Reclamación de acceso a la información pública sobre el Plan de Igualdad de una empresa y su expediente administrativo, resuelta con desestimación

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 20 de enero de 2025 tiene entrada en el buzón del Consejo de Transparencia y Protección de Datos una reclamación formulada por , en representación de la mercantil de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución de fecha 16 de diciembre de 2024, dictada por la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, por la que se deniega su solicitud de acceso a la siguiente información pública: “(i) La Resolución de comunicación de inscripción del Plan de Igualdad de expedida por la Dirección |General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, con expresión de la fecha de la firma y de la remisión de la comunicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 del RD 713/2010. (ii) El justificante de la presentación electrónica de la solicitud de inscripción en el del Plan de Igualdad de conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 del RD 713/2010, con expresión de la fecha y hora oficiales del momento de presentación de la solicitud, en los términos que establece el artículo 9 del RD 713/2010. (iii) El documento original del Plan de Igualdad de en el que conste de manera fehaciente la fecha de formalización y firma del Plan, identificando las firmas de los miembros integrantes de la comisión negociadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.a) del RD 713/2010 –y previa eliminación, en su caso, de los datos personales que permitan la identificación de las personas físicas, pero manteniendo la identificación del cargo o representación, firma y fecha–, incluyendo los Anexos adjuntos al Plan de Igualdad, singularmente los Anexos 1, 2, 8, 9 y 10: ƒ Anexo 1 – “Representación Persona Asesora "; ƒ Anexo 2 – “Autorización 2023 plan igualdad signed”; ƒ Anexo 8 – “Acta 1 Constitución Plan de Igualdad ƒ Anexo 9 – “Acta 6 Firma Plan de Igualdad ƒ Anexo 10 – “Acta 5 Autorización Administrador JDLT signed”. (iv) Los documentos de las actas de las distintas sesiones celebradas por la comisión negociadora del Plan de Igualdad de singularmente el acta de constitución de la comisión negociadora y el acta de la firma del Plan de Igualdad, con expresión de la fecha fehaciente de dichas actas y de las partes que las suscriben, debidamente aportadas al conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b) del RD 713/2010 –previa eliminación en su caso de los datos personales que permitan la identificación de las personas físicas, pero manteniendo la identificación del cargo o representación, firma y fecha–. (v) En su caso, las solicitudes o requerimientos de subsanación formulados por el en relación con el Plan de Igualdad de así como los justificantes de la presentación telemática de las contestaciones realizadas por en atención a dichos requerimientos”. Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 7 de febrero de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 17 de mayo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid en las que manifiesta lo siguiente: En primer lugar, alega que el expediente administrativo no constituye información pública: “El artículo 13 de la Ley 19/2013 y el artículo 5.b) de la Ley 10/2019 establecen que se considera información pública aquella que ha sido elaborada o adquirida por la Administración en el ejercicio de sus funciones y que esté en su poder. No obstante, la información contenida en expedientes administrativos de carácter interno, como es el caso de la inscripción y registro de planes de igualdad, no tiene una finalidad de publicidad general, sino que responde a procedimientos administrativos específicos sujetos a normativa sectorial. El Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de junio de 2022 (STS 752/2022), ha establecido que la información contenida en expedientes administrativos no se encuentra automáticamente incluida en el ámbito del derecho de acceso a la información pública cuando afecta a procedimientos administrativos concretos que regulan relaciones privadas o empresariales. Asimismo, La aplicación nace el 1 de octubre de 2010 con la finalidad de dar soporte a los registros de acuerdos y convenios colectivos de trabajo, regulados por el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, Planes de Igualdad y acuerdos colectivos de trabajo. La aplicación dispone de un área pública a la que puede acceder cualquier ciudadano sin necesidad de registrarse. La Consulta Pública muestra todos los datos públicos, de la base de datos central, procedentes de los convenios, planes de igualdad y acuerdos colectivos de trabajo inscritos en los diferentes registros, así como aquellos datos de los acuerdos objeto de depósito que se consideran públicos”. En segundo lugar, la Consejería alega el derecho de protección de datos y confidencialidad de la información: “El artículo 14 de la Ley 19/2013 establece los límites al derecho de acceso a la información pública, incluyendo la protección de datos personales y la confidencialidad de la información de terceros. En este sentido, el expediente administrativo solicitado contiene datos relativos a relaciones laborales y acuerdos internos de cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las partes implicadas. Asimismo, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, refuerza la protección de estos datos y limita su divulgación a terceros sin una justificación legítima”. Asimismo, también alude la falta de legitimación de la mercantil para acceder a la información: “El acceso a la información pública no requiere acreditar un interés legítimo, pero ello no significa que cualquier tercero pueda acceder a información contenida en expedientes administrativos que afectan a derechos de terceros. En este caso, no ostenta una relación jurídica directa que le otorgue un derecho de acceso prioritario a la documentación solicitada. En relación con ello, la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011 establece que el acceso a información administrativa no puede derivar en una vulneración de derechos fundamentales de terceros ni puede ser utilizado como un mecanismo para obtener información reservada que no está destinada a su divulgación pública”. CUARTO. Con fecha 24 de junio de 2025, se confiere trámite de audiencia a la mercantil de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 LPAC, según el cual tendrán la condición de interesados “los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”. Con fecha 10 de julio de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del tercero interesado, en el que solicita que se desestime la pretensión del reclamante aduciendo los siguientes argumentos: En primer lugar, que el reclamante puede acceder a la información solicitada en la aplicación “Por lo tanto, para acceder a la información pública solicitada es suficiente con acceder a través de la aplicación REGCON al expediente de la entidad donde encontrara todos los datos solicitados y donde aparece publicado el Plan de Igualdad de la entidad de referencia”. En segundo lugar, que se adhieren a la contestación de la Dirección General de Trabajo al manifestar que “no queda acreditado por parte de su condición de “interesado”, careciendo de elementos clave que demuestren su interés personal y legitimo en el procedimiento”. Asimismo, alega que el reclamante presentó escrito de desistimiento del recurso contencioso- administrativo que tenía interpuesto, adjuntando dicho escrito de desistimiento y el archivo de la causa como pruebas: “La inexistencia absoluta de interés legítimo de y de no concurrir su cualidad de “interesado” resulta indubitada cuando la propia presentó con fecha 17 de febrero de 2025 Escrito de Desistimiento del recurso contencioso-administrativo, Procedimiento Ordinario 1276/2024, ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 5ª, recurso que trae precisamente causa en el Expediente “Acuerdo Marco para la adquisición de binoculares de visión nocturna”, Expediente que es asimismo la causa y origen de la presente reclamación al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid por parte de THEON”. QUINTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 30 de julio de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Según ha quedado acreditado en el expediente, el trámite de audiencia fue notificado el mismo 30 de julio de 2025, sin que conste que haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual “se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. De este modo, la LTPCM delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. En el presente caso, la información solicitada cumple con la primera de las condiciones puesto que se encuentra en el poder de la Administración. No obstante, suscita dudas que se pueda enmarcar dentro de la segunda condición. Si bien es cierto que el plan de igualdad ha sido obtenido en el ejercicio de las funciones de la Administración, como bien alega la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, “el Tribunal Supremo, en su sentencia de 2 de junio de 2022 (STS 752/2022), ha establecido que la información contenida en expedientes administrativos no se encuentra automáticamente incluida en el ámbito del derecho de acceso a la información pública cuando afecta a procedimientos administrativos concretos que regulan relaciones privadas o empresariales”. Los planes de igualdad se regulan en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en sus artículos 45 y 46, que establecen la obligatoriedad por parte de las empresas de cincuenta o más trabajadores de elaborar y aprobar su plan de igualdad, así como la creación de un Registro de los mismos. Del artículo en cuestión se desprende que el contenido de los planes de igualdad es en su totalidad ad intra para la empresa correspondiente, lo que los encuadra en el supuesto previsto en la mencionada anteriormente sentencia del Tribunal Supremo. Esto es, no por encontrarse en poder de la Administración, puede automáticamente considerarse información pública puesto que regula en exclusiva una relación de carácter privado, cumpliendo la Administración la función de registradora de tales planes. Por tanto, a juicio de este Consejo la información solicitada no puede subsumirse en el concepto de información pública. CUARTO. A mayor abundamiento, el reclamante solicita no solo el Plan de Igualdad de la empresa sino también otros documentos como “las actas de las distintas sesiones celebradas por la comisión negociadora del Plan de Igualdad de Los documentos solicitados, afectan a la esfera de privacidad de la empresa, por lo que antes de proceder a la resolución de la solicitud de acceso a la información se debe conceder el oportuno trámite de audiencia. Asimismo, el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece una serie de límites en el acceso a una determinada información. En este sentido, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo en su escrito de alegaciones motiva la existencia de un límite para la denegación de la información solicitada, señalando: “El artículo 14 de la Ley 19/2013 establece los límites al derecho de acceso a la información pública, incluyendo la protección de datos personales y la confidencialidad de la información de terceros. En este sentido, el expediente administrativo solicitado contiene datos relativos a relaciones laborales y acuerdos internos de cuya divulgación podría vulnerar el derecho a la privacidad de las partes implicadas”. Si bien, la aplicación de estos límites, como señala el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su criterio interpretativo CI/002/2015, “no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo”. Aplicando el test del daño y el test del interés público que establece el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el anterior criterio interpretativo, este Consejo considera que el acceso a la información solicitada sí que supondría un daño concreto, definido y evaluable puesto que se pondría a disposición de la entidad información sensible de un tercero, sin que justifique la existencia de un interés público, puesto que el interés del reclamante puede ser satisfecho con el mero acceso a la plataforma que responde afirmativamente a la cuestión de fondo, concretamente, confirmar que la entidad sí que dispone de un plan de igualdad, por lo que no incumplió la condición establecida en el pliego de contratación. QUINTO. En los escritos de alegaciones presentados se alude a la plataforma de Registro y Depósito de Convenios Colectivos, Acuerdos Colectivos de Trabajo y Planes de Igualdad. Como indica la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, “la aplicación nace el 1 de octubre de 2010 con la finalidad de dar soporte a los registros de acuerdos y convenios colectivos de trabajo, regulados por el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios, Planes de Igualdad y acuerdos colectivos de trabajo. La aplicación dispone de un área pública a la que puede acceder cualquier ciudadano sin necesidad de registrarse. La Consulta Pública muestra todos los datos públicos, de la base de datos central, procedentes de los convenios, planes de igualdad y acuerdos colectivos de trabajo inscritos en los diferentes registros, así como aquellos datos de los acuerdos objeto de depósito que se consideran públicos”. Los planes de igual son de acceso público en esta plataforma, por lo que la empresa podía consultar desde un primer momento si cumplía con el requisito que exigían los pliegos de contratación de tener un plan de igualdad publicado. SEXTO. Si bien es cierto que no es necesario motivar una solicitud de información, la solicitud de acceso se basa en la premisa de que cuestiona la adjudicación de un contrato a la mercantil por no tener publicado un plan de igualdad. Por tanto, puesto que ese extremo se podía verificar accediendo a la plataforma REGCON de uso público, la solicitud planteada carece de sustento al cuestionar la existencia de un documento, el plan de igualdad, al que se puede acceder desde la plataforma. Asimismo, como alega el tercero interesado el reclamante presentó un recurso contencioso-administrativo impugnando la adjudicación del contrato de suministro “Acuerdo Marco para la adquisición de binoculares de visión nocturna”, expediente de contratación por la falta de plan de igualdad de la empresa. No obstante, con fecha 17 de febrero de 2025 (fecha posterior a la interposición de la presente reclamación), el interesado presenta ante la Sección 5ª de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional escrito de desistimiento del recurso contencioso-administrativo, procedimiento ordinario 1276/2024. Puesto que el interesado no ha presentado alegaciones en el trámite de audiencia, este Consejo no puede asumir que el mismo siga o no ratificando su pretensión expuesta en la presente reclamación. Sin embargo, el acto de desistimiento en vía contenciosa-administrativa parece aducir la satisfacción de la pretensión del solicitante. En conclusión, este Consejo considera que la información solicitada no se puede subsumir en la noción de información pública por cuanto son documentos que regulan relaciones privadas o empresariales, que afectan a un tercer interesado y su esfera de privacidad. Asimismo, la mercantil ha señalado claramente que se puede acceder a la información solicitada a través de la plataforma accediendo al expediente de la entidad con número de localizador En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por en representación de la mercantil Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.