Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión información sobre traslados de inmigrantes (número de vuelos y personas) de Canarias a la península. El Ministerio denegó el acceso alegando límites (Art. 14.1.d y k LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no justificó ni ponderó adecuadamente el daño frente al interés público, incumpliendo el Art. 14.2 LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de pasajes y facturas de gastos del viaje oficial del Ministro a Francia. El Ministerio solo proporcionó el importe global de los desplazamientos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la información sobre el coste total ya satisface la finalidad de transparencia y rendición de cuentas, y que los detalles específicos de los pasajes no aportan valor adicional relevante.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en dos lanzamientos de inmuebles. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Deniega el acceso al número de efectivos por riesgo a la seguridad pública (revelación de estrategias), y al coste por no existir gasto extraordinario y considerar que un cálculo prorrateado excede el derecho de acceso.
Representantes sindicales (UGT y SPL-CME) solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre una instrucción de la policía local (tenencia de armas y procedimientos de retirada). La administración no respondió. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de los puntos, pero inadmite la parte relativa a solicitar explicaciones.
Se solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya acceso a actuaciones de los Mossos d'Esquadra. Tras la desestimación del Departamento, el interesado interpuso simultáneamente un recurso de reposición y una reclamación ante la GAIP. La GAIP acuerda la inadmissión de la reclamación por incurrir en doble impugnación.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación contra el Ministerio del Interior, que denegó el desglose por año y provincia de agresiones, lesiones y bajas de la Guardia Civil en Andalucía (2020-2024). El Consejo consideró que los argumentos de seguridad pública y protección de datos eran genéricos, desproporcionados e insuficientemente justificados, sin un riesgo concreto ni ponderación de intereses.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid la instrucción operativa de la policía municipal sobre venta ambulante. El ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era un documento interno y que su divulgación afectaba a la seguridad pública. El reclamante recurrió la inadmisión. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que, aunque no procede la inadmisión por documento interno, sí aplica el límite de seguridad pública al divulgar protocolos que comprometerían la eficacia policial y la seguridad.
El reclamante solicitó el plan de emergencia y sus actualizaciones de la presa de Foix a la Agencia Catalana del Agua. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña desestima la reclamación por considerar justificada la protección de la seguridad pública ante una infraestructura de riesgo.
Se solicitó el informe de seguridad y análisis de riesgos de una planta de regasificación al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. El reclamante alegó que la denegación era indebida. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) declara la pérdida de objeto, ya que la administración entregó la información durante el procedimiento.
Una asociación solicitó el Plan de Autoprotección (PAU) del Aeropuerto de Lleida-Alguaire a la Generalitat de Catalunya. La administración denegó el acceso íntegro alegando seguridad pública. La GAIP declaró la pérdida parcial del objeto al entregarse una versión anonimizada de ciertos puntos, pero desestimó el resto de la reclamación al considerar correcta la aplicación de los límites de seguridad.
El reclamante solicitó a la AEAT el número de funcionarios en Cataluña en dos fechas y el de aquellos que se trasladaron fuera de Cataluña. La AEAT concedió parcialmente los dos primeros puntos, pero denegó el tercero para Vigilancia Aduanera por límites de seguridad (Art. 14.1 LTAIBG) y lo inadmitió para el resto por exigir reelaboración compleja de datos dispersos (Art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo desestima la reclamación, confirmando la decisión de la AEAT.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores documentación sobre gestiones diplomáticas y consulares para ciudadanos españoles en Venezuela (2024), comunicaciones, reuniones, protocolos e informes. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio justificó tardíamente la denegación de acceso durante el procedimiento de reclamación, no en su resolución inicial.
Un representante de la oposición solicitó información sobre la seguridad y cumplimiento normativo de la plataforma ACTIO de la Diputació de Tarragona. La GAIP desestimó parcialmente la reclamación al considerar que la solicitud de elaborar informes nuevos no es acceso a información preexistente, pero estimó parcialmente el resto, ordenando entregar la política de seguridad, auditorías y protocolos.
La asociación APPACA solicitó al Ministerio del Interior informes de la CIPAE sobre armas en licencia D y F. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información era auxiliar y afectaba la seguridad pública. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de los informes, al considerar que la motivación del Ministerio no justificaba suficientemente la inadmisión ni el límite de seguridad pública.
Se solicitó a RENFE-Operadora el número de horas no cubiertas por empresas de vigilancia en Rodalies de Cataluña (enero-noviembre 2024). RENFE denegó la información alegando seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información es pública y que los límites invocados no fueron justificados de forma suficiente ni proporcionada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa una lista de vuelos del Presidente del Gobierno operados por el 402 Escuadrón desde 2018. El CTBG estimó formalmente la reclamación contra la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno porque la Administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente concedió acceso parcial durante la tramitación de la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública información sobre una inspección de telecomunicaciones, centros emisores de TDT en Extremadura (incluyendo coordenadas y cobertura), cumplimiento de la obligación de cobertura TDT y un nodo de comunicaciones móviles. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos sobre los centros emisores de TDT, al considerar que los límites de secreto comercial y seguridad pública invocados por el Ministerio no estaban suficientemente justificados para esa información. Sin embargo, desestimó la solicitud de un informe ad hoc sobre el cumplimiento de la cobertura TDT.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa el listado de empresas que pidieron y les fue denegada la autorización para inversiones extranjeras en 2024-2025. El Consejo desestima la reclamación porque la información está clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales o afecta a intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG), y datos agregados ya están disponibles.
Una entidad conservacionista solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló un informe de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra sobre incidentes en un parque agrario. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación y ordena derivar el expediente a la Dirección General de la Policía.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre patrullas mixtas, distancias, unidades, turnos y efectivos de la USECA en la Compañía de Cortegana (Huelva) para 2023-2025. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de datos operativos y logísticos tan específicos podría comprometer la seguridad pública y la de los agentes, prevaleciendo este límite sobre el derecho de acceso.
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos desglosados (2019-2024) sobre víctimas mortales de violencia de género registradas en VioGén, indicando su nivel de riesgo en el momento del asesinato. El Ministerio denegó parte de la información alegando perjuicio a la seguridad pública e investigación penal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que los límites no se justificaban para datos agregados y que prevalecía el interés público en la fiscalización del sistema VioGén.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo con Indra (15/10/2024) y la relación de contratos del BSC-CNS sobre tecnologías duales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no justificó el daño concreto ni la ponderación de intereses para el acuerdo, y para los contratos, no se acreditó su clasificación formal ni el informe preceptivo para la no publicación.
El ciudadano solicitó información sobre cámaras de videovigilancia en el Raval al Ayuntamiento de Barcelona. Tras la reclamación por falta de respuesta, la administración entregó la información (aunque de forma parcial y extemporánea). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el catálogo de efectivos de la Guardia Civil por provincia, desglosado por escalas y situación (activo, reserva, alumnos), y vacantes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó de forma concreta y proporcionada la aplicación de los límites de seguridad pública y prevención de ilícitos (art. 14.1.d y e LTAIBG), incumpliendo la jurisprudencia y la doctrina del Consejo.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el expediente de concesión de una medalla al mérito de la Guardia Civil, siendo denegado por seguridad pública. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar insuficiente la justificación del Ministerio y recordar la interpretación estricta de los límites al acceso y el interés público en la transparencia de los reconocimientos honoríficos.
Se solicitó el acceso a las notas medias de los centros de educación primaria, secundaria, bachillerato y PISA en Vilanova i la Geltrú al Departament d’Educació i Formació Professional. El reclamante alegó silencio administrativo. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública desestimó la reclamación por existir un límite legal que protege contra la segregación escolar.
La Fundación Civio solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de herramientas de IA usadas por la Policía Local. El reclamante alegó que el Reglamento Europeo de IA exige transparencia en sistemas de alto riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por ser extemporánea y porque la información comprometería la seguridad pública y la eficacia policial.
Una persona solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona documentación sobre un caso de amenazas de género en la Escola del Treball (2020). El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió parcialmente la petición por no ser información pública, desestimó lo reiterativo por abuso de derecho y estimó parcialmente el acceso a datos identificativos y propios.
El reclamante solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco acceso a la Orden de servicio nº 38 y a un informe policial. El Departamento inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva o abusiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación, rechazando la inadmisión por repetitiva, pero denegando la Orden de Servicio por seguridad pública y el informe por ser interno y auxiliar.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente de concesión de una Cruz con distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil para conocer los méritos. El Ministerio denegó el acceso por seguridad pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó adecuadamente la aplicación del límite ni ponderó el interés público, y no valoró el acceso parcial, contraviniendo la jurisprudencia.
Se solicitó a la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias el protocolo de uso de dispositivos DEC/táser y sus datos de uso (2018-2022). La administración inadmitió la solicitud alegando carácter interno y perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por extemporaneidad y por considerar que la divulgación del protocolo comprometería la seguridad pública y la efectividad policial.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente completo de concesión de una Medalla al Mérito de la Guardia Civil, incluyendo propuesta, fotos/videos del acto, lista de asistentes y otros reconocimientos. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente y reconocimientos previos, al considerar insuficiente la justificación de seguridad pública del Ministerio. Sin embargo, deniega el acceso a la lista de asistentes y material gráfico por protección de datos personales.
Se solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y límites de la LTAIBG, tras una ampliación de plazo injustificada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo y por la necesidad de la reclamación para el reconocimiento del derecho, aunque parte de la información estaba clasificada.
Se solicitó al IGN/Ministerio de Transportes datos brutos de CO2 en La Palma e informes sobre el volcán Tajogaite. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación porque la denegación total por seguridad pública no se justificó suficientemente, especialmente para datos pasados, y el IGN incumplió plazos y notificó erróneamente. Se insta a entregar la información, permitiendo acceso parcial si fuera necesario.
El ciudadano solicitó datos de detenciones en el Pla d'Urgell desglosados por nacionalidad. Tras alegar que la información era parcial, la Generalitat de Catalunya amplió los datos durante el procedimiento. La Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declara la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud de forma extemporánea.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre qué Autoridades Portuarias dotan a su Policía Portuaria con "defensas", sus características y autorización. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho del solicitante a una resolución oportuna.
Se solicitó a la Agencia ACCIÓ información sobre la gestión de datos personales, protocolos, transferencias internacionales y materiales de formación. La GAIP resuelve que parte de la solicitud quedó satisfecha extemporáneamente (pérdida de objeto) y estima parcialmente el resto, obligando a entregar protocolos, régimen de garantías de transferencias y materiales formativos.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal la relación de turnos cubiertos y no cubiertos por la policía local entre 2018 y 2022, identificando a los agentes solo por su número de placa. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información sin datos personales.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre incendios en el barrio de Ciudad de Los Ángeles (2015-2024). El reclamante alegó que la información es accesible y no vulnera la privacidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración desproporcionada de los datos y afectar al servicio público.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya documentación sobre la base y el coste de la vigilancia policial de la comunidad judía. La administración denegó el acceso alegando seguridad. Tras la reclamación, las partes alcanzaron un acuerdo de mediación en el que la administración aclara los criterios de actuación, dando por satisfecha la solicitud.
Un periodista solicitó a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) el convenio y adendas para el uso del Estadio Olímpico Lluís Companys por el FC Barcelona. El reclamante alegó que la denegación total era desproporcionada. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información excepto aquello que afecte a la seguridad pública.
Se solicitó a AENA S.M.E., S.A. los planos finales de distribución del aeropuerto de Palma de Mallorca tras su ampliación. AENA denegó el acceso por seguridad pública. El reclamante aclaró que buscaba mapas de distribución de zonas públicas, no planos constructivos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la solicitud se había modificado, excediendo la naturaleza revisora del procedimiento del artículo 24 LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre horas y medios de la Policía Municipal destinados a eventos deportivos y no deportivos en 2023 y 2024. El reclamante impugnó la denegación basándose en la disponibilidad de los datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información requeriría una reelaboración compleja.
Un ciudadano solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el lugar de nacimiento o nacionalidad de personas investigadas por delitos de homicidio, lesiones y violencia de género. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la convivencia. La GAIP desestimó la solicitud de datos específicos por proteger bienes jurídicos superiores, pero estimó parcialmente la reclamación al obligar a entregar datos agregados por regiones geográficas siguiendo el modelo del INE.
Un agente de los Mossos d'Esquadra solicitó a la Dirección General de la Policía las novedades del Complex Egara (2020) para comprobaciones laborales. Tras alegar que necesitaba específicamente la información sobre protocolos COVID-19, la GAIP estimó parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de dicha información omitiendo datos que comprometan la seguridad pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Getafe expedientes de autorizaciones de barras y food trucks en fiestas locales, planes de seguridad y actuaciones policiales. El reclamante alegó falta de respuesta y falta de documentación electrónica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las autorizaciones pero denegando los planes de seguridad por riesgo a la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la adjudicación y pliegos del contrato M/0105/N/22/6 para vehículos de transporte de detenidos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación genérica del Ministerio, basada en el carácter secreto del contrato y el procedimiento negociado sin publicidad, no estaba justificada ni era proporcional, exigiendo un acceso parcial y una justificación específica de los datos excluidos.
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