Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a la Dirección General de la Policía la documentación y comunicaciones sobre una manifestación en Alsasua el 28 de agosto de 2021. El interesado alegó que la información es pública al ejecutar obligaciones del Estado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso perjudicaría la seguridad pública al revelar la planificación de servicios de orden público.
Un diputado solicitó al Departament d'Interior el expediente de investigación interna, conclusiones y sanción de un agente policial. El organismo alegó protección de datos y seguridad pública. La GAIP resolvió una estimación parcial, obligando a entregar la documentación mediante la anonimización o pseudonimización de los datos personales del agente y testigos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de recompensas a empleados penitenciarios desde 2011. Tras una respuesta parcial, el interesado alegó que la información es accesible y no vulnera la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción previa de reelaboración de la información.
Un representante sindical solicitó al INSS listados nominales de productividades, gratificaciones, criterios de distribución, modificaciones de la RPT y comisiones de servicio (2020-2021). El INSS denegó el acceso alegando protección de datos personales y la existencia de un régimen de información específico para sindicatos representativos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural el listado de transformadores de media tensión de Endesa en L'Hospitalet de Llobregat. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública y confidencialidad. La GAIP estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado un riesgo real para la seguridad ni existe amparo legal para la confidencialidad.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de exportaciones e importaciones de armas y explosivos desde 2019. El Ministerio denegó el acceso por carácter abusivo y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el volumen de datos y el detalle requerido paralizarían la gestión del organismo.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el uso de sistemas de reconocimiento facial en España y en San Lorenzo del Escorial. Tras una denegación basada en límites de seguridad y secreto oficial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre proyectos ya finalizados y contratos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el detalle de todas las personas que accedieron al Complejo de la Moncloa desde enero de 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque los datos se recaban exclusivamente para fines de seguridad y prevalece la protección de datos personales sobre el interés público.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados a la Casa del Rey. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la denegación es genérica y no justifica un daño real al pedir un dato global.
El sindicato CSIF solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el número de efectivos policiales afectados en atestados por atentado contra agentes de la Guardia Urbana (2015-2021). El sindicato alegó que los datos son necesarios para planes de prevención. La GAIP desestimó la reclamación al considerar correcta la inadmisión por requerir una tarea compleja de elaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre puestos de trabajo, bajas y expedientes disciplinarios de la Guardia Civil en Castilla y León. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de bajas, pero desestimando el resto por seguridad pública y necesidad de reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose de compras y uso de pelotas de goma por la Policía Nacional desde 2018. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública, intereses económicos y falta de datos desagregados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación y ausencia de un test de daño.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el Plan de Emergencia y Concentración de la Embajada en Kabul. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando que la difusión del plan perjudicaría las relaciones exteriores y la seguridad pública.
Un ciudadano solicitó a la Dirección General de Interior de Navarra instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza y control de manifestaciones por la Policía Foral. El interesado alegó que el acceso es necesario para garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad ciudadana.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya información sobre la actuación de los servicios de emergencia y mediciones de calidad del aire tras un accidente químico. La Administración denegó parte de la solicitud alegando seguridad pública y procesos judiciales. La GAIP estima la reclamación y ordena el acceso a la información.
El reclamante solicitó las fichas y expedientes de bienes de interés cultural, patrimonial y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Tras una respuesta incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero omitiendo las coordenadas geográficas exactas.
El reclamante solicitó las fichas de bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar la información sin las coordenadas exactas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior diligencias de investigación sobre vertidos ilegales en la playa de Boiro. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en manos judiciales y afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al acreditarse que la información seguía en poder de la policía.
Un periodista solicitó al Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de Catalunya los expedientes de accidentes de la industria química de Tarragona desde 1975. Tras un proceso de mediación sin acuerdo y alegaciones de diversas empresas, la GAIP estima parcialmente la solicitud, reconociendo el acceso a los expedientes pero excluyendo datos que comprometan la seguridad pública, secretos industriales o datos personales.
Se solicitó al Ministerio del Interior el importe de dietas y el número de agentes desplegados en la Eurocopa 2020 en Sevilla. El interesado alegó que la respuesta fue insuficiente y contradictoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no justificarse el riesgo a la seguridad pública.
El Sindicato Profesional de la Ertzaintza solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco el informe justificativo del dispositivo de seguridad del Viceconsejero. Alegó que la respuesta recibida era insuficiente al no aportar dicho informe. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la justificación ya fue facilitada mediante extractos de actas.
Se solicitó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la agenda pasada y la previsión de la agenda futura del Secretario de Estado de Derechos Sociales. El interesado alegó que no se respondió al punto de la previsión de agenda. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la información solo tras la reclamación.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior los nombres y motivos de la asignación de servicios de seguridad a diputados en las últimas cinco legislaturas. El organismo alegó riesgos de seguridad y protección de datos. La GAIP estima la reclamación al considerar que la seguridad no se ve comprometida por ser cargos públicos y que no hay datos íntimos afectados.
Una periodista solicitó al Departament d'Interior datos sobre inversión, contratos, uso y expedientes sancionadores relativos a lanzadoras de foam. Ante el silencio administrativo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de la información, pero denegando fragmentos específicos de la normativa interna por razones de seguridad pública.
Un regidor de la oposición solicitó al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages acceso a un expediente disciplinario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicios a la instrucción y presunción de inocencia. La GAIP estima la reclamación porque los límites invocados no están previstos legalmente para los electes locales según el TRLMRLC.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la ubicación, dimensiones y estancias de la vivienda oficial de la Ministra. Tras una respuesta parcial que denegó la ubicación por seguridad, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero posteriormente desistió de la reclamación, por lo que el Consejo decidió archivar las actuaciones.
Se solicitó al Parque Científico Tecnológico Cartuja S.A. el contrato de alquiler de vivienda de un alto cargo. El organismo denegó el acceso al documento basándose en la protección de datos personales y la seguridad pública. La resolución confirma la denegación parcial, permitiendo solo el acceso a la normativa y el informe que justifican la indemnización.
Se solicitó a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior el contrato o justificantes de alquiler de un alto cargo para verificar la cuantía de una indemnización. El solicitante alegó que solo deseaba constatar el importe económico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información anonimizada.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el contenido de un oficio de la Policía Nacional sobre instrucciones operativas durante la Covid-19. La administración denegó el acceso alegando que no era información pública y basándose en límites de seguridad y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de los límites.
Se solicitó acceso a las grabaciones de videovigilancia del Aeropuerto de Madrid-Barajas relativas al tránsito de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. La reclamante alegó que la información ya no era objeto de investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que las imágenes siguen vinculadas a un procedimiento judicial.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Úbeda información detallada sobre ingresos, gastos y cuentas bancarias de los grupos políticos municipales. El Ayuntamiento remitió a un enlace web insuficiente y denegó datos por seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de un oficio de la Policía Nacional sobre el control de medidas pandémicas. El Ministerio denegó el acceso alegando que no era publicidad activa, invocando límites de seguridad y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y justificación de dichos límites.
Un regidor solicitó acceso a un expediente municipal al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de concreción y protección de datos íntimos. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar el índice y los documentos que no vulneren la intimidad de terceros, rechazando que el derecho de acceso se limite a documentos concretos.
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información sobre un ciberataque al SEPE (causas, atacantes y datos afectados). El SEPE denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la denegación fue genérica y no motivada.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los listados anuales de bajas de vehículos de su parque móvil desde 1996. Tras una denegación parcial por seguridad pública y necesidad de reelaboración, la administración cedió la información completa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno archivó la reclamación por desistimiento voluntario del interesado.
Un periodista solicitó al Departament d’Interior el reglamento y protocolo de uso de las lanzadoras de bolas de foam de los Mossos d'Esquadra. Tras alegar el solicitante la falta de respuesta, la GAIP resolvió estimar parcialmente la petición, desestimar otros fragmentos por riesgos a la seguridad pública y declarar la pérdida de objeto sobre el resto del documento ya aceptado por la Administración.
Un ciudadano solicitó datos estadísticos y detallados sobre el uso de armas y personas heridas por la Policía Local de Palma desde 2010. La administración denegó el acceso alegando falta de interés público, inexistencia de la información y riesgos para la seguridad y protección de datos. La Comisión de Garantía de las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Islas Baleares estima la reclamación.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de diligencias policiales del SEPRONA sobre maltrato animal. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de seguridad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que, al formar parte de un proceso judicial, rige la normativa específica de acceso judicial y no la LTAIBG.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el coste, la empresa contratada y los medios policiales empleados en el traslado de un narcosubmarino. Tras un silencio administrativo inicial, la administración respondió parcialmente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información denegada afecta a la seguridad pública y de las empresas.
El solicitante pidió instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza, control de manifestaciones y lucha antiterrorista de la unidad policial en la Comunitat Valenciana. La administración alegó falta de competencia. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación respecto a la normativa estatal, pero estima la parte que sea competencia autonómica siempre que no afecte a la seguridad pública.
El solicitante pidió información sobre la empresa de mantenimiento, personal, escoltas y costes de la estancia vacacional del Presidente en el Palacio de Marismillas. Ante la falta de respuesta de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haberse producido la respuesta fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Rubí un listado de contratos y facturas de electricidad con Endesa. El Ayuntamiento denegó inicialmente los códigos CUPS alegando razones de seguridad pública. Tras la reclamación ante la GAIP, el Ayuntamiento facilitó la información y el solicitante manifestó su conformidad. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la ubicación, metros cuadrados y número de estancias de la vivienda oficial de la Ministra. El Ministerio denegó la información alegando seguridad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los metros cuadrados, pero mantiene la denegación de la ubicación y el número de estancias.
El reclamante solicitó diversos documentos al Ayuntamiento de Turís, incluyendo informes policiales y criterios de vacantes. Alegó que la administración ocultaba información para evitar acciones legales. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho de acceso a la mayoría de los documentos y declarando la pérdida de objeto de otros.
Se solicitó al Ministerio del Interior los contratos y el detalle de consumos eléctricos de la Policía Nacional y Guardia Civil desde 2018. El Ministerio denegó la información detallada alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos y datos económicos, pero excluyendo datos técnicos específicos.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior el expediente completo sobre un accidente químico. Tras alegar silencio administrativo y el levantamiento del secreto de sumario, la GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento para que la Administración ayude al solicitante a concretar la petición por ser demasiado genérica e imprecisa.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Tejeda los justificantes de ingresos y gastos de la Cuenta General y saber si se grabó una sesión de la Comisión Especial de Cuentas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando abuso de derecho y confidencialidad. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación: deniega los justificantes por ser una petición genérica, pero obliga a informar sobre la grabación.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la ubicación y dimensiones de la vivienda oficial de la Ministra. Tras una denegación inicial basada en seguridad y carácter abusivo, el Ministerio facilitó la información (excepto ubicación exacta) mediante resolución complementaria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la ubicación y características de la vivienda oficial del Ministro. La interesada alegó que el uso de fondos públicos justifica el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación ya que la administración acabó facilitando los datos técnicos y la ubicación genérica, siendo insuficiente el interés público para revelar la dirección exacta.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Catarroja datos sobre plantillas, turnos, presupuestos y pagos de la Policía Local. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana declara la pérdida de objeto de algunos puntos por entrega tardía, desestima la denegación sobre turnos por seguridad pública y estima la parte sobre deudas pendientes.
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