Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública la lista de conductores voluntarios para servicios de representación. Alegó que la opacidad encubre irregularidades en el pago de horas extras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión de los nombres comprometería la seguridad pública y la protección de altas autoridades.
El interesado solicitó a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid el coste detallado y agenda del viaje oficial de la Presidenta a EE. UU. Alegó que la respuesta fue insuficiente y omitió datos económicos y de seguridad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad Autónoma de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente.
Se solicitó al Ministerio de Consumo el expediente administrativo del arrendamiento de oficinas con Cecabank SA. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando seguridad pública e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la reserva de los planos por seguridad, pero ordena revelar el coste del alquiler.
El interesado solicitó a Metro de Madrid, S.A. el proyecto constructivo de las nuevas cocheras de la línea 2. La administración denegó el acceso alegando que la información técnica compromete la seguridad nacional y pública por afectar a infraestructuras críticas. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al considerar que la entrega del proyecto podría comprometer la seguridad de la red.
Se solicitó información detallada sobre el estado, ubicación y estudios de diversas estaciones ciegas del Metro de Madrid a la Consejería de Transporte e Infraestructuras. La administración denegó el acceso alegando riesgos de seguridad pública. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero manteniendo la reserva de la ubicación exacta.
Un Ayuntamiento solicitó al Departament d’Empresa i Treball una copia del expediente de análisis cuantitativo de riesgo de una industria farmacéutica. Tras alegaciones de empresas afectadas sobre seguridad y propiedad intelectual, la GAIP estima la reclamación al considerar que el interés público del municipio en materia de seguridad prevalece sobre los límites invocados.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste y número de efectivos del dispositivo de seguridad para la visita del Rey emérito a Sanxenxo en mayo de 2022. El solicitante alegó que la información no estaba específicamente clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el coste, pero deniega el número de efectivos por riesgo a la seguridad pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cádiz el Plan de Emergencia Municipal, el de la Feria Local-Carnaval y el de riesgo de tsunami. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los planes pero permitiendo ocultar datos sensibles sobre infraestructuras.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática documentación sobre una obra menor en el Complejo de la Moncloa. Tras alegar silencio administrativo, el solicitante desistió del procedimiento una vez que el Ministerio concedió parcialmente el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por desistimiento del interesado.
Se solicitó al Ministerio del Interior datos sobre delitos en explotaciones agrícolas y efectivos de los equipos ROCA (2013-2021) con desglose provincial. El solicitante alegó que la respuesta fue parcial al omitir dicha desagregación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación solo por motivos formales, ya que la respuesta completa llegó fuera de plazo y tras la reclamación.
Se solicitó a los Departamentos de Educación y de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya notas medias de bachillerato y PAU desglosadas por centro. El solicitante alegó que la denegación parcial vulneraba su derecho de acceso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo la entrega de datos individualizados mediante códigos para evitar la segregación escolar.
Una ciudadana solicitó a la Presidencia del Gobierno comunicaciones y despachos entre el Presidente y el Rey sobre el Sáhara, y documentación sobre Ceuta y Melilla. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega el contenido de las comunicaciones por afectar a relaciones exteriores, pero obliga a entregar las fechas y número de despachos.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes (Renfe) el plan de evacuación de la estación de Torremolinos. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, que el uso era abusivo y que afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el documento.
Una periodista solicitó al Departamento de Interior el número, localización y fecha de instalación de las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos. El organismo denegó la información alegando riesgos para la seguridad pública. La GAIP estima la reclamación al considerar que la Administración no acreditó un perjuicio real y concreto, prevaleciendo el derecho a la información y la privacidad.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia la lista de acompañantes del Presidente del Gobierno en un vuelo a La Palma. La Administración concedió el acceso parcialmente remitiendo la agenda pública y denegando el resto por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la lista, excluyendo solo a tripulación y seguridad.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior informes policiales sobre el mercado de la marihuana en Cataluña. Tras la denegación administrativa basada en la seguridad pública, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de los informes pero excluyendo un apartado específico sobre violencia estacional por riesgo real para la seguridad ciudadana.
El reclamante solicitó al Ministerio de Consumo el contrato de alquiler de su sede en la calle Alcalá 27. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud, ocultando la renta por posibles perjuicios económicos al arrendador (CECABANK S.A.). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena revelar el coste económico por prevalecer el interés público sobre un daño hipotético.
Se solicitó al Ministerio del Interior el detalle de obras, suministros y listados de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) de la Guardia Civil en Córdoba (2021). El solicitante alegó que la información no afecta a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de obras y CAE, pero deniega los códigos de trabajadores.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife diversos planes y estudios sobre el carnaval en la calle. Tras alegar falta de entrega de documentación, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a remitir la solicitud del plan de evacuación al servicio competente.
Un particular solicitó al Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs el listado e actas de inspección de instalaciones eléctricas. El Ayuntamiento denegó las actas alegando riesgos de seguridad pública y carga de trabajo. La GAIP estima la reclamación al considerar que no se acredita un daño real a la seguridad y que existe un interés público en el control ciudadano.
Una periodista solicitó al Departament d'Interior el detalle de 28 artefactos explosivos detonados por el TEDAX (2012-2021). Tras alegar la solicitante el silencio administrativo, la GAIP intervino. La resolución finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para la reclamante.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander el Plan de Seguridad, expedientes de contratación e informes sobre la instalación de concertinas. El interesado alegó falta de motivación y denegación injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los informes omitidos y el acceso parcial al Plan de Seguridad.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la existencia, coste y fecha de inicio de servicios de seguridad privada. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto oficial y riesgos a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la reserva invocada solo aplica a Fuerzas Armadas y no hay justificación proporcional del riesgo.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado detallado de los dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas desde el año 2000. El interesado alegó falta de motivación y uso indebido de la ampliación de plazos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información y afectar a datos personales protegidos.
Se solicitó al Ministerio del Interior normativa, número de solicitudes y costes de escoltas para viajes privados de ministros. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la reserva invocada solo afecta a las Fuerzas Armadas y no hay riesgo real para la seguridad pública.
Un representante de la ONG EDRi solicitó al Ministerio de Justicia las respuestas de España a un cuestionario de la Comisión Europea sobre retención de datos para investigación criminal. El solicitante alegó que otros países habían publicado su información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo a la seguridad pública y confidencialidad.
Se solicitó al Ayuntamiento de Oviedo información sobre protocolos, formación y uso de armas eléctricas por la Policía Local. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información pedida no es sensible y no se justificó el daño.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Oviedo información sobre el protocolo, formación y número de usos de armas eléctricas de la Policía Local. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el perjuicio concreto de revelar dicha información.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
El solicitante pidió al Departamento de Interior el acceso a su expediente personal, incluyendo notas y valoraciones de una prueba psicoprofesional. Alegó indefensión ante su calificación de 'no apto'. La GAIP desestimó la reclamación porque la Administración ya entregó la información existente y negó la existencia de los apuntes y valoraciones adicionales solicitadas.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de grabación de llamadas de la Policía Municipal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega los números de teléfono y las instrucciones internas por razones de seguridad pública y secreto profesional, pero obliga a entregar la información facilitada a los usuarios sobre dichas grabaciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de telefonía de la Policía Municipal (números grabados, tratamiento de datos, instrucciones de uso e información a usuarios). La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo la información facilitada a los usuarios.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de multas impuestas por un radar móvil en la A-66 (Asturias). La administración denegó la información alegando perjuicio a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado el perjuicio concreto.
Dos personas solicitaron a EMVISESA datos sobre viviendas en propiedad, alquiler y desocupadas en Sevilla. La entidad denegó la información alegando abuso, seguridad pública y fines procesales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos estadísticos y títulos, pero denegando las direcciones exactas por seguridad pública.
El sindicato CSIF solicitó a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias convenios, facturas y detalles de servicios de transporte del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Tras una respuesta insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos de los servicios pero excluyendo los trayectos para proteger la identidad de las víctimas.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana los resultados agregados de una encuesta de contexto realizada a familias de centros escolares. La administración denegó el acceso alegando riesgos de desanonimización y el uso indebido para clasificar centros. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que los datos son anónimos y agregados.
Se solicitó al Departament d'Interior datos y criterios de evaluación de una prueba psicotécnica y entrevista de promoción de los Mossos d'Esquadra. Tras alegar el solicitante la falta de respuesta administrativa, la GAIP inició un proceso de mediación que concluyó con la finalización del procedimiento al alcanzarse un acuerdo satisfactorio para el reclamante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat el inventario detallado de bienes inmuebles y vehículos según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. El solicitante alegó que la información del portal de transparencia era insuficiente. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información existente, excepto las matrículas de vehículos.
Un aspirante a sergent solicitó al Departament d'Interior el acceso a enunciados de pruebas psicotécnicas y actas de valoración. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a las actas y la vista de los enunciados, pero inadmite la petición de una entrevista devolutiva por no ser objeto del derecho de acceso a la información pública.
El interesado solicitó información sobre un viaje del Presidente del Gobierno a Berlín, preguntando por el uso del avión Falcon y su coste. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, dado que la respuesta fue extemporánea, aunque la administración ya hubiera proporcionado parte de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre autorizaciones excepcionales de entrada a España (totales, mensuales y por nacionalidad). Tras una respuesta parcial y la denegación de los datos por nacionalidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar la información por nacionalidad salvo en los casos donde prevalezcan los límites legales.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la entrada en España y el ingreso hospitalario de Brahim Ghali. La administración denegó el acceso alegando relaciones exteriores, seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a la entrega de parte de la documentación y a la remisión de otras al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Un ciudadano solicitó a ACOSOL, S.A. planos de canalizaciones, certificaciones de abastecimiento y registros de mantenimiento. Tras una respuesta y reunión presencial, el interesado interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que decidió inadmitirla a trámite por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Una asociación de vecinos solicitó a la Diputación de Barcelona el inventario de bienes inmuebles y vehículos. La Diputación denegó parcialmente la información alegando razones de seguridad y privacidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de inmuebles y el inventario general, pero desestima el acceso a las matrículas de los vehículos oficiales.
Se solicitó al Departament d'Interior acceso a criterios de valoración, el propio examen del reclamante y los de los 133 aspirantes aptos en una promoción interna. Tras un intento de mediación fallido, la GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a criterios y exámenes (estos últimos anonimizados), pero deniega datos de aspirantes no aptos y cierta información policial por seguridad pública.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior el detalle de diputados con servicio de escolta en diversas legislaturas. Tras alegar la falta de datos precisos y de la legislatura actual, la GAIP resolvió estimar parcialmente la solicitud: accede a las fechas de servicio de legislaturas pasadas, pero deniega la información de la legislatura actual por razones de seguridad pública.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número de ofertas, identidad de empresas y presupuestos de un contrato de seguridad en centros penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando una declaración de secreto y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del perjuicio real a la seguridad del Estado.
Se solicitó a Patrimonio Nacional información sobre cuantías de productividad y gratificaciones extraordinarias de 2020, incluyendo la identificación de cargos directivos y eventuales. La interesada alegó que la respuesta era insuficiente según el Criterio Interpretativo 1/2015. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a que la información se entregó extemporáneamente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior documentación sobre la manifestación de Alsasua del 28 de agosto de 2021. Tras el silencio administrativo y una posterior denegación, el interesado alegó que no se solicitó información secreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar justificado el límite de seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de las comunicaciones y actuaciones de la Guardia Civil sobre una manifestación en Alsasua el 28 de agosto de 2021. El interesado alegó que la información es pública al relacionarse con la protección de víctimas del terrorismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de seguridad pública.
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