Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León datos detallados sobre atención primaria en 2020. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación, validando la inadmisión por estar la información en curso de elaboración o requerir reelaboración compleja.
El interesado solicitó copia digital de un proyecto de conservación de la flora y sus informes técnicos a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. Tras la reclamación, la administración remitió la documentación final, lo que provocó que el organismo revisor declarara la pérdida de objeto.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre vuelos de inmigrantes desde Canarias. La administración no respondió en plazo (silencio). Tras la reclamación, el Ministerio aportó información de forma tardía alegando causas de inadmisión. El CTBG estima la reclamación por motivos formales debido a la respuesta fuera de plazo.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre ayudas a inmigrantes, convenios y traslados. Ante la falta de respuesta, se reclamó ante el CTBG. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al constatar que la Administración respondió fuera del plazo legal, vulnerando el procedimiento ágil que debe garantizar el derecho de acceso.
Se solicitó al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya el expediente de viabilidad de una estación de ferrocarril en Rubí. Tras una inadmisión inicial por estar el documento en redacción, la GAIP resuelve que ha habido pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración se comprometió a entregar la información en enero.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre el coste, medios de transporte, contratos y vuelos de traslados de inmigrantes desde Canarias. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, vulnerando el derecho a una respuesta ágil.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre ayudas económicas, convenios bancarios, gasto sanitario, número, nacionalidades y destino de inmigrantes trasladados a España en 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque sí lo hizo de forma tardía durante la tramitación de la reclamación.
Una plataforma solicitó a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid datos detallados y desglosados sobre el sistema de protección de la infancia 2024. El reclamante alegó que la información es necesaria para monitorizar la desinstitucionalización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir reelaboración, ser abusiva y estar en curso de publicación.
El interesado solicitó a la OIReScon y al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática informes de supervisión, auditorías y datos estadísticos sobre la contratación de la Ley de Memoria Democrática. Alegó que la OIReScon posee competencias para detectar irregularidades. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmarse que la información no obra en poder de los organismos.
Se solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública el número de plazas vacantes y el procedimiento de nombramiento para un cupo adicional del 20%. La administración inadmitió lo segundo por estar en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación al considerar que la información es inexistente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santander un informe externo sobre la ubicación de escaleras de incendios en el CEIP Menéndez Pelayo. Ante la falta de respuesta, se interpuso una reclamación. El Ayuntamiento inadmitió inicialmente, pero luego aportó el informe. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la información no fue facilitada en el plazo legal, haciendo necesaria la reclamación para el reconocimiento del derecho.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública el estado de tramitación, informes y el texto de la modificación del Decret 24/1997. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por no haberse notificado resolución previa y por no acreditarse la causa de inadmisibilidad.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de Madrid información sobre el concurso de méritos y prórrogas del Programa de Excelencia en Bachillerato. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, considerando que parte de la información ya fue publicada y que la solicitud de un resumen detallado constituye una reelaboración de datos no amparada por la ley.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid licencias y expedientes sancionadores de un local. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación general debido a errores en el censo de locales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Bilbao la ubicación en tiempo real de los autobuses Bilbobus. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en proceso de optimización (en elaboración). La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación, al considerar que la información ya existía y su mejora no justifica la inadmisión.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón el acceso íntegro al Capítulo I de los presupuestos y gastos de personal (2020-2025). El Ayuntamiento alegó inadecuación de la vía y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad de los empleados y solicitar información inexistente o a medida.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el número de viajeros por año, línea y estación en servicios de media distancia y cercanías (2019, 2022 y 2024). La administración facilitó enlaces a informes generales, pero denegó el desglose específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información requiere una reelaboración compleja.
El reclamante solicitó a Renfe (a través del Ministerio de Transportes) el número total de viajeros por año (2019, 2022, 2024) desglosado por línea y estación (subidas/bajadas) para varias líneas OSP. Renfe inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carga desproporcionada, ofreciendo enlaces a informes genéricos. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implica una reelaboración desproporcionada de información existente.
Solicitud de datos técnicos sobre métodos de generación de temperatura y estaciones en Canarias a AEMET. La recurrente alegó que la respuesta fue insuficiente al remitir a una nota técnica y derivar improcedentemente a un régimen de precios públicos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, instando a AEMET a precisar qué datos son gratuitos, cuáles de pago y qué parte se cubrirá con futuras publicaciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Murcia la cartografía del servicio de limpieza viaria del barrio de La Purísima-Barriomar. El interesado alegó la necesidad de la información para fiscalizar el servicio tras recibir una respuesta que calificaba el documento como interno y auxiliar. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia la inadmite por haber sido presentada de forma extemporánea.
Una asociación solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha el expediente completo de una concesión minera, el Plan de Restauración y los Planes de Labores. Tras una resolución de acceso parcial, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando las limitaciones impuestas por la Administración.
La reclamante solicitó a AEMET información sobre el uso de rejillas térmicas, listado y estado de estaciones meteorológicas en Canarias, historial de cobertura de datos y porcentajes de datos observados vs. estimados. AEMET inadmitió parcialmente alegando información en elaboración y sujeción a precios públicos. El Consejo estima parcialmente la reclamación, exigiendo a AEMET concretar la información publicada, los servicios de pago y conceder el acceso a lo no justificado.
Una periodista solicitó a la Agència Tributària de Catalunya el Plan Director elaborado por una consultora externa. La administración denegó el acceso alegando que era un documento de trabajo interno. La GAIP estima la reclamación, determinando que un informe final entregado por un externo no es un documento interno y posee un interés público relevante.
Un ciudadano solicitó al Gobierno de Cantabria un listado de lobos muertos, informes de necropsia, resoluciones de autorización y datos de explotaciones ganaderas afectadas. La administración entregó parte de la información tardíamente, denegando necropsias, coordenadas GPS, topónimos y códigos REGA. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, indicando que los informes de necropsia son información pública y deben facilitarse, al no justificarse límite legal, aunque no sean objeto de publicidad activa.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal solicitó al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera el expediente sobre operaciones jurídico-registrales de una finca municipal. La administración inadmitió la solicitud alegando que, al ser un procedimiento en curso, se aplicaba la Ley 39/2015 y no la de transparencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta información sobre su estructura organizativa, la Oficina de Supervisión de Proyectos y actas plenarias relacionadas. El reclamante alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por pérdida de objeto, ya que la información fue facilitada durante la tramitación.
La solicitante pidió al Ministerio de Juventud e Infancia datos numéricos y fórmulas utilizados para la distribución territorial de menores no acompañados. Alegó falta de respuesta (silencio administrativo). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser prematura, ya que el organismo aún disponía de plazo legal para resolver tras una ampliación notificada.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid proyectos de construcción y urbanización de la parcela 26.2B de Montecarmelo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque la información está en curso de elaboración y contiene secretos técnicos y comerciales confidenciales de la empresa adjudicataria.
Se solicitó al Canal de Isabel II, S.A. la plantilla de personal actualizada. La entidad inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en proceso de elaboración/publicación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, considerando que no se puede confundir la actualización de un portal web con la inexistencia de un documento que debe estar vigente.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre factores de ocupación en el PNIEC. Tras la denegación por información en curso de elaboración, el interesado presentó reclamación, pero finalmente comunicó su voluntad de desistir. El CTBG resuelve archivar las actuaciones por desistimiento del interesado.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los valores de los Factores de Ocupación para tecnologías fotovoltaica y eólica. El Consejo de Transparencia archiva la reclamación debido a que el solicitante comunicó su voluntad de desistir del procedimiento, conforme al artículo 94 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC).
Se solicitó al Ministerio de Transportes estudios preliminares sobre la seguridad en la carretera N-340. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y estar en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que los estudios no han sido finalizados ni validados, siendo procedente la inadmisión por información en curso de elaboración.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copia de estudios preliminares sobre seguridad y accesibilidad en la N-340. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información está en curso de elaboración, aplicando el artículo 18.1.a) LTAIBG, aunque indicó que el acceso deberá permitirse una vez finalizados los estudios.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gijón copia del expediente 92301Y/2023 sobre construcción de viviendas adaptadas. La administración denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y que el procedimiento estaba en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, indicando que no es necesario ser interesado para acceder a información pública y que la información ya elaborada en un expediente "vivo" debe ser accesible.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander copia del acta de una reunión del SMTU. La solicitud fue inadmitida por estar el acta en elaboración. El reclamante alegó la posibilidad de obtener copia certificada de un acta no aprobada. El Consejo estima la reclamación, ya que el acta fue aprobada posteriormente, haciendo que la causa de inadmisión inicial del art. 18.1.a) LTAIBG decayera y la información sea ahora accesible.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre la gestión de zonas verdes, proyectos urbanísticos ("Colonia del Mar" y "Plan Director General Dávila") y una descripción urbanística. El Ayuntamiento concedió parte de la información de forma tardía, inadmitió otras por no ser información pública o estar en elaboración, y denegó una consulta por ser una aclaración. El Consejo estima formalmente la reclamación por la entrega tardía de parte de la información, desestima lo relativo a proyectos en elaboración y se declara incompetente para peticiones que no son de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Marbella el Estudio de Ordenación para el cambio de uso de terrenos y el pliego de condiciones de una concesión turística. El Ayuntamiento denegó el estudio por ser provisional y remitió el pliego a la Junta de Andalucía. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima parcialmente la reclamación y archiva el resto por pérdida de objeto.
El León de El Español solicitó detalles de inversión y criterios de reparto en campañas publicitarias a Red.es. Tras una respuesta insuficiente y una denegación basada en que la información estaba "en curso de elaboración", el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación. Considera que la información ya ha sido elaborada y es esencial para el control del gasto público.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid información sobre partidas presupuestarias, reparto de inversión y licitaciones para la adaptación de 52 colegios. El reclamante no presentó alegaciones adicionales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información ya es pública o estaba en curso de elaboración.
El León de El Español solicitó a Red.es información detallada sobre los medios, inserciones, inversión y criterios de reparto de campañas de publicidad institucional ("Kit Consulting" y "Kit Digital"). Red.es denegó parte alegando información en elaboración. El CTBG estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información completa, al considerar que ya existía y era crucial para la rendición de cuentas y el control ciudadano, conforme a la LTAIBG y el Reglamento europeo sobre la libertad de los medios de comunicación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cártama copias de exámenes y plantillas de diversos procesos selectivos. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. Durante el procedimiento, el Ayuntamiento puso la información a disposición del interesado, quien manifestó su conformidad, por lo que el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declaró la pérdida de objeto.
Se solicitó a la Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) el registro detallado de llamadas al 112 entre octubre y noviembre de 2024. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que no se justificó la inadmisión según la ley.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior información sobre la existencia, identificación y estado de expedientes de inspección. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración debió facilitar la información disponible (existencia y número) sin esperar a la reclamación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Lopera la realización de una auditoría interna sobre expedientes de plantas fotovoltaicas y el envío del informe resultante. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reelaboración y falta de legitimidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque el derecho de acceso no incluye la creación de nuevos informes.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre expedientes administrativos incoados a raíz de sus denuncias por irregularidades en contratos (existencia, número, estado y resolución). El Ministerio denegó inicialmente por información en elaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la información completa (existencia y número de expedientes) fue proporcionada tardíamente, aunque considera justificada la denegación del acceso al contenido de los expedientes en curso por el límite de perjuicio a las funciones de inspección.
El reclamante solicitó a la SAREB el listado de la ubicación por municipios de las viviendas en proceso de incorporación al Sepes. La SAREB alegó que la información estaba en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la administración no concretó una fecha de entrega y el plazo estimado ya había transcurrido.
El reclamante solicitó a SAREB el listado de ubicación por municipios de viviendas en proceso de incorporación a SEPES. SAREB denegó el acceso alegando que la información estaba en elaboración y estaría lista en "próximas semanas", sin concretar fecha ni asegurar la entrega. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a SAREB a entregar la información en 10 días hábiles, al considerar que la causa de inadmisión por información en curso exige un plazo razonable y una fecha estimada, lo cual no se cumplió, y SAREB no colaboró con el Consejo.
Se solicitó información sobre la gestión de animales abandonados (censos, esterilización, presupuestos, etc.) al Ayuntamiento de Pujerra. El interesado alegó falta de respuesta (silencio administrativo). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, pues la administración debe comunicar la inexistencia de información directamente al solicitante.
Se solicitó información detallada sobre la gestión de animales abandonados y gatos comunitarios al Ayuntamiento de Parauta. El solicitante alegó la falta de respuesta tras su petición original. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación porque, aunque la administración alegó la inexistencia de la información, no respondió directamente al ciudadano.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social documentación sobre denuncias por violencia machista y acoso laboral contra el Grupo Parlamentario SUMAR, así como protocolos de actuación. El interesado alegó que la administración no respondió y que la inadmisión posterior era improcedente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos de respuesta.
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