, alegando falta de concreción de la solicitud, ausencia de interés legítimo y protección de secretos empresariales. El CTBG desestima la reclamación de RNR al no justificar suficientemente los límites invocados, confirmando el acceso parcial.
El reclamante solicitó copias de informes, requerimientos y actas de la Inspección Educativa sobre un centro concertado en Sevilla. La administración denegó la mayoría alegando que eran informes internos de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, pues la administración no acreditó la naturaleza auxiliar de los documentos.
El reclamante solicitó al Institut Català de la Salut la identificación de las personas (nombre, DNI y códigos) que han accedido a su historia clínica laboral en el programa PREVEN. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a conocer la identidad y los apartados accedidos, pero denegando el DNI y los códigos de acceso por protección de datos.
Se solicitó al Ministerio de Juventud e Infancia información sobre los medios, inserciones, inversión y, especialmente, los criterios y su ponderación para la adjudicación de publicidad institucional en contratos específicos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar los criterios, al considerar que no se justificó adecuadamente la aplicación de límites de acceso.
Se solicitó a la Secretaría General del Agua de Andalucía confirmación individualizada sobre la emisión de recibos del Canon de Regulación y TUA de diversos expedientes. La entidad denegó el acceso alegando reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que se fiscaliza la actuación administrativa y no la situación del contribuyente.
Se solicitó a la Agencia Estatal de Investigación copia digital de CVs, memorias e informes de evaluación de 14 aspirantes a las ayudas Ramón y Cajal 2024. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que el interés público en la fiscalización de procesos de concurrencia competitiva prevalece sobre la protección de datos personales (salvo DNI, domicilio, teléfono) y la propiedad intelectual en informes de evaluación. La AEI no ponderó adecuadamente los intereses.
El reclamante solicitó el proyecto de obra y la licencia de una finca al Ajuntament de la Coma i la Pedra. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por el alto número de peticiones del interesado. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, al no acreditarse el ánimo de obstrucción y tras la reducción del objeto.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la identificación de los funcionarios que tramitaron sus denuncias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando a la ITSS a proporcionar la información. La decisión se basa en que la identificación de empleados públicos es la regla general (Art. 15.2 LTAIBG) y no se justificó ninguna excepción para denegarla, ni se aplicó un régimen específico de acceso que desplazara la Ley de Transparencia.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Sant Vicent del Raspeig datos sobre la plantilla y vacantes del servicio de recogida de RSU y limpieza viaria. El Ayuntamiento denegó la información alegando que es competencia de la empresa concesionaria y alegando límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al municipio a obtener y facilitar los datos.
Se solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional los horarios de todo el profesorado del Institut Les Margues de Calldetenes, detallando sus cargos. Tras un silencio administrativo inicial y una entrega parcial de la administración sin los nombres de los docentes, la GAIP estima parcialmente la reclamación al considerar que los nombres son datos identificativos que no requieren anonimización.
Se solicitó al Ministerio de Igualdad copia del proyecto "Atención integral a personas en contexto de prostitución y víctimas de trata..." de la Asociación "IN GÉNERO", subvencionado en 2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la Administración ya facilitó información suficiente y que el resto contenía datos personales sensibles (Art. 15 LTAIBG) y propiedad intelectual, justificando la denegación parcial.
El interesado solicitó a la Universidad de Murcia informes científicos, justificaciones económicas y documentos de reintegro de proyectos subvencionados relacionados con el Mar Menor. Tras una reclamación por silencio administrativo, la Universidad emitió una resolución estimando parcialmente la solicitud. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia declaró la pérdida de objeto y archivó el expediente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación técnica y presupuestaria del Parque de las Tres Luces. El reclamante alegó que la información era preceptiva y que no se aplicó el test de daño. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación vulneraría los intereses económicos y comerciales, la propiedad intelectual y la confidencialidad contractual, especialmente por estar en curso la licitación de la fase 2 del proyecto.
Un representante de UGT de Catalunya solicita al Ayuntamiento de Granollers diversos documentos sobre la Policía Local (planes, listados de agentes, expedientes de negociación colectiva y registros de fichajes). La administración no respondió a la solicitud original. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación.
Un licitador solicita el expediente completo de un proceso de arrendamiento de vivienda tras ser desestimado. El Ayuntamiento de Madremanya entregó información parcial. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a informes y registros tras anonimizar datos personales, pero inadmite la petición de certificados e informes ad hoc.
Se solicitó copia de las autorizaciones y títulos habilitantes de cartelería y tótems en una zona verde a ENGESTUR, S.A. El reclamante alegó que la información no fue entregada completa. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, determinando que la protección de datos no impide el acceso a información de personas jurídicas.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Vilallonga de Ter los extractes bancarios y de caja de los años 2021, 2022 y 2023 para fiscalizar la gestión económica. La administración denegó el acceso alegando secreto bancario y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, permitiendo el acceso siempre que se anonimicen datos personales de terceros y se proteja la intimidad.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas el expediente de disciplina urbanística de 'Cañada del Gato'. Tras una respuesta denegatoria por protección de datos, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha inadmitido la reclamación por haber sido interpuesta fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid el documento de oferta del proyecto ganador para la construcción de una losa en la M30. El reclamante alegó que no se acreditó el perjuicio y que la obra es pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por proteger los intereses económicos y comerciales de la UTE adjudicataria.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sienes copia de un informe pericial topográfico sobre el dominio público de unas fincas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos, propiedad intelectual y riesgo de afectar a la igualdad de las partes. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y ordena la entrega del documento.
Se solicitó al Ministerio de Transportes informes de conservación de la carretera N-VI (contrato PROINTEC). El Ministerio denegó el acceso por ser información auxiliar, confidencial, y afectar a intereses económicos/propiedad intelectual de terceros. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, concluyendo que la información no es auxiliar, y el Ministerio no justificó ni ponderó adecuadamente los límites invocados, ordenando la entrega de los informes.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona (DIBA) copia de un recurso contencioso administrativo. El reclamante alegó falta de respuesta tras una derivación del Ayuntamiento de Cubelles. La GAIP inadmitió la reclamación por extemporánea, ya que se presentó fuera del plazo de un mes tras la notificación de la denegación expresa de la DIBA.
El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Alpartir solicitó acceso sin restricciones a libros de actas, acuerdos, decretos y resoluciones. La administración denegó el acceso íntegro a los decretos alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a los decretos pero respetando la protección de datos personales.
Un representante sindical solicitó a la Universitat de Barcelona los boletines de cotización a la Seguridad Social desde enero de 2022. La universidad entregó la información anonimizando columnas de datos personales (NAF, IPF, CAF). La GAIP desestima la reclamación por considerar que la entrega de datos identificativos sería desproporcionada para la finalidad de control sindical.
El reclamante solicitó acceso a la memoria, planos e informes técnicos de un núcleo zoológico a la Delegación Territorial de Agricultura de Córdoba. La administración no respondió o alegó la protección de datos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de la información y la apertura de un trámite de alegaciones para terceros.
Se solicitó a la EMT de Madrid el acceso a las propuestas técnicas de licitadores, excluyendo la información marcada como confidencial. El reclamante alegó que la confidencialidad no puede ser genérica ni total. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en la protección de intereses económicos y comerciales.
Se solicitó información sobre expedientes urbanísticos, licencias de actividad ganadera y características de construcciones en una parcela específica al Ayuntamiento de Salt. Tras alegarse un desistimiento parcial por parte del interesado, la GAIP estimó la reclamación, declarando el derecho de acceso a la información técnica y de licencias solicitada.
Representantes sindicales (UGT y SPL-CME) solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre una instrucción de la policía local (tenencia de armas y procedimientos de retirada). La administración no respondió. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de los puntos, pero inadmite la parte relativa a solicitar explicaciones.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet el acceso a los decretos de alcaldía de los últimos 24 meses. La administración alegó que el volumen de información (1.510 decretos) era excesivo y contenía datos personales sensibles. La GAIP estimó la reclamación, reconociendo el derecho de los electos a la información para su control, pero exigiendo la anonimización de datos sensibles.
Se solicitó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid el acceso a los proyectos técnicos de tres licitadores en un contrato de actividades recreativas. El reclamante alegó que prevalecía el interés público sobre la confidencialidad. El Consejo desestimó la reclamación basándose en la protección de intereses económicos y comerciales y la propiedad industrial.
El sindicato LAB reclamó contra el Ayuntamiento de Pamplona por denegar parcialmente el acceso a planes de trabajo de contratos de limpieza municipal, alegando confidencialidad injustificada. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando la denegación parcial. Argumentó que los intereses comerciales de las empresas (know-how, posición competitiva) prevalecen sobre el interés del sindicato, al no ejercer una atribución específica ni estar sujeto a deber de sigilo estricto.
Se solicitó información detallada sobre la contratación de servicios para la gestión de colonias felinas al Ajuntament de Cervelló. El reclamante alegó que no recibió respuesta. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información y recordando que la confidencialidad declarada por empresas no vincula al órgano de contratación.
El reclamante solicitó las actas de reuniones con el centro educativo y la identificación de los asistentes al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, ordenando la entrega de las actas previa anonimización de datos sensibles.
Un representante de una asociación de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès fechas de las pruebas de tiro y psicotécnicos de la Policía Local, identificadas por TIP. El Ayuntamiento solo ofreció datos agregados para proteger la privacidad. La GAIP desestimó la reclamación, considerando que la información agregada es suficiente para el control ciudadano y preserva la protección de datos.
Una delegada de personal solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre los trabajadores sindicalistas liberados (número, causa de la dispensa, sindicato, coste y horas de crédito). La administración entregó datos parciales. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el detalle de horas y nombres.
Un trabajador municipal solicitó al Ayuntamiento de Mollet del Vallès acceso a diversa documentación sobre su puesto de trabajo, prevención de riesgos y datos personales. Tras una denegación parcial, el recurre ante la GAIP. El organismo estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de la información (previa protección de datos) pero denegando la relativa a Trello y a un accidente por seguridad/infracciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda las fórmulas y valores numéricos para calcular las retribuciones de funcionarios en el extranjero. El Ministerio denegó el acceso alegando información auxiliar y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia suspende su resolución porque un caso idéntico anterior, estimado por el Consejo, está pendiente de sentencia firme ante la Audiencia Nacional, que ya ha suspendido cautelarmente la ejecutividad de la resolución previa del Consejo.
La Plataforma Ulloa Viva solicitó al Ministerio de Industria y Turismo el informe de evaluación de un proyecto de ayudas (PERTE-DI) de Greenfiber S.L. El Ministerio denegó el acceso por no ser interesado y por límites de intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que el derecho de acceso no requiere ser interesado, la información es pública y el Ministerio no justificó adecuadamente los límites ni el acceso parcial, prevaleciendo el interés público medioambiental.
Un reclamante solicitó a CRTVE el coste, visualizaciones, sueldos de presentadores/colaboradores, condiciones de audiencia e indemnizaciones de varios programas. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Argumenta que la información económica agregada ya es pública y suficiente, y deniega el acceso a las condiciones de audiencia por proteger los intereses económicos y comerciales legítimos de CRTVE y cláusulas de confidencialidad.
El reclamante solicitó al Ministerio de Industria y Turismo el informe de evaluación y la resolución provisional de una ayuda PERTE para el proyecto Greenfiber S.L. El Ministerio denegó el acceso alegando falta de interés del solicitante, que no era información de publicidad activa y afectación a intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que el derecho de acceso no exige ser interesado, la información es pública y los límites invocados no fueron justificados ni ponderados correctamente, debiendo concederse acceso parcial.
El interesado solicitó al Cabildo Insular de Gran Canaria información detallada sobre las adjudicaciones de las bolsas de empleo de las que es integrante. La administración denegó parte de la información alegando protección de datos personales e información en curso de elaboración. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos.
Un sindicato solicitó al Consorci de Biblioteques de Barcelona listados de plantilla, antigüedad, adscripciones y actas de órganos colegiados. Tras un proceso de mediación, se alcanzó un acuerdo para entregar la mayoría de los datos, pero la administración denegó el listado de identificación de dotaciones alegando protección de datos. La GAIP estimó parcialmente la reclamación.
La Junta de Personal de Funcionarios solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte el expediente de una comisión de servicios, incluyendo méritos y motivos de rechazo. La administración denegó la identidad y méritos alegando protección de datos. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para realizar el trámite de audiencia a los afectados.
La Plataforma Española Ecologista solicitó al INIA-CSIC informes de evaluación de contratos con empresas sobre la sustancia METAM y productos fitosanitarios. El INIA denegó el acceso alegando intereses económicos y propiedad industrial. El Consejo estima parcialmente la reclamación, indicando que el INIA no justificó la denegación total ni el test de daño, y ordena entregar las conclusiones de dichos informes por su interés público.
El reclamante solicitó documentación sobre el funcionamiento de una entidad financiada por el Ayuntamiento de Manresa. Tras una denegación parcial por parte del Ayuntamiento, el ciudadano presentó una reclamación ante la GAIP. La administración finalmente accedió a entregar toda la información solicitada, lo que provocó que la GAIP declarase la pérdida de objeto de la reclamación.
El reclamante solicitó documentación urbanística (proyectos y licencias) al Ayuntamiento de Sant Celoni. Tras no recibir respuesta, presentó reclamación ante la GAIP alegando silencio administrativo. La Administración finalmente facilitó parte de la información durante el procedimiento, por lo que la GAIP declara la pérdida de objeto de la reclamación.
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