Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) solicitó al Departament d'Interior datos sobre accidentes de caza con heridos o muertos en los últimos 30 años. La GAIP estima parcialmente la solicitud: accede a datos de fallecidos (fecha, municipio y motivo) porque la protección de datos no afecta a difuntos, pero deniega los datos de heridos y la causa de muerte por riesgo de identificación indirecta.
Un interno solicitó al Ministerio del Interior copia de informes de su expediente penitenciario usados para una propuesta de tercer grado. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, pues la denegación no justificó individualmente las razones de seguridad o tratamiento, basándose en una instrucción infralegal y sin aplicar la jurisprudencia constitucional sobre el acceso de presos a su información.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre policías portuarios (número, coste, nombres, informes de temporalidad y contratos). La Autoridad denegó el acceso alegando seguridad, protección de datos, inexistencia de informes y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso al número y coste de los policías, pero denegando los nombres, informes no existentes y contratos laborales por protección de datos y no ser información elaborada.
Se solicitó al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya las memorias anuales de la Policía Local de Igualada (2019-2023). Tras alegar silencio administrativo, el organismo entregó la información. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el solicitante aceptó la información recibida como satisfactoria.
El solicitante reclamó ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha la entrega incompleta de información sobre el Inventario del Patrimonio Cultural de Corduente por parte de la Consejería de Educación. El organismo desestimó la reclamación al considerar satisfactorias las explicaciones de la entidad sobre la restricción de datos inéditos.
El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación de D. XXXXXX contra el Concejo de Imárcoain por denegación de acceso a las declaraciones de bienes e intereses de sus miembros. El Concejo alegó agresión física del reclamante al presidente y su esposa. El Consejo valida la denegación, aplicando el art. 75.7 LRBRL, que permite la reserva de publicidad de estas declaraciones cuando la seguridad personal de los corporativos está amenazada.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes de Policía Nacional en Navarra, País Vasco y Cataluña desde 2017. El Ministerio denegó el acceso por seguridad pública y carácter reservado. El reclamante alegó arbitrariedad. El CTBG desestimó la reclamación, argumentando que, si bien la clasificación de "reservado" no aplicaba, la divulgación de datos específicos de despliegue policial podría comprometer la seguridad pública.
Un solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre vacantes no cubiertas y puestos en comisión de servicio en la Policía Nacional. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional, pública y secreto oficial. El reclamante argumentó que la denegación no estaba justificada y que, como funcionario, le afectaba directamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada está clasificada como secreto oficial, lo que desplaza la Ley de Transparencia y excede su competencia.
Se solicitó al Ministerio del Interior el stock de cartuchos DEC para pistolas Taser y la ubicación de sus almacenes. El Ministerio denegó el acceso por seguridad pública. La reclamante alegó desproporcionalidad y pidió al menos las cifras de stock. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, argumentando que revelar el stock comprometería las capacidades operativas de las FFCCSS y la seguridad pública, y que ya se había facilitado información sobre compras.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya documentación sobre convenios de prácticas en un instituto público. El solicitante alegó que la administración no entregó toda la información disponible. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de los acuerdos y planes, pero denegando datos de alumnos y personal afectado por expedientes sancionadores.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya documentación sobre prácticas formativas en dos empresas. El solicitante alegó que la administración no entregó toda la información disponible. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar acuerdos y planificaciones, pero deniega el acceso a datos de alumnos y personal afectado por expedientes sancionadores.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de narcolanchas intervenidas en Cádiz utilizadas por las fuerzas de seguridad y el detalle de sus motores. El reclamante alegó que se solicitaban datos numéricos que no comprometían la operatividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto oficial.
Un periodista solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre protocolos de rescate de inmigrantes y subvenciones a países africanos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir los puntos estadísticos a SASEMAR.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el coste desglosado, hoteles, restaurantes y comitiva de un viaje del Ministro a Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El Ministerio no respondió inicialmente y luego alegó falta de liquidación y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes, pero deniega los hoteles y restaurantes.
Se solicitó al Ministerio del Interior el protocolo de uso de pistolas eléctricas (taser). El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para la seguridad pública. La reclamante alegó la existencia de resoluciones previas favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el consumo de agua y datos de los cruceros en el puerto de Tarragona en 2023, incluyendo los nombres de los barcos. Tras una denegación parcial de la Autoridad Portuaria de Tarragona, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información técnica y de gestión sobre el uso de TikTok en dispositivos oficiales. El solicitante alegó que otros ministerios sí habían facilitado estos datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo entregó la información tras interponerse la reclamación.
Una ciudadana rusa solicitó al Ministerio del Interior el acceso a un informe policial que justificaba la prohibición de disponer de una finca registral. La interesada alegó falta de motivación y que el informe es un producto final no secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
La mercantil GO EVOLUTION INTERNATIONAL 21, S.L. solicitó al Ministerio del Interior el informe del CITCO que justificó la prohibición de disponer de sus fincas. Alegó falta de motivación y que el informe es un producto final, no materia secreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
Se solicitó a SIEPSE S.M.E., S.A. el acta de recepción y documentación de ejecución (incluyendo planos y fotos) de las obras del CIE de Aluche. El solicitante alegó que se podía aplicar una censura parcial para no afectar a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la entidad facilitó la información durante el proceso.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la instrucción y protocolo de uso de gases lacrimógenos y un listado de su empleo en 10 años. Tras una denegación parcial basada en la seguridad pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la normativa general de uso, excluyendo solo los detalles operativos específicos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el informe técnico de daños y presupuestos de reparación de la patrullera 'Río Belelle'. El Ministerio denegó el acceso alegando Secretos Oficiales y seguridad pública. Tras interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el solicitante desistió del procedimiento al obtener parte de la información, resultando en el archivo de las actuaciones.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre el operativo policial en la calle Ferraz (efectivos, material, heridos y normativa). Tras una respuesta parcial y tardía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar las normas de uso de gases lacrimógenos, pero desestimando el resto por seguridad pública o falta de información.
UNELCO solicitó a la Consejería de Transición Ecológica y Energía el último informe de cobertura a 5 años del Operador del Sistema. Tras la denegación inicial basada en la oposición de REE por riesgos de suministro, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso parcial previa omisión de datos confidenciales.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre el operativo policial en la calle Ferraz (material antidisturbios, detenidos, bajas, etc.). El interesado alegó que el Ministerio ocultaba información y mentía sobre las fotos y quejas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos numéricos y normativa, pero deniega las bajas médicas.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior un informe de 2019 de la Inspección de Personal y Servicio de Seguridad sobre la reestructuración policial en Sevilla. El sindicato alegó que la información es necesaria para la defensa laboral y que los límites de seguridad no son aplicables por la antigüedad del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio afirma que el informe no existe.
Una persona solicitó al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía copias de anteproyectos y proyectos de regadío. El Colegio denegó el acceso alegando seguridad pública, funciones de control y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos omitiendo solo la información técnica que comprometa la seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre fallos e incidencias en los escrutinios del 23-J-2023 y 10-N-2019, así como datos sobre simulacros y confidencialidad. El reclamante alegó que la respuesta fue insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación por falta de motivación y ponderación de los límites de seguridad.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre sanciones, resoluciones judiciales y auditorías electorales de INDRA. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad contractual y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información mediante acceso parcial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior vídeos aéreos, imágenes de body cams y datos de asistencia de una manifestación en Madrid. El Ministerio denegó los vídeos alegando normativa de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar los vídeos aéreos (anonimizados), pero deniega las body cams por proteger la privacidad.
Se solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona el número de alumnos matriculados en 1º de ESO y sus centros de procedencia (2018-2024). El reclamante alegó que existen otras fuentes públicas que revelan la segregación escolar. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar el número de alumnos por centro, pero deniega la procedencia para evitar la segregación escolar.
Un periodista solicitó al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya informes de seguridad de los depósitos de la empresa ERCROS en Vila-seca. Tras la entrega extemporánea de cuatro informes, la GAIP declara la pérdida parcial del objeto y estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar cualquier otro informe de seguridad existente que encaje en la solicitud inicial.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de incidentes regimentales en prisiones de 2022 desglosados por centro y gravedad. El Ministerio denegó el desglose por centros alegando riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, ya que el solicitante ya obtuvo dicha información en un procedimiento previo idéntico.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre instrucciones y protocolos policiales relativos a una concentración el 6 de noviembre de 2023 en Madrid. La reclamante alegó la falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta por parte del Ministerio.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP el pliego técnico y la marca/modelo de vehículos suministrados al Ministerio del Interior de Níger. Tras recibir una respuesta errónea y luego una parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la marca y modelo por no justificarse un riesgo real a la seguridad nacional o pública.
Una ciudadana solicitó a la AECID los pliegos técnicos y la marca/modelo de un vehículo adquirido en Mali. La AECID denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el pliego y la marca, al considerar que la denegación no estaba motivada ni era proporcional.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes técnicos, planes de seguridad y detalles de tráfico sobre las caídas de la web electoral de mayo de 2023. El Ministerio denegó gran parte alegando motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de Indra y datos de tráfico mediante acceso parcial.
Una ciudadana solicitó a la FIIAPP los pliegos técnicos y la marca/modelo de vehículos, drones y embarcaciones adquiridos en diversos contratos. La FIIAPP denegó la marca y modelo alegando riesgos a la seguridad nacional y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, salvo en casos de anonimato para investigación de delitos.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el coste desglosado de las vacaciones de verano 2023 del presidente Pedro Sánchez. El solicitante alegó la falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respetó el plazo legal de respuesta, aunque posteriormente facilitara parte de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el coste detallado y las facturas del viaje de la Reina y la Infanta a Sídney, incluyendo gastos de personal. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al no haberse respetado el derecho de acceso en el plazo legal.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el coste público de las vacaciones de verano 2022 del Presidente del Gobierno. Tras el silencio administrativo, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, aunque posteriormente facilitara la información de forma tardía.
El interesado solicitó datos sobre las listas de espera para consultas externas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Ante la falta de respuesta inicial, presentó reclamación. La administración alegó la protección de datos de los pacientes. El Consejo de Transparencia resuelve retrotraer las actuaciones para que la administración intente recabar el consentimiento de los afectados.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de días de descanso por superación de jornada (DSJ) y los horarios de servicio que los generaron para dos mandos de la Guardia Civil. El reclamante alegó que es información pública y no datos privados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre la limitada incidencia en la protección de datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores comunicaciones sobre submarinos nucleares británicos en Gibraltar y detalles de los controles españoles. El Ministerio denegó parte de la información alegando límites legales de seguridad y defensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque el Ministerio no justificó detalladamente la aplicación de dichos límites.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre presupuestos, ubicación, software y legalidad del uso de videovigilancia, reconocimiento facial e IA. La asociación alegó que la denegación era injustificada y que existían riesgos reales de espionaje. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por inadmisibilidad y límites de seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información detallada sobre licitaciones de obras de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas (2009-2023). Tras una denegación inicial basada en límites de seguridad, el Ministerio alegó posteriormente que la información es pública en la web de contratación. El CTBG estima la reclamación por razones formales debido al retraso en el reconocimiento del derecho.
La interesada solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte el desglose de las puntuaciones del apartado "Otros méritos" de un proceso selectivo. El Ayuntamiento denegó el detalle alegando protección de datos, falta de existencia del documento desglosado y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona los registros de velocidad de los radares de punto (localización, velocidad, fecha, hora e identificador anonimizado). El Ayuntamiento alegó complejidad en la elaboración y riesgos para la seguridad vial. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información al considerar que la anonimización es técnicamente sencilla.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona los registros de velocidad de los radares de punto (2022 y primer trimestre de 2023) con identificadores anonimizados. El Ayuntamiento denegó la parte de los identificadores alegando complejidad técnica y riesgos de seguridad vial. La GAIP estima la reclamación obligando a entregar la información.
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