Reclamación de acceso a información sobre herramientas de inteligencia artificial de la Policía Municipal de Madrid y desestimación por seguridad pública

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR EN REPRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 15 de noviembre de 2024, tiene entrada en el Registro Electrónico, una reclamación formulada por en representación de de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). Manifiesta el reclamante no estar de acuerdo con la resolución de fecha de 15 noviembre de 2024, dictada por la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias, por la que se concede parcialmente el acceso a la siguiente información pública: «Listado de herramientas de inteligencia artificial, incluyendo algoritmos predictivos de delincuencia, herramientas de identificación biométrica, transcripción y análisis de texto y audio u otro tipo de herramientas, usada actualmente por la Policía Local de Madrid, señalando fecha de comienzo de uso, entidad encargada del desarrollo de la herramienta, y, en el caso de que se disponga de la siguiente información, número de veces que se ha utilizado por mes desde la fecha de implementación y estadísticas sobre resultado de uso.» La solicitud de información pública se tramitó en el Ayuntamiento de Madrid con la referencia SEGUNDO. El 29 de noviembre de 2024 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación al Ayuntamiento de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 13 de diciembre de 2024 tiene entrada escrito de alegaciones de Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid en las que manifiesta lo siguiente: «La Dirección General de Policía Municipal ha resuelto inadmitir la solicitud de acceso a información presentada por un ciudadano, relativa al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid. Tras reexaminar el caso y realizar un nuevo análisis del posible daño derivado de la divulgación, la Dirección reitera que no es posible facilitar dicha información. En este caso, se considera que revelar si la Policía dispone o no de herramientas de IA, así como cualquier detalle sobre su uso, podría suponer un riesgo directo para la seguridad pública y nacional, y para la capacidad operativa del cuerpo en la prevención, investigación y sanción de ilícitos penales o administrativos. La Dirección argumenta que conocer los procedimientos policiales y el tipo de tecnologías utilizadas, especialmente aquellas con un alto potencial como la inteligencia artificial, permitiría a personas con fines malintencionados adaptar su comportamiento y eludir la acción policial. Esto comprometería gravemente la protección de bienes jurídicos fundamentales, como la vida y la seguridad de los ciudadanos, y obstaculizaría el cumplimiento de las funciones policiales. Por tanto, en aplicación del artículo 14.1 de la Ley de Transparencia, concretamente sus apartados a), d), e) y j), se considera que debe limitarse el derecho de acceso en este caso concreto, ya que el posible perjuicio derivado de la divulgación de la información supera el interés público que pudiera tener su conocimiento.» CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 26 de diciembre de 2024, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de quince días para que presente alegaciones. Con fecha 27 de diciembre de 2024 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que manifiesta que: «La Dirección General de la Policía Municipal defiende que existen límites legales para el acceso a la información relacionada con la seguridad pública. En apoyo a esta postura, cita un caso previo en el que el Ministerio del Interior alegó estos límites para denegar una solicitud similar, relacionada con el protocolo de uso de pistolas eléctricas Táser. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno descalificó esa argumentación en resoluciones previas. La Policía Municipal también argumenta que la Fundación Civio no ha justificado el interés público de su solicitud, aunque la Ley de Transparencia no exige tal justificación. A pesar de ello, la fundación subraya el interés público, refiriéndose al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el cual establece que las herramientas de IA utilizadas por la policía, siendo de alto riesgo por su impacto en los derechos fundamentales, deben cumplir con una mayor transparencia. Esto incluye el registro de las IA de alto riesgo que las administraciones públicas utilicen, y dicha base de datos debe ser de acceso público y gratuito.» FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. De la documentación existente en el expediente se desprende que la reclamación fue formulada por el interesado de forma extemporánea, ya que fue interpuesta antes de que se cumpliera el plazo establecido para ello, conforme al artículo 48 de la LTPCM, según el cual «se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo». En este caso, la presentación de la reclamación se realiza en la misma fecha en la que se notifica la solicitud de información, es decir, el 15 de noviembre de 2024, no cumpliéndose el plazo que establece la ley para interponer la reclamación ante este Consejo. Esta presentación prematura invalida, en principio, el trámite de la reclamación. No obstante, con el fin de garantizar una mejor resolución del asunto y en aras de una interpretación más exhaustiva del caso, se procede a entrar en el fondo del mismo, con el objetivo de analizar y resolver adecuadamente la cuestión planteada. TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública «los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones» CUARTO. En este caso, D. David Cabo Calderón, en representación de la Fundación Ciudadana Civio, ha reclamado contra la concesión parcial de su solicitud de acceso a la información. La concesión parcial se basa en el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013, que establece que el derecho de acceso puede limitarse si la divulgación de la información perjudica la seguridad pública. La información solicitada por el reclamante hace referencia, según afirma en el escrito de reclamación, al listado de herramientas de inteligencia artificial, incluyendo algoritmos predictivos de delincuencia, herramientas de identificación biométrica, transcripción y análisis de texto y audio u otro tipo de herramientas, usada actualmente por la Policía Local de Madrid, señalando fecha de comienzo de uso, entidad encargada del desarrollo de la herramienta, y, en el caso de que se disponga de la siguiente información, número de veces que se ha utilizado por mes desde la fecha de implementación y estadísticas sobre resultado de uso. Cabe señalar que se realizó una concesión parcial de la solicitud de la información, mediante la cual se proporcionó la siguiente información: «De acuerdo con la información facilitada por la Subdirección General de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, dependiente de esta Dirección General, se informa en cuanto a los sistemas de videovigilancia en vía pública se refiere, que la Policía Municipal de Madrid cuenta con cámaras con inteligencia artificial incorporada en la propia cámara, lo que permite la catalogación y su incorporación a la secuencia de video en forma de metadatos de los objetos y personas que discurren por el cuadro de la imagen, lo que permite realizar búsquedas en base a la catalogación de objetos que realiza, ninguna de ellas basada en datos personales o biométricos. Las primeras grabaciones utilizando esta tecnología se iniciaron en diciembre de 2022. Para realizar búsquedas, la inteligencia artificial proporciona a los agentes encargados de estas tareas una gran economía en horas de visualización de imágenes, no disponiendo de estadísticas específicas sobre su uso. Finalmente se indica que la tecnología aplicada cumple con el reglamento europeo de Inteligencia Artificial, Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024.» El artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013 establece que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando su divulgación pueda causar un perjuicio grave a la seguridad pública. Según la norma en cuestión, en determinadas circunstancias, el interés público en la divulgación de la información puede verse subordinado a la necesidad de proteger la seguridad y eficacia de las funciones desempeñadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como la protección de los derechos de los ciudadanos y la seguridad en general. En el presente caso, la Dirección General de Policía Municipal considera que la información solicitada se encuentra dentro de los límites de acceso a la información establecidos por el artículo 14.1.d). Esta tesis es compartida por este Consejo ya que el acceso a dicha información podría suponer la difusión pública de procedimientos, medios y técnicas específicas de actuación del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, lo que podría comprometer gravemente la eficacia y la seguridad de las distintas intervenciones que realiza dicho Cuerpo. La divulgación de estos detalles operativos pondría en riesgo no solo el éxito de futuras actuaciones policiales, sino también la seguridad pública. En este sentido, se debe recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Resolución R/0010/2015 de fecha 6 de mayo de 2015, desestima una reclamación relativa a un expediente en el cual se solicitaba información sobre los protocolos internos del Cuerpo Nacional de Policía, estableciendo que: «A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es en este supuesto donde más claramente puede apreciarse el perjuicio que el acceso a dicha información puede ocasionar al efectivo ejercicio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las funciones que tiene encomendadas. Efectivamente, si bien se desconoce el contenido concreto de la información solicitada, sí podría aventurarse que los protocolos de actuación ponen de manifiesto aspectos sensibles de la actividad policial cuyo conocimiento podría perjudicar su efectividad y, en definitiva, poner en peligro la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos y su propia seguridad». Según lo expuesto, la divulgación de protocolos internos de actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad podría perjudicar gravemente la efectividad de sus funciones y exponer a la ciudadanía y a los propios agentes a riesgos innecesarios. Tal como se expuso en dicha resolución, los protocolos de actuación policial pueden contener información sensible que, si se hace pública, podría poner en peligro la seguridad y la correcta ejecución de las funciones del cuerpo de seguridad correspondiente. En cuanto al test del daño realizado por la Dirección General de Policía Municipal, se considera que facilitar detalles sobre la disponibilidad o no de herramientas de inteligencia artificial podría mermar gravemente la efectividad de la operativa policial. Estos detalles son particularmente sensibles, dado que la revelación de información sobre las herramientas, su desarrollo o los resultados posibles que podrían obtenerse a través de ellas, puede comprometer la eficacia de las intervenciones del Cuerpo de Policía Municipal. La divulgación de esta información permitiría a terceros conocer las capacidades y limitaciones de los recursos de la policía, lo que, a su vez, podría afectar negativamente a la seguridad pública y nacional. De hecho, los delincuentes podrían rápidamente adaptar su "modus operandi" para contrarrestar estas herramientas y utilizarlas en su beneficio, lo que hace que el acceso y divulgación de dicha información no solo sea innecesaria, sino potencialmente peligrosa. En este contexto, el Consejo comparte la valoración de la Dirección General de la Policía Municipal, que sostiene que la revelación de este tipo de información pondría en riesgo no solo la seguridad de las intervenciones policiales, sino también la seguridad de la ciudadanía en general, al facilitar a los infractores la posibilidad de eludir las medidas de prevención y control aplicadas. Asimismo, el Consejo considera que es altamente probable que proporcionar la información solicitada perjudique la efectividad del trabajo policial, ya que la revelación de los procedimientos específicos utilizados, especialmente aquellos que involucran herramientas avanzadas como la inteligencia artificial, incrementaría sustancialmente el riesgo de que dichos procedimientos sean vulnerados o alterados por quienes intenten burlar la ley. Al revelar si el Cuerpo de Policía Municipal dispone de tales herramientas, se expondrían detalles operativos clave que los delincuentes podrían explotar, afectando la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de forma adecuada. En la citada valoración se ha tenido en cuenta que existen diversos bienes jurídicos que deben ser protegidos, siendo el derecho a la vida y la seguridad pública los más importantes. Estos bienes, al estar bajo amenaza, justifican la aplicación de los límites previstos en la ley, prevaleciendo sobre el interés público del solicitante. En consonancia con lo anterior, este Consejo considera que, conforme al test de daño exigido por la legislación en el art. 14 LTAIBG y de acuerdo con el criterio interpretativo CI/002/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los perjuicios derivados de la divulgación del protocolo solicitando prevalecen sobre cualquier posible interés público del solicitante. En conclusión, a juicio de este Consejo la reclamación debe ser desestimada por la presentación de la reclamación de manera extemporánea, así como por el límite al derecho de acceso del art. 14.1.d) LTAIBG. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por en representación de Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.