Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La interesada solicitó a la Consejería de Administración Local y Digitalización de la C. de Madrid el acceso a actuaciones previas de investigación sobre denuncias de infracciones. La administración denegó el acceso alegando que las investigaciones estaban en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, considerando que, al momento de la resolución administrativa, la divulgación de dichas actuaciones perjudicaba la investigación de posibles ilícitos administrativos, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIPBG.
La reclamante solicitó al Consorcio Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a un expediente y copia de un informe. El organismo la remitió a la TGSS. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al considerar improcedente la respuesta inicial y no haberse facilitado la información en plazo, obligando a la interposición de la reclamación.
Un gestor administrativo solicitó al Ministerio del Interior documentos sobre un cambio de titularidad de vehículo, relacionados con un procedimiento disciplinario ya resuelto. Ante la falta de respuesta, reclamó al Consejo de Transparencia. El Consejo estimó la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información, al considerar que el límite de investigación de ilícitos no aplicaba al haber finalizado el procedimiento disciplinario.
El interesado solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural la identidad (nombres y apellidos) y la geolocalización de los sujetos en 130 expedientes de restablecimiento de la legalidad. Alegó interés público para controlar la inacción administrativa y posibles irregularidades. El Comisionado de Transparencia desestimó la reclamación por proteger la privacidad de los datos personales.
Un regidor solicitó información sobre contratos, salarios y funciones de tres empleadas, además de la resolución de un protocolo de acoso. El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet ya había facilitado parte de la información salarial. La GAIP estima parcialmente la reclamación: declara la pérdida de objeto sobre los salarios ya entregados, pero ordena entregar las funciones y la información general del protocolo.
Se solicitó información sobre la eutanasia y estado de 143 macacos en una empresa a la Generalitat de Catalunya. La administración facilitó parte de la información y alegó no disponer de otros datos o que estaban sujetos a expedientes sancionadores. El organismo de transparencia (GAIP) declara la pérdida de objeto al haberse entregado información relevante.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información sobre una información reservada y la inadmisión de un expediente disciplinario contra una funcionaria. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y que afectaba a la investigación disciplinaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes copia de expedientes de licencias de obras, actividad, urbanismo y expedientes sancionadores de un camping. La administración alegó la posible afectación a investigaciones en curso y la oposición de un tercero por protección de datos. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, ordenando el acceso previa anonimización de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre modelos específicos de cinemómetros de la DGT, incluyendo su estado técnico, fecha de adquisición y tipo (fijo/móvil). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que las limitaciones alegadas por el Ministerio (seguridad, prevención de ilícitos, carácter abusivo de la solicitud) no estaban justificadas ni eran proporcionadas, y la información no estaba disponible públicamente como se afirmó.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) convenios, acuerdos y poderes relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva. El reclamante alegó que dichos documentos no estaban bajo investigación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información está sujeta a un proceso penal y una comisión de investigación.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès acceso a una denuncia y documentos sobre un proceso de riesgos psicosociales. La administración alegó que la denuncia no existía y que el resto de documentos estaban sujetos a reserva por tratarse de un expediente de presunto acoso laboral. La GAIP desestimó la reclamación por considerar que se mantienen los límites de confidencialidad.
El reclamante solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense información sobre presuntas "corruptelas" de mandos y otras cuestiones diversas. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud. La decisión se basó en el carácter abusivo y manifiestamente repetitivo de las solicitudes (73 en 2025), que, por su volumen y heterogeneidad, suponían una extralimitación del derecho y un gravamen desproporcionado para la administración, según el art. 18.1.e) LTAIBG.
Se solicitó a RED.es copia de propuestas y documentación de criterios de valoración de dos contratos de formación. RED.es denegó el acceso por estar la información bajo secreto sumarial en una investigación de la Fiscalía Europea. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación al considerar que la divulgación perjudicaría la investigación en curso y la igualdad de las partes, aplicando el art. 14.1.e) LTAIBG.
Una entidad conservacionista solicitó al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló un informe de la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de los Mossos d’Esquadra sobre incidentes en un parque agrario. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) estima parcialmente la reclamación y ordena derivar el expediente a la Dirección General de la Policía.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación de acceso a información sobre seguimiento, vigilancia o recopilación de datos personales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al Ministerio del Interior. La denegación se fundamenta en que la divulgación de dicha información perjudicaría la prevención e investigación de ilícitos, aplicando el límite del artículo 14.1.e) LTAIBG, al tratarse de una investigación en curso.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre patrullas mixtas, distancias, unidades, turnos y efectivos de la USECA en la Compañía de Cortegana (Huelva) para 2023-2025. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de datos operativos y logísticos tan específicos podría comprometer la seguridad pública y la de los agentes, prevaleciendo este límite sobre el derecho de acceso.
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos desglosados (2019-2024) sobre víctimas mortales de violencia de género registradas en VioGén, indicando su nivel de riesgo en el momento del asesinato. El Ministerio denegó parte de la información alegando perjuicio a la seguridad pública e investigación penal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que los límites no se justificaban para datos agregados y que prevalecía el interés público en la fiscalización del sistema VioGén.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las "órdenes de servicio" de expedientes de actuaciones preliminares de información desde septiembre de 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada revelaría la metodología de investigación y control del Ministerio, perjudicando sus funciones de vigilancia e inspección (art. 14.1.g LTAIBG) y sin un interés público cualificado.
Un reclamante solicitó a la AEAT información sobre la actuación de Hacienda respecto a una empresa liquidada con una gran deuda, incluyendo su personación en el concurso, deuda recuperada e inspecciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, al considerar que la Ley de Transparencia es aplicable y que la información sobre una sociedad mercantil liquidada no afecta a la intimidad, instando a la AEAT a entregar parte de la información solicitada.
El ciudadano solicitó información sobre cámaras de videovigilancia en el Raval al Ayuntamiento de Barcelona. Tras la reclamación por falta de respuesta, la administración entregó la información (aunque de forma parcial y extemporánea). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Loja presupuestos, informes retributivos y cuadrantes de trabajo de bomberos (2019-2024). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando investigaciones en curso y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el catálogo de efectivos de la Guardia Civil por provincia, desglosado por escalas y situación (activo, reserva, alumnos), y vacantes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó de forma concreta y proporcionada la aplicación de los límites de seguridad pública y prevención de ilícitos (art. 14.1.d y e LTAIBG), incumpliendo la jurisprudencia y la doctrina del Consejo.
La Asociación solicitó al Ayuntamiento de Ronda acceso a expedientes urbanísticos sobre un vertedero y edificaciones irregulares. El Ayuntamiento denegó o declaró desistimiento alegando falta de concreción, abusividad y límites al acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información no afectada por terceros y retrotraer el procedimiento para precisar peticiones genéricas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Esterri de Cardós copia de expedientes de contratación de servicios de los últimos diez años, incluyendo los de un arquitecto específico. El Ayuntamiento denegó el acceso a los del arquitecto alegando perjuicio a un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, determinando que la información no fue creada para el proceso judicial y debe entregarse.
La Fundación Civio solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de herramientas de IA usadas por la Policía Local. El reclamante alegó que el Reglamento Europeo de IA exige transparencia en sistemas de alto riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por ser extemporánea y porque la información comprometería la seguridad pública y la eficacia policial.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
El reclamante solicitó a la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía datos técnicos, coordenadas y vídeos sobre un incendio forestal de 2019. Alegó que la denegación era parcial y que la información es necesaria para denunciar delitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por existir un proceso penal en curso.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes grabaciones de cámaras e informes sobre un descarrilamiento ferroviario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Denegó los informes por perjuicio a una investigación en curso (Art. 14.1.e LTAIBG) y las grabaciones por su carácter reservado y uso restringido a investigaciones policiales/judiciales (Art. 42.4 Ley 5/2014).
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Elche de la Sierra acceso y copia de diversos expedientes sancionadores urbanísticos para fundamentar una querella. El Ayuntamiento denegó el acceso por ser información en curso y solicitud abusiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima parcialmente la reclamación, permitiendo conocer el estado de tramitación pero denegando las copias.
Un reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una copia completa de un expediente de acción inspectora contra dos empresas. El organismo denegó el acceso alegando un régimen específico de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha decidido suspender la resolución de la reclamación, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la normativa sectorial de la Inspección de Trabajo excluye la aplicación de la Ley de Transparencia en estos casos.
La Asociación de Vecinos solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián copia de 5 expedientes sancionadores. El Ayuntamiento estimó parcialmente, denegando uno por estar en fase de instrucción (Art. 14.1.e LTAIBG). La Asociación reclamó, alegando que el perjuicio habría decaído y que los infractores ya conocerían la información. La Comisión estima la reclamación, ordenando entregar el expediente denegado, al considerar que el límite no aplica si la información ya es conocida por los presuntos infractores.
Se solicitó al Ayuntamiento de Mataró un expediente, un informe de la OAC y datos sobre seis plazas. El reclamante alegó que la información es pública y que la respuesta fue insuficiente. La GAIP resuelve: 1) Pérdida de objeto por el informe de la OAC (inexistente en el Ayuntamiento), 2) Desestimación del expediente por estar bajo investigación penal y 3) Estimación parcial para las plazas.
Un ciudadano solicitó copia de dos expedientes disciplinarios/sancionadores al Ajuntament de Montornès del Vallès. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era reservada y que los expedientes estaban vinculados a una investigación judicial. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por concurrir el límite de investigación de infracciones.
Un particular solicitó al Departament d'Empresa i Treball datos detallados sobre la plataforma de control de viviendas de uso turístico (HUTS), incluyendo municipios, plataformas y nombres de usuarios. La administración denegó el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación al considerar que concurren límites legales de investigación y de intereses comerciales.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de policías infiltrados (art. 11 LO 2/1986) entre 2000 y 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión ministerial por ser la solicitud manifiestamente repetitiva de otra ya denegada. Además, la información no está disponible en bases de datos estadísticas y está sujeta al límite de seguridad pública (art. 14.1.e LTAIBG).
Una asociación solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre el estado y resultado de un expediente sancionador contra la promotora del Reggaeton Beach Festival. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, validando la denegación de acceso por perjudicar las funciones de inspección y el deber de sigilo profesional del inspector.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los enlaces a los contratos del Centro FP Ignacio Ellacuría de Alcorcón. La Consejería denegó el acceso alegando una investigación económica en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por concurrir el límite legal de perjuicio a la investigación de ilícitos administrativos.
Se solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y límites de la LTAIBG, tras una ampliación de plazo injustificada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo y por la necesidad de la reclamación para el reconocimiento del derecho, aunque parte de la información estaba clasificada.
Una profesional solicitó al Servicio Extremeño de Salud (SES) copia de un escrito interno que cuestionaba su profesionalidad. El SES inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, afectaba una investigación y contenía datos personales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, declarando que el documento es información pública, la investigación está archivada y los datos pueden anonimizarse.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copia de una información reservada de la Guardia Civil que dio lugar a un expediente disciplinario. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque el mismo objeto ya fue resuelto en una resolución previa (R CTBG 751/2024) que estimó el acceso, y dicha resolución está actualmente recurrida por el Ministerio ante la Audiencia Nacional, con el reclamante ya emplazado. No procede un nuevo pronunciamiento.
Una persona física solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès información sobre la gestión, cadena de custodia de pruebas y registros de reuniones de un tribunal. El ciudadano alegó la falta de respuesta (silencio). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la información está vinculada a una investigación administrativa reservada.
Un ciudadano solicitó información sobre la gestión y custodia de pruebas, reuniones de un tribunal y actuaciones de un grupo de selección al Ajuntament de Mollet del Vallès. La administración alegó que la información formaba parte de una investigación reservada. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por concurrir el límite de investigaciones administrativas.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Ribera d'Ondara el decreto de archivo y documentación de un expediente disciplinario de la secretaria. La administración alegó una investigación por sustracción de datos para denegar el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación por ser información de un procedimiento ya finalizado sin sanciones.
Se solicitó información sobre procesos de entrevista para directivos y composición/actas de consejos escolares de dos centros educativos al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de respuesta, la GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación tras aplicar la anonimización necesaria para proteger la privacidad.
El reclamante solicitó información sobre una inspección de trabajo y documentos aportados por la Mancomunitat La Plana. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y procedimientos en curso. La GAIP desestima parcialmente (deniega copias de documentos por investigación en curso), estima parcialmente (concede responder si se entregó la documentación) e inadmite parte por no ser derecho de acceso.
ASUFIN solicitó a la AEPD copia del expediente sancionador EXP202304633 contra 4Finance. La AEPD denegó el acceso invocando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG por un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEPD facilitó acceso parcial (resolución y alegaciones de terceros) tras la reclamación, reconociendo la aplicación del límite por la investigación penal en curso.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Personal del SAS el expediente completo de una Información Reservada (IR) archivada. El SAS denegó el acceso alegando que la información podría perjudicar expedientes disciplinarios en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación aportada por el solicitante y aquella que no afecte a los procesos abiertos.
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