Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un agente solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil datos detallados sobre comisiones de servicio. El interesado alegó que la información es pública y accesible vía SIGO. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque atender la solicitud requeriría la elaboración de un informe ad hoc, incurriendo en la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio del Interior el desglose por centro y sustancia de las drogas incautadas en 2022. El Ministerio denegó el desglose alegando riesgos para la seguridad penitenciaria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la información de un solo año no permite realizar un diagnóstico de seguridad que perjudique las instalaciones.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre un sistema dinámico de adquisición de software y datos sobre videovigilancia y reconocimiento facial. La reclamante rechazó los argumentos del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se pedían informes ad hoc o información inexistente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la Instrucción 3/2012 y las Normas técnicas para la Evaluación del Riesgo y Asignación de Servicios de Protección a Personas. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que revelar el modus operandi de protección supone un riesgo real.
Se solicitó al Ministerio del Interior el cuestionario y protocolo de uso del sistema VioGen. El solicitante alegó que la denegación inicial fue insuficientemente motivada y que la información no pone en riesgo la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la difusión de estos datos perjudicaría la prevención de delitos y la protección de las víctimas.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el sistema VioGén (casos y agresores). El solicitante alegó que las estadísticas públicas eran insuficientes y que los datos de agresores tenían interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio del Interior la 'Guía para la supervisión de operadores de UAS por parte de FFCCS'. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el asesoramiento sobre policía administrativa no justifica la denegación total y ordena el acceso parcial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los listados detallados de bajas de vehículos de la Guardia Civil desde 2019. El Ministerio denegó los datos específicos (matrícula, bastidor, etc.) alegando riesgos a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por falta de justificación del riesgo.
Un representante sindical solicitó a la AEAT la RPT en formato Excel con datos de ocupación e identificación de los funcionarios (nombre y NUMA). La AEAT denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Hinojos información sobre la plantilla policial, el mando de la policía, horarios de servicio, datos de consumo y licencias de vía pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos del mando policial, estadísticas de consumo y licencias, pero desestima el acceso a los horarios por seguridad pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los motivos de la no convocatoria del concurso unitario de funcionarios de habilitación nacional en 2022, la identificación de los responsables y la documentación del expediente. El reclamante alegó respuesta incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar la respuesta completa.
Un periodista solicitó al Departament d’Empresa i Treball (DET) el listado de propietarios (personas físicas y jurídicas) de viviendas de uso turístico (HUT). El DET alegó riesgos de seguridad pública y complejidad técnica. La GAIP resuelve una estimación parcial: se deniega la identidad de personas físicas por privacidad, pero se obliga a facilitar el número de HUT por persona jurídica y municipio (o distrito en Barcelona).
Una solicitante pidió al Ministerio del Interior documentación técnica, datos anonimizados, auditorías y evaluaciones de impacto del sistema VioGén. El Ministerio denegó la mayoría alegando inexistencia o riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la especificación técnica al haber admitido el Ministerio su existencia.
Se solicitó al Ministerio del Interior grabaciones aéreas de una manifestación en Madrid (13/11/2021) y los protocolos de uso de helicópteros y drones. El solicitante alegó que existen precedentes de publicidad de planes de actuación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que los protocolos operativos afectan a la seguridad pública.
Se solicitó al IESPA la identidad, titulación y administración de los profesores de la asignatura 'Policía Administrativa'. El reclamante alegó que el riesgo de seguridad podría evitarse usando el número de identificación profesional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo real a la seguridad pública.
La solicitante pidió la ubicación, estado y costes de las 'estaciones ciegas' de la red de Metro de Madrid. La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras inadmitió la solicitud alegando seguridad pública y protección de infraestructuras críticas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación, al no acreditarse que la información fuera secreta o crítica.
La Fundación Ciudadana Civio reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública el acceso al protocolo de uso de pistolas Taser de la Ertzaintza y policías locales. Tras una estimación parcial previa, la entidad alegó que la información remitida era un resumen insuficiente. La Comisión inadmitió la nueva reclamación por ser repetitiva y carecer de fundamento nuevo.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Una empresa solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los planes de inversión de tres distribuidoras eléctricas. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
Un agente de la Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior información sobre la concesión irregular de vacaciones en una Comandancia entre 2019 y 2021. El solicitante alegó un agravio comparativo y defendió la finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud no busca documentos preexistentes, sino justificaciones sobre actuaciones administrativas.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de incautaciones de droga y armas en centros penitenciarios (2012-2022) desglosado por centro. El reclamante alegó que otras CCAA facilitaron datos similares y que no hay riesgo de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena entregar el dato global de armas, pero mantiene la denegación del desglose por centro por seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana información detallada sobre la vivienda oficial de la Ministra. La solicitante alegó que el control del gasto público debe primar sobre la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la denegación del código postal por razones de seguridad pública y protección de datos.
Sistemas de Oficina de Rioja, S.L. solicitó a la Consejería de Desarrollo Autonómico de La Rioja la documentación de los sobres A, B y C de la oferta de Telefónica en un contrato TIC. Tras alegaciones de la adjudicataria, la Administración concedió acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificados los límites aplicados.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el listado detallado del material enviado a Ucrania en 2022. Alegó que la información es pública y que el interés general prevalece sobre la seguridad nacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales.
Se solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el protocolo de uso de pistolas Taser de la Ertzaintza y policías locales. El solicitante alegó que la publicidad es necesaria para controlar el cumplimiento de derechos humanos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información excepto los procedimientos operativos específicos.
Un partido político solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet el expediente completo del Rock Fest Barcelona 2022. Tras una estimación parcial del Ayuntamiento, el solicitante alegó falta de motivación de los límites y ausencia de documentos. La GAIP estima la reclamación al considerar que no se justificó el límite de seguridad pública y que el convenio facilitado carecía de autenticidad.
El interesado solicitó acceso al expediente sancionador completo y a las inspecciones de la resolución Obra Civil 2 S/0021/10 a la CNMC. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de confidencialidad y la falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la confidencialidad no es absoluta y no se justificó el daño.
Se solicitó al Ministerio del Interior la instrucción interna sobre el uso de pistolas taser. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la normativa general de uso, aunque permite excluir partes estrictamente operativas si se justifican expresamente.
Se solicitó al IESPA la relación de profesores de formación para policías locales (puesto y titulación), materias, calendario y retribuciones. El reclamante alegó que la identidad de los agentes es pública por sus nombramientos en el BOE. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, denegando identidades de agentes por seguridad pública pero obligando a dar datos agregados.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Rubí el folio de servicio de la Policía Local y el informe técnico de un accidente de tráfico. Tras una denegación parcial basada en seguridad y secreto judicial, el reclamante alegó vulneración de sus derechos como electo. La GAIP finaliza el procedimiento al alcanzarse un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
El solicitante pidió a AENA la Evaluación de Impacto de Datos Personales (EIDP) de su sistema de reconocimiento facial. AENA denegó el acceso alegando perjuicio económico, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la EIDP omitiendo datos confidenciales específicos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las guías de formación para funcionarios penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad pública y confidencialidad de procesos selectivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación detallada y justificación del daño real.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior detalles sobre una intervención de la UCO en Madrid y datos sobre el hackeo de Encrochat. Alegó que la información sobre Encrochat no era judicial sino de EUROPOL. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información está clasificada como secreta por el Consejo de Ministros.
La Fundación Éticas Data Society solicitó a AENA la evaluación de impacto del sistema biométrico. AENA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega del documento, permitiendo la omisión de datos confidenciales.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a los expedientes de reclasificación de la RPT de la Dirección General de la Policía desde 2008. El solicitante alegó que la información se refiere a personal funcionario y laboral, no policial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no es información secreta ni perjudica la seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número mensual de policías en aeropuertos españoles (2018-2021) desglosado por unidades. Alegó que la información es histórica y no compromete la seguridad actual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la difusión de efectivos en unidades concretas revela vulnerabilidades y perjudica la seguridad pública.
Una entidad solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los expedientes de cambio de emplazamiento de emisoras de FM fuera de su zona de servicio. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto industrial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación detallada de los límites aplicados.
D. Xxx solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco los listados de bajas de vehículos de la Ertzaintza. Tras una denegación inicial basada en seguridad pública y protección de datos, el solicitante alegó que otros organismos ya habían facilitado datos similares. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación ya que la Administración acabó facilitando la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior el desglose por centros y años de las drogas incautadas en prisiones desde el año 2000. El reclamante alegó que no se comprometía la seguridad y citó precedentes públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: deniega el desglose por centros por riesgo de seguridad, pero ordena entregar los totales anuales globales.
La solicitante pidió nombres, colegiados y detalles de los equipos de psicólogos forenses de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación y ordenó retrotraer las actuaciones para que el órgano competente resuelva.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados por centro y año sobre incidentes en prisiones (2021-2022). Alegó que la información ya se había facilitado previamente a otros colectivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la denegación parcial por riesgo a la seguridad pública.
Un representante sindical solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública la relación nominal de conductores voluntarios y los criterios de asignación para la cumbre de la OTAN. El reclamante alegó que necesitaba los datos para fiscalizar la transparencia económica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgos a la seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública la lista de conductores voluntarios para servicios de representación. Alegó que la opacidad encubre irregularidades en el pago de horas extras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión de los nombres comprometería la seguridad pública y la protección de altas autoridades.
El interesado solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid el coste detallado y agenda del viaje oficial de la Presidenta a EE. UU. Alegó que la respuesta fue insuficiente y omitió datos económicos y de seguridad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
Se solicitó al Ministerio de Consumo el expediente administrativo del arrendamiento de oficinas con Cecabank SA. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando seguridad pública e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la reserva de los planos por seguridad, pero ordena revelar el coste del alquiler.
El interesado solicitó a Metro de Madrid, S.A. el proyecto constructivo de las nuevas cocheras de la línea 2. La administración denegó el acceso alegando que la información técnica compromete la seguridad nacional y pública por afectar a infraestructuras críticas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al considerar que la entrega del proyecto podría comprometer la seguridad de la red.
Se solicitó información detallada sobre el estado, ubicación y estudios de diversas estaciones ciegas del Metro de Madrid a la Consejería de Transporte e Infraestructuras. La administración denegó el acceso alegando riesgos de seguridad pública. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero manteniendo la reserva de la ubicación exacta.
Un Ayuntamiento solicitó al Departament d’Empresa i Treball una copia del expediente de análisis cuantitativo de riesgo de una industria farmacéutica. Tras alegaciones de empresas afectadas sobre seguridad y propiedad intelectual, la GAIP estima la reclamación al considerar que el interés público del municipio en materia de seguridad prevalece sobre los límites invocados.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste y número de efectivos del dispositivo de seguridad para la visita del Rey emérito a Sanxenxo en mayo de 2022. El solicitante alegó que la información no estaba específicamente clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el coste, pero deniega el número de efectivos por riesgo a la seguridad pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cádiz el Plan de Emergencia Municipal, el de la Feria Local-Carnaval y el de riesgo de tsunami. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los planes pero permitiendo ocultar datos sensibles sobre infraestructuras.
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