Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la normativa de señalización interior y exterior de edificios de la Policía Nacional. La Administración no respondió y luego inadmitió la solicitud alegando que la información está en curso de elaboración/publicación (art. 18.1.a LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la normativa ya existe y está finalizada, por lo que la revisión de accesibilidad no justifica la inadmisión, y ordenó su remisión.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Yaiza el acceso completo a expedientes de 2017-2024 sobre la reforma del Hotel Sun Park. La administración denegó el acceso alegando expedientes en elaboración y límites genéricos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el índice de documentos para que el solicitante pueda acotar su petición, al considerar que la denegación total fue desproporcionada y que los expedientes, aunque en trámite, contienen documentos conclusos.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de León estudios de movilidad y proyectos urbanísticos. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración o era auxiliar. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó parcialmente la reclamación, entendiendo que la documentación ya existía materialmente y la causa de inadmisión temporal había desaparecido, ordenando facilitar el acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre la participación de la UCLM en patronatos de fundaciones. La administración inadmitió la solicitud alegando régimen específico del Registro de Fundaciones y derivó el resto sin identificar el órgano competente. El reclamante alegó incumplimiento del art. 19.3 LTAIBG y vicio de motivación. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio informar sobre el órgano al que derivó la solicitud.
Se solicitó a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias información sobre una sentencia contra MASPAZ, posibles sanciones y controles financieros de sus subvenciones. Se alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales al no respetarse el plazo legal de respuesta, reconociendo la causa de inadmisión por información en curso de elaboración para la parte no aportada.
La entidad reclamante solicitó acceso al expediente de una inspección ganadera a la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. Al no haber respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. La Administración alegó falta de mención a la LTAIBG, uso de formulario no normalizado y que el expediente estaba en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que la falta de referencia legal o formulario no impide el acceso, y que la información ya elaborada no está en curso de elaboración, ordenando su suministro anonimizado.
resumen en texto plano
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El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Ayamonte datos detallados sobre la gestión de animales abandonados y gatos comunitarios. La administración alegó que la información estaba pendiente de elaboración o actualización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que la respuesta es insuficiente y no justifica la denegación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la documentación gráfica, memorias y puntuaciones del concurso para el Memorial de Cuelgamuros. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando información en curso de elaboración (art. 18.1.a LTAIBG), excepto un acta. El reclamante alegó que la información ya era pública por notas de prensa y que la inadmisión carecía de fundamento. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que la información solicitada aún no estaba consolidada y estaba en curso de elaboración o publicación general, por lo que la causa de inadmisión era aplicable.
D. XXX, vocal de la Junta Vecinal de Gañinas de la Vega, solicitó acceso a las cuentas generales de 2018, 2019, 2022 y 2023. Ante la falta de respuesta, reclamó ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. El organismo desestima la reclamación porque la entidad local ya puso la documentación a disposición del solicitante, desapareciendo así el objeto de la impugnación.
La entidad vecinal solicitó al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso información sobre la limpieza de un pantano y su conexión con un embalse. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse facilitado la información con posterioridad a la interposición del recurso, sin respetarse el plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática el expediente completo de una subvención al Ayuntamiento de Cobeña por obras tras el temporal Filomena. La administración denegó parcialmente la pieza de justificación alegando que estaba en elaboración. El reclamante recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por considerar que se le negó información ya elaborada. El Consejo estimó la reclamación, ordenando facilitar toda la documentación ya finalizada, pues la causa de inadmisión solo aplica a información en curso de elaboración, no a documentos terminados de un expediente en tramitación.
La Plataforma ciutadana de Tibi solicitó al Ayuntamiento de Tibi acceso a expedientes ambientales de los proyectos Kenerjona I y II. Tras una respuesta parcial y restrictiva en el formato, la plataforma alegó falta de información y denegación de acceso electrónico. El Consejo estima parcialmente la reclamación, obligando a dar acceso al expediente 1184/2024 y por vía electrónica.
Una delegada sindical solicitó al SERMAS criterios sobre el cómputo de permisos retribuidos en turnos nocturnos y una aclaración sobre días hábiles. El SERMAS inadmitió la solicitud alegando la existencia de cauces sindicales. El Consejo desestima la reclamación: la primera petición por estar la información en fase de elaboración y la segunda por ser una consulta y no información pública.
La Plataforma de Organizaciones de la Infancia solicitó datos estadísticos sobre la protección de menores en 2024 a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. La Consejería inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en proceso de elaboración para su publicación por el Ministerio de Juventud e Infancia. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, obligando a facilitar los datos.
El solicitante pidió al Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco información sobre la integración de tarjetas Barik y la marca de Cercanías de Bilbao. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública confirma la inadmisión por considerarla correcta.
El sindicato solicitó a la AEAT/Ministerio de Hacienda la aprobación del PIA 2025. La administración inadmite parcialmente la solicitud alegando que la información está en curso de elaboración. El reclamante alegó que el plan ya estaba aprobado y la documentación existía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la causa de inadmisión no está suficientemente justificada; el documento es completo y su ejecución futura no implica que esté en elaboración.
Se solicitó al Ministerio de Transportes la documentación del Ayuntamiento de Alicante para ayudas de Zona de Bajas Emisiones. El Ministerio inadmitió la solicitud por estar la información "en curso de elaboración". El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la inadmisión inicial fue contraria a derecho, aunque la competencia para resolver el acceso final recae en el Ayuntamiento de Alicante.
El reclamante solicitó al Consorci Sanitari de Terrassa la rectificación de una baja por incapacidad temporal (IT) y la emisión de un informe explicativo tras un accidente. La administración inadmitió la solicitud por no ser información pública. La Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña desestimó la reclamación al considerar que se pedía una actuación administrativa y no acceso a información.
El reclamante solicitó información técnica, fechas de reprogramación y duración de una exposición en la Sala TEA al Ayuntamiento de Candelaria. Tras una resolución previa que obligó a entregar el expediente administrativo, el interesado reclama que la respuesta es insuficiente. El Comisionado de Transparencia inadmite la reclamación porque lo solicitado no es información existente, sino que exige la elaboración de nueva información o valoraciones futuras.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales información estadística sobre expedientes sancionadores y fondos recaudados bajo la Ley 7/2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque, aunque el Ministerio es competente para coordinar la estadística, la información solicitada no obraba en su poder al no haber sido remitida aún por las administraciones autonómicas y locales, estando la estadística en fase de elaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe información detallada sobre la gestión de colonias felinas (censos, presupuestos, facturas y protocolos). El reclamante alegó que la respuesta fue insuficiente respecto al censo y el detalle de las facturas. El Consejo estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar dichos datos basándose en el principio de máxima transparencia.
Ecologistas en Acción solicitó documentos sobre la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regional de Biometanización y ofertas de adjudicación a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración. Tras requerir al reclamante para que manifestara su deseo de desistir, este no respondió, lo que derivó en el archivo.
D.ª XXX solicitó al Ayuntamiento de Tudela de Duero información sobre presupuestos y facturas de 2023-2024 para la Ley de Bienestar Animal y fiestas, remanente de tesorería y el Programa de Gestión de Colonias Felinas. La reclamante alegó denegación presunta y respuesta defectuosa. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ayuntamiento facilitar la información pendiente no publicada o correctamente entregada.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el estado de un proyecto de modificación normativa para adaptar puestos de trabajo en Guardia Civil, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. El Consejo de Transparencia acordó archivar la reclamación porque el solicitante desistió voluntariamente al haber obtenido la información requerida durante la tramitación del procedimiento.
Un ciudadano solicitó a Renfe Operadora información sobre costes de mantenimiento de trenes, número de reclamaciones de usuarios, resultados de pruebas de fiabilidad de trenes Avril y el coste de contenidos de la app PlayRenfe. Renfe denegó parcialmente el acceso, alegando que parte de la información no era pública, requería reelaboración o afectaba intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando a Renfe entregar los datos de mantenimiento, reclamaciones detalladas y pruebas de fiabilidad, al considerar que el interés público en servicios esenciales prevalece, pero mantuvo la denegación para los costes de PlayRenfe por ser una estrategia comercial.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana expedientes administrativos de provisión de plazas (adscripciones, interinidades y comisiones de servicio) omitiendo datos personales. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Comisionado de Transparencia. El organismo estimó parcialmente la reclamación, rechazando que un procedimiento en tramitación sea causa de inadmisión.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Cercedilla el expediente administrativo sobre la autorización del vallado de un robledal en zona protegida. Ante la falta de respuesta y la posterior remisión de un informe técnico insuficiente, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a facilitar los documentos conclusos del expediente.
Una persona física solicitó al Consorci del Besòs informes sobre la calidad ambiental del suelo y aguas subterráneas. El Consorci denegó el acceso alegando que la información estaba en fase de revisión. La GAIP estima la reclamación, determinando que los documentos son productos finales de un encargo administrativo y no borradores internos, por lo que deben ser facilitados.
La APMA solicitó al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú el informe y acta de la Comisión de Patrimonio sobre una modificación del PGOU. Tras una estimación parcial inicial, la GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento acabó facilitando la documentación requerida durante la tramitación de la reclamación.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León datos detallados sobre atención primaria en 2020. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación, validando la inadmisión por estar la información en curso de elaboración o requerir reelaboración compleja.
El interesado solicitó copia digital de un proyecto de conservación de la flora y sus informes técnicos a la Consejería de Medio Ambiente de Murcia. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. Tras la reclamación, la administración remitió la documentación final, lo que provocó que el organismo revisor declarara la pérdida de objeto.
Se solicitó al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat de Catalunya el expediente de viabilidad de una estación de ferrocarril en Rubí. Tras una inadmisión inicial por estar el documento en redacción, la GAIP resuelve que ha habido pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración se comprometió a entregar la información en enero.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre el coste, medios de transporte, contratos y vuelos de traslados de inmigrantes desde Canarias. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal establecido, vulnerando el derecho a una respuesta ágil.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre ayudas económicas, convenios bancarios, gasto sanitario, número, nacionalidades y destino de inmigrantes trasladados a España en 2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, aunque sí lo hizo de forma tardía durante la tramitación de la reclamación.
Una plataforma solicitó a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid datos detallados y desglosados sobre el sistema de protección de la infancia 2024. El reclamante alegó que la información es necesaria para monitorizar la desinstitucionalización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir reelaboración, ser abusiva y estar en curso de publicación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santander un informe externo sobre la ubicación de escaleras de incendios en el CEIP Menéndez Pelayo. Ante la falta de respuesta, se interpuso una reclamación. El Ayuntamiento inadmitió inicialmente, pero luego aportó el informe. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la información no fue facilitada en el plazo legal, haciendo necesaria la reclamación para el reconocimiento del derecho.
El ciudadano solicitó a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública el estado de tramitación, informes y el texto de la modificación del Decret 24/1997. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por no haberse notificado resolución previa y por no acreditarse la causa de inadmisibilidad.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de Madrid información sobre el concurso de méritos y prórrogas del Programa de Excelencia en Bachillerato. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, considerando que parte de la información ya fue publicada y que la solicitud de un resumen detallado constituye una reelaboración de datos no amparada por la ley.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid licencias y expedientes sancionadores de un local. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación general debido a errores en el censo de locales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Bilbao la ubicación en tiempo real de los autobuses Bilbobus. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en proceso de optimización (en elaboración). La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación, al considerar que la información ya existía y su mejora no justifica la inadmisión.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón el acceso íntegro al Capítulo I de los presupuestos y gastos de personal (2020-2025). El Ayuntamiento alegó inadecuación de la vía y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad de los empleados y solicitar información inexistente o a medida.
El reclamante solicitó a Renfe (a través del Ministerio de Transportes) el número total de viajeros por año (2019, 2022, 2024) desglosado por línea y estación (subidas/bajadas) para varias líneas OSP. Renfe inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carga desproporcionada, ofreciendo enlaces a informes genéricos. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implica una reelaboración desproporcionada de información existente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Murcia la cartografía del servicio de limpieza viaria del barrio de La Purísima-Barriomar. El interesado alegó la necesidad de la información para fiscalizar el servicio tras recibir una respuesta que calificaba el documento como interno y auxiliar. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia la inadmite por haber sido presentada de forma extemporánea.
Una asociación solicitó a la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha el expediente completo de una concesión minera, el Plan de Restauración y los Planes de Labores. Tras una resolución de acceso parcial, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando las limitaciones impuestas por la Administración.
La reclamante solicitó a AEMET información sobre el uso de rejillas térmicas, listado y estado de estaciones meteorológicas en Canarias, historial de cobertura de datos y porcentajes de datos observados vs. estimados. AEMET inadmitió parcialmente alegando información en elaboración y sujeción a precios públicos. El Consejo estima parcialmente la reclamación, exigiendo a AEMET concretar la información publicada, los servicios de pago y conceder el acceso a lo no justificado.
Una periodista solicitó a la Agència Tributària de Catalunya el Plan Director elaborado por una consultora externa. La administración denegó el acceso alegando que era un documento de trabajo interno. La GAIP estima la reclamación, determinando que un informe final entregado por un externo no es un documento interno y posee un interés público relevante.
Un ciudadano solicitó al Gobierno de Cantabria un listado de lobos muertos, informes de necropsia, resoluciones de autorización y datos de explotaciones ganaderas afectadas. La administración entregó parte de la información tardíamente, denegando necropsias, coordenadas GPS, topónimos y códigos REGA. El Consejo estimó parcialmente la reclamación, indicando que los informes de necropsia son información pública y deben facilitarse, al no justificarse límite legal, aunque no sean objeto de publicidad activa.
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