Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el número de test de Covid-19 realizados a miembros del Gobierno, personal de Moncloa y personas próximas al presidente, así como sus costes y el centro sanitario. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el número de test pero denegando el centro sanitario por seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de traductores de árabe en Instituciones Penitenciarias y su distribución por centros. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la integridad de los trabajadores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena dar el dato global, pero mantiene la denegación del desglose por centros.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de un acuerdo de cooperación sobre denegación de entrada en fronteras entre Alemania y Austria y el número de traslados realizados. El interesado alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la difusión del acuerdo comprometería la seguridad pública y las relaciones exteriores.
Una entidad ecologista solicitó al Departament d’Empresa i Coneixement la autorización, actas de inspección e informes de seguridad de una industria química tras un accidente grave. La entidad alegó un interés público ambiental. La GAIP desestimó la reclamación basándose en el límite de seguridad pública y la confidencialidad de la normativa de seguridad industrial.
La mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cía, SL solicitó la identificación de los denunciantes que dieron lugar a inspecciones y expedientes sancionadores en su contra. La Conselleria de Sanitat denegó la solicitud alegando incompetencia y protección de la seguridad pública y de datos. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación.
Un investigador predoctoral solicitó a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias las instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza de la Policía Canaria. El reclamante alegó que la publicidad es una garantía contra la arbitrariedad según el TEDH. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad pública.
La Asociación JUCIL solicitó al Ministerio del Interior información sobre la regulación, criterios de selección y listados de personal de comisiones de servicio en África. Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Un investigador solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza y armas por la Ertzaintza. Tras una denegación parcial y una inadmisión por error material, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación alegando que la publicidad de dichos protocolos perjudicaría la seguridad ciudadana y la eficacia policial.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el gasto detallado y el número de viajes de la escolta del Rey Emérito desde 2014. La administración denegó el acceso alegando secreto oficial, protección de datos y dificultad técnica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de gasto, pero deniega el número de viajes por requerir reelaboración.
La Fundación Civio solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno un listado de pasajeros que acompañan a la Casa Real en vuelos estatales. Tras una respuesta insuficiente que remitía a la web, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración aportó la información completa durante la fase de alegaciones.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre gastos de la escolta y seguridad del Rey emérito. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es reiterativa y que no se pide acceso a documentos concretos, sino la confirmación de hechos.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicaciones con la empresa de seguridad ILUNION e informes sobre un vigilante en el Aeropuerto de Madrid. La solicitante alegó que la información no era auxiliar y que era posible anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser información auxiliar, proteger datos personales y afectar a la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior instrucciones y documentación sobre campañas de desinformación y desafección institucional. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la información es de naturaleza auxiliar al no ser parte de un procedimiento administrativo.
Se solicitó al Ministerio del Interior acceso a instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza, control de fronteras, manifestaciones y antiterrorismo. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la difusión de dichos protocolos pondría en peligro la seguridad ciudadana.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior los nombres de los diputados de la X a XIV Legislatura que contaron con seguridad y el cuerpo asignado. El Ministerio denegó la identificación alegando protección de datos y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que prevalece la protección de datos personales sobre el interés público.
Un investigador solicitó al Ministerio del Interior instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza por la Guardia Civil y la Policía Nacional para una tesis doctoral. La administración denegó el acceso alegando que son actos de organización interna y que su difusión afectaría a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el detalle de las reuniones de la Ministra entre enero y abril de 2020. El Ministerio alegó que solo existe la agenda pública de La Moncloa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la Administración afirmó que la información detallada solicitada no existe.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos sobre servicios de la Guardia Urbana, número de agentes, identificación de personal y grabaciones telefónicas. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando seguridad pública y protección de datos. La GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la mayoría de los datos y a derivar la solicitud del 112.
El Consorcio se encuentra dentro del ámbito de los sujetos obligados por la Ley 8/2015, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 4.1.e) y, por tanto, con la consideración de Administración pública aragonesa a los efectos de lo previsto en la Ley 8/2015 (artículo 4.3). Tan importante como atender las solicitudes de información pública en forma y plazo es hacerlo con claridad y sencillez. La solicitante en ejercicio del derecho de acceso reconocido en el artículo 12 de la Ley 19/2013 no debe acreditar, justificar o motivar la condición de interesada. Regimen jurídico aplicable y ponderación de protección de datos personales. Transparencia de los procesos de provisión de puestos de trabajo en el sector público, incluido el personal laboral. La RPT o documento equivalente del Consorcio constituye una obligación de publicidad activa. No concurren las causas de inadmisión relativas a ser información auxiliar o de apoyo, la de la necesidad de reelaboración y el carácter abusivo y/o repetitivo. Tampoco los límites previstos en los artículos 14, letras a) la seguridad nacional y d) la seguridad pública. Análisis de la concurrencia del límite derivado de la protección de datos de carácter personal. Acceso a las actas del procedimiento. Estimación parcial.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos sobre efectivos y vehículos de la Guardia Civil en Córdoba. Tras una denegación inicial basada en secretos oficiales, el Ministerio facilitó la información durante el trámite de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la respuesta llegó fuera de plazo y tras la reclamación.
El reclamante solicitó a AENA SME, S.A. la comunicación y el informe sobre su evaluación de idoneidad tras no superar un proceso de seguridad. AENA alegó que la evaluación es competencia de las Fuerzas de Seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando a AENA entregar la comunicación que posee y remitir la solicitud al Ministerio del Interior.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior información sobre la adquisición de gafas fotocromáticas por la Guardia Civil. Tras una denegación inicial basada en secretos oficiales, el Ministerio accedió a facilitar la información durante el proceso de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar el expediente debido al desistimiento del interesado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de efectivos y vehículos de la Guardia Civil desglosados por localidad o provincia (2010-2020). Tras una denegación inicial basada en la seguridad pública, el Ministerio facilitó datos nacionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el desglose provincial pero no el municipal.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid la base de datos con la localización exacta y el modelo de todas las cámaras de videovigilancia en espacio público. La administración concedió acceso parcial pero denegó la ubicación precisa por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se ha justificado adecuadamente el límite de seguridad pública.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alameda del Valle acceso y copias de expedientes urbanísticos de diversas edificaciones. La administración denegó el acceso alegando la protección de la intimidad, seguridad y falta de relevancia pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la documentación es información pública.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre las condiciones de financiación y el precio del medicamento "Yescarta". Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación e insta al Ministerio a remitir la resolución expresa de la Dirección General de Cartera Básica.
La Asociación San Roque Vivo solicitó documentación sobre la adjudicación de plazas de comedor escolar a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz. Tras una denegación parcial basada en protección de datos y reelaboración de información, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los puntos 1 y 2.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el número de vuelos y costes de helicópteros oficiales de los presidentes del Gobierno desde la transición. Tras una resolución previa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que estimó parcialmente la solicitud, el ciudadano volvió a reclamar por silencio administrativo. El CTyBG inadmitió la reclamación por existir cosa juzgada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil desglosados por sexo y cargo. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la denegación no fue proporcionada y ordena facilitar los datos desagregados a nivel provincial.
Se solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona el número de alumnos, sus nacionalidades e idiomas maternos de la escuela Joan Miró. La administración denegó las nacionalidades alegando segregación escolar y la inexistencia de datos sobre idiomas. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar las nacionalidades pero desestimando los idiomas por inexistencia de la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior acceso a informes policiales, directrices de protección y datos sobre la filtración de informes al diario El País relativos al Orgullo Gay 2019. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y carácter auxiliar de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los informes y aclarar la existencia de instrucciones sobre filtraciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado desagregado de las actuaciones por demandas telefónicas urgentes de la Policía Municipal (2018-2019). La administración denegó el acceso alegando la necesidad de realizar una labor de tratamiento de datos para proteger la intimidad y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el presupuesto anual desde el año 2000 para la protección de la Casa Real y el desglose de gastos. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto oficial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos globales del presupuesto pero excluyendo el desglose detallado.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda la resolución y los informes sobre el incremento salarial (complemento de productividad) de agentes en la "Operación Copérnico". El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información económica no afecta a la seguridad nacional ni pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes de riesgo de diputados, gastos de sus escoltas y el listado de personas protegidas. El Ministerio denegó la mayor parte alegando seguridad pública y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de riesgo previa anonimización.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre el estado y presupuesto de obras en comandancias de la zona de Valencia, especialmente la reparación de un ascensor en Alfafar. Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que se proporcionó toda la información disponible.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia de un informe policial sobre incidentes en el Orgullo LGTBI 2019 y datos de su autoría. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y carácter auxiliar de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe pero desestimando la identificación del autor.
Un ciudadano solicitó al CEIP President Salvans/Auró y al Departament d'Educació los resultados de las pruebas de evaluación de 6º de primaria. Tras el silencio administrativo, la GAIP estima la reclamación, permitiendo el acceso a la información únicamente mediante consulta presencial para proteger los derechos de los menores y evitar la segregación escolar.
El interesado solicitó datos estadísticos desglosados por año sobre visados de residencia temporal no lucrativa tramitados por el Consulado de España en Porto Alegre. La administración denegó inicialmente el acceso por considerarlo abusivo y por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haber entregado la información de forma parcial tras la reclamación.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián el número profesional y puestos de RPT de agentes de policía y movilidad interinos o contratados desde 2013. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración, abuso de derecho y protección de datos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información disociada.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno el número de vuelos en avión Falcon del Presidente, los acompañantes y el coste total. La administración denegó la información alegando que era materia clasificada y reservada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos desde octubre de 2018.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la lista de acompañantes y el coste total del viaje del Presidente a Cuba en noviembre de 2018. La administración denegó la información alegando razones de seguridad y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que prevalece el interés público y la rendición de cuentas.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno el coste total y la lista de acompañantes del viaje del Presidente a Latinoamérica en agosto de 2018. La administración denegó la información alegando razones de seguridad y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no hay una clasificación de secreto válida.
Se solicitó al Departament d'Educació (CEIP President Salvans/Auró de Terrassa) diversa información económica y de gestión escolar. El ciudadano alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de la información en formato digital, pero deniega datos detallados sobre absentismo para proteger la privacidad de menores.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia del informe policial sobre incidentes en la manifestación del Orgullo de Madrid. Tras la denegación basada en seguridad pública y carácter interno del documento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de concreción del daño y relevancia del documento para la rendición de cuentas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de informes policiales sobre incidentes con miembros de Ciudadanos en el Orgullo LGTBI de Madrid. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública y carácter auxiliar de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de concreción del daño y relevancia del documento.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vandellós i L’Hospitalet de l’Infant el documento con la valoración y puntuación de su solicitud de ayudas sociales. Tras alegar la administración que el acceso al expediente completo vulneraba la intimidad de terceros, la GAIP decide archivar el caso por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información específica del interesado.
Un representante sindical solicitó a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic la lista de vehículos de la Generalitat con sus matrículas. La administración denegó inicialmente las matrículas alegando seguridad. Tras la reclamación, la Conselleria facilitó la información completa, aunque fuera fuera de plazo. El Consejo de Transparencia declara la pérdida de objeto por haberse entregado ya la información.
Se solicitó a la Agència Catalana de l'Aigua el proyecto constructivo de un depósito y red de agua. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, anulando la denegación por falta de acreditación de un perjuicio real y tangible que justifique dichos límites.
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