Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Málaga una copia de la Orden del Cuerpo nº 114/13 sobre protocolos de accidentes de tráfico. La administración denegó el acceso alegando límites de seguridad pública, vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque el Ayuntamiento no justificó el perjuicio real que causaría la difusión del documento.
El solicitante pidió acceso al expediente de expropiación de Cascajuela de Sobrarbe a la Confederación Hidrográfica del Ebro. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos de terceros y la falta de interés legítimo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones para que la administración realice una ponderación adecuada.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional adscritos a diversas unidades entre 2008 y 2015. La Dirección General de la Guardia Civil denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información detallada por unidades mínimas compromete la seguridad.
Se solicitó al Ministerio de Interior información desglosada sobre expedientes sancionadores, anuarios estadísticos de criminalidad en formato reutilizable y valores económicos medios de las penas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que parte de la información es inaccesible por protección de datos y otra requiere reelaboración.
Se solicitó información técnica sobre el sistema de CCTV (grabación de audio y análisis inteligente) del Centro penitenciario de Pamplona al Ministerio del Interior. El ciudadano alegó que la denegación era genérica y carecía de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse entregado la información directamente al interesado.
El reclamante solicitó información y copia de una reunión y un informe sobre la posible activación de la tercera fase de servicios de seguridad en centros penitenciarios al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública e información preparatoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir ambos límites.
Un representante de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinados en centros penitenciarios (2010-2015) por año y centro. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es reservada por riesgo a la seguridad.
Se solicitó al Ministerio del Interior la identidad de las personas nombradas comisarios honorarios ajenos a la Policía Nacional. El interesado alegó que la respuesta numérica era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración no realizó una ponderación individualizada ni abrió trámite de alegaciones a los afectados.
La Fundación ¿Hay Derecho? solicitó al Ministerio del Interior el acceso al informe completo sobre lucha contra el crimen organizado, corrupción y fraude. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información sobre corrupción es accesible y que el anuario estadístico no satisface lo pedido.
Se solicitó a la Dirección General de la Guardia Civil el número de efectivos destinados en centros penitenciarios (2010-2015) desglosado por años y centros. El recurrente alegó que la información era meramente numérica y no afectaba a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse respondido fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el número de vigilantes de seguridad privada en centros penitenciarios, desglosados por centro, número de vigilantes armados, empresas adjudicatarias y su número de empleados. El reclamante alegó que la respuesta era incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el dato de vigilantes armados.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) solicitó acceso a diversos informes de la CNMC sobre subastas de interrupción de suministro eléctrico. La CNMC denegó parcialmente la solicitud alegando seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al constatar que la administración incumplió los plazos legales para resolver.
La AFITCME solicitó a la Direcció General de la Policia la identificación de los miembros de la escala de soporte del Cuerpo de Mossos d'Esquadra. La administración denegó los nombres alegando razones de seguridad. La GAIP estima la reclamación, considerando que el riesgo es ínfimo al ser el solicitante un sindicato del propio colectivo y que prevalece el derecho de acceso.
L’eventual concurrència de causes d’inadmissibilitat s’ha d’invocar en el moment de donar resposta a la sol·licitud presentada, dins del termini de resolució que l’ordenament jurídic dóna a l’Administració, essent més que qüestionable la seva al·legació ex post, un cop ja finalitzat el procediment de sol·licitud de la informació i iniciat el de reclamació. L’aplicació de qualsevol causa d’inadmissibilitat ha de ser motivada en atenció a les circumstàncies del cas. A la informació demanada no li pot ser aplicada la condició de notes o altres documents de treball intern sense rellevància o interès públic. El dret d’accés a la informació demanada deriva tant de l’LTAIPBG, com dels principis de transparència i accés a la informació sobre les activitats competents en matèria alimentària i la seva eficàcia establerts pel Reglament CE 882/2004. La divulgació dels resultats de les inspeccions no pot interferir ni impedir la investigació o sanció d’infraccions administratives, atès que ja han estat posats prèviament a coneixement de les persones afectades, a qui l’ordenament garanteix el lliurament de les actes d’inspecció. És qüestionable que mereixin protecció interessos econòmics i comercials que es fonamenten en l’incompliment de prescripcions determinades per l’ordenament jurídic. La difusió de la informació demanada, a més d’emparar-se en la legislació de la transparència i en la normativa comunitària sobre sanitat dels aliments, serveix també els interessos públics dels drets dels consumidors i usuaris i de la protecció de la salut pública. No procedeix aplicar el límit de l’incís final de l’article 23 LTAIPBG perquè la sol·licitud no demana dades personals i perquè les inspeccions assenyalen incompliments, sense arribar a qualificar infraccions. No s’acredita que la divulgació de la informació demanada hagi de comportar una alarma social i un conseqüent risc per a la salut pública.
Se solicitó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la estadística de declarantes de IRPF desglosada por municipios españoles entre 2007 y 2014. El recurrente alegó que la información era global y no permitía la identificación de personas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información requerida exigiría una labor de reelaboración.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información sobre los ficheros y garantías de protección de datos de la campaña 'STOP-RADICALISMO'. La administración denegó el acceso alegando seguridad nacional y procesos en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que existe un régimen de acceso específico en la normativa de protección de datos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el acceso a las agendas completas y registros de reuniones de sus altos cargos. La administración denegó el acceso alegando que solo existe la agenda institucional de Moncloa y que no hay obligación legal de sistematizar otras reuniones. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación por la dificultad de acceder a información no organizada.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Competitividad el listado de exportaciones de armas y material de doble uso (2008-2015) con detalles de producto, empresa, importe y destino, en formato reutilizable. El organismo alegó que la información de las empresas era confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que revelar las empresas afectaría a la seguridad y a intereses comerciales.
Se solicitó al CTTI de la Generalitat de Catalunya el contrato de gestión de la red RESCAT. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación que permite la entrega parcial de la documentación, excluyendo los datos técnicos sensibles.
Un ciudadano solicitó al CTTI de la Generalitat de Catalunya el contrato y expediente de adjudicación de la red RESCAT. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación en el que la administración accede a entregar la información de forma parcial.
Se presentó un escrito contra el Ayuntamiento de Adeje denunciando la apertura de procedimientos sancionadores. El Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública decide no entrar en el fondo del asunto por considerar que no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública, resultando en la devolución del escrito por incompetencia.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
Un delegado sindical de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior información sobre los costes y manuales técnicos de los sistemas de intercomunicación y videovigilancia del Centro Penitenciario de Valdemoro. La administración denegó los manuales por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido interpuesta fuera de plazo.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el detalle de inmuebles decomisados entre 1995 y 2014, incluyendo la identidad de los adjudicatarios. Tras una respuesta parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que proteger el anonimato de los adjudicatarios es un interés público superior para el Fondo de Bienes Decomisados.
Se solicitó al Congreso de los Diputados un listado de las 500 páginas web más visitadas a través de sus redes en 2015. El Congreso denegó el acceso alegando protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno declaró la inadmisión de la reclamación por falta de competencia, ya que las resoluciones del Congreso están excluidas de su ámbito de conocimiento.
El reclamante solicitó acceso a un expediente de discrepancia de la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía. Tras recibir una denegación parcial por protección de datos e intereses comerciales, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la inadmite por falta de competencia, al ser la Junta de Andalucía competente mediante su propia ley de transparencia.
Se solicitó al Ministerio de Defensa información sobre el gasto destinado al mantenimiento de la Casa Real (2010-2015), incluyendo el Cuarto Militar, la Guardia Real, flota de aviación y vehículos. El interesado alegó falta de respuesta en plazo y falta de justificación en la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar ciertos datos presupuestarios y el enlace de partidas específicas, pero manteniendo la denegación de datos que comprometan la seguridad.
Se solicitó a AENA copia del estudio aeronáutico de seguridad del Aeropuerto de A Coruña tras las obras de mejora. La administración denegó el acceso alegando que la información era material auxiliar y de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que, al no existir aún el estudio definitivo, las valoraciones existentes son información preliminar y de apoyo.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior información sobre protocolos de deportación y las compañías aéreas contratadas. Tras una denegación parcial, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia alegando que la respuesta era incompleta. El Consejo desestima la reclamación porque la administración emitió una resolución completa con la información solicitada después de la reclamación.
El reclamante solicitó información sobre actuaciones de la IPSS, una instrucción de quejas y protocolos policiales al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: concedió el acceso a datos estadísticos y a la instrucción de quejas, pero denegó los protocolos.
El Sr. Demarzo solicitó a la EM-TMB información sobre estudios, informes, contratos y notas internas del teleférico de Madrid. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid. El organismo desestimó la reclamación, considerando que se perdió el objeto respecto a las primeras peticiones al haberse puesto la información a disposición en sede electrónica (salvaguardando la seguridad pública), y que la última petición carecía de objeto por inexistencia del documento solicitado.
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