Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco información sobre la integración de tarjetas Barik y la marca de Cercanías de Bilbao. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública confirma la inadmisión por considerarla correcta.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza criterios de acreditación de competencia digital, número de preguntas y enunciados de la prueba. Alegó disconformidad con la respuesta parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, entendiendo que los enunciados están en curso de publicación general y que su divulgación anticipada vulneraría la igualdad de oportunidades en procesos selectivos, conforme a jurisprudencia consolidada.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento del Pilar de la Horadada el proyecto y licencia de obras de una comunidad de propietarios. Tras la denegación municipal, la interesada presentó reclamación ante el Consell Valencià de Transparència. Este decide inadmitir la reclamación por ser extemporánea, al haber adquirido firmeza la resolución denegatoria inicial.
Un órgano de contratación consultó al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la denegación de acceso a la oferta técnica y económica de una empresa en un expediente de contratación retrotraído. El organismo considera que no procede el acceso basado en la LCSP al no haber adjudicación y que la información está en curso de elaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identificación de empleados públicos responsables de tramitaciones y si se habían iniciado investigaciones por incumplimiento de plazos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, concediendo la información sobre el empleado de la solicitud previa pero denegando la identificación del empleado de la actual por ser ya un interesado en el procedimiento.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los Informes de Seguimiento (2023 y 2024) de un proyecto de evaluación bilingüe. El reclamante alegó que los documentos estaban concluidos y no en fase de elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por considerarlos información de carácter auxiliar o de apoyo.
Un particular solicitó a la Generalitat de Catalunya listados detallados de todos los procesos de estabilización (231 procesos) de diversos cuerpos. La administración inadmitió la solicitud y el ciudadano reclamó ante la GAIP. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es genérica, implica una carga de trabajo desproporcionada e inasumible y requiere un tratamiento complejo de datos personales.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre las gestiones del Gobierno español ante la UE para obtener ayudas del Fondo de Solidaridad, el reglamento RESTORE y la modificación del Plan de Recuperación para Valencia. El Ministerio inadmitió la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que las causas de inadmisión invocadas no estaban justificadas o se aplicaron incorrectamente, y ordena al Ministerio entregar la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior estadísticas detalladas de delitos y faltas en las comisarías de las Terminales 1 y 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas (2021-2025). El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los datos solicitados al considerar injustificadas las causas de inadmisión por reelaboración y carácter abusivo. Desestimó la solicitud de delitos no denunciados por no ser información pública y la de 2024 por estar en elaboración.
Una delegada sindical solicitó al Ajuntament de Lliçà de Vall una explicación escrita sobre el tratamiento de ayudas sociales, la devolución de importes retenidos y la realización de una nueva consulta a Hacienda. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque lo solicitado no es información pública preexistente, sino peticiones de actuación administrativa y consultas.
Un representante de la oposición solicitó información sobre la seguridad y cumplimiento normativo de la plataforma ACTIO de la Diputació de Tarragona. La GAIP desestimó parcialmente la reclamación al considerar que la solicitud de elaborar informes nuevos no es acceso a información preexistente, pero estimó parcialmente el resto, ordenando entregar la política de seguridad, auditorías y protocolos.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación y Universidades información sobre una evaluación de riesgos psicosociales en un IES. La Consejería denegó encuestas/entrevistas por protección de datos (Art. 15.3 LTAIBG) y el informe final por estar en elaboración (Art. 18.1.a LTAIBG). El Consejo estima formalmente la reclamación porque la administración respondió fuera de plazo, aunque parte de la información se entregó tras la reclamación.
Un solicitante pidió al Ayuntamiento de Cáceres copias de anexos de subvenciones deportivas para varias temporadas. El Ayuntamiento entregó parte, alegó inexistencia para 2021/22 y que el expediente 2023/24 estaba en tramitación. El Consejo estima parcialmente la reclamación, indicando que los documentos finalizados de un expediente en tramitación son información pública y deben ser entregados.
El solicitante pidió datos estadísticos sobre la actividad de la Policía Local de Igualada (detenciones, drogas, delitos, etc.). Ante la falta de respuesta de la administración, presentó reclamación. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la información preexistente, pero la inadmite respecto a datos futuros.
Se solicitó información sobre sanciones de tráfico y vehículos retirados al Ayuntamiento de Igualada. El reclamante alegó silencio administrativo al no recibir respuesta. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó parcialmente la reclamación, concediendo la información preexistente pero inadmitiendo la parte relativa a datos futuros.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT datos desglosados sobre el reparto de productividad PEIA (2020-2024). La AEAT concedió acceso parcial, alegando reelaboración y que la información de 2024 estaba en curso. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la AEAT a completar los datos de 2020-2023, al considerar que no se justificó la reelaboración, pero desestima la de 2024 por estar en elaboración.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid diversos indicadores de accesibilidad, tiempos de demora y plantillas de los centros de salud. Tras alegaciones de ambas partes, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, considerando que la mayoría de la información fue facilitada o no constituye información pública.
Se solicitó información sobre gestión de bienestar animal (censos de gatos, esterilización, presupuestos y contratos) al Ajuntament de la Guingueta d’Àneu. El ciudadano alegó que la respuesta era genérica y vulneraba su derecho. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública desestimó la reclamación porque la administración informó de la inexistencia de los datos y de que el plan está en elaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Morata de Tajuña expedientes de una licitación de construcción. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó límites por intereses económicos y causa de inadmisión por información en elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid declaró concluso el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, al haberse facilitado la información durante la tramitación.
Un representante sindical solicitó la forma de ocupación anual de las plantillas docentes del curso 2024-2025 al Departamento de Educación de la Generalitat. La administración inadmitió parcialmente la solicitud por estar la información en fase de elaboración. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación al considerar que la administración actuó conforme a derecho.
La Confederación Intersindical Canaria solicitó al Ayuntamiento de Betancuria el protocolo de acoso laboral y documentos relacionados. La sindicatura alegó que no recibió respuesta efectiva. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos, aunque declara la terminación del procedimiento al haberse facilitado la información.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la C. de Madrid el número de canalizaciones de trasplantes hematopoyéticos por hospital. La administración alegó inadmisión parcial por necesidad de reelaboración y que los datos de 2022 estaban en elaboración. El reclamante consideró que la información era fácilmente obtenible. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación al estimar aplicables las causas de inadmisión por reelaboración y por estar la información en curso de elaboración, con desaparición sobrevenida del objeto.
Se solicitó a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid el expediente del Plan Especial de Meco y la rectificación del cuadro de reparto. El reclamante alegó vulneración de derechos constitucionales ante la falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información estaba en curso de elaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Meco información sobre el Plan Especial de desarrollo y ejecución del Plan General y la rectificación del cuadro de reparto. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque la información está en curso de elaboración, siendo una causa de inadmisión legal.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa información sobre la extensión de un incremento salarial de 200€ para las Fuerzas Armadas al personal civil del ministerio. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en elaboración o publicación general. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la justificación del Ministerio para la inadmisión era insuficiente y carecía de concreción, vulnerando la interpretación estricta de los límites al derecho de acceso.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado desglosado de la inversión en campañas institucionales en medios desde 2019. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, aunque posteriormente concedió el acceso a la información solicitada (excepto 2024).
Se solicitó a la AEAT el número de notificaciones enviadas simultáneamente por carta y vía telemática, y su coste unitario, para 2022-2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que la AEAT ya había satisfecho el derecho de acceso. La AEAT proporcionó datos de notificaciones en papel y aclaró que todas se duplican electrónicamente, además de facilitar el coste unitario. Los datos de 2024 fueron inadmitidos por estar en elaboración.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda el importe total recaudado por IRPF y el segundo pago fraccionado para los años 2018, 2022 y 2023 en la provincia de Valencia. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio respondió fuera del plazo legal, aunque la información fue finalmente proporcionada con indicaciones precisas o su inadmisión por estar en elaboración fue justificada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes el "Estudio de viabilidad del corredor ferroviario Soria-Castejón". El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que el estudio no estaba finalizado y no existía como información pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el estudio sí existe, fue pagado con fondos públicos y es información pública accesible, independientemente de su estado o uso posterior.
Se solicitó información ambiental sobre medidas de impacto, la posibilidad de realizar un estudio de evaluación ambiental y permisos de erradicación de fauna a la Generalitat de Catalunya. La GAIP desestima la parte relativa al estudio de evaluación por no ser información pública (inadmisible) y estima la entrega de las medidas y los permisos solicitados.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Puigverd de Lleida que actúe según la normativa, comunique hechos a técnicos y le informe de acciones futuras sobre unas obras. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque la solicitud no busca acceder a información preexistente, sino instar a la administración a actuar.
El reclamante solicitó un inventario de captaciones y perforaciones en el Parc Natural del Montseny al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. La administración alegó que no tenía un registro estructurado y que acceder a los expedientes físicos supondría una tarea compleja. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos digitales básicos, pero desestimó el acceso a los expedientes en papel.
El reclamante solicitó a la UNED las tablas de reconocimiento de créditos de planes antiguos (Ciencias Políticas, Economía) con el Grado de Derecho. La UNED dio una respuesta genérica. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la UNED solo aclaró durante el procedimiento que las tablas solicitadas no existían al estar pendientes de elaboración y aprobación, no proporcionando una respuesta completa inicialmente.
Una ciudadana solicitó a la Dirección General de la Función Pública de la Comunidad de Madrid la relación de plazas vacantes estructurales de Fisioterapia ocupadas temporalmente antes de 2016. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque parte de la información ya fue publicada y la otra sigue en curso de elaboración.
La reclamante solicitó a TRAGSATEC documentación detallada sobre un encargo asociado a ofertas de empleo público. La solicitud fue inadmitida por estar la información en elaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que la información fue finalmente entregada durante el procedimiento, aunque de forma tardía, vulnerando el derecho de acceso en plazo.
El reclamante solicitó a SELAE el desglose de décimos vendidos y no vendidos por número para los sorteos de Lotería de Navidad de 2020, 2021, 2022 y 2024. SELAE concedió los datos de 2020-2022, pero inadmitió la solicitud para 2024 alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que SELAE no respetó el plazo legal para facilitar la información completa, ya que posteriormente indicó una fecha de disponibilidad para los datos de 2024.
El reclamante solicitó a SELAE datos desglosados de ventas y premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2024 por administración. SELAE inadmitió la solicitud por ser información en elaboración. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial de SELAE fue incompleta por no incluir una estimación de la fecha de disponibilidad de la información, vulnerando el derecho a una respuesta completa.
Se solicitó a la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo el acceso a expedientes de adscripción de centros universitarios privados (Universidad Nebrija en Avilés y Universidad Europea en Gijón). La Consejería desestimó por no estar concluso el expediente y no acreditar interés. El Consejo estima la reclamación, indicando que la no conclusión del procedimiento no impide el acceso a documentos ya elaborados y que no se requiere acreditar interés.
Una reclamante solicitó al Ayuntamiento de Hornachos copia del expediente de obras de 2024 en una calle. La solicitud fue desestimada inicialmente por ser información en elaboración. Tras interponer reclamación ante el CTBG, el Ayuntamiento autorizó el acceso, aunque tardíamente y no en formato electrónico. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta.
La portavoz del grupo VOX en el Ayuntamiento de León solicitó acceso a convocatorias, órdenes del día y documentación de diversos organismos vinculados al municipio. La Comisión de Transparencia de Castilla y León decidió inadmitir la reclamación porque lo solicitado es información futura que aún no obra en poder de la administración, no información pública ya existente.
Se solicitó documentación y el detalle de actuaciones derivadas de una reunión sobre presunto acoso laboral al Departamento de Educación y Formación Profesional de la Generalitat de Catalunya. El reclamante alegó falta de respuesta (silencio). La GAIP inadmitió parcialmente por solicitar la elaboración de un informe (no es información preexistente) y estimó parcialmente el acceso a la documentación existente.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia la publicación o, subsidiariamente, el acceso a resoluciones de la DGSJFP sobre aranceles notariales y registrales por impugnación de minutas de los últimos tres años. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, desestimando la petición de publicación por no ser objeto del derecho de acceso, pero concediendo el acceso a las resoluciones solicitadas subsidiariamente, al ser información pública sin límites aplicables.
Una entidad solicitó al Consell Insular de Mallorca informes, certificados y documentación de un expediente de subvención para un proyecto en Petra. Ante la falta de respuesta, reclamó. El Consejo estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe geotécnico y la documentación del expediente finalizada, pero no la emisión de nuevos informes o certificaciones, al no ser información pública.
Ecologistas en Acción de Extremadura solicitó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible acceso a expedientes de permisos de investigación minera "Retamar" y "Ampliación a Retamar", incluyendo proyectos y planes. La Consejería concedió acceso a expedientes concluidos, pero denegó los "en tramitación". El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, instando a la Consejería a entregar la documentación finalizada de los expedientes en tramitación, debidamente anonimizada, al no justificar la denegación.
El reclamante solicitó a Renfe el número de quejas y sugerencias de Cercanías Málaga en 2023. Renfe denegó el acceso alegando información en elaboración, carga desproporcionada y perjuicio económico. El CTBG estima la reclamación, basándose en un precedente similar (R CTBG 451/2024) que ya desestimó los argumentos de Renfe, y considera que ha transcurrido tiempo suficiente para que la información de 2023 esté disponible.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz información detallada sobre subvenciones Erasmus (2021-2024) de la EOI de Chiclana. El reclamante alegó falta de motivación y arbitrariedad ante la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de indicación del órgano competente y denegación indebida de datos en curso.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Murcia información detallada sobre las cuantías de tasas de exámenes reclamadas, compensadas o no gestionadas tras desistimientos de procesos selectivos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información no había sido elaborada ni obraba en su poder. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia estimó la reclamación.
Se interpuso una reclamación de acceso a la información contra el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. El Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia ha decidido inadmitir la reclamación basándose en el artículo 18.1 a) de la Ley 19/2013, sin entrar en el fondo del asunto.
El ciudadano solicitó acceso al expediente de un proyecto de reparación de vallado en la isla de Tabarca a la Conselleria de Cultura i Esport. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los documentos finalizados del expediente.
El reclamante solicitó datos de inserción laboral desglosados por centro de Formación Profesional al Consorcio de Educación de Barcelona. La administración alegó que la información de 2024 está en fase de elaboración. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación porque la administración cumplió con informar el órgano responsable, el canal de publicación y el plazo previsto.
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