Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre patrullas mixtas, distancias, unidades, turnos y efectivos de la USECA en la Compañía de Cortegana (Huelva) para 2023-2025. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de datos operativos y logísticos tan específicos podría comprometer la seguridad pública y la de los agentes, prevaleciendo este límite sobre el derecho de acceso.
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos desglosados (2019-2024) sobre víctimas mortales de violencia de género registradas en VioGén, indicando su nivel de riesgo en el momento del asesinato. El Ministerio denegó parte de la información alegando perjuicio a la seguridad pública e investigación penal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que los límites no se justificaban para datos agregados y que prevalecía el interés público en la fiscalización del sistema VioGén.
Channel Four solicitó a AESA el expediente sancionador completo contra Ryanair. AESA inicialmente concedió solo la resolución final, invocando límites. Ryanair reclamó ante el CTBG, oponiéndose a cualquier acceso. Durante el proceso, AESA rectificó su decisión, denegando el acceso total al expediente, incluida la resolución. El CTBG archivó la reclamación por pérdida sobrevenida de objeto, al haberse satisfecho la pretensión de Ryanair.
Se solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el acuerdo con Indra (15/10/2024) y la relación de contratos del BSC-CNS sobre tecnologías duales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación no justificó el daño concreto ni la ponderación de intereses para el acuerdo, y para los contratos, no se acreditó su clasificación formal ni el informe preceptivo para la no publicación.
El ciudadano solicitó información sobre cámaras de videovigilancia en el Raval al Ayuntamiento de Barcelona. Tras la reclamación por falta de respuesta, la administración entregó la información (aunque de forma parcial y extemporánea). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el catálogo de efectivos de la Guardia Civil por provincia, desglosado por escalas y situación (activo, reserva, alumnos), y vacantes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó de forma concreta y proporcionada la aplicación de los límites de seguridad pública y prevención de ilícitos (art. 14.1.d y e LTAIBG), incumpliendo la jurisprudencia y la doctrina del Consejo.
Se solicitó la copia íntegra del expediente de concesión de la Medalla al Mérito de la Guardia Civil al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando que supondría un perjuicio para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la administración no motivó adecuadamente el riesgo ni realizó el test de daño exigido.
Un ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el expediente de concesión de una medalla al mérito de la Guardia Civil, siendo denegado por seguridad pública. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar insuficiente la justificación del Ministerio y recordar la interpretación estricta de los límites al acceso y el interés público en la transparencia de los reconocimientos honoríficos.
Se solicitó el acceso a las notas medias de los centros de educación primaria, secundaria, bachillerato y PISA en Vilanova i la Geltrú al Departament d’Educació i Formació Professional. El reclamante alegó silencio administrativo. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública desestimó la reclamación por existir un límite legal que protege contra la segregación escolar.
La Fundación Civio solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de herramientas de IA usadas por la Policía Local. El reclamante alegó que el Reglamento Europeo de IA exige transparencia en sistemas de alto riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por ser extemporánea y porque la información comprometería la seguridad pública y la eficacia policial.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó al Ministerio del Interior datos comparativos de las valoraciones de riesgo del sistema Viogen desde 2007. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la extracción de los datos requiere una programación compleja y un análisis que constituye una labor de elaboración de informe no exigible.
Una persona solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona documentación sobre un caso de amenazas de género en la Escola del Treball (2020). El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió parcialmente la petición por no ser información pública, desestimó lo reiterativo por abuso de derecho y estimó parcialmente el acceso a datos identificativos y propios.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el Protocolo 0 en Viogén y formación policial. El Ministerio alegó la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la extracción de los datos requiere una programación compleja y un esfuerzo técnico desproporcionado.
El solicitante pidió copia del expediente de una condecoración de la Guardia Civil al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la administración no justificó de forma específica el perjuicio concreto, incumpliendo el deber de motivación y el principio de proporcionalidad.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente de concesión de una Cruz con distintivo Blanco de la Orden del Mérito de la Guardia Civil para conocer los méritos. El Ministerio denegó el acceso por seguridad pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó adecuadamente la aplicación del límite ni ponderó el interés público, y no valoró el acceso parcial, contraviniendo la jurisprudencia.
Se solicitó a la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias el protocolo de uso de dispositivos DEC/táser y sus datos de uso (2018-2022). La administración inadmitió la solicitud alegando carácter interno y perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por extemporaneidad y por considerar que la divulgación del protocolo comprometería la seguridad pública y la efectividad policial.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el expediente de concesión de una Medalla al Mérito de la Guardia Civil, fotos/vídeos del acto, lista de asistentes y otros reconocimientos del beneficiario. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente y reconocimientos, pero denegando el acceso a imágenes y listas de asistentes por proteger la protección de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente completo de concesión de una Medalla al Mérito de la Guardia Civil, incluyendo propuesta, fotos/videos del acto, lista de asistentes y otros reconocimientos. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente y reconocimientos previos, al considerar insuficiente la justificación de seguridad pública del Ministerio. Sin embargo, deniega el acceso a la lista de asistentes y material gráfico por protección de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y seguridad pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al haber aplicado una ampliación de plazo injustificada que terminó en una denegación.
El solicitante pidió datos de CO2 y reportes del volcán Tajogaite al IGN. La administración denegó todo alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta al IGN a entregar la información, permitiendo la exclusión de datos que afecten la seguridad, pero rechazando la denegación total e injustificada.
Se solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y límites de la LTAIBG, tras una ampliación de plazo injustificada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo y por la necesidad de la reclamación para el reconocimiento del derecho, aunque parte de la información estaba clasificada.
Se solicitó al IGN/Ministerio de Transportes datos brutos de CO2 en La Palma e informes sobre el volcán Tajogaite. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación porque la denegación total por seguridad pública no se justificó suficientemente, especialmente para datos pasados, y el IGN incumplió plazos y notificó erróneamente. Se insta a entregar la información, permitiendo acceso parcial si fuera necesario.
El ciudadano solicitó datos de detenciones en el Pla d'Urgell desglosados por nacionalidad. Tras alegar que la información era parcial, la Generalitat de Catalunya amplió los datos durante el procedimiento. La Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) declara la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud de forma extemporánea.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre los elementos de autoprotección de la Policía Portuaria. El reclamante alegó la falta de respuesta tras expirar el plazo legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, debido al incumplimiento de los plazos de respuesta obligatorios para la administración.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre qué Autoridades Portuarias dotan a su Policía Portuaria con "defensas", sus características y autorización. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho del solicitante a una resolución oportuna.
Se solicitó a la Agencia ACCIÓ información sobre la gestión de datos personales, protocolos, transferencias internacionales y materiales de formación. La GAIP resuelve que parte de la solicitud quedó satisfecha extemporáneamente (pérdida de objeto) y estima parcialmente el resto, obligando a entregar protocolos, régimen de garantías de transferencias y materiales formativos.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal la relación de turnos cubiertos y no cubiertos por la policía local entre 2018 y 2022, identificando a los agentes solo por su número de placa. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información sin datos personales.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre incendios en el barrio de Ciudad de Los Ángeles (2015-2024). El reclamante alegó que la información es accesible y no vulnera la privacidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración desproporcionada de los datos y afectar al servicio público.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya documentación sobre la base y el coste de la vigilancia policial de la comunidad judía. La administración denegó el acceso alegando seguridad. Tras la reclamación, las partes alcanzaron un acuerdo de mediación en el que la administración aclara los criterios de actuación, dando por satisfecha la solicitud.
Un periodista solicitó a Barcelona de Serveis Municipals (B:SM) el convenio y adendas para el uso del Estadio Olímpico Lluís Companys por el FC Barcelona. El reclamante alegó que la denegación total era desproporcionada. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información excepto aquello que afecte a la seguridad pública.
El reclamante solicitó a AENA S.M.E., S.A. los planos de distribución de la ampliación del Aeropuerto de Palma de Mallorca. La entidad denegó el acceso alegando seguridad pública. El interesado, al reclamar, modificó su petición solicitando mapas de situación por plantas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque no puede pronunciarse sobre una solicitud distinta a la original.
Se solicitó a AENA S.M.E., S.A. los planos finales de distribución del aeropuerto de Palma de Mallorca tras su ampliación. AENA denegó el acceso por seguridad pública. El reclamante aclaró que buscaba mapas de distribución de zonas públicas, no planos constructivos. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la solicitud se había modificado, excediendo la naturaleza revisora del procedimiento del artículo 24 LTAIBG.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información detallada sobre horas y medios de la Policía Municipal destinados a eventos deportivos y no deportivos en 2023 y 2024. El reclamante impugnó la denegación basándose en la disponibilidad de los datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información requeriría una reelaboración compleja.
Un ciudadano solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya el lugar de nacimiento o nacionalidad de personas investigadas por delitos de homicidio, lesiones y violencia de género. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la convivencia. La GAIP desestimó la solicitud de datos específicos por proteger bienes jurídicos superiores, pero estimó parcialmente la reclamación al obligar a entregar datos agregados por regiones geográficas siguiendo el modelo del INE.
Un agente de los Mossos d'Esquadra solicitó a la Dirección General de la Policía las novedades del Complex Egara (2020) para comprobaciones laborales. Tras alegar que necesitaba específicamente la información sobre protocolos COVID-19, la GAIP estimó parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de dicha información omitiendo datos que comprometan la seguridad pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Getafe expedientes de autorizaciones de barras y food trucks en fiestas locales, planes de seguridad y actuaciones policiales. El reclamante alegó falta de respuesta y falta de documentación electrónica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las autorizaciones pero denegando los planes de seguridad por riesgo a la seguridad pública.
El interesado solicitó informes de una inspección de la mutua MAZ. La ITSS denegó el acceso alegando secreto. El reclamante interpuso un recurso de reposición que no fue resuelto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al haberse interpuesto ya un recurso administrativo, la vía procedente es la judicial y no la reclamación ante este organismo.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la adjudicación y pliegos del contrato M/0105/N/22/6 para vehículos de transporte de detenidos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación genérica del Ministerio, basada en el carácter secreto del contrato y el procedimiento negociado sin publicidad, no estaba justificada ni era proporcional, exigiendo un acceso parcial y una justificación específica de los datos excluidos.
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) solicitó al Departament d'Interior datos sobre accidentes de caza con heridos o muertos en los últimos 30 años. La GAIP estima parcialmente la solicitud: accede a datos de fallecidos (fecha, municipio y motivo) porque la protección de datos no afecta a difuntos, pero deniega los datos de heridos y la causa de muerte por riesgo de identificación indirecta.
Un interno solicitó al Ministerio del Interior copia de informes de su expediente penitenciario usados para una propuesta de tercer grado. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, pues la denegación no justificó individualmente las razones de seguridad o tratamiento, basándose en una instrucción infralegal y sin aplicar la jurisprudencia constitucional sobre el acceso de presos a su información.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número y ubicación de cadáveres hallados en las costas de Baleares entre 2014 y 2024. El Ministerio denegó la información detallada alegando que supondría una reelaboración excesiva y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, considerando que la información ya publicada en la web del CNDES es suficiente.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número, lugar y fecha de las inspecciones técnicas en playas desde 2014. El Ministerio la inadmitió por requerir una reelaboración compleja. El reclamante alegó que la información podía entregarse de forma parcial o no estructurada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud exige un informe ex profeso.
El reclamante solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco acceso a la Orden de servicio nº 38 y a un informe policial. El Departamento inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva o abusiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación, rechazando la inadmisión por repetitiva, pero denegando la Orden de Servicio por seguridad pública y el informe por ser interno y auxiliar.
La reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre policías portuarios (número, coste, nombres, informes de temporalidad y contratos). La Autoridad denegó el acceso alegando seguridad, protección de datos, inexistencia de informes y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso al número y coste de los policías, pero denegando los nombres, informes no existentes y contratos laborales por protección de datos y no ser información elaborada.
Se solicitó al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya las memorias anuales de la Policía Local de Igualada (2019-2023). Tras alegar silencio administrativo, el organismo entregó la información. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el solicitante aceptó la información recibida como satisfactoria.
El solicitante reclamó ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha la entrega incompleta de información sobre el Inventario del Patrimonio Cultural de Corduente por parte de la Consejería de Educación. El organismo desestimó la reclamación al considerar satisfactorias las explicaciones de la entidad sobre la restricción de datos inéditos.
El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación de D. XXXXXX contra el Concejo de Imárcoain por denegación de acceso a las declaraciones de bienes e intereses de sus miembros. El Concejo alegó agresión física del reclamante al presidente y su esposa. El Consejo valida la denegación, aplicando el art. 75.7 LRBRL, que permite la reserva de publicidad de estas declaraciones cuando la seguridad personal de los corporativos está amenazada.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes de Policía Nacional en Navarra, País Vasco y Cataluña desde 2017. El Ministerio denegó el acceso por seguridad pública y carácter reservado. El reclamante alegó arbitrariedad. El CTBG desestimó la reclamación, argumentando que, si bien la clasificación de "reservado" no aplicaba, la divulgación de datos específicos de despliegue policial podría comprometer la seguridad pública.
Un solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre vacantes no cubiertas y puestos en comisión de servicio en la Policía Nacional. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional, pública y secreto oficial. El reclamante argumentó que la denegación no estaba justificada y que, como funcionario, le afectaba directamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada está clasificada como secreto oficial, lo que desplaza la Ley de Transparencia y excede su competencia.
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