Acceso a información sobre sistemas tecnológicos de reconocimiento facial en España

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 665/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la interesada, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 19 de mayo de 2021, solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR la siguiente información: Solicito que se me detalle de todos y cada uno de los lugares en los que la Guardia Civil y/o alguna de las dependencias del Ministerio de Interior estén probando o haya probado sistemas tecnológicos de reconocimiento facial en regiones de España. Sobre este asunto, solicito conocer la siguiente información: - Que me especifiquen si en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) se ha realizado o se está realizando una prueba de programas de reconocimiento facial en el ámbito de la seguridad ciudadana. S/REF: 001-057088 N/REF: R/0665/2021; 100-005624 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Sistemas tecnológicos de reconocimiento facial en España Subdirección General de Reclamaciones - En caso afirmativo, solicito cualquier contrato, acuerdo o convenio que refleje las empresas o entidades que han proporcionado el software para ello y/o con las que se esté colaborando. Solicito que se incluya toda la documentación, anexos y cláusulas técnicas y administrativas del contrato, acuerdo o convenio. - Si hay proyectos piloto en marcha o los ha habido en cualquier punto de España, en qué fase están y en qué ámbito se están aplicando (seguridad ciudadana u otro supuesto). En este caso, que me especifiquen con qué empresas o entidades se están llevando a cabo dichos proyectos. - Del mismo modo, cuál ha sido la colaboración en ellas del Ministerio. Solicito, además, cualquier informe sobre estas pruebas piloto o sus resultados que consten en poder del Ministerio. 2. Mediante escrito de fecha 21 de junio de 2021, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó a la solicitante lo siguiente: Para resolver su solicitud se amplía el plazo de resolución un mes, en base al artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se indica que el plazo para resolución podría ampliarse por otro mes en el caso que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario. 3. Con fecha de entrada el 26 de julio de 2021, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: Mi reclamación se fundamenta en que pasado el plazo de un mes desde la presentación de la solicitud, el Ministerio responde el 21 de junio, con una notificación de ampliación de plazo ateniéndose al artículo 20.1 de la Ley 10/2013, en el que se indica que el plazo para resolución podría ampliarse por otro mes “en el caso que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario”. En ese plazo, el Ministerio no comienza la tramitación de la solicitud de información y, a 26 de julio, más de un mes después, no ha dado respuesta pese a alegar la necesidad de un plazo extra para recopilar la información y entregarla. Por todo ello, está en silencio administrativo. A pesar del silencio, la propia Administración reconoció la necesidad de ampliar el plazo debido a que la solicitud era voluminosa o compleja. Por ello, ahora no hay lugar para denegar o inadmitir la información solicitada, ya que ellos mismos habían dado trámite ampliando el plazo para poder recopilar y entregar lo solicitado. Tal y como recordaba el propio Consejo en la resolución R-0542-2017: “Lo que este precepto no permite es ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución denegatoria del acceso, que es precisamente lo que ha ocurrido en el presente caso. La ampliación del plazo tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida por ser necesaria la ampliación para encontrarla y ponerla a disposición del solicitante (...). En el presente caso, la Administración simplemente ha realizado un análisis intelectual y jurídico de la solicitud y ha entendido que debería realizar unas labores que no está dispuesta a asumir, para lo cual no necesitaba ampliar el plazo de contestación, ya que la contestación, tal y como ha sido realizada, pudiera haberla hecho en un plazo mucho más breve de tiempo, siempre dentro de ese mes inicial”. Por ello, Interior no podría alegar ahora la denegación de la resolución, aplicando el mismo criterio que ha seguido en casos anteriores (como el anteriormente citado) el propio Consejo. La información pedida es de indudable interés y prevalece el carácter público, al afectar directamente a los intereses de la ciudadanía y realizarse estos proyectos mediante el uso de tecnologías que podrían vulnerar su privacidad y cuya utilización en algunos casos no se está comunicando, evitando así el ejercicio de sus derechos. Por último, solicito que inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno me dé traslado de los documentos incorporados al expediente, incluyendo las alegaciones del Ministerio, y se me otorgue trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015. 4. Con fecha 27 de julio de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, contestando el Ministerio lo siguiente: En este sentido es preciso señalar que, mediante resolución de 25 de octubre de 2021, la Secretaría de Estado de Seguridad ha denegado, conforme a los artículos 14.1.d) y e) de la Ley 19/2013, el acceso a la información solicitada. Se adjuntan el justificante de registro de salida de la notificación de la resolución y la información facilitada. Así pues, dado que se ha respondido a la solicitante durante el trámite de alegaciones, y de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento, se abra el trámite de audiencia a la interesada con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. El texto de la resolución citada es, en resumen, el siguiente: “El artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, dispone que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para, entre otros, la seguridad pública o para la prevención e investigación de ilícitos penales. El acceso solicitado puede producir un perjuicio real, y no meramente hipotético, a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad pública y, relacionado con ello, comprometer las actuaciones que se pueden llevar a cabo para la persecución e investigación de infracciones de carácter penal y, en particular, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se considera que se debe denegar el acceso a la información solicitada ya que, por Acuerdo de Consejo de Ministros, se otorga la clasificación de secreto, con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada.” 5. El 5 de noviembre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia a la reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tuvieron entrada el 5 de noviembre de 2021, con el siguiente contenido: Me pongo en comunicación con ustedes porque les he hecho llegar la resolución que me ha mandado la Guardia Civil meses después de estar fuera de plazo. No estoy de acuerdo con esa resolución y, por tanto, solicito que se siga adelante con esta reclamación: - La resolución de la Guardia Civil se fundamenta en los límites al derecho de acceso de la seguridad del estado y la prevención e investigación de ilícitos penales. Sin embargo, no argumentan por qué dar acceso a lo solicitado afectaría a esos límites. Aluden a un “perjuicio real” a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero en la solicitud de derecho de acceso no se pide información específica como en qué puntos geográficos exactos pueden estar ubicadas las cámaras. La propia Policía ha participado en reportajes periodísticos en los que se promueven herramientas de reconocimiento facial o reconocimiento de imágenes y/o biométrico para detectar crímenes y se habla de localidades en las que se han instalado, como se puede ver aquí: https://elpais.com/espana/madrid/2021- 06-28/atencion-delincuentes-se-graba.html. O aquí: https://elpais.com/tecnologia/2019/11/21/actualidad/1574348695231540.html. La Policía demuestra así el carácter e interés público de la información solicitada y que este debe prevalecer sobre cualquier posible límite, tal y como han aplicado ellos en esos casos. - Tampoco se requiere información sobre la identidad de las personas a las que se identifica mediante estos sistemas; sólo se solicita la confirmación de la existencia de estos proyectos en distintos puntos del país. Por tanto, esto no aplica al límite ni al secreto que posteriormente mencionan. Además, los límites no sirven de forma clara y directa para denegar la información. Habría que hacer una ponderación que el Ministerio del Interior no ha hecho. El artículo 14.2 de la Ley 19/2013 determina que “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. En este sentido, el criterio interpretativo CI/002/2015 del CTBG afirma que “los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos”, para lo cual “deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio/test del daño) concreto, definido y evaluable”. En el presente caso, se ha omitido cualquier razonamiento o argumentación que justifique la aplicación del límite, circunstancia que va contra el criterio del CTBG. El Preámbulo de la Ley 19/2013 señala que “los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad”. Asimismo, el CTBG, en su criterio interpretativo CI/002/2015 advierte de que la aplicación de los límites “no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información”, lo cual sucede en este caso. - En la resolución, la Guardia Civil también habla de información clasificada. Conocer qué proyectos existen o han existido o cuáles se encuentran en una fase piloto no es secreto porque no se está solicitando la información concreta sobre las técnicas que se estén utilizando o cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad llevan a cabo dicha labor. Sólo se requiere conocer si efectivamente trabajan con estos sistemas y en qué consisten. La Guardia Civil se escuda en que hacer conceder esta información interferiría en su “estructura” y “organización”... II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. En relación con la ampliación de plazo realizada por la Administración, debe recordarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG establece que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.” En el Criterio Interpretativo 5/2015, de 14 de octubre - elaborado por el Consejo de Transparencia en virtud de las potestades atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG – se han precisado los requisitos que han de concurrir para la correcta aplicación de lo previsto en el último párrafo del artículo 20.1 y se hace hincapié en que la Ley ciñe a dos únicos supuestos la posible ampliación del plazo: a) «el volumen de datos o informaciones» y b) «la complejidad de obtener o extraer los mismos». Además, se subraya que la ampliación debe ser convenientemente justificada en relación con el caso concreto y esta justificación habrá de constar de forma expresa. Se consolida así una interpretación de la facultad de ampliación del plazo ordinario de resolución que este Consejo ya había defendido en resoluciones anteriores insistiendo en la necesidad de que el acuerdo de ampliación quede «debidamente justificado y argumentado» (R 184/2018, de junio), exprese «sus causas materiales y sus elementos jurídicos» y (R 34/2018, de 10 de abril) y que, en consecuencia, considera contraria a Derecho una ampliación del plazo que «no fue suficientemente argumentada» (R 98/2017, de 30 de mayo o R 110/2017, de 1 de agosto), no contiene «especificación alguna de las causas que [la] motivan» (R 259/2017, de 30 de agosto), «no aclara en qué consiste dicha dificultad» de acceder a la información en la que se ampara (R 156/2016, de 5 de julio) o que, incluso, se basa en motivos diferentes a los legalmente previstos, como la necesidad de efectuar unas «consultas internas», el hecho «de que la solicitud haya debido ser atendida en un periodo en el que los recursos humanos disponibles puedan haber disminuido» (R 392/2016, de 16 de noviembre) o simplemente, la oportunidad de «disponer de más tiempo para preparar la resolución» (R 105/2018, de mayo, 231/2018, de julio, R 301/2018, de 13 de agosto, R 356/2018, de 10 de septiembre, R 483/2018, de 15 de noviembre). Por otra parte, es necesario recordar que los plazos que marca la LTAIBG no pueden ampliarse una vez que los mismos han transcurrido, como ha sucedido en el caso que nos ocupa. Esta prohibición está recogida en el artículo 32.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual “En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”. Y, en todo caso, lo que la LTAIBG tampoco permite es ampliar el plazo únicamente para disponer de más tiempo para preparar la resolución y, finalmente, acabar por no dar la información solicitada, circunstancia que también ha ocurrido en el presente caso. La ampliación del plazo tiene sentido siempre y cuando se necesite más tiempo para buscar la información o la documentación requerida por ser necesaria la ampliación para encontrarla y, se puede entender que en principio, ponerla a disposición del solicitante; es decir, por tener que realizar labores reales para identificar los informes donde puede estar archivado el expediente o en las propias bases de datos, porque afecta a un número muy elevado de documentos y tiene que realizarse una búsqueda de los mismos que excede del tiempo de un mes o porque la entrega de documentos requiere de procesos de anonimización laboriosos. Todo ello, con la intención de preparar efectivamente la información o documentación requeridas para entregársela al solicitante. Ninguna de las condiciones y requisitos expuestos se han observado, por lo que la actuación de la Administración en este punto no se ajustó a derecho. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se demanda diversa información sobre la utilización de sistemas tecnológicos de reconocimiento facial en España, comprensiva de los siguientes aspectos: i) lugares en los que se estén probando o se hayan probado, con mención específica de San Lorenzo del Escorial; ii) contratos, acuerdos o convenios con las empresas colaboradoras; iii) proyectos piloto con especificación de fase, ámbito, empresas o entidades participantes; iv) la colaboración del Ministerio en las pruebas; y v) informes sobre las pruebas o sus resultados que consten en el Ministerio. La Administración no resuelve en plazo, produciéndose en consecuencia los efectos desestimatorios del silencio negativo. Posteriormente, estando ya tramitándose la reclamación, dicta resolución en la que sostiene que el acceso solicitado “puede producir un perjuicio real, y no meramente hipotético, a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad pública y, relacionado con ello, comprometer las actuaciones que se pueden llevar a cabo para la persecución e investigación de infracciones de carácter penal y, en particular, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado” y, acto seguido, invocando lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 14.1 de la LTAIBG, concluye que “se considera que se debe denegar el acceso a la información solicitada ya que por Acuerdo de Consejo de Ministros, se otorga la clasificación de secreto, con arreglo a la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada”. 5. En primer lugar se ha de señalar que la mera referencia genérica a un Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, no puede considerarse justificación suficiente para la denegación del acceso a la información pues que debe cumplirse la condición necesaria de la existencia de una expresa declaración previa de secreto que no se identifica ni se aporta al presente procedimiento. Aun entendiendo que el Departamento ministerial se refiere al Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de junio de 2014, que otorga la calificación de secreto a “la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas”, este Consejo no comparte que el alcance de la reserva afecte a la totalidad de la información solicitada. En particular, no se comparte que la información relativa a si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ha realizado pruebas con sistemas de reconocimiento facial, las empresas colaboradoras y los elementos no confidenciales de los contratos celebrados afecte a materias que precisen “el más alto grado de protección por su importancia y a efectos de evitar que su conocimiento por personas no autorizadas pueda generar riesgos o perjuicios para la seguridad del Estado, comprometer la prevención, investigación y sanción de los delitos relacionados con la delincuencia organizada” a las que se alude en la parte expositiva del citado Acuerdo. Extender la declaración de secreto a estas informaciones comportaría un entendimiento extensivo de su ámbito de aplicación abiertamente contrario al principio de interpretación estricta de los límites al derecho de acceso a la información pública exigido por nuestro Tribunal Supremo, como a continuación se vuelve a recordar. Descartada esta justificación, debe analizarse si el acceso la información requerida causa un perjuicio a la seguridad pública o a la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios de tal entidad que justifique la aplicación de los límites previstos en las letras d) y e) del artículo 14.1 LTAIBG también invocados. Como hemos señalado en múltiples resoluciones, al aplicar los límites del artículo 14 de la LTAIBG, es preciso tener presente que el derecho de acceso a la información pública es un derecho de rango constitucional que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento, por lo que cualquier restricción de su eficacia ha de partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante en sus pronunciamientos, como él mismo se ha encargado de recordar en la Sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: “La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º) Doctrina jurisprudencial completada por el Alto Tribunal, entre otras, en la más reciente Sentencia de 25 de enero (ECLI:ES:TS:2021:574), en la que, tras recordar la exigencia de justificación y proporcionalidad en la aplicación de los límites impuesta por el art. 12 LTAIBG, puntualizó lo siguiente: “Por tanto, el precepto legal no permite una aplicación genérica de las limitaciones como justificación de una denegación del acceso a la información pública, válida para todos los procedimientos de una determinada materia, por ejemplo, la protección de las relaciones exteriores o la protección de la investigación y sanción de los ilícitos penales en los procedimientos de extradición, sino que exige una aplicación justificada y proporcionada de las limitaciones en relación al caso concreto, debiendo hacerse una ponderación de los intereses en juego, el de acceso a la información pública, por un lado, y el protegido por la limitación de que se trate.” (FJ, 4º) En consecuencia, la eventual aplicación de determinados límites legales a la información solicitada sólo se podrá considerar conforme a derecho si se cumplen los requisitos de proporcionalidad y justificación expresa exigidos por nuestro ordenamiento y precisados por la doctrina del Tribunal Supremo en los términos que se acaban de exponer. 6. En el presente caso, el Departamento ministerial proporciona como única motivación de la aplicación de los límites previstos en las letras d) y e) del artículo 14.1 LTAIBG la contenida en el siguiente párrafo: “El acceso solicitado puede producir un perjuicio real, y no meramente hipotético, a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de seguridad pública y, relacionado con ello, comprometer las actuaciones que se pueden llevar a cabo para la persecución e investigación de infracciones de carácter penal y, en particular, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado” Salta a la vista que el carácter genérico y meramente asertivo de la motivación aportada no satisface, ni siquiera mínimamente, las condiciones y requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para considerar fundada la aplicación de un límite al derecho de acceso a la información pública. No se exterioriza, más allá de la mera afirmación, el test del daño a los bienes jurídicos protegidos por los límites invocados, ni se lleva a cabo la preceptiva ponderación con el interés público en conocer la información. En consecuencia, no cabe considerar que estemos ante una aplicación justificada y proporcionada de las limitaciones atendiendo a las circunstancias del caso concreto, tal y como exige la LTAIBG y la doctrina del Tribunal Supremo. Sentado lo anterior y, ante la dificultad derivada de la falta de una motivación adecuada, este Consejo considera que se ha de diferenciar entre la información relativa a pruebas piloto en curso y las que versan sobre las ya concluidas. En relación con las primeras, cabe razonablemente considerar que la revelación de los lugares en los que las mismas se ejecutan puede obstaculizar o perjudicar su desarrollo, causando un daño real a los bienes de seguridad pública y de prevención, investigación y sanción de actos ilícitos protegidos por el artículo 14 LTAIBG, por lo que, al no apreciarse en el caso concreto un interés público o privado superior que justifique el acceso, estaría justificada la denegación. Sin embargo, en lo que respecta a las pruebas o proyectos ya ejecutados, no se ha justificado y no se puede apreciar de oficio cómo el acceso a la información solicitada, pueda causar un daño real y no meramente hipotético a los bienes protegidos en el artículo 14 LTAIBG. Por otra parte, en lo que concierne a la información solicitada sobre los contratos, acuerdos o convenios, es preciso recordar que el artículo 8 de la LTAIBG dispone lo siguiente: 1. Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: a) Todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. Asimismo, se publicarán datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público. b) La relación de los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma. c) Las subvenciones y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. Habiendo establecido el propio legislador que esta información, con carácter general, debe ser objeto de publicidad activa, no cabe excluirla del derecho de acceso, si bien, en cuanto a su alcance concreto, se deberá tener en cuenta el deber de confidencialidad que expresamente establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), en cuyo artículo 56.5 se dispone lo siguiente: El órgano competente para la resolución del recurso deberá, en todo caso, garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en el expediente de contratación, sin perjuicio de que pueda conocer y tomar en consideración dicha información a la hora de resolver. Corresponderá a dicho órgano resolver acerca de cómo garantizar la confidencialidad y el secreto de la información que obre en el expediente de contratación, sin que por ello, resulten perjudicados los derechos de los demás interesados a la protección jurídica efectiva y al derecho de defensa en el procedimiento. Igualmente, su artículo 133, dispone que: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles. El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo. De ahí que, como se ha indicado en casos precedentes, el reconocimiento del derecho de acceso no puede afectar a aquellas informaciones contenidas en el expediente de contratación que tengan la condición de confidenciales conforme a lo dispuesto en los artículos de la LCSP que se acaban de reproducir. En definitiva, de los razonamientos expuestos se deriva que la presente reclamación debe ser estimada en parte. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 18 de mayo de 2021. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 15 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: - Detalle de todos y cada uno de los lugares en los que la Guardia Civil y/o alguna de las dependencias del Ministerio de Interior hayan probado sistemas tecnológicos de reconocimiento facial en regiones de España. - Si en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) se ha realizado una prueba de programas de reconocimiento facial en el ámbito de la seguridad ciudadana. - Cualquier contrato, acuerdo o convenio que refleje las empresas o entidades que han proporcionado el software para ello y/o con las que se esté colaborando, que incluya toda la documentación, anexos y cláusulas técnicas y administrativas del contrato, acuerdo o convenio. - Si ha habido proyectos piloto terminados en cualquier punto de España y en qué ámbito se aplicaron (seguridad ciudadana u otro supuesto). En este caso, con qué empresas o entidades se han llevado a cabo dichos proyectos. - Cuál ha sido la colaboración en ellas del Ministerio. - Cualquier informe sobre las pruebas piloto ya finalizadas que consten en poder del Ministerio. De esta información deberán excluirse aquellos contenidos de los expedientes que tengan la condición de confidenciales con arreglo a la legislación de contratos. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez