Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número y coste desglosado de dispositivos Huawei en la sala de operaciones de la Policía Nacional (CIMACC). La administración denegó el listado por seguridad pública e inadmitió el coste por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar ambos motivos.
El interesado solicitó a la Guardia Civil la autorización de actividad secundaria de un efectivo y su cuadrante de servicio. La administración alegó inadmisión por carácter abusivo y denegó el cuadrante por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización, pero manteniendo la denegación del cuadrante.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la autorización de segunda actividad de un Cabo de la Guardia Civil y el cuadrante de efectivos de una compañía para julio de 2025. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización de compatibilidad laboral por ser información de publicación obligatoria, pero denegó el acceso al cuadrante de efectivos por motivos de seguridad pública, rechazando la inadmisión por solicitud abusiva.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número, tipo y coste de dispositivos Huawei en el CIMACC de la Policía Nacional. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación de la información sobre número y tipo por riesgo a la seguridad pública (Art. 14.1.d LTAIBG) y la inadmisión del coste por requerir una compleja reelaboración (Art. 18.1.c LTAIBG) al no existir contratos directos con Huawei.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre seguridad y evacuación en partidos del Rayo Vallecano. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a remitir la solicitud a los órganos competentes.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de la Circular 2 de la Guardia Civil y la Orden General 9-2012. Alegó que la información era sobre gestión de personal y no afectaba la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que los documentos tienen contenido operativo y su divulgación perjudica la seguridad pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de una Circular y una Orden General de la Guardia Civil sobre mando y régimen interno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación. Aunque la información es pública, su divulgación podría perjudicar la seguridad pública y la eficacia operativa de la Guardia Civil, aplicando el límite del artículo 14.1.d) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la competencia, delegaciones y costes de la expedición de visados en Bata. El Ministerio denegó el acceso argumentando que no es información pública, sino una solicitud de motivación. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos relativos a la competencia.
Se solicitó al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya el número de drones detectados y objetos requisados en centros penitenciarios (2024-2025). El reclamante alegó que la denegación por seguridad pública era genérica y desproporcionada. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes conocer si ciertas personas figuran en los registros de acceso al complejo de la Moncloa y sus fechas de visita. La administración inadmitió la solicitud alegando protección de datos y fines de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no hay acceso indiscriminado y debe prevalecer el interés público.
UGT y SPL-CME solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre el bloqueo de armeros y pruebas psicotécnicas. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud (acceso a fechas de psicotécnicos, protocolos y normativa general), desestimar el acceso a actas individuales por afectar a datos especialmente protegidos e inadmitir las peticiones de justificación ad hoc.
El reclamante solicitó a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras planos detallados del trayecto de Metro Sur en Getafe alegando ruidos y vibraciones en su casa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información está clasificada como de difusión limitada al ser Metro de Madrid un operador crítico.
Se solicitó a la Delegación del Gobierno en Madrid información sobre operativos de la UIP durante la Vuelta Ciclista. Ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior, la recurrente presentó una reclamación alegando la extemporaneidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre instrucciones y operativos de la UIP en la Vuelta Ciclista a España en Madrid, incluyendo informes y agentes heridos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho a obtener una resolución a tiempo.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre ayudas económicas, convenios bancarios, gasto sanitario, número, nacionalidades y destino de inmigrantes trasladados a España en 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque sí lo hizo de forma tardía durante la tramitación de la reclamación.
Un concejal del Ayuntamiento de Alcocer solicitó la documentación contable del ejercicio 2024 de forma telemática. El Ayuntamiento denegó el envío electrónico alegando la necesidad de proteger datos personales y la elevada carga de trabajo, ofreciendo en su lugar la revisión presencial. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas y actuaciones administrativas de la Junta Municipal y el Consejo de Seguridad de Arganzuela (2014-2025) relativas a un edificio y actividades delictivas. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud por ser información auxiliar y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó información sobre un incidente de sabotaje ferroviario en mayo de 2025 a ADIF. El reclamante alegó una aplicación excesiva y genérica de los límites al derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos económicos y estadísticos, pero manteniendo la denegación de información operativa de seguridad y judicial.
Un solicitante pidió a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre un incidente de sabotaje en la línea de AV Madrid-Sevilla, incluyendo informes técnicos, policiales, datos históricos, protocolos de seguridad y gestión de crisis. ADIF denegó el acceso alegando investigación penal, seguridad pública, solicitud excesiva e información auxiliar. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de estadísticas históricas, impacto económico y comunicaciones de crisis (excluyendo detalles operativos de seguridad e investigación), al considerar injustificadas las denegaciones en esos puntos.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior las máximas velocidades detectadas por radares de la DGT entre 2015 y 2024. La administración denegó el acceso alegando perjuicios a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior (DGT) las cinco máximas velocidades detectadas por radar, desglosadas por año y lugar, entre 2015 y 2024, y la máxima histórica. La DGT denegó el acceso por perjuicio a funciones de vigilancia y seguridad pública. El reclamante alegó denegación total. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la DGT entregó la información (velocidad, año, provincia) tardíamente, fuera del plazo legal.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior información sobre el sistema de IA PerfilNet.Pyros usado por el SEPRONA. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que los datos son administrativos y no justifican un daño real a la seguridad o la investigación.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el uso del sistema de IA PerfilNet.Pyros por el SEPRONA. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública e investigación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica, desproporcionada y no justificó el daño, además de que parte de la información ya era pública y la transparencia algorítmica es fundamental.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre instrucciones y evaluaciones de riesgo durante la Vuelta a España. Ante la falta de respuesta, la interesada interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haber vulnerado la administración el plazo legal de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de instrucciones y de informes de riesgo sobre manifestaciones en la Vuelta a España. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, obligando a la reclamante a acudir al Consejo para ver reconocido su derecho.
La reclamante pidió a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras el cronograma de las obras de la Línea 11 de Metro. Tras silencio y resolución parcial, reclamó por considerar insuficiente el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la administración aplicó correctamente los límites de seguridad nacional y pública a la información clasificada como «difusión limitada» por afectar a infraestructuras críticas, respetando el acceso parcial a los datos no sensibles.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el desglose de costes de un acto del Día del Orgullo LGTBI y el listado nominal de invitados. El interesado alegó que no se le facilitó la lista de asistentes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la protección de datos personales prevalece sobre el interés público.
El solicitante pidió información sobre costes y logística de traslados de inmigrantes desde Canarias. El Ministerio de Inclusión denegó el acceso alegando seguridad y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración no realizó la ponderación de intereses ni justificó el daño concreto exigido por la ley.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión información sobre traslados de inmigrantes (número de vuelos y personas) de Canarias a la península. El Ministerio denegó el acceso alegando límites (Art. 14.1.d y k LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no justificó ni ponderó adecuadamente el daño frente al interés público, incumpliendo el Art. 14.2 LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de facturas y pasajes de un viaje oficial a Francia de Fernando Grande-Marlaska. El Ministerio solo facilitó el importe total. El ciudadano reclamó por la falta de documentos y desglose. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación alegando que la información entregada es suficiente para el control de fondos públicos.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en unos lanzamientos de inmuebles. Alegó falta de motivación en la denegación y opacidad en el gasto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque conocer los efectivos revela estrategias de seguridad y el coste no requiere informes ad hoc.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de pasajes y facturas de gastos del viaje oficial del Ministro a Francia. El Ministerio solo proporcionó el importe global de los desplazamientos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la información sobre el coste total ya satisface la finalidad de transparencia y rendición de cuentas, y que los detalles específicos de los pasajes no aportan valor adicional relevante.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en dos lanzamientos de inmuebles. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Deniega el acceso al número de efectivos por riesgo a la seguridad pública (revelación de estrategias), y al coste por no existir gasto extraordinario y considerar que un cálculo prorrateado excede el derecho de acceso.
Representantes sindicales (UGT y SPL-CME) solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre una instrucción de la policía local (tenencia de armas y procedimientos de retirada). La administración no respondió. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de los puntos, pero inadmite la parte relativa a solicitar explicaciones.
Se solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya acceso a actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Tras la desestimación del Departamento, el interesado interpuso simultáneamente un recurso de reposición y una reclamación ante la GAIP. La GAIP acuerda la inadmissión de la reclamación por incurrir en doble impugnación.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra el Ministerio del Interior, que denegó el desglose por año y provincia de agresiones, lesiones y bajas de la Guardia Civil en Andalucía (2020-2024). El Consejo consideró que los argumentos de seguridad pública y protección de datos eran genéricos, desproporcionados e insuficientemente justificados, sin un riesgo concreto ni ponderación de intereses.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid la instrucción operativa de la policía municipal sobre venta ambulante. El ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era un documento interno y que su divulgación afectaba a la seguridad pública. El reclamante recurrió la inadmisión. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que, aunque no procede la inadmisión por documento interno, sí aplica el límite de seguridad pública al divulgar protocolos que comprometerían la eficacia policial y la seguridad.
El reclamante solicitó el plan de emergencia y sus actualizaciones de la presa de Foix a la Agencia Catalana del Agua. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña desestima la reclamación por considerar justificada la protección de la seguridad pública ante una infraestructura de riesgo.
Se solicitó el informe de seguridad y análisis de riesgos de una planta de regasificación al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. El reclamante alegó que la denegación era indebida. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) declara la pérdida de objeto, ya que la administración entregó la información durante el procedimiento.
Una asociación solicitó el Plan de Autoprotección (PAU) del Aeropuerto de Lleida-Alguaire a la Generalitat de Catalunya. La administración denegó el acceso íntegro alegando seguridad pública. La GAIP declaró la pérdida parcial del objeto al entregarse una versión anonimizada de ciertos puntos, pero desestimó el resto de la reclamación al considerar correcta la aplicación de los límites de seguridad.
El reclamante solicitó a la AEAT el número de funcionarios en Cataluña en dos fechas y el de aquellos que se trasladaron fuera de Cataluña. La AEAT concedió parcialmente los dos primeros puntos, pero denegó el tercero para Vigilancia Aduanera por límites de seguridad (Art. 14.1 LTAIBG) y lo inadmitió para el resto por exigir reelaboración compleja de datos dispersos (Art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo desestima la reclamación, confirmando la decisión de la AEAT.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores documentación sobre gestiones diplomáticas y consulares para ciudadanos españoles en Venezuela (2024), comunicaciones, reuniones, protocolos e informes. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio justificó tardíamente la denegación de acceso durante el procedimiento de reclamación, no en su resolución inicial.
Un representante de la oposición solicitó información sobre la seguridad y cumplimiento normativo de la plataforma ACTIO de la Diputació de Tarragona. La GAIP desestimó parcialmente la reclamación al considerar que la solicitud de elaborar informes nuevos no es acceso a información preexistente, pero estimó parcialmente el resto, ordenando entregar la política de seguridad, auditorías y protocolos.
La asociación APPACA solicitó al Ministerio del Interior informes de la CIPAE sobre armas en licencia D y F. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información era auxiliar y afectaba la seguridad pública. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de los informes, al considerar que la motivación del Ministerio no justificaba suficientemente la inadmisión ni el límite de seguridad pública.
Se solicitó a RENFE-Operadora el número de horas no cubiertas por empresas de vigilancia en Rodalies de Cataluña (enero-noviembre 2024). RENFE denegó la información alegando seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información es pública y que los límites invocados no fueron justificados de forma suficiente ni proporcionada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa una lista de vuelos del Presidente del Gobierno operados por el 402 Escuadrón desde 2018. El CTBG estimó formalmente la reclamación contra la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno porque la Administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente concedió acceso parcial durante la tramitación de la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Una entidad conservacionista solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló un informe de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra sobre incidentes en un parque agrario. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación y ordena derivar el expediente a la Dirección General de la Policía.
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