Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La asociación La Mola Petra Lluitant solicitó copias de expedientes sancionadores y escritos remitidos a la Fiscalía por la muerte de milanos a la Conselleria d'Agricultura de Illes Balears. La administración denegó el acceso por falta de consentimiento de los infractores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado la reclamación, ordenando la entrega de la información debidamente anonimizada.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de asesores y personal eventual con sus nombres, cargos, formación y retribuciones. La Administración denegó la identidad de la mayoría alegando riesgos de seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de nombres y retribuciones.
Una madre solicitó a la Consejería de Educación de Asturias registros de incidencias, denuncias y sanciones disciplinarias de su hijo y de otros alumnos. La administración denegó los puntos 2 y 3 alegando protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información de forma anonimizada.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Hernani copia del examen práctico y los criterios de corrección de un proceso selectivo finalizado. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de procesos futuros y la falta de interés legítimo del solicitante. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación al considerar que la denegación no se ajusta a los límites legales.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el listado de personal de la Guardia Civil en León con su número de identificación (IP) desde 2009. La administración no respondió y luego alegó protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de información general sobre efectivos y categorías, pero denegando los números de identificación.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones los importes de productividad pagados en 2024 a diversos cargos. La administración denegó los datos de responsables provinciales alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación tras la sentencia del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los sindicatos al acceso.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de productividad del personal de la AEAT de 2024. La AEAT denegó el acceso alegando protección de datos, seguridad y procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de transparencia retributiva y la labor sindical.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos de infracciones penales en Extremadura desagregados por municipio. El Ministerio denegó el desglose alegando que sería una reelaboración compleja y que podría afectar a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la obtención de tales datos requiere una labor de reelaboración técnica no exigible.
El reclamante solicitó información sobre la concesión y posible retirada de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a una persona específica. El Ministerio del Interior denegó el acceso alegando seguridad pública y la existencia de un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la administración no motivó adecuadamente el perjuicio.
El reclamante solicitó información sobre las medidas de seguridad, custodia y estadísticas de votos por correo en las elecciones de julio de 2023 a Correos. La administración denegó el detalle de las medidas de seguridad alegando riesgo para la integridad del proceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos estadísticos diarios solicitados.
El interesado solicitó a la AEAT información sobre los protocolos de seguridad, horas de riesgo y número de alertas de acceso en movilidad. Alegó falta de motivación y nulidad por incompetencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que revelar los parámetros de detección de anomalías y la eficacia de las alertas comprometería la seguridad nacional.
El interesado solicitó copia íntegra de un expediente administrativo de denuncia ante la AEPD. La administración no respondió inicialmente y, tras la reclamación, entregó una copia incompleta alegando límites de seguridad y protección de datos sin justificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta a la AEPD a completar la información.
El reclamante solicitó a la Dirección General de la Policía acceso al código fuente de las librerías de código abierto utilizadas en la aplicación MiDNI. La administración denegó el acceso alegando riesgos de seguridad y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que revelar el inventario de dependencias y versiones compromete la seguridad del sistema.
El interesado solicitó datos técnicos y estadísticas de los sistemas GEISER y ACCEDA al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos estadísticos y un listado genérico de eventos.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior el organigrama y los nombres de los ocupantes de cargos en la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los nombres por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda el desglose anual de toneladas de cocaína y hachís aprehendidas por Vigilancia Aduanera entre 2015 y 2025. Tras una respuesta parcial de la Administración alegando límites de seguridad, el reclamante comunicó su voluntad de desistir. El Consejo de Transparencia decide archivar el procedimiento por desistimiento del interesado.
La interesada solicitó al Registro de la Propiedad (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) documentación y un informe policial que motivaron una prohibición de disponer sobre su finca. Tras la denegación por protección de datos y secreto oficial, la recurrente presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la cual ha sido inadmitida por ser extemporánea.
Una mercantil solicitó memorias técnicas y titularidad de centros de difusión TDT al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación por falta de motivación específica y denegación genérica sin realizar test de daño.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior el acceso al Plan de Inspección y documentos de la intervención del 6/09/2025. Alegó que la denegación por confidencialidad carecía de resolución formal y contradecía la comunicación verbal previa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación afectaría a la seguridad pública, la prevención de ilícitos y las funciones de vigilancia e inspección, protegiendo la eficacia de las actuaciones.
Un concejal solicitó diversa información económica, de personal y contractual al Ayuntamiento de El Tiemblo. El Ayuntamiento alegó haber facilitado parte de la información en reuniones y denegó el cuadrante policial por seguridad. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al acceso a la información por falta de prueba del suministro efectivo.
El reclamante pidió al Ministerio del Interior el protocolo operativo de la Guardia Civil para controles en la frontera con Andorra. Tras la denegación, reclamó alegando que se confundían criterios administrativos con tácticas operativas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que divulgar dichos criterios e instrucciones causaría un perjuicio real a la seguridad pública y facilitaría la elusión de los controles fronterizos.
El 21/08/2025 se solicitó al Ministerio del Interior información sobre unidades caninas en el aeropuerto de Málaga. La administración denegó parcialmente el acceso alegando límites de seguridad pública y prevención de ilícitos. El reclamante interpuso reclamación el 27/10/2025 por considerar la respuesta incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse facilitado la información solicitada durante el procedimiento, sin que el interesado formulara objeciones.
El reclamante pidió al Ministerio del Interior una certificación sobre el acto formal de clasificación del contrato SIRDEE como secreto. Al no responder, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al incumplirse el plazo legal de respuesta, sin resolver el fondo sobre la clasificación.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre incidentes en un centro de acogida en septiembre 2025. El Ministerio denegó parcialmente alegando seguridad pública y secreto judicial. El reclamante alegó que la denegación era genérica y que la información era retrospectiva. El CTBG estimó la reclamación, ordenando facilitar la información con exclusión de datos operativos concretos.
Se solicitó a la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid el código fuente y especificaciones del algoritmo de admisión de alumnado 2025-2026. El interesado alegó que la denegación fue genérica e infringió jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estimó la reclamación por falta de motivación y ponderación de los límites invocados.
La Fundación Montescola solicitó al MITECO las comunicaciones con la Comisión Europea sobre proyectos mineros estratégicos. Tras su inadmisión inicial y denegación posterior por confidencialidad y seguridad pública, interpuso reclamación por silencio y denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales al no respetarse el plazo legal de respuesta.
Solicitud al Ayuntamiento de Madrid de documentación sobre la 'Operación Rescate' en Arganzuela. El reclamante alegó denegaciones genéricas y falta de acceso efectivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, validando la inexistencia de datos en algunas áreas, el acceso vía sede electrónica en otra y la limitación por seguridad pública en el Distrito.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre una intervención policial de 2020 en un edificio. El reclamante alegó que la respuesta fue incompleta y que no se entregaron los documentos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar justificados los límites por perjuicio a investigaciones en curso y la inexistencia de ciertos expedientes.
Reclamación contra denegación de acceso a gastos de seguridad de presidentes. El CTBG desestima la reclamación, entendiendo que la información permitiría dimensionar dispositivos de seguridad, afectando a la seguridad pública según el art. 14.1.d LTAIBG.
Una persona física solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya informes sobre dos actuaciones policiales en una escuela. El Departamento denegó el acceso alegando que eran atestados judiciales. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar cualquier informe administrativo preexistente que no sea un atestado, aplicando límites de seguridad y protección de datos.
La reclamante solicitó al Ministerio de Defensa documentación de planificación, inteligencia y justificación operativa de la "Operación Prometeo 2025". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no notificó su resolución denegatoria dentro del plazo legal, aunque el fondo de la solicitud fue desestimado por afectar a la seguridad nacional.
Se solicitó a AENA información sobre procedimientos, informes de mediciones radiológicas y comunicación con organismos competentes ante posibles fugas de radiación en escáneres del Aeropuerto de Málaga. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que AENA no facilitó toda la información relevante en el plazo legal, haciéndolo solo durante la tramitación de la reclamación.
El reclamante solicitó copias de los registros de salida de la Policía Local de Nerja. Ante la falta de respuesta de la administración, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de la información, aunque advierte que la entidad debe valorar previamente posibles límites de seguridad pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre una agresión, disturbios y actividad en redes sociales, así como protocolos contra delitos de odio. El Ministerio inadmitió/denegó la solicitud. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal de un mes, vulnerando el derecho de acceso a la información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la autorización de segunda actividad de un Cabo de la Guardia Civil y el cuadrante de efectivos de una compañía para julio de 2025. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización de compatibilidad laboral por ser información de publicación obligatoria, pero denegó el acceso al cuadrante de efectivos por motivos de seguridad pública, rechazando la inadmisión por solicitud abusiva.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número, tipo y coste de dispositivos Huawei en el CIMACC de la Policía Nacional. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de la información sobre número y tipo por riesgo a la seguridad pública (Art. 14.1.d LTAIBG) y la inadmisión del coste por requerir una compleja reelaboración (Art. 18.1.c LTAIBG) al no existir contratos directos con Huawei.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre seguridad y evacuación en partidos del Rayo Vallecano. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a remitir la solicitud a los órganos competentes.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de una Circular y una Orden General de la Guardia Civil sobre mando y régimen interno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación. Aunque la información es pública, su divulgación podría perjudicar la seguridad pública y la eficacia operativa de la Guardia Civil, aplicando el límite del artículo 14.1.d) LTAIBG.
Se solicitó al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya el número de drones detectados y objetos requisados en centros penitenciarios (2024-2025). El reclamante alegó que la denegación por seguridad pública era genérica y desproporcionada. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio.
UGT y SPL-CME solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre el bloqueo de armeros y pruebas psicotécnicas. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud (acceso a fechas de psicotécnicos, protocolos y normativa general), desestimar el acceso a actas individuales por afectar a datos especialmente protegidos e inadmitir las peticiones de justificación ad hoc.
El reclamante solicitó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras planos detallados del trayecto de Metro Sur en Getafe alegando ruidos y vibraciones en su casa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información está clasificada como de difusión limitada al ser Metro de Madrid un operador crítico.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre instrucciones y operativos de la UIP en la Vuelta Ciclista a España en Madrid, incluyendo informes y agentes heridos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho a obtener una resolución a tiempo.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre ayudas económicas, convenios bancarios, gasto sanitario, número, nacionalidades y destino de inmigrantes trasladados a España en 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque sí lo hizo de forma tardía durante la tramitación de la reclamación.
Un concejal del Ayuntamiento de Alcocer solicitó la documentación contable del ejercicio 2024 de forma telemática. El Ayuntamiento denegó el envío electrónico alegando la necesidad de proteger datos personales y la elevada carga de trabajo, ofreciendo en su lugar la revisión presencial. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas y actuaciones administrativas de la Junta Municipal y el Consejo de Seguridad de Arganzuela (2014-2025) relativas a un edificio y actividades delictivas. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud por ser información auxiliar y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación.
Un solicitante pidió a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre un incidente de sabotaje en la línea de AV Madrid-Sevilla, incluyendo informes técnicos, policiales, datos históricos, protocolos de seguridad y gestión de crisis. ADIF denegó el acceso alegando investigación penal, seguridad pública, solicitud excesiva e información auxiliar. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de estadísticas históricas, impacto económico y comunicaciones de crisis (excluyendo detalles operativos de seguridad e investigación), al considerar injustificadas las denegaciones en esos puntos.
Se solicitó al Ministerio del Interior (DGT) las cinco máximas velocidades detectadas por radar, desglosadas por año y lugar, entre 2015 y 2024, y la máxima histórica. La DGT denegó el acceso por perjuicio a funciones de vigilancia y seguridad pública. El reclamante alegó denegación total. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la DGT entregó la información (velocidad, año, provincia) tardíamente, fuera del plazo legal.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el uso del sistema de IA PerfilNet.Pyros por el SEPRONA. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública e investigación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica, desproporcionada y no justificó el daño, además de que parte de la información ya era pública y la transparencia algorítmica es fundamental.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de instrucciones y de informes de riesgo sobre manifestaciones en la Vuelta a España. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, obligando a la reclamante a acudir al Consejo para ver reconocido su derecho.
La reclamante pidió a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el cronograma de las obras de la Línea 11 de Metro. Tras silencio y resolución parcial, reclamó por considerar insuficiente el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la administración aplicó correctamente los límites de seguridad nacional y pública a la información clasificada como «difusión limitada» por afectar a infraestructuras críticas, respetando el acceso parcial a los datos no sensibles.
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