Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander el detalle de las operaciones de carga de mercancías peligrosas (enero-marzo 2018). La administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio económico y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los riesgos alegados son hipotéticos y no están justificados.
Un periodista solicitó al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya datos sobre el número y porcentaje de alumnado extranjero por centro y etapa (curso 2016-2017). La administración denegó parcialmente alegando protección de menores y datos personales. La GAIP estima la reclamación al considerar que se garantiza el anonimato y no hay riesgo de identificación.
Se solicitó el acceso al expediente de una oposición a la Dirección General de la Policia (Mossos d’Esquadra). Tras la reclamación, la administración estimó parcialmente la solicitud y el ciudadano no manifestó disconformidad. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al haberse resuelto la discrepancia jurídica.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona los órdenes del día y actas del Consejo de Administración de 2017 y 2018. La administración inadmitió las actas alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la revisión de la información no constituye una reelaboración según la ley.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento y a ADIF diversa documentación técnica y administrativa sobre el acceso ferroviario de alta velocidad a Murcia. Alegó vulneración de sus derechos por la demora en la recepción de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la administración cumplió los plazos legales de resolución y envío.
Se solicitó a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de Canarias copia de actas y resoluciones sobre premios y recompensas de la Policía Canaria (2012-2017). Tras un silencio administrativo, la administración respondió extemporáneamente. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación y termina el procedimiento por pérdida de objeto.
Un periodista solicitó al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya expedientes e informes sobre actuaciones en centros educativos relacionadas con el 1 de octubre de 2017. Tras alegar el solicitante que operaba el silencio administrativo positivo, la GAIP desestima parcialmente la reclamación, denegando el acceso a los nombres de los centros por riesgos a la seguridad pública y protección de menores.
Se solicitó al Ayuntamiento de Rubí información sobre el plan de mantenimiento e inspecciones de instalaciones eléctricas municipales. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando seguridad pública y secreto profesional. La GAIP estima la reclamación al considerar que la administración no motivó debidamente los límites invocados, resultando la denegación arbitraria.
La asociación AFITCME solicitó a la Dirección General de la Policía una copia de un informe de auditoría organizativa de la División de Policía Científica. Tras la reclamación, la administración entregó parcialmente la información (conclusiones y recomendaciones). La GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al no haber objeciones del solicitante.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior detalles sobre los contratos de telefonía y datos de la Policía y la Guardia Civil. Tras una denegación inicial y una respuesta posterior insuficiente, el interesado alegó que la administración evitaba responder a los puntos clave. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y obliga al Ministerio a facilitar la información completa.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos detallados sobre embarcaciones de inmigrantes interceptadas en 2016 y 2017. Alegó que la información recibida era inconsistente entre ambos años. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la administración entregó toda la información existente y no está obligada a reelaborar datos.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de seguimiento del contrato centralizado de agencias de viajes. Tras una denegación parcial basada en límites de seguridad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de traslados de ministros y secretarios de Estado.
Un periodista solicitó al Ministerio de Fomento el Registro de Inspecciones de Puentes de Ferrocarril. La administración denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública y a las funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha justificado el daño y que prevalece el interés público sobre la seguridad de las infraestructuras.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre licencias de ventilación y expedientes relacionados con locales específicos por problemas de ruido. El Ayuntamiento alegó protección de datos e interés legítimo. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la anonimización de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento actas y órdenes del día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón (1996-2017). La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, límites del art. 14 y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el derecho a la información es amplio, las normas internas no pueden limitarlo y los límites deben aplicarse caso por caso.
La Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas solicitó al Ministerio del Interior detalles operativos y costes de un despliegue de la Guardia Civil en Albuñol. Tras una denegación parcial basada en seguridad pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de legitimación activa de la asociación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Defensa un listado de pasajeros que acompañaron a autoridades en vuelos del Ala 48. Alegó que la administración no proporcionó la identidad nominal de los acompañantes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la administración sostiene que no dispone de dicha información nominal en sus registros.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el coste diario del alquiler de tres barcos utilizados para el despliegue policial en Cataluña. La administración denegó la información alegando riesgos para la seguridad pública. Tras la reclamación, el Ministerio facilitó los datos y el interesado desistió de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar las actuaciones.
El solicitante pidió a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM) la publicación de exámenes y plantillas de soluciones de los últimos dos años y futuros. Alegó que otros organismos sí lo hacen para garantizar la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por modificar la solicitud original y por considerar que la publicación excede el interés general.
Una sociedad mercantil solicitó al Ayuntamiento del Pla de Santa Maria la licencia y el expediente de apertura de una planta de reciclaje. El Ayuntamiento estimó parcialmente la solicitud denegando el proyecto de actividad por intereses económicos. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar toda la documentación por falta de motivación de los límites alegados.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste económico del despliegue policial para frenar el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. La administración denegó el acceso alegando que la información era reservada y afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el dato económico agregado no compromete la seguridad.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos sobre bajas médicas y absentismo en la Compañía de Seguridad de la DGGC. Tras la denegación basada en la seguridad pública, el ciudadano alegó que los datos numéricos no afectan a dicha seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Un sindicato solicitó a la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza información sobre la licitación y ejecución del contrato de vigilancia y seguridad de edificios de la Xunta. Tras el silencio administrativo, la Comisión da Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no resolvió en plazo.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior detalles económicos y administrativos de los contratos de telefonía e Internet de la Policía y Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que los datos solicitados son meros datos económicos que no afectan a la seguridad del Estado.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación nominal de medallas al mérito penitenciario y los criterios de concesión. El solicitante alegó la vulneración de la confianza legítima por precedentes anteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación debido a la falta de legitimación activa del sindicato ACAIP, ya que la solicitud original fue personal.
El solicitante pidió al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la relación de cuentas de Twitter bloqueadas y silenciadas de sus perfiles oficiales. Alegó que los perfiles son públicos y no vulneran la privacidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la asociación cuenta-bloqueo es un dato privado que afecta a la intimidad y honor de los usuarios.
Un representante sindical solicitó a GISPASA copias de informes y procedimientos sobre incumplimientos contractuales de la empresa LACERA en el Hospital de Asturias. GISPASA facilitó solo tres expedientes, denegando el resto por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la identificación de los trabajadores no es necesaria para el fin perseguido.
Se solicitó al Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà la identificación del responsable político de los actos de los Fets de la Gleva y el acceso a trabajos realizados por un bufete de abogados. El ciudadano alegó insuficiencia en la respuesta y falta de acceso a los escritos. La GAIP desestima las reclamaciones por falta de objeto en el primer caso y por protección de datos en el segundo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà la identificación del responsable político de los actos de los Fets de la Gleva y el acceso a trabajos de un bufete de abogados. El ciudadano alegó insuficiencia en la valoración de los actos. La GAIP desestima ambas reclamaciones por falta de objeto (la organización es privada) y por protección de datos personales y seguridad.
El reclamante solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el acceso a la información sobre el contenido de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU) de 2017. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información es objeto de protección por seguridad pública y para garantizar la igualdad en los procesos. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior protocolos y listados de dominios e IPs bloqueados en sus conexiones a internet. El Ministerio denegó parte de la información alegando razones de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar los cargos responsables de los bloqueos y el listado de dominios/IPs restringidos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital los protocolos, cargos responsables y el listado de dominios e IPs bloqueados en sus conexiones a Internet. El Ministerio denegó parte de la información alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado de dominios e IPs bloqueados.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad protocolos y listados de dominios e IPs bloqueados en sus conexiones a Internet. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado de bloqueos, los cargos responsables y la existencia de perfiles de acceso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social los protocolos y listados de dominios e IPs bloqueados en sus conexiones a Internet. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado de dominios, los cargos responsables y la existencia de perfiles de acceso.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública los protocolos y el listado de dominios/IPs bloqueados en sus conexiones a Internet. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado de bloqueos y los cargos responsables.
El interesado solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el protocolo de bloqueo de contenidos en internet, el listado de dominios bloqueados y los cargos responsables. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado de dominios, los cargos y la existencia de perfiles de acceso.
La Junta de Personal de la AEAT Valencia solicitó el catálogo de puestos de trabajo ocupados y vacantes en la provincia. La AEAT denegó el acceso a la identidad de los ocupantes alegando seguridad y lucha contra el fraude. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que los nombres y cargos son datos identificativos de interés público.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y vacantes en diversas unidades de la Guardia Civil. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a los datos de vacantes pero manteniendo la reserva sobre el número de efectivos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las comunicaciones entre la Guardia Civil/Policía Nacional y autoridades de EE. UU. (DEA y Tesoro) relativas al Banco Madrid. La Guardia Civil denegó el acceso alegando límites de seguridad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir el límite de prevención de ilícitos penales.
El interesado solicitó copias de las Declaraciones de Bienes y de modificación de circunstancias de los cargos electos del Ayuntamiento de Alcolea del Tajo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de interés legítimo, la protección de la privacidad de la localización de bienes y que el derecho de acceso no incluye la obtención de copias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Se solicitó a la Diputació de Barcelona el plan de mantenimiento, convenios con adjudicatarias y actas de inspección eléctrica de sus edificios. La administración alegó imprecisión en la solicitud y carácter interno de las actas. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar las actas de inspección por ser información pública relevante.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública acceso a la base de datos de bienes inmuebles del Estado, incluyendo ubicación, características, valoraciones y tasaciones. La administración denegó el acceso alegando seguridad y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que obtener los datos de valoración requeriría una reelaboración.
Un funcionario solicitó acceso a la intranet del Síndic de Greuges, alegando igualdad de oportunidades informativas y defensa de sus datos personales. La solicitud fue denegada por la administración basándose en políticas de seguridad. La GAIP decide inadmitir la reclamación por falta de competencia al no existir un convenio previo con dicha institución.
Un periodista solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat una relación de contratos de armamento y material antiavalots de los Mossos d'Esquadra (2007-2017). Tras alegar el ciudadano que se trataba de datos contractuales públicos, la GAIP decide finalizar el expediente por pérdida de objeto, ya que la administración entregó la información durante la tramitación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose de costes (desplazamiento, dietas y personal) de un servicio policial en la Cañada Real Galiana. La administración alegó necesidad de reelaboración y riesgos para la seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los costes de desplazamiento y dietas.
Un agente de la Policía Portuaria solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras las consultas realizadas a la Jefatura de Tráfico de Cádiz en 2016 y las órdenes de servicio de Protección Portuaria. La administración denegó el acceso alegando seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar las consultas de tráfico.
El interesado solicitó las coordenadas decimales de las estaciones meteorológicas del SAIH Júcar. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información ambiental (Ley 27/2006) y la Confederación Hidrográfica denegó el acceso por seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de competencia, al tratarse de una materia con régimen jurídico específico.
Se solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat una relación de contratos de adquisición de armamento y material de defensa (2007-2016). La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. La GAIP estima la reclamación porque la información es básica, ya es objeto de publicidad activa y no se ha acreditado el perjuicio a la seguridad pública.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior información sobre la compra de software y servicios para la recogida y análisis de datos de redes sociales por parte de Fuerzas de Seguridad y otros organismos estatales. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Un funcionario de los Mossos d'Esquadra solicitó información sobre las felicitaciones públicas otorgadas al personal de su unidad entre 2010 y 2016. La administración alegó límites de seguridad y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de los datos personales y criterios de concesión, pues prevalece el derecho del interesado a controlar la discrecionalidad administrativa.
401–450 de 485