Reclamación sobre el acceso a información relativa a la convocatoria del concurso unitario de funcionarios de habilitación nacional de 2022 y su resultado desestimatorio

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 12 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Información sobre las causas o motivos que han impedido la convocatoria del concurso unitario de los funcionarios de habilitación nacional en 2022. Identificación de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación de dicho expediente. Informes y cualquier tipo de documentos que consten en el expediente relativos al concurso unitario de los funcionarios de habilitación nacional de 2022. S/REF: N/REF: 748-2023 Fecha: La de firma Dirección: ERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Información solicitada: Convocatoria de concurso unitario de habilitados nacionales de administración local. R CTBG Número: 2023-0720 Fecha: 07/09/2023 Que se convoque el mencionado concurso a la mayor brevedad para no persistir en el incumplimiento legal y no generar perjuicios a la movilidad de los funcionarios afectados. Nota: parte de la documentación se solicita invocando la legislación de transparencia.» 2. El MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, por medio de la Dirección General de la Función Pública, contestó al solicitante el 2 de febrero 2023 lo siguiente: «En contestación a su escrito del pasado 12 de enero de número de registro enviado al Gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y que se ha remitido a esta Unidad para su contestación, le informa lo siguiente: Los motivos que han impedido la convocatoria del concurso unitario de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en 2022, como ya se ha puesto en conocimiento al Consejo General de COSITAL y se ha publicado en la página web, obedecen a que existen una serie de incidencias informáticas detectadas en el módulo del registro integrado que ejecuta la tramitación de los concursos que han impedido la convocatoria. Actualmente, desde esta Subdirección General, en colaboración con la Secretaría General de Administración Digital, estamos trabajando para resolver estas incidencias y poder realizar la convocatoria lo antes posible. No es voluntad de este Ministerio no realizar la convocatoria. Precisamente porque a través de los concursos, como sistema normal de provisión de puestos, se garantiza el ejercicio del derecho a la carrera profesional y movilidad del personal funcionario de carrera, resulta fundamental tener la garantía de que la aplicación pueda ejecutarse correctamente en beneficio de los propios interesados. Sólo así se conjuga la legalidad y eficacia de la actuación de la administración.» 3. Mediante escrito registrado el 6 de febrero de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: «EL ministerio no ha contestado a todo lo pedido. Por ejemplo no informa de las autoridades y funcionarios responsables, no informa de los detalles que han impedido R CTBG Número: 2023-0720 Fecha: 07/09/2023 la convocatoria del concurso y no explica cuales son esos supuestos "fallos informáticos" ni justifica los mismos. En cualquier caso se desprende todo lo que omite el Ministerio a través de la lectura de mi solicitud y un mínimo contraste con lo respondido. Alego expresamente no se interesado en el procedimiento como quiera que no puedo ser interesado de un procedimiento que no se ha convocado al día de la fecha y que, por tanto, no existe en el mundo jurídico.» 4. Con fecha 2 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 15 de marzo de 2023 se recibió escrito de respuesta en el que, tras sistematizar los antecedentes correspondientes, se afirma que sí se ha dado respuesta a las tres cuestiones planteadas en el escrito que forman parte del derecho de acceso a la información pública: (i) la información sobre las causas o motivos que han impedido la convocatoria del concurso unitario de los funcionarios de habilitación nacional en 2022; (ii) la identificación de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación de dicho expediente; y (iii) los informes y cualquier tipo de documentos que consten en el expediente relativos al concurso unitario de los funcionarios de habilitación nacional de 2022. En primer lugar, respecto de los motivos que han impedido la convocatoria del concurso unitario, en el escrito de alegaciones se reproduce la contestación de 2 de febrero de 2023, de la que se destacan dos cuestiones. Por una parte, el escrito considera que se ha informado al reclamante «que hay una publicidad activa en la página web de la dirección general de la función pública sobre las causas de la no convocatoria del concurso y sobre la que se irán avanzado novedades, a la que se puede acceder en el siguiente enlace: https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion- publica/FHN/Novedades.html». A tal efecto, se reproduce parte de la Nota Informativa publicada en dicha página, que indica lo siguiente: «[s]e informa a todo posible interesado de que se han detectado una serie de incidencias técnicas en el aplicativo informático por el que se gestiona el concurso unitario, en cuya subsanación se está trabajando a los efectos de poder efectuar la convocatoria con las mayores garantías y lo antes posible, previsiblemente antes de que finalice el mes de marzo. En garantía de los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato, a través de este canal se irá actualizando cualquier novedad al respecto.» Por otra parte, comunica que dicha circunstancia se ha puesto en conocimiento del Consejo General de COSITAL, que es el órgano de representación del colectivo. Por lo que atañe a que la respuesta facilitada no «informa de los detalles que han impedido la convocatoria del concurso y no explica cuáles son esos supuestos fallos informáticos ni justifica los mismos» contenido en el escrito de reclamación, considera la Administración que detallar y justificar los fallos informáticos que han impedido la convocatoria del concurso no forma parte de la información pública, amparada por el derecho de acceso, pues no encuentra encaje en los artículos 6, 7 y 8 LTAIBG. A mayor abundamiento, estima que proporcionar acceso y justificar, especificando fallos informáticos supondría conculcar límites de acceso que ya vienen amparado por la propia normativa, como son los principios de protección de datos del artículo 15 LTAIBG y los límites sobre seguridad pública y propiedad intelectual e industrial de los artículos 14.1.d) y j) LTAIBG, respectivamente. Específicamente, por lo que respecta al límite de la protección de datos afirma que «el registro integrado es la herramienta para gestionar la carrera administrativa del personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Además, a través del registro se tramitan y gestionan los concursos unitarios y ordinarios de provisión de puestos de trabajo. Existe, por tanto, un ámbito de protección de derechos de carácter personal, que se especifica en la web de la Dirección General del a Función Pública, detallando los fines, los destinatarios y los derechos en el tratamiento de la información: habilitados.html En la medida en que el acceso solicitado necesariamente implicaría dar a conocer los fallos informáticos que devuelven las pruebas realizadas sobre información de sujetos concretos y que implican acceder a datos de carácter personal, queda justificado limitar el acceso al interesado. Y no resulta posible la anonimización de los datos por la carga de trabajo que supondría, y porque impediría conocer el alcance de la incidencia informática, desvirtuando el sentido del derecho de acceso. Por último, indicar que en el supuesto de que fuera necesario proceder a la anonimización de todas y cada una de las incidencias informáticas en las que se documentan errores de funcionamiento, y que en alguna de las pruebas realizadas implican la descarga y combinación de datos de más de 6000 sujetos, la subdirección general de relaciones con otras administraciones no podría soportar la carga de trabajo adicional y se vería obligada a paralizar los trabajos actualmente en curso para la convocatoria del concurso en la que actualmente se está trabajando. A título informativo, y junto a los trabajos asociados al concurso, en lo que se lleva de 2023 han tenido entrada 378 asuntos vía GEISER y 2.048 asientos que instan el inicio de expedientes vía ACCEDA, por no hablar de otras entradas informales vía correo electrónico (que pueden documentarse), y que deberían paralizarse si se deben dedicar nuestros recursos a la anonimización de las pruebas realizadas y que ahora nos solicitan». En segundo lugar, en cuanto a la identificación de las autoridades y funcionarios responsables de la tramitación del expediente de concurso unitario, en el escrito de alegaciones se pone de manifiesto que el escrito de contestación de 2 de febrero de 2023 no sólo aparece firmado por la subdirectora general de relaciones con otras administraciones, sino que expresamente se indica que el escrito del solicitante fue «enviado al Gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública, y que se ha remitido a esta Unidad para su contestación», «lo que claramente da a entender que el Gabinete de la Ministra ha remitido a la Unidad competente el escrito, para su contestación directa.» Considera el escrito de alegaciones que el solicitante «sabe perfectamente qué Unidad es la responsable de la tramitación de la convocatoria del concurso unitario», dado que a lo largo de 2022, por una parte, ha solicitado a través del portal de transparencia acceso a información relacionada con el concurso, indicando expresamente en su solicitud a la unidad tramitadora, bien la “Dirección General de la Función Pública” o bien la “subdirección general de relaciones con otras administraciones”, con cita de la referencia de dos expedientes; y, por otra parte, el 10 de enero de 2023 remitió a esa Unidad solicitud de corrección de errores del baremo de méritos generales que sirve para la valoración del concurso. Abundando en esta línea, en el escrito de alegaciones se da cuenta a este Consejo que el reclamante ha remitido a la Unidad de referencia escritos, solicitudes o recursos relacionados con: (i) la inscripción de méritos generales (bien sea cursos de formación, titulaciones, grado, etc…) que se tienen en cuenta de cara a la valoración de los concursos (siete escritos); (ii) recurso de reposición contra la adjudicación del concurso unitaria (un recurso); (iii) alegaciones en relación con la orden de reconocimiento de méritos, que regula la valoración de los méritos generales a efectos del concurso, etc. (un expediente). En definitiva, concluye señalando que en el escrito de contestación de 2 de febrero de 2023 no identificó expresamente la Unidad responsable, «porque no existe obligación de dar información que ya consta en publicidad activa, y porque se presume que ya conoce, por el número de entrada de asuntos que el interesado ha remitido directamente a esta Unidad (de los que sólo se han expuesto algunos ejemplos), a la vista de los escritos que de forma reiterada remite a la misma. Lo anterior da que pensar que lo que (…) esperaba era que fuera la ministra quien le contestara, no la subdirectora general». Finalmente, en tercer lugar, respecto de los informes y cualquier tipo de documentos que consten en el expediente relativos al concurso unitario de los funcionarios de habilitación nacional de 2022, el escrito de alegaciones considera que el solicitante, -al afirmar en la reclamación que «[A]lego expresamente no se interesado en el procedimiento como quiera que no puedo ser interesado de un procedimiento que no se ha convocado al día de la fecha y que, por tanto, no existe en el mundo jurídico»-, reconoce expresamente que no se ha convocado el procedimiento (y que “no existe en el mundo jurídico”), por lo que difícilmente se le puede dar acceso a algo que no existe. Así, por un lado, se pone de manifiesto que se está tratando de información que en este momento procedimental se encontraría en fase de elaboración, y, por lo tanto, sobre la que concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) LTAIBG; y, por otro, se aclara que en el momento de formularse las alegaciones «se están llevando a cabo los trabajos preparatorios de la información necesaria para convocar el concurso unitario, sin que se pueda dar acceso a unos trabajos que a día de la fecha no habría finalizado, pues como ya se ha informado a través de la publicidad activa de la web, se está trabajando en ello». En conclusión, considera que la respuesta trasladada el 2 de febrero de 2023 al reclamante dando contestación a su escrito de 12 de enero de 2023 es ajustada a las exigencias de la LTAIBG. 5. El 21 de marzo de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. En el momento de elaborarse la presente resolución no se han recibido alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de un escrito, formulado en los términos que figuran en los antecedentes, en el que se pide información sobre las causas o motivos que han impedido la convocatoria del concurso unitario de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en 2022, la identificación de las autoridades y funcionarios “responsables de la tramitación de dicho expediente”, los informes y cualquier tipo de documentos que consten en el expediente relativos al concurso unitario, concluyendo con la petición de que se convoque el concurso a la mayor brevedad posible. El Ministerio concernido facilita información sobre las causas por las que no se ha convocado el concurso unitario de referencia, explicitando que se está trabajando para resolver las incidencias y poder realizar la convocatoria lo antes posible. Posteriormente, en el trámite de alegaciones aclara que no consideró necesario identificar la unidad responsable de la tramitación del concurso unitario por los antecedentes de escritos anteriores del solicitante. 4. Centrado el objeto de la reclamación en los términos expuestos, cabe apreciar que la actuación de la Administración no merece reproche alguno desde la perspectiva de la legislación de transparencia. En efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, el objeto del derecho de acceso a la información pública está conformado por los contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados, por lo que la existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el reconocimiento del derecho. En este caso, el Departamento concernido, a través del órgano competente para ello, ha proporcionado la información de la que dispone indicando las causas que han motivado que el concurso unitario no se hubiera convocado en 2022 y explicitando que la convocatoria se realizaría lo antes posible. Esto último implica, en suma, que en el momento de formularse la solicitud -12 de enero de 2023- la información no existía pues el concurso unitario no se había convocado, no siendo hasta dos meses más tarde cuando por Resolución de 21 de marzo de 2023 de la Dirección General de la Función Pública se realizó dicha convocatoria. Asimismo, en lo que concierne a la identificación de autoridades y funcionarios responsables de la tramitación del expediente de convocatoria de concurso unitario, en la nota interior de 2 de febrero de 2023 se pone de manifiesto que el gabinete de la Ministra de Hacienda y Función Pública remitió a la subdirección general de relaciones con otras administraciones el escrito del reclamante, al tratarse del órgano competente para contestar, siendo firmada por su titular, y desprendiéndose de su contenido que la Unidad responsable de la convocatoria del concurso es dicha subdirección general. A mayor abundamiento, en el escrito de alegaciones se ha dejado constancia de que el reclamante conoce dicha información al tratarse de un funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, que ha presentado distintos escritos y recursos en relación a diferentes aspectos del estatuto jurídico de dicha clase de funcionarios, incluido el concurso unitario. Este Consejo considera, por tanto, que la respuesta que se ha dado por el Ministerio se corresponde con la información solicitada y es completa, con independencia de que coincida o no con la esperada por el reclamante. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación planteada frente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez