Reclamación de acceso a la información pública sobre el expediente de autorización del concierto de Manuel Carrasco en el estadio Santiago Bernabéu

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 21 de febrero de 2025 tiene entrada en el Registro Electrónico de la Comunidad de Madrid una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la resolución de fecha de 23 de enero de 2025, dictada por el Director General de Seguridad de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid por la que se concede parcialmente el acceso a la siguiente información pública: «Solicito la documentación que presentó la productora el día 28 de mayo de 2024, para solicitar la autorización para un concierto en el estadio Santiago Bernabéu con el título de “Concierto de Manuel Carrasco”, el cual tuvo lugar el día 29 de junio del presente año. Según el formulario de solicitud, se aportó al expediente: - Licencia municipal de funcionamiento del local o establecimiento. - Copia de la escritura de la persona jurídica que solicitó el acto. - Memoria explicativa del espectáculo a realizar. - Documento acreditativo de la disponibilidad del local, así como la conformidad de la propiedad. - Tres ejemplares del cartel o programa publicitario. - Justificante de haber abonado las tasas de ordenación de espectáculos y actividades recreativas. - Documento acreditativo de la dirección facultativa de los proyectos técnicos que deban presentarse. - Documentación exigida en función del aforo del local o establecimiento por los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 de la Orden 10494/2002, de 18 de noviembre. La solicitud, partes del expediente 24/29/C, derivó en la Resolución de la Dirección General de Seguridad, por la que se autoriza el espectáculo público extraordinario “Conciertos de Manuel Carrasco”, resolución que fue firmada digitalmente el 28 de junio de 2024 por En suma, solicito acceso a todos los documentos del expediente que condujeron a la resolución de 28 de junio de 2024 mencionada en el párrafo inmediatamente superior, estén o no incluidos en el listado que figura más arriba”» Así, la Dirección General de Seguridad resuelve lo siguiente: «Conceder el acceso parcial a la información solicitada, omitiéndose la documentación exigida en función del aforo del local o establecimiento regulada en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Orden 10494/2002, de 18 de noviembre, ya que no le es de aplicación a los espectáculos extraordinarios, sino a la celebración de actividades recreativas. No se facilita la documentación regulada en el art. 12 de la citada Orden, por hacer referencia al proyecto de reforma del Estadio y al plan de autoprotección, esta documentación queda afectada por uno de límites del derecho de acceso a la información pública que es que la información a la que se dé acceso, pudiera afectar al secreto profesional y a la propiedad intelectual e industrial.» SEGUNDO. El 6 de marzo de 2025 se envía al reclamante la comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Dirección General de Seguridad, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan un informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 20 de marzo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la Dirección General de Seguridad, en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «En relación con la solicitud de licencia de funcionamiento, se considera que, aunque no se ha dado, ya obra en su poder, ya que en otras solicitudes de información idénticas realizadas por el solicitante se ha facilitado la misma. Por lo que ya obra en su poder ya que se solicitó la misma documentación de forma reiterada y abusiva; Por ello, podemos decir que nos encontramos ante un reclamación y unas solicitudes de acceso que se podrían interpretar como causa de inadmisión regulada en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, concretamente la regulada en el artículo 18.1.b) “Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Aun así, se le facilito la licencia de funcionamiento en 7 expedientes. En cuanto a las alegaciones del recurrente, relativa a “que se deniega documentación alegando un motivo de propiedad intelectual o industrial y no está motivado”, debe de rechazarse igualmente: La motivación sucinta no es falta de motivación, dado que, el reclamante solicitó acceder a los proyectos técnicos, así como al plan de autoprotección y al plan de seguridad de los espectáculos. Resulta obvio que suponen un trabajo intelectual por parte de los técnicos o ingenieros, cuya propia naturaleza impide que sea facilitado al recurrente. Finalmente, y en cuanto a la alegación relativa a que “la Orden 10494/2002 que se menciona en la resolución se encuentra derogada y que no se puede aludir, como fundamento último de su decisión de no entregar esa documentación, a una norma que no está vigente”, procede hacer las siguientes alegaciones: - La Orden 10494/2002, de 18 de noviembre, como bien conoce el recurrente a tenor de sus propias manifestaciones, esta derogada y todas las referencias hechas a dicha norma deben de entenderse realizadas al Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios. Dicho decreto de 2018 es al que se hace referencia, como no puede ser de otra manera, en las Resoluciones por las que se han autorizado todos los espectáculos públicos objeto de las presentes solicitudes de acceso. - No es por lo tanto esa Orden de 2002, el “fundamento último de su decisión de no entregar esa documentación, (…) una norma que no está vigente”, sino que dicha negativa queda fundamentada, en lo sustancial, en el hecho de que quedan afectados a la propiedad intelectual de los documentos a los que se refiere el artículo 12 del mencionado Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, que es el referido a los espectáculos públicos extraordinarios, cuyo contenido es equivalente al del artículo 12 de la Orden 10494/2002 de 18 de noviembre que esta derogada.» CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 21 de marzo de 2025, se da traslado de las alegaciones a la reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 1 de abril de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «En primer lugar, falta la licencia de funcionamiento solicitado para el concierto de Manuel Carrasco. En segundo lugar, que se deniega la documentación solicitada alegando un motivo de propiedad intelectual o industrial sin motivación alguna. En tercer lugar, que la Orden 10494/2002 que se menciona se encuentra derogada y no se puede aludir, como fundamento último de la decisión de no entregar una documentación solicitada, a una norma que no está vigente.» QUINTO. Con fecha de 7 de julio de 2025 se realiza un trámite de audiencia aclaratorio a la Dirección General de Seguridad, para que remitan un informe en relación con la documentación referida en el artículo 12 de Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios. Con fecha 23 de julio de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones aclaratorio de la Dirección General de Seguridad, en el que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: «Analizado en detalle la reclamación del solicitante y la documentación que relaciona el citado artículo y con el fin de salvaguardar el derecho a la propiedad intelectual sin menoscabar el derecho de acceso a la información pública del interesado, proponemos conceder el acceso a la consulta de la documentación de los citados expedientes en las oficinas de la Dirección General competente, no pudiendo realizar copia de dicha documentación para garantizar tanto la propiedad intelectual de los proyectos como la protección de datos de carácter personal» SEXTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 29 de julio de 2025, se da traslado del informe aclaratorio al reclamante y se confiere el trámite de audiencia complementario previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. El trámite de audiencia fue notificado el 29 de julio de 2025, según se acredita en la confirmación de la recepción de la notificación electrónica, que se incorpora al expediente, sin que conste que el reclamante haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». CUARTO. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide la documentación que presentó la productora para solicitar la autorización para el concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Karol G. interpuso una reclamación contra el acceso parcial de su solicitud de información, ya que se denegaba el acceso a la documentación referida en el artículo 12 del Decreto 167/2018, de 11 de diciembre del Consejo de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como de los espectáculos extraordinarios. Tras realizar este Consejo un trámite de audiencia aclaratorio al Dirección General de Seguridad con el fin de solicitar la realización de un informe aclaratorio en relación con la documentación respecto de la cual se ha denegado el acceso, la ya citada Dirección General comunica que se concede al reclamante el acceso a la información solicitada a través de la vista del expediente, para la salvaguarda del derecho a la propiedad intelectual, sin poder realizar copia de dicha documentación. QUINTO. El procedimiento de autorización para la celebración de espectáculos extraordinarios, así como los requisitos, condiciones y trámites necesarios para su concesión está recogido en el artículo 12 del Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la celebración de actividades recreativas extraordinarias durante las Fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, así como los espectáculos extraordinarios. «Artículo 12. Espectáculos extraordinarios Para la obtención de autorización de celebración de espectáculos extraordinarios deberá presentarse, además de los documentos que se indican en los artículos 6 y 7, la siguiente documentación: 1o Proyecto o Memoria técnica, según proceda, de técnico competente y visado por el colegio correspondiente, en los casos previstos por el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, relativo a la colocación de escenario y demás instalaciones móviles, etc. y que deberá contener: 1. Planos del local y de las instalaciones, señalando las medidas contra incendios. 2. Distribución del aforo por zonas, señalando las plazas de ampliación o reducción. 3. Señalización de accesos a las zonas. 4. Descripción de instalaciones móviles que se instalen para el acomodo del público o su acceso a sus localidades y al escenario de los actuantes, tales como escenarios, barras de expedición de bebidas, etcétera. 5. La instalación fija o eventual de servicios higiénicos (urinarios y cabinas) suficientes en el local para la celebración de la actividad. 6. Modificaciones o reformas que pretenden hacerse en el local para el desarrollo de la actividad recreativa. 7. Las medidas correctoras adicionales necesarias para la adaptación del mismo al evento que se pretende. 8. Medidas de seguridad y vigilancia, así como sanitarias de prevención que se pretenden adoptar. 9. Descripción pormenorizada de las medidas de seguridad del local o recinto. 2o Proyecto o memoria técnica, según proceda, de las instalaciones eléctricas, acústicas y mecánicas firmado por técnico competente, visado por el colegio oficial correspondiente, en los casos previstos por el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, cuando estos extremos no estén incluidos en el documento mencionado en el punto anterior. 3o Plan de emergencia del local o recinto según las normas de autoprotección en vigor y la acreditación de haberse atendido las obligaciones relativas al Registro de Datos de Planes de Autoprotección de la Comunidad de Madrid. 4o Plan de medidas y servicios de vigilancia para garantizar la seguridad del local o recinto, y el normal desarrollo de la actividad, visado por el órgano competente, en el que deberá de constar: 1. Relación nominal del personal del servicio de vigilancia encargado del normal desarrollo de la actividad. 2. Contrato con empresa privada de Seguridad, suscrito de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre. 5o Documento acreditativo de la disponibilidad de las ambulancias exigibles. No se requerirán los documentos que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración» En este contexto, corresponde analizar si alguno de los límites establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 14 LTAIGB es aplicable al caso concreto. Para ello, se debe desarrollar un razonamiento argumentativo que se despliega en tres fases. En primer lugar, se requiere verificar que los «contenidos o documentos» solicitados estén efectivamente vinculados al supuesto que justifica la aplicación del límite en cuestión. A continuación, se debe identificar el riesgo de un daño «específico, determinado y evaluable» en caso de que se autorice el acceso, así como establecer la relación causal entre el perjuicio y la divulgación de la información solicitada. Finalmente, superado este análisis, corresponde evaluar si, en función de las circunstancias del caso concreto, los beneficios derivados de la protección contra el perjuicio deben prevalecer sobre los intereses públicos o privados que pudieran derivarse de la difusión de la información. En el presente caso, es necesario examinar si la información solicitada supera el «test del daño», teniendo en cuenta que el bien jurídico protegido a través del límite relacionado con la propiedad intelectual está vinculado a los derechos personales y patrimoniales reconocidos en la normativa específica sobre propiedad intelectual, tal y como establece el artículo 2 de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Asimismo, el artículo 10.1 f) del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual menciona explícitamente a los «proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería como objetos protegidos por derechos de propiedad intelectual» No obstante, la Ley 23/2006, de 7 de julio, modificó la Ley de Propiedad Intelectual, incorporando el artículo 31 bis, que establece lo siguiente: «No será necesaria la autorización del autor cuando una obra se reproduzca, distribuya o comunique públicamente con fines de seguridad pública o para el correcto desarrollo de procedimientos administrativos, judiciales o parlamentarios» De esta manera, se entiende que la documentación solicitada se encuadra en el supuesto mencionado en el artículo anterior y, por tanto, no es necesaria la autorización del autor, ya que se enmarca en un procedimiento administrativo. En cuanto al límite recogido en el artículo 14.1.j) LTAIGB, no puede aplicarse de manera automática e incondicional, sino que debe comprobarse si la divulgación de la información solicitada genera un perjuicio real y si existen intereses públicos o privados igualmente dignos de protección que deban prevalecer, en el caso concreto, sobre la invocación del límite. En este sentido, la propia Dirección General de Seguridad no aplica dicho límite puesto que concede el acceso a la información solicitada, en concreto a la documentación recogida en el artículo 12 del Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, del Consejo de Gobierno. SEXTO. En lo que se refiere a la solicitud de acceso a la licencia de funcionamiento, se incardina en el concepto de información pública, pues tal y como establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones». Además, la Dirección General de Seguridad ha concedido el acceso a la licencia municipal de funcionamiento en otros siete expedientes similares, según señala en sus alegaciones. En las alegaciones realizadas por la citada Dirección, se invoca la aplicación de la causa de inadmisión de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concretamente la regulada en el artículo 18.1.b) «Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley», ya que dicha licencia de funcionamiento ya fue entregada en los restantes siete expedientes mencionados. Corresponde por tanto valorar si la aplicación de la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG está justificada y resulta procedente. En este sentido son ilustrativas las apreciaciones recogidas en los distintos criterios interpretativos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. De su redacción se desprende que para que sea de aplicación esta causa de inadmisión es necesaria la conjunción de dos elementos: por un lado, el carácter abusivo en sentido cualitativo y; por otro lado, la justificación con la finalidad de la normativa de transparencia. En este mismo sentido se ha expresado el CTBG en su Criterio Interpretativo 003/2016: «la concurrencia de las causas de inadmisión a que se refiere este criterio interpretativo requiere […] en el caso de la solicitud abusiva, que esta debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley». Sobre la base de estas premisas, el citado Criterio 3/2016 del CTBG sugiere que una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: - Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: «Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho». - Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos - Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. - Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. En cuanto al volumen de la información solicitada «por voluminoso se debe entender que la gran cantidad de información solicitada requiere una búsqueda importante con lo que se puede compensar con un aumento del plazo para prepararla y ofrecerla». Por tanto, para inadmitir a trámite una solicitud de acceso a la información, es imprescindible que la resolución incluya una motivación clara, detallada y expresamente fundada en la concurrencia de la causa de inadmisión invocada. Desde esta perspectiva, el citado CI/006/2016 establece que: «Se considerará que la solicitud está justificada con la finalidad de la ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: - Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos - Conocer cómo se toman las decisiones públicas - Conocer cómo se manejan los fondos públicos - Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, no estará justificada con la finalidad de la ley cuando: - No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. - Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. - Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa.» La resolución recurrida sustenta la concurrencia de la citada causa de inadmisión en considerar que el derecho de acceso ya ha sido concedido en otros siete expedientes. Si bien, esta razón no es suficiente para aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e), ya que no cumple con los requisitos mencionados anteriormente en relación con la abusividad. A su vez, la Ley 19/2013 señala en su preámbulo que su fin es el sometimiento a escrutinio de la acción de los responsables públicos; así como conocer la toma de decisiones, el manejo de los fondos y bajo qué criterios actúan las instituciones, todo ello enmarcado en el sector público. Según lo expuesto, la finalidad del ejercicio del derecho de acceso a la información en cuestión sí podría reconducirse a uno de los supuestos previstos en el preámbulo de la Ley 19/2013, ya que la licencia de funcionamiento a la que desea acceder el reclamante permitiría identificar los criterios bajo los que actúan nuestras instituciones. Por todo ello, este Consejo considera que no es posible la aplicación de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.e) en relación con la licencia de funcionamiento. SÉPTIMO. No obstante, y en relación con la formalización del acceso, este Consejo debe señalar que desconoce el contenido concreto del expediente administrativo en cuestión, por lo que no puede valorar si existe información sensible que pudiera estar sujeta a límites o que afectara a los derechos de terceros. En caso de que esto fuera así, como alega la Dirección General de Seguridad, no podría impedirse el acceso a la información simplemente invocando la limitación, sino que la denegación debería justificarse con base en una resolución motivada que acredite las circunstancias de vulneración referidas, es decir, que concurrieran alguno de los límites del artículo 14 o de las causas de inadmisión del artículo 18 LTAIGB. De apreciarse la afectación de derechos de terceras personas, este Consejo considera que el acceso a la información podría autorizarse adoptando medidas que redujeran al mínimo la posible vulneración de estos. Así, podría considerarse permitir el ejercicio al derecho de acceso a la información mediante la consulta de la documentación que vulnerase los derechos de terceros en las oficinas de la Dirección General competente, sin reproducción alguna, únicamente en este caso. De hecho, este proceder en el acceso a la documentación ya ha sido utilizado por otros Consejos, entre otros, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. En su Resolución 408/2024 se formalizó el acceso a la información de la «forma que menor afección tenga para el derecho de propiedad intelectual, y a estos efectos consideramos que la solución más ajustada a principios de proporcionalidad sería limitar el acceso a la vista o consulta de los proyectos citados en la propia sede de la entidad reclamada, sin reproducción de los mismos […]». Asimismo, sería necesaria la advertencia expresa al reclamante sobre la responsabilidad por un uso indebido de la información concedida o las copias obtenidas, pues como bien establece el artículo 33.2 de la LTPCM, la persona que accede a la información queda sujeta a una serie de obligaciones: «b) Ejercer el derecho de acceso conforme a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho. c) Cumplir las condiciones que se hayan señalado en la resolución que conceda el acceso directo a las fuentes de información y el acceso a la dependencia pública o archivo donde la información esté depositada. d) Respetar las obligaciones establecidas en la licencia y condiciones de uso de la información obtenida y en la normativa básica para la reutilización. Dichas obligaciones serán explicadas de forma clara por el suministrador de la información. e) Abonar las tasas que pudieran establecerse para la obtención de copias y la transposición de la información a un formato diferente al original». Por todo lo expuesto, este Consejo reitera el desconocimiento respecto de los documentos que integran el expediente administrativo. Consecuentemente, es la Dirección General de Seguridad, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid la que debe limitar la expedición de copias –y no el ejercicio del derecho de acceso– únicamente en el caso de que se vieran vulnerados los derechos de terceras personas y la protección de estos prevaleciera sobre el derecho de acceso a la información pública, previa ponderación por parte de la entidad reclamada. Así, se protegería el interés público en la transparencia y el derecho de acceso, a la vez que se limitaría el impacto sobre los derechos de las personas afectadas, si este existiere. Adicionalmente –y en relación con la formalización del acceso–, este Consejo recuerda que debe proporcionar la información requerida a la persona solicitante previa disociación de los datos personales que pudieran estar presentes en la documentación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.4 de la LTAIPBG y en el RGPD. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO PRIMERO.- ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a través de la vista de la información que solicita sobre la documentación referida en el artículo 12 del Decreto 167/2018, de 11 de diciembre, con la debida anonimización de los datos personales que puedan concurrir en el citado expediente. SEGUNDO.- ESTIMAR la reclamación formulada por en el sentido de dar acceso a la licencia municipal de funcionamiento, con la debida anonimización de los datos personales que puedan concurrir en el citado expediente. TERCERO.- Instar a Agencia de Seguridad y Emergencias de Madrid 112 de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid a facilitar al reclamante la información indicada en el punto anterior, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente a la notificación de esta Resolución, remitiendo a este Consejo las actuaciones realizadas y la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas. Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.