Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Cubelles copias de las citaciones judiciales de varios implicados en una investigación. La administración denegó el acceso alegando límites legales. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) desestima la reclamación porque la información solicitada es un acto procesal elaborado específicamente para un proceso judicial.
Un regidor solicitó al Ajuntament de l’Ampolla las fechas y los listados de expedientes requeridos por la policía judicial. La administración denegó el acceso alegando secreto de sumario y límites por investigación de infracciones. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, al considerar que son datos objetivos que no vulneran la investigación.
Se solicitó al Ajuntament de La Guingueta d’Àneu información sobre licencias de obras mayores, informes técnicos y su localización. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando una investigación penal en curso. La GAIP desestima la denegación de los informes técnicos (punto 2) por ser materia judicializable, pero estima el acceso a la relación de licencias y su ubicación (puntos 1 y 3).
Se solicitó copia íntegra de diversos expedientes administrativos al Ayuntamiento de Montornès del Vallès. La administración denegó el acceso alegando actuaciones previas no concluidas y la imposibilidad de distinguir partes de un expediente vinculado a un proceso penal. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la parte del expediente que fue archivada.
Un padre solicitó a un colegio concertado informes sobre acoso escolar a su hijo. El centro denegó el acceso alegando carácter auxiliar y riesgo para procesos disciplinarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque los colegios concertados no están sujetos al derecho de acceso a la información pública ni tienen obligación de remitir dichos protocolos a la Administración educativa.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sienes copia de un informe pericial topográfico sobre el dominio público de unas fincas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos, propiedad intelectual y riesgo de afectar a la igualdad de las partes. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y ordena la entrega del documento.
El Ayuntamiento de Vila-real solicitó a la Conselleria de Servicis Socials el expediente completo sobre el cierre del centro geriátrico Madrigal. Tras una estimación parcial que denegó los trámites de ejecución forzosa, el Consejo Valencià de Transparència estima la reclamación, ordenando la entrega de dicha información al no considerarse aplicables los límites alegados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes las fechas de visitas y nombres de altos cargos con los que se reunió un empresario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio declaró formalmente no disponer de la información solicitada, más allá de las agendas públicas, y la legislación vigente no obliga a documentar sistemáticamente dichas reuniones.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en unos lanzamientos de inmuebles. Alegó falta de motivación en la denegación y opacidad en el gasto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque conocer los efectivos revela estrategias de seguridad y el coste no requiere informes ad hoc.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en dos lanzamientos de inmuebles. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Deniega el acceso al número de efectivos por riesgo a la seguridad pública (revelación de estrategias), y al coste por no existir gasto extraordinario y considerar que un cálculo prorrateado excede el derecho de acceso.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido a la Fiscalía. La administración denegó el acceso alegando que la información formaba parte de una investigación penal en curso. El recurrente alegó que no existe tal procedimiento judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información podría perjudicar la investigación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido por la OIReScon a la Fiscalía, relacionado con una denuncia penal. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del acceso. Argumentó que la información forma parte de un sumario judicial en fase de instrucción, y su revelación podría perjudicar la investigación y la igualdad de las partes, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó información sobre expedientes urbanísticos, licencias de actividad ganadera y características de construcciones en una parcela específica al Ayuntamiento de Salt. Tras alegarse un desistimiento parcial por parte del interesado, la GAIP estimó la reclamación, declarando el derecho de acceso a la información técnica y de licencias solicitada.
Representantes sindicales (UGT y SPL-CME) solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre una instrucción de la policía local (tenencia de armas y procedimientos de retirada). La administración no respondió. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de los puntos, pero inadmite la parte relativa a solicitar explicaciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de documentos de un expediente de inspección de un local recreativo. La administración denegó el acceso alegando falta de interés legítimo y el límite de prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el límite estaba debidamente justificado al estar el procedimiento en fase de instrucción, y que la falta de condición de interesado no obsta al derecho de acceso.
Un trabajador municipal solicitó al Ayuntamiento de Mollet del Vallès acceso a diversa documentación sobre su puesto de trabajo, prevención de riesgos y datos personales. Tras una denegación parcial, el recurre ante la GAIP. El organismo estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de la información (previa protección de datos) pero denegando la relativa a Trello y a un accidente por seguridad/infracciones.
La Unión de Policía Municipal solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre la composición y creación de la Sección de Investigación de Asuntos Internos. Tras la denegación e inadmisión de las peticiones, interpuso reclamación alegando la falta de justificación del interés público y la irregularidad orgánica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la administración aplicó correctamente el límite de prevención de ilícitos disciplinarios, ya que la divulgación perjudicaría la eficacia de las funciones de Asuntos Internos sin que existiera un interés público prevalente.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda el informe de una inspección sobre el Punto de Encuentro de Alcoi. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que el documento es decisivo y afecta al interesado.
El reclamante solicitó a la AEAT información estadística sobre investigaciones de material sanitario en pandemia y datos de empresas afectadas. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos estadísticos al no comprometer las investigaciones, pero deniega el acceso a la información específica de empresas y expedientes por afectar a la reserva tributaria y a investigaciones en curso.
El reclamante solicitó a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social acceso a una denuncia y documentos relacionados presentados contra él por una compañera. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque fue interpuesta fuera del plazo legal de un mes desde la notificación de la respuesta inicial, considerándola extemporánea.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada los resultados de inspecciones de sanidad y seguridad en locales de hostelería (2019-2023), incluyendo nombres, direcciones y deficiencias. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración excesiva de la información y por afectar a intereses económicos y funciones de control.
Una persona física solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya conocer la condición administrativa de su hermano (posible víctima) en unas diligencias policiales tras su fallecimiento. El organismo de transparencia (GAIP) desestima la reclamación porque la investigación penal está abierta y el acceso podría comprometer la instrucción judicial.
Se solicitó al Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya documentación del Cuerpo de Agentes Rurales sobre aparcamientos ilegales en el EIN Platja de Torredembarra y Creixell. La GAIP declara la pérdida parcial del objeto por entrega de datos básicos, desestima el acceso a expedientes en curso y estima el acceso a los ya finalizados, previa anonimización.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior acceso a documentos (Anexo III, declaraciones de testigos, archivo de imágenes) de un expediente de acoso sexual archivado que derivó en un procedimiento disciplinario y penal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no justificó suficientemente el límite del art. 14.1.e) LTAIBG, y que existe interés público y privado en el acceso, permitiendo la anonimización de datos de terceros.
El reclamante solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense información sobre un vehículo "Corvette" (titular, ITV, impuestos) y el oficio de remisión de un atestado judicial. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de las solicitudes por su carácter abusivo y desproporcionado, dado el elevado número de peticiones (más de 600 en 3 años, 73 en 2025) que colapsan la administración sin una finalidad legítima de transparencia.
El reclamante solicitó a la ITSS copia del Acta de Infracción y otros documentos de un procedimiento sancionador en curso. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que carece de competencia para reconocer la condición de interesado o para ordenar notificaciones. Además, aplica el límite del art. 14.1.e) LTAIBG, ya que la divulgación de información de un procedimiento sancionador en curso perjudicaría su prevención e investigación.
La Asociación Impulso Ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda expedientes sobre la restitución de inmuebles en Francia al PNV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó la finalidad abusiva ni la existencia de procedimientos en curso que justifiquen la denegación.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Tarragona informes sobre la importación de residuos por Griñó y su concesión administrativa. La APT denegó el acceso alegando límites por proceso judicial e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no justificarse el perjuicio concreto ni la naturaleza judicial de la información administrativa solicitada, ordenando su entrega.
Reclamante solicitó actas de inspección sanitaria a un local al Ayuntamiento de Madrid. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que el límite de intereses económicos y comerciales prevalece sobre el interés público en este caso concreto.
El reclamante solicitó información técnica (puntos de propagación, archivos fotográficos y metadatos) y datos de identificación de responsables sobre un informe de incendio forestal de 2019. La Delegación Territorial denegó el acceso alegando la protección de investigaciones penales en curso. El Consejo de Transparencia de Andalucía inadmitió las peticiones de datos de responsables y desestimó el resto.
El reclamante solicitó a la AEAT el número de funcionarios en Cataluña en dos fechas y el de aquellos que se trasladaron fuera de Cataluña. La AEAT concedió parcialmente los dos primeros puntos, pero denegó el tercero para Vigilancia Aduanera por límites de seguridad (Art. 14.1 LTAIBG) y lo inadmitió para el resto por exigir reelaboración compleja de datos dispersos (Art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo desestima la reclamación, confirmando la decisión de la AEAT.
La interesada solicitó a la Consejería de Administración Local y Digitalización de la C. de Madrid el acceso a actuaciones previas de investigación sobre denuncias de infracciones. La administración denegó el acceso alegando que las investigaciones estaban en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, considerando que, al momento de la resolución administrativa, la divulgación de dichas actuaciones perjudicaba la investigación de posibles ilícitos administrativos, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIPBG.
El solicitante pidió al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco información detallada sobre sanciones, expedientes y actividad inspectora en el sector del juego (2020-2025). Tras una estimación parcial, el interesado alegó vulneración de sus derechos de acceso. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por falta de justificación de los límites alegados.
La reclamante solicitó al Consorcio Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a un expediente y copia de un informe. El organismo la remitió a la TGSS. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar improcedente la respuesta inicial y no haberse facilitado la información en plazo, obligando a la interposición de la reclamación.
Un gestor administrativo solicitó al Ministerio del Interior documentos sobre un cambio de titularidad de vehículo, relacionados con un procedimiento disciplinario ya resuelto. Ante la falta de respuesta, reclamó al Consejo de Transparencia. El Consejo estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información, al considerar que el límite de investigación de ilícitos no aplicaba al haber finalizado el procedimiento disciplinario.
El interesado solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la identidad (nombres y apellidos) y la geolocalización de los sujetos en 130 expedientes de restablecimiento de la legalidad. Alegó interés público para controlar la inacción administrativa y posibles irregularidades. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por proteger la privacidad de los datos personales.
Un regidor solicitó información sobre contratos, salarios y funciones de tres empleadas, además de la resolución de un protocolo de acoso. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ya había facilitado parte de la información salarial. La GAIP estima parcialmente la reclamación: declara la pérdida de objeto sobre los salarios ya entregados, pero ordena entregar las funciones y la información general del protocolo.
Se solicitó información sobre la eutanasia y estado de 143 macacos en una empresa a la Generalitat de Catalunya. La administración facilitó parte de la información y alegó no disponer de otros datos o que estaban sujetos a expedientes sancionadores. El organismo de transparencia (GAIP) declara la pérdida de objeto al haberse entregado información relevante.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información sobre una información reservada y la inadmisión de un expediente disciplinario contra una funcionaria. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y que afectaba a la investigación disciplinaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes copia de expedientes de licencias de obras, actividad, urbanismo y expedientes sancionadores de un camping. La administración alegó la posible afectación a investigaciones en curso y la oposición de un tercero por protección de datos. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, ordenando el acceso previa anonimización de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre modelos específicos de cinemómetros de la DGT, incluyendo su estado técnico, fecha de adquisición y tipo (fijo/móvil). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que las limitaciones alegadas por el Ministerio (seguridad, prevención de ilícitos, carácter abusivo de la solicitud) no estaban justificadas ni eran proporcionadas, y la información no estaba disponible públicamente como se afirmó.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) convenios, acuerdos y poderes relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva. El reclamante alegó que dichos documentos no estaban bajo investigación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información está sujeta a un proceso penal y una comisión de investigación.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès acceso a una denuncia y documentos sobre un proceso de riesgos psicosociales. La administración alegó que la denuncia no existía y que el resto de documentos estaban sujetos a reserva por tratarse de un expediente de presunto acoso laboral. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que se mantienen los límites de confidencialidad.
El reclamante solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense información sobre presuntas "corruptelas" de mandos y otras cuestiones diversas. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud. La decisión se basó en el carácter abusivo y manifiestamente repetitivo de las solicitudes (73 en 2025), que, por su volumen y heterogeneidad, suponían una extralimitación del derecho y un gravamen desproporcionado para la administración, según el art. 18.1.e) LTAIBG.
Se solicitó a RED.es copia de propuestas y documentación de criterios de valoración de dos contratos de formación. RED.es denegó el acceso por estar la información bajo secreto sumarial en una investigación de la Fiscalía Europea. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación al considerar que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y la igualdad de las partes, aplicando el art. 14.1.e) LTAIBG.
Una entidad conservacionista solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló un informe de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra sobre incidentes en un parque agrario. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación y ordena derivar el expediente a la Dirección General de la Policía.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación de acceso a información sobre seguimiento, vigilancia o recopilación de datos personales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al Ministerio del Interior. La denegación se fundamenta en que la divulgación de dicha información perjudicaría la prevención e investigación de ilícitos, aplicando el límite del artículo 14.1.e) LTAIBG, al tratarse de una investigación en curso.
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