Reclamación de acceso a información sobre intervención policial de la UCO y sistema Encrochat desestimada por secreto oficial

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 7 de agosto de 2022 el reclamante solicitó al Ministerio del Interior, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « El 21 de Junio de 2022, o en fecha muy próxima, tuvo lugar una intervención de la UCO de la Guardia Civil de Madrid en el domicilio de un español cuyas iniciales son , por orden del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en base a una OEDE emitida por un Tribunal de Lille (Francia). - En relación a dicha intervención, solicito la siguiente información: S/REF: 001-071448 N/REF: R-0831-2022 / 100-007391 [Expte. 1204-2023] Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DEL INTERIOR Información solicitada: Intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Madrid el mes de junio de 2022 R CTBG Número: 2023-0248 Fecha: 14/04/2023 ¿Cuántos agentes de la UCO participaron en dicha intervención, así como con qué medios (armas, perros, etc…)? ¿Cuántos agentes de la Gendarmería francesa participaron en el operativo y qué papel tuvieron? ¿Quién mandaba el operativo (especificación y rango)? ¿Algunos de los mandos españoles que ordenaron o participaron en dicho operativo tiene la Medalla de la Defensa Nacional de la República Francesa, y de ser así, en base a qué? ¿Se tomaron imágenes de dicha intervención y en tal caso, para qué? ¿Qué daños se causaron a la vivienda durante el asalto y duración del mismo? ¿Cuántos niños menores de edad había en dicho domicilio durante el asalto y qué impresión y traumas les causó el mismo (llantos, desolación, etc…), y de qué manera la Guardia Civil mitigó dicha situación violenta hacia los menores de edad? ¿Esta intervención policial se basó en una OEDE que establece que el español afectado tiene una condena por parte de la Justicia francesa de 30 años de cárcel por 16 delitos graves cometidos? - En relación al hackeo o pirateo del sistema encriptado de comunicaciones Encrochat, llevado a cabo por la Gendarmería francesa: ¿Tiene la Guardia Civil copia de dicho hackeo y en tal caso, cómo y cuándo se le dio entrega, y dónde lo custodia? ¿Sabe la Guardia Civil cuándo, quién y cómo realizó dicho hackeo la Gendarmería francesa? ¿Cómo puede la Guardia Civil garantizar la autenticidad de la información contenida en Encrochat? ¿Qué uso prospectivo en sus investigaciones está realizando la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia? ¿Cuántos procedimientos abiertos (y de qué tipo) tiene la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia y cuántas personas han sido detenidas y están encarceladas?». 2. El Ministerio del Interior dictó resolución con fecha 15 de septiembre de 2022 en la que contestó al solicitante lo siguiente: « (…) 2º. Una vez examinada la solicitud, esta Dirección General considera que se encuentra afectado por la regulación en materia de secretos oficiales, en concreto, por la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, y de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, R CTBG Número: 2023-0248 Fecha: 14/04/2023 por los que se clasificaban determinados asuntos y materias con arreglo a la citada Ley. De este modo, y mediante estos Acuerdos, se otorgaron con carácter genérico las siguientes clasificaciones concernientes a los puestos de t rabajo y efectivos de la Guardia Civil: -SECRETO: “Despliegue de Unidades” y “la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuentas informaciones o datos puedan revelarlas”. -RESERVADO: “Los destinos de personal de carácter especial” y “las plantillas de personal y de medios y de equipo de las Unidades”. Igualmente hay que señalar que con posterioridad se determinó establecer el mismo nivel de clasificación en la lucha contra la delincuencia organizada, mediante el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, que otorga la clasificación genérica de Secreto a “la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas por cuanto los mismos constituyen “fuentes” de los servicios de información y/o de la lucha antiterrorista”. Las unidades centrales de investigación de la Guardia Civil, donde la Unidad Central Operativa se encuentra incluida, realizan investigaciones principalmente relacionadas con organizaciones criminales, por lo que dar datos, como los solicitados por el interesado, podría favorecer que se realizasen estudios, entre otros, sobre el potencial de investigación de dicha unidad y poder determinar de forma aproximada sus recursos humanos y materiales, algo que es secreto y en caso de conocerse perjudicaría la investigación de las organizaciones criminales. Por ello, procede denegar la información solicitada conforme al artículo 14.1.d) y e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya que la difusión de dichos datos supone un perjuicio para la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales. Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, define información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación (…) y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En este sentido, las preguntas realizadas por el interesado en su solicitud no se pueden incluir en la antedicha definición de información pública, por lo que además de denegar la solicitud, como se argumentó con anterioridad, esta se considera objeto de inadmisión». 3. Mediante escrito registrado el 19 de septiembre de 2022, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG con el siguiente contenido: «La respuesta recibida adolece de toda justificación y parece más propia de un régimen totalitario donde todo se encubre y se justifica por la denominada “razón de Estado” (secreto y confidencialidad). De seguir admitiéndose en España este tipo de respuestas, jamás se habrían producido los avances en derechos humanos que ha habido en nuestro país. Es precisamente sobre la transparencia aplicada al funcionamiento de los cuerpos policiales, donde España avanza mucho más en respeto a la legislación aplicable. Nótese que quien firma la respuesta impugnada es la misma persona que durante lo peor de la pandemia se dedicaba, según salió de su boca en rueda de prensa, a la investigación sobre la desafección del Pueblo Español al Gobierno de la Nación, tarea que desde luego NO corresponde a los cuerpos policiales. Mis preguntas sí que deben ser objeto de respuesta y aquí las reitero: 1.- ¿Cuántos agentes de la UCO participaron en dicha intervención, así como con qué medios (armas, perros, etc…)? Tenemos derecho a saber el despliegue de un operativo policial en las cuestiones planteadas. 2.- ¿Cuántos agentes de la Gendarmería francesa participaron en el operativo y qué papel tuvieron? No es normal que policías franceses actúen en España contra ciudadanos españoles y tenemos derecho a saber el número de policías de un país extranjero que han estado en nuestra Nación haciendo funciones policiales. 3.- ¿Quién mandaba el operativo (especificación y rango)? Los Jefes de los operativos deben ser identificados, como lo son también los que son objeto de sus pesquisas y actuaciones coercitivas. El Derecho en España va de arriba abajo, y viceversa. 4.- ¿Algunos de los mandos españoles que ordenaron o participaron en dicho operativo tiene la Medalla de la Defensa Nacional de la República Francesa, y de ser así, en base a qué? Hay sospechas de que uno de los Jefes del operativo tiene dicha Medalla y obviamente tenemos derecho a saber si en el ejercicio de sus funciones policiales en España se somete a las normas españolas o a las recompensas francesas recibidas. 5.- ¿Se tomaron imágenes de dicha intervención y en tal caso, para qué? Tenemos derecho a saber el por qué se graban determinadas actuaciones y para qué fines, no sea que las fuerzas policiales tengan archivos de imágenes secretos y ajenos a la Ley. 6.- ¿Qué daños se causaron a la vivienda durante el asalto y duración del mismo? El asalto policial a un domicilio es un acto extremadamente punitivo en un Estado de Derecho, y la sociedad tiene derecho a conocer el informe de los daños que se causan así como su duración, porque puede haber anomalías que merecen un reproche entre la opinión pública, lo que sería el caso. 7.- ¿Cuántos niños menores de edad había en dicho domicilio durante el asalto y qué impresión y traumas les causó el mismo (llantos, desolación, etc…), y de qué manera la Guardia Civil mitigó dicha situación violenta hacia los menores de edad? Esta es quizá la cuestión más dolorosa que quizá al que suscribe la respuesta no le preocupa nada, pero cuando vemos cómo en las redes sociales de la Guardia Civil se manifiesta tanto cariño y afecto hacia las criaturas de animales rescatadas por el Seprona, los españoles tenemos derecho a saber en el caso de que la Guardia Civil haya reventado un domicilio particular como lo hizo, si en ese comportamiento tan desproporcionado, hubo o no menores afectados, y en qué medida se mitigó dicha situación entre los menores que vivían bajo ese techo, no vaya a ser que no haya ningún protocolo que proteja a los menores españoles en esas circunstancias, en cuyo caso los españoles tenemos derecho a saber a lo que se exponen sus hijos menores en comportamientos similares, o por si hay que denunciar a organismos nacionales e internacionales de protección de la integridad física y moral de los menores. 8.- ¿Esta intervención policial se basó en una OEDE que establece que el español afectado tiene una condena por parte de la Justicia francesa de 30 años de cárcel por 16 delitos graves cometidos? Tan fácil como responderlo. Sí o No, pues hay sospechas de que la Policía española ha sido engañada por la francesa, y los españoles tienen derecho a saber con transparencia. En relación al hackeo o pirateo del sistema encriptado de comunicaciones Encrochat, llevado a cabo por la Gendarmería francesa: 1.- ¿Tiene la Guardia Civil copia de dicho hackeo y en tal caso, cómo y cuándo se le dio entrega, y dónde lo custodia? Son datos objetivos y que no alteran la confidencialidad o secreto de las actuac iones policiales. 2.- ¿Sabe la Guardia Civil cuándo, quién y cómo realizó dicho hackeo la Gendarmería francesa? Esta respuesta es fundamental para que los españoles sepamos en qué medida esa prueba proveniente de Francia ha pasado los filtros del Derecho español y las garantías jurídicas de los procedimientos policiales en España. 3.- ¿Cómo puede la Guardia Civil garantizar la autenticidad de la información contenida en Encrochat? Una pregunta que miles de españoles se hacen y que tienen derecho a conocer. 4.- ¿Qué uso prospectivo en sus investigaciones está realizando la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia? Es decir, en qué medida y bajo qué criterios se extrae la información de trascendencia penal que hay ahí. 5.- ¿Cuántos procedimientos abiertos (y de qué tipo) tiene la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia y cuántas personas han sido detenidas y están encarceladas?” Es un dato estadístico que no supone desvelar ningún secreto». 4. Con fecha 20 de septiembre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió la reclamación al Ministerio del Interior al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 27 de octubre de 2022 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «Esta Dirección General se mantiene en la resolución emitida con fecha 15 de septiembre de 2022, y los argumentos esgrimidos en la misma que se dan por reproducidos, conforme a la Ley 19/203, de 9 de diciembre, sobre regulaciones especiales de derecho de acceso a la información pública. Por otro lado y a mayor abundamiento, la ley de enjuiciamiento criminal dedica el Título III a la Policía Judicial, estableciendo en su artículo 282 que "La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la a utoridad judicial (...)", por lo que la confección de este tipo de "informes" se enmarcan en las funciones de Policía Judicial que la Guardia Civil tiene encomendadas. La propia Constitución Española de 1978, diferencia la misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad recogida en su artículo 104 de las funciones de la policía judicial expresadas en su artículo 126. En este último artículo se establece la dependencia de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Así, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial dedica el Título III del Libro VII a la Policía Judicial comprendiendo esta función, según su artículo 547, "el auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes". Esta función de auxilio de juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal viene remarcada en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al establecer la dependencia funcional de los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial de los Juece s, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. Asimismo, en el artículo 34, les otorga a estos funcionarios el carácter de comisionados de Jueces, Tribunales y Fiscales en la práctica de las diligencias o actuaciones que lleven a cabo, por encargo y bajo la supervisión de los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes de lo Penal. En idéntico sentido se pronuncia el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial que, a mayor abundamiento, marca la obligación de cualquier funcionario policial que haya iniciado una investigación a cesar en la misma "al comparecer para hacerse cargo de ella la Autoridad Judicial o el Fiscal encargado de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente Unidad Orgánica de Policía Judicial, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos intervenidos, así como de las personas cuya detención se hubiese acordado". Puesto que las funciones de policía judicial son de carácter de auxilio de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, tal y como se ha detallado con anterioridad, al haber sido las diligencias instruidas y puestas a disposición de tales autoridades, las mismas ya no obran en poder de la policía judicial, por lo que, en virtud a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tales documentos obran en poder del Juzgado o Tribunal correspondiente. Por ello se considera que la solicitud de acceso debe ser autorizada por dicha Autoridad y no por la policía judicial. Por otra parte, la Disposición Adicional Primera, apartado 2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno recoge que: "Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información". El régimen de acceso a las diligencias de un sumario judicial, como régimen especial de acceso, viene regulado en los artículos 292, 299 y 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como se refiere en el art. 234 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y el artículo 140 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este sentido es conveniente señalar que una vez practicadas las correspondientes actuaciones ordenadas por jueces, tribunales o el Ministerio Fiscal, la Guardia Civil no forma parte de las actuaciones judiciales por lo que una vez que remite su actuación debidamente documentada a los órganos judiciales, desde ese momento ni conoce ni puede vincularse con su devenir judicial. Por tal motivo, se sigue considerando que concurren los límites de acceso del art. 14.1 d) y e), por un perjuicio a la seguridad pública, así como para la "prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios" porque en las diligencias e informes complementarios se encuentran incluidas las actividades de investigación donde se revelan los modos de actuación, procedimientos internos, etc. de los investigadores actuantes. En tal sentido, resulta ilustrativa la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso- administrativo nº 11 (con sede en Madrid) nº 61/2020, de 8 de septiembre de 2020, por la que se estimó el recurso contencioso-administrativo promovido por la Dirección General de la Policía, contra la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) de 30 de julio de 2019, en relación a la solicitud de acceso a los informes de la Policía relativos al fallecimiento de dos internos en los CIES de Aluche (Madrid) y Zona Franca (Barcelona), y en la que se indica que un informe elaborado en un Ministerio pierde la naturaleza puramente administrativa al formar parte de las actuaciones que constituyen el sumario de los delitos cuya comisión se investiga y, eventualmente se enjuicia, pasando a formar parte del expediente judicial y, por ello, la autoridad competente para otorgar o no el acceso a los mismos, por cuanto constituyen parte de la documental obrante en el procedimiento, al igual que un informe pericial, o cualquier otro documento. No se debe olvidar que el éxito o no del trabajo policial depende en gran manera de la protección de estos procedimientos, tal como reconoce el Tribunal Supremo en diversas sentencias, tratando a estos procedimientos como información necesitada de protección y de un especial deber de sigilo. En esta línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce el carácter reservado de las informaciones policiales que puedan afectar al funcionamiento de los cuerpos policiales en varias sentencias, las cuales son declarativas y vinculantes para los Estados Miembros, como la Sentencia Verenigning Weekblad Blusf C. Países Bajos, de 9 de febrero de 1995 que dice que en virtud de las tareas confiadas a los servicios de seguridad interior hay que reconocer que éstos gozan de un alto grado de protección en lo relativo a la divulgación de las informaciones que afecten a sus actividades. En cuanto al límite del apartado j) del artículo 14.1, referido al perjuicio del "secreto profesional", tal y como se ha expuesto anteriormente, normas con rango de Ley Orgánica y Real Decreto imponen dicho deber a los miembros de la policía judicial, tanto en tal calidad, como en calidad de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad». 5. El 31 de octubre de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En la misma fecha, se recibió un escrito con el siguiente contenido: «En relación a las alegaciones efectuadas por la Administración, deseo manifestar que en relación a las cuestiones planteadas sobre Encrochat, las investigaciones se han llevado a cabo por medio de EUROPOL, agencia europea de policía, y no mediante procedimientos judiciales en España, tal y como se puede ver en la siguiente noticia: mensajeria-encriptada-utilizada-narcotraficantes-detiene-a800-criminales Por lo tanto la siguiente información solicitada no está bajo procedimiento judicial y por lo tanto debe ser desvelada: En relación al hackeo o pirateo del sistema encriptado de comunicaciones 1.- ¿Tiene la Guardia Civil copia de dicho hackeo y en tal caso, cómo y cuándo se le dio entrega, y dónde lo custodia? Son datos objetivos y que no alteran la confidencialidad o secreto de las actuaciones policiales en el ámbito judicial. 2.- ¿Sabe la Guardia Civil cuándo, quién y cómo realizó dicho hackeo la Gendarmería francesa? Esta respuesta es fundamental para que los españoles sepamos en qué medida esa prueba proveniente de Francia ha pasado los filtros del Derecho español y las garantías jurídicas de los procedimientos policiales en España. 3.- ¿Cómo puede la Guardia Civil garantizar la autenticidad de la información contenida en Encrochat? Una pregunta que miles de españoles se hacen y que tienen derecho a conocer. 4.- ¿Qué uso prospectivo en sus investigaciones está realizando la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia? Es decir, en qué medida y bajo qué criterios se extrae la información de trascendencia penal que hay ahí. 5.- ¿Cuántos procedimientos abiertos (y de qué tipo) tiene la Guardia Civil en base a la información de Encrochat suministrada por la Gendarmería de Francia y cuántas personas han sido detenidas y están encarceladas?” Es un dato estadístico que no supone desvelar ningún secreto». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información referida, por un lado, a la intervención realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en un domicilio de Madrid en el mes de junio de 2022, por mandato del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y con base en una orden europea de detención y entrega emitida por un Tribunal de Lille (Francia); y, por otro lado, a la infiltración de la Gendarmería francesa en el sistema encriptado de comunicaciones Encrochat. El Ministerio requerido denegó el acceso con fundamento en que la información solicitada tiene carácter secreto con arreglo a los Acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986 y 6 de junio de 2014, e invocando, asimismo, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.1.d) y e) LTAIBG, al entender que la difusión de dichos datos supone un perjuicio para la seguridad pública y la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales. El reclamante manifiesta en el trámite de audiencia que «[e]n relación a las alegaciones efectuadas por la Administración, deseo manifestar que en relación a las cuestiones planteadas sobre Encrochat, las investigaciones se han llevado a cabo por medio de EUROPOL, agencia europea de policía, y no mediante procedimientos judiciales en España, la información referente a EncroChat sí debe ser suministrada, puesto que las investigaciones han sido realizadas por la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y no por la Policía Judicial Española. » 4. El examen de las razones alegadas para fundar la denegación del acceso deber partir de la verificación del carácter secreto de la información solicitada que invoca el Ministerio con arreglo a lo dispuesto en Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales (en adelante, LSO), pues, de apreciarse esta excepción, su carácter determinante haría innecesario el análisis de los demás motivos. Desde esta perspectiva, cabe recordar que la LSO establece lo siguiente: «Artículo segundo. A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. Artículo tercero. Las “materias clasificadas” serán calificadas en las categorías de secreto y reservado en atención al grado de protección que requieran. Artículo cuarto. La calificación a que se refiere el artículo anterior corresponderá exclusivamente, en la esfera de su competencia, al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor». La lectura del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, permite constatar que se otorga con carácter genérico la clasificación de secreto al despliegue de unidades y a «la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuentas informaciones o datos puedan revelarlas» [punto Primero, números 2 y 4)] que este Consejo ha entendido referido al ámbito de las fuerzas armadas. El mencionado acuerdo, sin embargo, fue objeto de una concreción tanto por el Acuerdo de Ministros de 16 de febrero de 1996 que clasifica de secreto la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizadas en la lucha antiterrorista por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como por el posterior Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, invocado en la resolución de la que trae casusa esta reclamación, que otorga la clasificación genérica de secreto a «la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas por cuanto los mismos constituyen “fuentes” de los servicios de información y/o de la lucha antiterrorista». Carácter secreto que afectaría, por tanto, a las intervenciones realizadas por las unidades centrales de investigación de la Guardia Civil (en la que se encuentra incluida la UCO) y a las operaciones de la EUROPOL referentes al sistema de comunicaciones de alto secreto utilizado por delincuentes para el intercambio de drogas y armas (EncroChat), puesto que en ellas también participan los agentes de dicho cuerpo. 5. En la línea apuntada no puede desconocerse el pronunciamiento contenido en la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 2023 (ECLI:TS:ES:2023:319) —relativa a una solicitud de acceso a las licencias concedidas para la exportación de armas a Arabia Saudí, que fue denegada por tratarse de información clasificada como secreta— en la que se fija como doctrina jurisprudencial que: «[e]n lo relativo a la segunda cuestión de interés casacional, debemos señalar que, en el supuesto de tratarse de materia clasificada y calificación de secreta, como es el caso, ha de justificarse suficientemente el interés público esencial que avala tal pretensión de información y las poderosas razones relativas a la lesión de los derechos fundamentales afectados, o los relevantes bienes jurídicamente protegidos, que determinen el acceso a los detalles de tal operación mediante el alzamiento por el Consejo de Ministros de la declaración de "materia clasificada" y secreta.»; Conclusión a la que se llega tras recordarse, en relación con el alcance de la calificación de determinados documentos como materia clasificada y secreta, que «las propias exigencias de eficacia de la acción administrativa, aludidas en el artículo 103.1 de la Constitución o la necesidad de preservar la existencia misma del Estado, en cuanto presupuesto lógico de su configuración como Estado de Derecho, pueden justificar que se impongan límites a la publicidad de la acción estatal y más concretamente, y por lo que hace al caso a resolver, que se encomiende al Gobierno, a quien compete, la dirección de la defensa del Estado -artículo 97 de la Constitución-, una competencia primaria, en los términos que fije el legislador -artículo 105.b) de la Constitución-, para decidir sobre la imposición de restricción a la publicidad de la acción estatal frente a cualquier autoridad, con mayor razón cuando en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 1950, se prevé la posibilidad de que el ejercicio de ciertos derechos pueda ser sometido a restricciones que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional -artículos 10.2. y 11.2-, por lo que debe reconocerse validez, desde la perspectiva constitucional a la Ley de secretos oficiales de 1968, al menos en los aspectos en los que atribuye competencia al Consejo de Ministros, para clasificar o desclasificar como secretos determinados asuntos o actuaciones estatales, a través del procedimiento que en esa Ley se establece. (…) la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, establece que las actividades reservadas por declaración de Ley y las "materias clasificadas" no podrán ser comunicadas, difundidas ni publicadas, ni utilizado su contenido fuera de los límites establecidos por la Ley. El incumplimiento de esta limitación será sancionado, si procediere, conforme a las Leyes penales, y por vía disciplinaria, en su caso, considerándose en este último supuesto la infracción como falta muy grave. Tal como sucede con las actas solicitadas que fueron declaradas "materia clasificada" y secreta, por Acuerdo del Consejo de Ministros». 6. En consecuencia, con arreglo a lo expuesto en los precedentes fundamentos jurídicos, al pretenderse el acceso a una información que ha sido clasificada con el grado de secreto —y no haberse justificado este interés público esencial o las poderosas razones relativas a la lesión de los derechos fundamentales afectados, o los relevantes bienes jurídicamente protegidos (pues las alegaciones del reclamante en este punto resultan insuficientes por genéricas)—, procede la desestimación de la reclamación pues este Consejo carece de facultades para disponer que se conceda el acceso a la misma. Apreciada la concurrencia de la excepción invocada no resulta necesario analizar la concurrencia del resto de límites invocados en la resolución sobre el acceso. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR de fecha 15 de septiembre de 2022. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez