Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el número de vuelos en avión Falcon del Presidente, los acompañantes y el coste total. La administración denegó la información alegando que era materia clasificada y reservada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos desde octubre de 2018.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la lista de acompañantes y el coste total del viaje del Presidente a Cuba en noviembre de 2018. La administración denegó la información alegando razones de seguridad y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que prevalece el interés público y la rendición de cuentas.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno el coste total y la lista de acompañantes del viaje del Presidente a Latinoamérica en agosto de 2018. La administración denegó la información alegando razones de seguridad y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no hay una clasificación de secreto válida.
Se solicitó al Departament d'Educació (CEIP President Salvans/Auró de Terrassa) diversa información económica y de gestión escolar. El ciudadano alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de la información en formato digital, pero deniega datos detallados sobre absentismo para proteger la privacidad de menores.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia del informe policial sobre incidentes en la manifestación del Orgullo de Madrid. Tras la denegación basada en seguridad pública y carácter interno del documento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de concreción del daño y relevancia del documento para la rendición de cuentas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de informes policiales sobre incidentes con miembros de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI de Madrid. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y carácter auxiliar de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de concreción del daño y relevancia del documento.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant el documento con la valoración y puntuación de su solicitud de ayudas sociales. Tras alegar la administración que el acceso al expediente completo vulneraba la intimidad de terceros, la GAIP decide archivar el caso por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información específica del interesado.
Un representante sindical solicitó a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la lista de vehículos de la Generalitat con sus matrículas. La administración denegó inicialmente las matrículas alegando seguridad. Tras la reclamación, la Conselleria facilitó la información completa, aunque fuera fuera de plazo. El Consejo de Transparencia declara la pérdida de objeto por haberse entregado ya la información.
Se solicitó a la Agència Catalana de l'Aigua el proyecto constructivo de un depósito y red de agua. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, anulando la denegación por falta de acreditación de un perjuicio real y tangible que justifique dichos límites.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos sobre efectivos, jornadas y funciones de la Guardia Urbana (2011-2019). Tras un acuerdo parcial en mediación, la GAIP estima la reclamación al considerar que el Ayuntamiento no motivó adecuadamente el límite de seguridad pública para denegar la información restante.
El solicitante pidió a la CNMC la versión confidencial de un informe sobre el servicio de interrumpibilidad, específicamente costes y uso efectivo. Alegó que la información es de ejercicios pasados y no afecta a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que el acceso vulnera la seguridad pública y las funciones de supervisión.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública un informe sobre enterrar a Franco en la Catedral de la Almudena. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y a la igualdad procesal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que el documento ya era conocido por las partes del proceso judicial y que sus valoraciones de seguridad eran generales, sin concurrir el perjuicio concreto necesario para aplicar los límites.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre las infraestructuras de seguridad previstas reformar o construir en Zaragoza y en Utebo. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la mera identificación de centros no compromete la seguridad pública.
Se solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya información sobre plazas y absentismo en centros escolares. Tras una estimación parcial inicial, el ciudadano reclamó ante la GAIP la falta de datos de ciertos cursos. La GAIP resuelve finalizar el expediente por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información solicitada durante el procedimiento.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste público de celebrar Consejos de Ministros en Sevilla y Barcelona. La administración denegó la información alegando necesidad de reelaboración y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar el coste del despliegue de seguridad.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la copia de horarios laborales, cargos y situaciones administrativas de profesorado de un instituto. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que no existe un interés público que justifique la divulgación frente a la protección de datos.
TCA ECDF II Investments solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia la relación y actas de reuniones del Consejo de Administración sobre el Consorcio Valencia 2007. La administración denegó las actas alegando confidencialidad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información mediante acceso parcial.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste desglosado del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores. La administración denegó la información alegando necesidad de reelaboración y riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información existe y su difusión no compromete la seguridad.
Se solicitó al Departament d'Educació datos sobre escolarización, alumnos extranjeros y con necesidades educativas especiales (NEE) por centros en Igualada y Conca d'Òdena. La administración denegó la desagregación por centro alegando riesgo de segregación escolar. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de los datos anonimizando la identidad de los centros.
Se solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno el nombre y cargo del personal de la Casa Real y sus complementos retributivos (2015-2018). La administración denegó parcialmente la información alegando seguridad pública y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación del límite alegado y prevalencia del interés público.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno detalles y justificantes de los gastos de las oficinas de los ex Presidentes del Gobierno desde 2010. La administración denegó el acceso alegando falta de disponibilidad de la información y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de coherencia en la denegación y falta de motivación del límite.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el coste del dispositivo de seguridad para la final de la Copa Libertadores. Tras el silencio administrativo y una posterior denegación basada en la reelaboración y la seguridad pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la información sobre las indemnizaciones por servicio.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès datos estadísticos sobre ayudas al alumnado. El Ayuntamiento alegó riesgos de segregación escolar y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es estadística y que el solicitante, como electo local, tiene un derecho reforzado de acceso según el TRLMRLC.
Se solicitó al Ministerio del Interior el informe justificativo y los gastos del dispositivo de seguridad del diputado Pablo Iglesias. La administración denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el informe justificativo con tachaduras, pero deniega los datos de gasto.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento la documentación que regula la actuación de la seguridad privada en trenes y estaciones. Alegó que conocer dichas atribuciones evitaría zonas de sombra y protegería al usuario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la seguridad pública.
Se solicitó a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad información detallada sobre las funciones, presupuesto, personal y medios del Cuerpo General de la Policía Canaria. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima la reclamación, anulando la respuesta parcial previa por nulidad procedimental y falta de justificación de los límites alegados.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre inspecciones en el distrito de Ciutat Vella (2007-2018). El ciudadano alegó que la información facilitada era insuficiente en cuanto a ubicación, motivos y finalización de expedientes. La GAIP desestima parcialmente la reclamación y declara la pérdida parcial del objeto por haber sido ya facilitados algunos datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans tres facturas e informes de seguimiento. El solicitante alegó que la información era necesaria para garantizar sus derechos laborales. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información durante el procedimiento y el interesado no presentó objeciones.
Se solicitó al Ministerio del Interior la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre criterios de actuación y aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. La reclamante alegó que la denegación fue arbitraria y basada en argumentos incorrectos sobre publicidad activa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad pública.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía el desglose y justificantes de gastos de viaje y peajes de la titular de la Consejería (2015-2016). Tras una estimación parcial de la administración basada en la seguridad pública, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar más datos.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía el desglose y justificación de gastos de viaje y peajes de los titulares de las consejerías (2015-2016). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de peajes.
Se solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía el desglose y justificantes de gastos de viaje y peajes de la persona titular de dicha Consejería (2015-2016). La administración denegó los justificantes alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los justificantes de locomoción y peajes, pero mantiene la denegación de los de alojamiento.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica especificaciones técnicas, resultados de pruebas y el código fuente de la aplicación para el bono social. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación técnica pero denegando el código fuente por propiedad intelectual.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona la identidad de beneficiarios de viviendas protegidas y ayudas hipotecarias. El solicitante alegó la necesidad de fiscalizar el uso de recursos públicos. La GAIP desestimó la reclamación porque la divulgación de datos de personas en situación de vulnerabilidad social afectaría gravemente a su intimidad y no es idónea para el control alegado.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
Se solicitó a la Junta de Andalucía el desglose de gastos de viaje y peajes de la Presidenta y Consejeros (2015-2016). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de abonos y peajes, ya que la seguridad pública no justifica denegar datos de gastos de peajes pasados.
Un periodista solicitó al Departament de Justícia el número de visitas a prisiones catalanas desde 2010. Tras la denegación administrativa, se inició un proceso de reclamación ante la GAIP. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante, obligando a la administración a entregar la información acordada.
El ciudadano solicitó a la Dirección General de la Policía el expediente de un proceso de oposición y resoluciones sobre la idoneidad de los perfiles. Tras alegar el reclamante que tiene derecho a la información por ser interesado, la GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el solicitante.
La Sección Sindical de FeSP-UGT en Vaciamadrid solicitó al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid copia del expediente administrativo de un proceso de selección de letrados. El sindicato alegó que la respuesta no era satisfactoria para su labor de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el interés privado no prevalece sobre la protección de datos personales de los aspirantes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia el coste detallado y la lista de acompañantes del viaje del Presidente a Latinoamérica en agosto de 2018. La administración denegó la información alegando que era materia clasificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar el coste total y la lista de la delegación oficial.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Presidencia el coste total aproximado y sin desglosar del viaje del Presidente del Gobierno a Castellón y Benicasim en julio de 2018. La administración denegó la información alegando secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar el coste global del desplazamiento.
Un periodista solicitó a la Direcció General de Serveis Penitenciaris la relación de visitas de autoridades a tres prisiones catalanas. La administración denegó el acceso alegando la protección de la intimidad de los presos. La GAIP estima la reclamación, considerando que la información es estadística y no afecta a la privacidad de los internos ni de las autoridades actuantes.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el detalle de los gastos del viaje del Presidente a Castellón el 23 de julio de 2018. Tras la denegación parcial de la administración, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno el detalle de gastos en hoteles, dietas y viajes del Gobierno desde 2015. El interesado alegó que la respuesta fue insuficiente al omitir detalles específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que la información facilitada es suficiente y que detalles adicionales no aportarían valor al control público.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Ciudad Real actas de los dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de las juntas. La administración alegó falta de identidad, ausencia de acuerdo colegiado y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública sujeta a derecho administrativo.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Toledo actas de los dos últimos procesos electorales y fechas de inscripción de las juntas. El Colegio alegó falta de acreditación de identidad, carácter abusivo y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los procesos electorales son funciones públicas.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria actas de los dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de las juntas. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los procesos electorales son funciones públicas sujetas a Derecho Administrativo.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Cuenca las actas de los dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de las juntas. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar que los procesos electorales de colegios profesionales son actividades sujetas a Derecho Administrativo.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Guadalajara actas de los dos últimos procesos electorales y la fecha de inscripción de las juntas. El Colegio alegó falta de acreditación de identidad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que los procesos electorales son actividades sujetas a derecho administrativo.
Un periodista solicitó a la Direcció General de la Policia instrucciones sobre dispositivos de conducción de energía y grabación personales. Tras alegar la administración el límite de seguridad pública, la GAIP intervino y el solicitante aceptó la entrega parcial de la información. La GAIP resuelve finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto.
351–400 de 485