Acceso a información sobre contratos de telefonía y datos de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil

PRESIDENCIA reclamaciones@consejodetransparencia es RESOLUCIÓN S/REF: 001-017542 N/REF: R/0260/2018 (100-000761) FECHA: 23 de julio de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por con entrada el 25 de abril de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de septiembre de 2017, solicitó al MINISTERIO DE INTERIOR en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: xContrato que mantiene la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para sus líneas de teléfono fijas, terminales móviles y datos de Internet: oSi fueron realizados por contratación directa o por concurso público; oSi en caso de ser por contratación directa han contado con informes jurídicos que avalen su legalidad; oLa cuantía exacta de ambos contratos y su periodo de vigencia; oEl número de terminales móviles y líneas de telefonía fija a que atañen a ambos contratos y el grueso de datos de Internet de que disponen; oSi estos móviles disponen de tarifa plana y en caso contrario la razón que lo motiva. oEn caso de que ambos contratos estén unificados, la información demandada atañe a uno solo. 2. El 18 de octubre de 2017, el MINISTERIO DE INTERIOR dictó Resolución informando a en los siguientes términos: PRIMERO: Según lo dispuesto en el artículo 2.5. b del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponde a la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones parala Seguridad -entre otras funciones- estandarizar y homogeneizar sistemas de información y comunicaciones, codificación y estructuras de datos en el ámbito de la seguridad. SEGUNDO: Actualmente la Guardia Civil y la Policía Nacional se encuentran inmersas en la contratación de un nuevo Servicio Unificado de Comunicaciones para las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil gestionado desde la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior empleándose, para ello, la Ley 24/2011, de 1 de agosto, sobre Contratos del Sector Publico en los Ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, según se establece en su Anexo I categoría 11. En aplicación de la citada Ley se hace uso del artículo 170. f del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Contratos del Sector Público, donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone que podrá utilizarse el procedimiento "negociado sin publicidad previa", cuando atendiendo al espíritu de su texto, los expedientes sean declarados secretos o reservados o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, conforme a la legislación vigente o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la Seguridad del Estado. TERCERO: Por su parte, el artículo 20 de la precitada Ley de Transparencia establece que "La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y alos terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver". En virtud de lo expuesto, esta Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad resuelve Denegar el acceso a lo solicitado en base a que la petición formulada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativa a diferentes datos de las líneas telefónicas de Policía y Guardia Civil, queda excluida del ámbito de aplicación de dicha Ley, en virtud de lo establecido en su artículo 14 "Límites al derecho de acceso", y específicamente en su apartado 1. d, que señala la seguridad pública como se señala en los fundamentos anteriores. 3. Con fecha 23 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Reclamación de , con el siguiente contenido: xTodos los datos solicitados sobre el contrato en cuestión -entre una Administración y una empresa privada de telefonía- son externos al contenido del mismo y por tanto no pueden afectar a la seguridad pública, dado que su contenido no queda afectado y no serían desvelados en caso de cumplimentarse el requerimiento solicitado. xEs decir, la aclaración sobre si el contrato se realizó por contratación directa o por concurso público; si en caso de realizarse por contratación directa contó con informes jurídicos que avalaran su legalidad; la cuantía exacta de ambos contratos y su periodo de vigencia; el número de terminales móviles y líneas de telefonía fija -la cifra global de terminales (2.000, 3.000 o 4.000) que incluye el contrato- y los datos de Internet (3.000, 4.000 o 5.000 teras); y si estos móviles disponen de tarifa plana y en caso contrario la razón que lo motiva. xLos detalles de un contrato de una Administración pública -modalidad elegida, si dispone de informes jurídicos, cuantía exacta, vigencia- deben ser conocidos y deberían estar todos expuestos en la Plataforma de Contratación Pública, dado que en el pliego de condiciones y contenido genérico no incluye elementos confidenciales que atañen a la seguridad pública. Y en tal caso, no son objeto de este requerimiento. En paralelo, la cifra exacta de móviles de ambos Cuerpos es una cifra que de ningún modo puede propiciar ningún ataque cibernético o pistas para que la seguridad pública se vea alterada. De igual forma, si estos terminales disponen o no de tarifa plana no puede ser óbice para que su vulnerabilidad aumente, sino que se trata sencillamente de una modalidad dispuesta por la compañía telefónica con el acuerdo del Ministerio del Interior. xPor ello reitero mi petición y reclamo que dicho organismo informe al Consejo de Transparencia de todos los detalles solicitados de dicho contrato para las líneas telefónicas de policía y Guardia Civil, ya que de ningún modo pueden alterar la seguridad pública. 4. Con fecha 18 de enero de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó resolución (expediente R/0473/2017) en la que acordaba estimar la Reclamación presentada, debiendo la Administración facilitar al Reclamante la siguiente información, relativa al Contrato que mantiene la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para sus líneas de teléfono fijas, terminales móviles y datos de Internet: a. Si fueron realizados por contratación directa o por concurso público; b. Si en caso de ser por contratación directa han contado con informes jurídicos que avalen su legalidad; c. La cuantía exacta de ambos contratos y su periodo de vigencia; d. El número de terminales móviles y líneas de telefonía fija a que atañen a ambos contratos y el grueso de datos de Internet de que disponen; e. Si estos móviles disponen de tarifa plana y en caso contrario la razón que lo motiva. f. En caso de que ambos contratos estén unificados, la información demandada atañe a uno solo. 5. Con fecha 22 de febrero de 2018 (salida el 27 de febrero), la Secretaría de Estado de Seguridad dicta resoluciónen cumplimiento de lo dispuesto en la resolución de fecha 18 de enero de 2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que aporta información que, a su juicio, se corresponde con lo dictaminado por este Consejo e incluye como pie de recurso a la indicada resolución que contra la misma, Podrá interponerse con carácter potestativo, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de UN MES desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 19/2013, en concordancia con lo establecido en el artículo 112.2 de la Ley 39/205 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Figura en el expediente que el interesado compareció a la resolución por medios electrónicos con fecha 11 de abril de 2018 6. El día 25 de abril de 2018 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno reclamación presentada por El Ministerio del Interior ha evitado de nuevo responder sobre la información requerida en dicho expediente, tal y como hizo en su primer escrito del pasado octubre 18 de octubre. La solicitud reclamaba la información sobre el o los contratos que mantiene la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para sus líneas de teléfono fijas, terminales móviles y datos de Internet, y la nueva resolución del ministerio, fechada el 22 de febrero y comunicada el 11 de abril, evita dar respuesta. Sobre la Policía, la Secretaría de Estado para la Seguridad responde que “no existe” un contrato con la operadora Telefónica acerca de dicha materia. La reclamación 001-017542 no mencionaba la existencia de contrato alguno entre el ministerio y dicha empresa, sino que demandaba los contratos que mantienen la policía y la Guardia Civil para sus líneas telefónicas, cuestión que el organismo evita responder. De este modo, Interior no detalla la cuantía económica del contrato en cuestión entre el Ministerio y la empresa contratante (o empresas), cualquiera que esta fuera, ni su duración, ni ninguno de los tres primeros puntos mencionados en la resolución del Consejo: a. Si fueron realizados por contratación directa o por concurso público; b. Si en caso de ser por contratación directa han contado con informes jurídicos que avalen su legalidad; c. La cuantía exacta de ambos contratos y su periodo de vigencia; La Secretaría de Estado para la Seguridad se limita a detallar solo dos de los puntos requeridos: d. El número de terminales móviles y líneas de telefonía fija a que atañen a ambos contratos y el grueso de datos de Internet de que disponen; e. Si estos móviles disponen de tarifa plana y en caso contrario la razón que lo motiva. Sobre la Guardia Civil, el Ministerio alega que dado que se encuentra a la espera del Servicio Unificado de Comunicaciones para policía y Guardia Civil, los gastos corrientes de telefonía se realizan a través de pagos por anticipo de caja fija y que estos ascienden a 34 millones anuales, pero no menciona qué empresa presta el servicio, de qué manera fue la firma seleccionada y si medió concurso público para su elección, ni desde cuándo realiza dichos pagos. En cualquier caso, dado que la reclamación versaba sobre el contrato de dicho Cuerpo para sus líneas telefónicas, el ministerio debería facilitar el último contrato vigente y todas sus características (duración, cuantía, contratante, etc) antes de que se instauraran dichos pagos por anticipo de caja fija. En la resolución del Consejo del pasado 22 de enero están incluidos los argumentos esgrimidos en mi escrito del 23 de octubre, por los que cualquier contrato de una Administración pública -incluido este- debería estar expuesto en la Plataforma de Contratación Pública, por lo que evito reproducirlos en este correo. En dicha resolución están reproducidas las alegaciones del ministerio del 19 de diciembre de 2017, que detallaba “que las comunicaciones de datos se realizan con la operadora Telefónica, mediante facturación concertada, realizándose esta en 580 sedes”, afirmación que contradice el posterior escrito de la Seguridad de Estado del 22 de febrero, que afirma que no existe contrato con la operadora Telefónica por parte de la Dirección General de Policía. En definitiva, el Ministerio del Interior evita responder la petición de información presentada el 19 de septiembre de 2017, transcurridos ya siete meses. Por ello reitero mi petición y reclamo que dicha Dirección General informe al Consejo de Transparencia de la naturaleza y cuantía económica de ambos contratos, objeto de la petición formulada, amparada entre otras por la Ley 24/2011 sobre Contratos del Sector Público en los Ámbitos de la Defensa y de la Seguridad, tal y como subraya la resolución del Consejo del pasado 18 de enero. 7. La documentación obrante en el expediente fue remitida el 8 de mayo al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de su Unidad de Información de Transparencia para que dicho Departamento pudiera realizar las alegaciones que considerase oportunas. La solicitud de alegaciones fue reiterada el 4 de julio sin que se hubiera realizado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una serie de consideraciones respecto del plazo para presentar una reclamación ex art. 24 de la LTAIBG. Según el apartado 2 de dicho precepto La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Tal y como consta en el expediente, la resolución ahora recurrida tiene fecha de 22 de febrero, registro de salida el día 27 pero consta también al ser información aportada por el reclamante, que la comparecencia electrónica- y, por lo tanto, la notificación telemática de la resolución- tuvo lugar el 11 de abril. Finalmente, la reclamación fue presentada el 24 del mismo mes, con entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al día siguiente. Así las cosas, debe indicarse que este Consejo no ha podido comprobar, principalmente porque el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha contestado la solicitud de alegaciones, cuándo se produjo la puesta a disposición del interesado de la resolución dictada a los efectos de determinar lo establecido en el art. 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) 2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Por ello, y en aplicación del principio pro actione, entendemos que debe continuarse con la tramitación de la presente reclamación debido a que no ha podido concluirse su carácter extemporáneo. 4. A continuación debe abordarse lo planteado por el reclamante en esta nueva reclamación, que no es sino su disconformidad con la ejecución de la resolución dictada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Desde la entrada en vigor de la LTAIBG, hemos venido detectando que algunos sujetos obligados, en el caso de resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimatorias de las pretensiones de los reclamantes, dictan a su vez resoluciones de ejecución. Se trataría de algo así como resoluciones administrativas de ejecución de una resolución a su vez también de carácter administrativo. Pero es esta la primera ocasión de la que hemos tenido conocimiento en la que dicha resolución de ejecución, en su pie de recurso, prevé la posibilidad de presentar una -nueva- reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Además de la irregularidad que, a nuestro juicio y en términos de normativa de procedimiento administrativo, implica esta forma de proceder según argumentaremos a continuación, nos podríamos encontrar con casos en los que este Consejo conociera, por la vía de la reclamación exart. 24, cuestiones ya tratadas y dilucidadas, en una posible prolongación sine diede la controversia entre las partes de un determinado expediente. 5. Así las cosas, debe recordarse que, el art. 23.1 dispone lo siguiente La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por su parte, el apartado 3 del art. 24 de la LTAIBG dispone que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ambas referencias a la Ley 30/1992 deben entenderse realizadas a la actualmente en vigor LPAC antes mencionada. Asimismo, el artículo 114 de la LPAC dispone que 1. Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones de los recursos de alzada. Por lo tanto, entendiendo que la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sustituye a los recursos administrativos- recursos de reposición y de alzada- y que éste último pone fin a la vía administrativa, puede concluirse que la resolución del Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno, como, por otra parte, se indica en el pie de recurso de las resoluciones que dicta este Organismo, ponen igualmente fin a la vía administrativa. Por su parte, el artículo 98-Ejecutoriedad- de la reiterada LPAC indica que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, sin que el supuesto ahora analizado pueda incluirse en ninguna de las excepciones o salvedades a dicha situación. Por lo tanto, debemos entender que la ejecución de una resolución estimatoria dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ejercicio de las competencias atribuidas en el art. 38.2 c) relacionadas con la tramitación de las reclamaciones ex art. 24 de la LTAIBG, no requieren, más allá de la puesta a disposición de la información, de un acto expreso por la vía de una resolución. Una interpretación contraria como ocurre en el caso que nos ocupa, implicaría, a nuestro juicio y en base a los argumentos señalados con anterioridad, desconocer el carácter finalizador de la vía administrativa de las resoluciones dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 6. Así las cosas y entrando ya a conocer del fondo del asunto, entendemos que deben reproducirse los argumentos desarrollados en la resolución del expediente R/0473/2017 y concluir que la reclamación presentada por el debe ser estimada. En consecuencia, la Administración debe facilitar al Reclamante la siguiente información, relativa al Contrato que mantiene la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil para sus líneas de teléfono fijas, terminales móviles y datos de Internet: a. Si fueron realizados por contratación directa o por concurso público; b. Si en caso de ser por contratación directa han contado con informes c. La cuantía exacta de ambos contratos y su periodo de vigencia; d. El número de terminales móviles y líneas de telefonía fija a que atañen e. Si estos móviles disponen de tarifa plana y en caso contrario la razón f. En caso de que ambos contratos estén unificados, la información III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 25 de abril de 2018, contra la Resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 22 de febrero de 2018. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la información referida en el Fundamento Jurídico 6 de la presente Resolución. TERCERO:INSTARal MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda