Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una mercantil solicitó acceso al expediente de actuaciones previas (CNS/DE/1597/23) de la CNMC. La administración denegó la información alegando que el contenido se había integrado en un procedimiento sancionador en curso y que ello afectaba a la investigación de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación.
El interesado solicitó informes y partes de intervención policial sobre un incendio ocurrido en julio de 2025 al Ministerio del Interior. El Ministerio denegó el acceso indicando que existe un procedimiento judicial abierto y que debe solicitarse ante el Juzgado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de la prevención de ilícitos penales.
El interesado solicitó acceso a documentos e informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el expediente FASEE y el apoyo a Air Europa. Alegó que la confidencialidad no debe prevalecer ante el interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información está vinculada a investigaciones en curso.
Un sindicato solicitó al Ministerio de Hacienda el listado de productividad del personal de la AEAT de 2024. La AEAT denegó el acceso alegando protección de datos, seguridad y procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de transparencia retributiva y la labor sindical.
El solicitante pidió información técnica y estadística sobre un equipo de rayos X de la AEAT. La AEAT concedió acceso parcial pero denegó los datos estadísticos y técnicos alegando protección de investigaciones y funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la información técnica y estadística por no existir un perjuicio concreto.
El interesado solicitó al Ministerio información detallada sobre contratos adjudicados a una UTE (ejecución, facturas, personal, financiación europea y subcontratación). Red.es denegó el acceso alegando un procedimiento penal en curso ante la Fiscalía Europea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la administración no acreditó un perjuicio real.
El reclamante solicitó acceso al expediente sobre el uso ilegal de un camarote municipal al Ayuntamiento de Getxo. Alegó silencio administrativo y falta de impulso en el expediente. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, indicando que el Ayuntamiento debe motivar el acceso al expediente en trámite y aclarando que la Comisión no puede impulsar procedimientos.
El interesado solicitó a la AEPD el listado nominal de todos sus empleados, información sobre expedientes disciplinarios y copia de un expediente concreto. La AEPD concedió acceso parcial a cargos de responsabilidad pero denegó el resto por protección de datos y por tratarse de un procedimiento en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
Ryanair solicitó información al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sobre procedimientos inspectores o sancionadores contra Vacaciones Edreams. La administración denegó el acceso alegando protección de la actividad inspectora e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, concediendo los datos identificativos y las resoluciones de archivo.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián copias de expedientes sancionadores por infracciones urbanísticas/hosteleras. Tras la desestimación de algunas solicitudes, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ya que la administración solo podía denegar la información de un expediente por estar aún en fase de instrucción.
Se solicitó información sobre el acceso a datos personales de la reclamante y acceso a expedientes de gestión de un incidente sanitario a la Consejería de Sanidad de Castilla y León. La recurrente alegó que la respuesta fue insuficiente y que la denegación por vía procedimental era improcedente. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó parcialmente la reclamación y ordenó retrotraer el procedimiento.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia información detallada sobre indemnizaciones por prisión provisional indebida, incluyendo expedientes individuales, estadísticas y criterios internos. El Ministerio denegó el acceso a datos personales y calificó la petición de criterios como una 'consulta'. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los criterios y protocolos si existen.
La asociación FACUA solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa información sobre el estado de tramitación de una denuncia presentada por ella. Tras la denegación inicial de la Administración por falta de legitimación y el silencio ante una nueva solicitud, FACUA reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación al considerar que la Administración ya informó de la situación procesal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valle de Valdebezana la identidad de denunciantes, copias de denuncias y medidas adoptadas contra un ciudadano y su familia. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la documentación del interesado o, si no hay procedimiento, realizar el trámite de audiencia a los denunciantes.
Una asociación solicitó copia del expediente E23-2601 a la AESA. La administración inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva, pues su representante ya había pedido la misma información anteriormente como persona física. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la asociación tiene personalidad jurídica propia e independiente.
Tres concejales solicitaron al Ayuntamiento de Vitigudino las resoluciones de Alcaldía relativas a un expediente disciplinario. Ante la falta de respuesta, presentaron reclamación. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación alegando la pérdida de objeto, ya que los reclamantes ahora forman parte del equipo de gobierno, y la protección de datos sensibles del expediente.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior el organigrama y los nombres de los ocupantes de cargos en la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF). El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los nombres por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide la inadmisión de la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
Se solicitó información sobre las actuaciones y copia de la resolución de un expediente sancionador a la Viceconsejería de Salud y Consumo. La entidad denegó el acceso alegando que la información podía perjudicar una investigación penal en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por considerar que, al momento de la denegación, el límite era aplicable.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de San Roque copia de una propuesta de pleno y expedientes sobre una explotación equina en suelo público. Tras el silencio administrativo inicial, el Ayuntamiento denegó parte de la información alegando investigaciones de la Fiscalía. El Consejo de Transparencia de Andalucía declara la terminación por haber facilitado la propuesta y desestima el resto.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Salamanca diversos informes jurídicos y resoluciones de sanciones administrativas tras alegar que la información era pública y pedía su disociación. La administración denegó el acceso por falta de consentimiento de los afectados. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación al considerar que la disociación no es posible.
El interesado solicitó a la UNED modelos de exámenes de la asignatura Derecho de la Función Pública (2013-2019). La UNED concedió el acceso mediante un enlace que requería autenticación universitaria, impidiendo el acceso a no alumnos. El interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no es abusiva.
La reclamante solicitó acceso a expedientes disciplinarios y denuncias en su contra al Ministerio. La administración alegó que la información no obraba en su poder y que la competencia correspondía a otro órgano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el Ministerio actuó correctamente conforme al artículo 19.1 de la Ley 19/2013 al informar de su falta de competencia.
El interesado solicitó a ADIF un informe de INECO de 2020 sobre la rentabilidad de la línea ferroviaria Aranjuez-Cuenca-Utiel. ADIF denegó el acceso al informe íntegro alegando intereses económicos y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los perjuicios alegados son hipotéticos y que la información es de interés público.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Marbella un listado de fechas de actas de inspección/denuncia y fechas de inicio de expedientes de infracción urbanística desde enero de 2024. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación por falta de justificación de las causas de inadmisión.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior el acceso al Plan de Inspección y documentos de la intervención del 6/09/2025. Alegó que la denegación por confidencialidad carecía de resolución formal y contradecía la comunicación verbal previa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, entendiendo que la divulgación afectaría a la seguridad pública, la prevención de ilícitos y las funciones de vigilancia e inspección, protegiendo la eficacia de las actuaciones.
El reclamante pidió al Ministerio del Interior el protocolo operativo de la Guardia Civil para controles en la frontera con Andorra. Tras la denegación, reclamó alegando que se confundían criterios administrativos con tácticas operativas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que divulgar dichos criterios e instrucciones causaría un perjuicio real a la seguridad pública y facilitaría la elusión de los controles fronterizos.
El 21/08/2025 se solicitó al Ministerio del Interior información sobre unidades caninas en el aeropuerto de Málaga. La administración denegó parcialmente el acceso alegando límites de seguridad pública y prevención de ilícitos. El reclamante interpuso reclamación el 27/10/2025 por considerar la respuesta incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse facilitado la información solicitada durante el procedimiento, sin que el interesado formulara objeciones.
Se solicitó a la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid el código fuente y especificaciones del algoritmo de admisión de alumnado 2025-2026. El interesado alegó que la denegación fue genérica e infringió jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estimó la reclamación por falta de motivación y ponderación de los límites invocados.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid licencias y expedientes sancionadores de un bar. Alegó falta de entrega material y denegación indebida de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a resolver expresamente sobre inspecciones sanitarias y terrazas, mientras valida los límites de inspección y la remisión a la sede electrónica.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Carboneras copia del proyecto técnico modificado y el certificado final de obra de una licencia de licencias de obras. La administración denegó el acceso alegando la existencia de procedimientos judiciales y la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se acreditó un riesgo real para los procedimientos judiciales.
Solicitud al Ayuntamiento de Madrid de documentación sobre la 'Operación Rescate' en Arganzuela. El reclamante alegó denegaciones genéricas y falta de acceso efectivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, validando la inexistencia de datos en algunas áreas, el acceso vía sede electrónica en otra y la limitación por seguridad pública en el Distrito.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre una intervención policial de 2020 en un edificio. El reclamante alegó que la respuesta fue incompleta y que no se entregaron los documentos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar justificados los límites por perjuicio a investigaciones en curso y la inexistencia de ciertos expedientes.
La Federación Ecologistas en Acción solicitó información sobre un presunto caso de furtivismo de lobos ibéricos. La Consejería de Medio Ambiente denegó la solicitud alegando que podía afectar a una investigación penal en curso. La Comisión de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la información solicitada estaba protegida por el límite del artículo 14.1.e) de la LTAIBG, ya que la investigación penal aún estaba activa.
El solicitante pidió al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco información detallada sobre sanciones, expedientes y actividad inspectora en el sector del juego (2020-2025). Tras una estimación parcial, el interesado alegó vulneración de sus derechos de acceso. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por falta de justificación de los límites alegados.
Una persona física solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya informes sobre dos actuaciones policiales en una escuela. El Departamento denegó el acceso alegando que eran atestados judiciales. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar cualquier informe administrativo preexistente que no sea un atestado, aplicando límites de seguridad y protección de datos.
La reclamante solicitó al Ministerio de Defensa documentación de planificación, inteligencia y justificación operativa de la "Operación Prometeo 2025". El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no notificó su resolución denegatoria dentro del plazo legal, aunque el fondo de la solicitud fue desestimado por afectar a la seguridad nacional.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior acceso al expediente íntegro de diligencias de instrucción sobre una queja contra la Guardia Civil. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la información esencial (hechos y circunstancias relevantes) ya fue comunicada al solicitante en la resolución de archivo de las actuaciones, cumpliendo el objetivo de transparencia.
El reclamante solicitó a la AEPD información sobre una brecha de seguridad, acotando la petición a la fecha de comunicación interna de dicha brecha. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la AEPD no justificó la aplicación de los límites de acceso para denegar la fecha, la cual posee interés público para verificar el cumplimiento del RGPD por parte de la Agencia.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre una agresión, disturbios y actividad en redes sociales, así como protocolos contra delitos de odio. El Ministerio inadmitió/denegó la solicitud. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal de un mes, vulnerando el derecho de acceso a la información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la autorización de segunda actividad de un Cabo de la Guardia Civil y el cuadrante de efectivos de una compañía para julio de 2025. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización de compatibilidad laboral por ser información de publicación obligatoria, pero denegó el acceso al cuadrante de efectivos por motivos de seguridad pública, rechazando la inadmisión por solicitud abusiva.
Un particular solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya acceso a registros, protocolos y comunicaciones internas relacionadas con su detención. La administración denegó el acceso alegando que la información forma parte de un procedimiento judicial abierto. La GAIP desestima la reclamación al considerar procedente el límite de la investigación penal.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de una Circular y una Orden General de la Guardia Civil sobre mando y régimen interno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación. Aunque la información es pública, su divulgación podría perjudicar la seguridad pública y la eficacia operativa de la Guardia Civil, aplicando el límite del artículo 14.1.d) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Xilxes copias de informes de la Policía Local sobre un almacén de materiales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y que se perjudicaría la instrucción de expedientes sancionadores. El Consejo estima la reclamación, señalando que el límite al acceso debe interpretarse restrictivamente y decae al finalizar el proceso.
Una persona física solicitó al Departament de Drets Socials i Inclusió la copia de un expediente informativo de la DGAIA y el borrador de una auditoría interna. Tras la denegación parcial e inadmisión del organismo, el reclamante alegó que la existencia de una investigación de Antifrau no justifica la reserva total. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación.
La reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) copia íntegra del expediente de un accidente laboral. La ITSS denegó parte de la información. Tras un recurso de reposición, la reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación por un óbice procesal, al haberse interpuesto previamente un recurso de reposición, que es sustitutivo de la reclamación ante el Consejo.
La Federación Catalana de Fútbol solicitó acceso al expediente de protección de alertador PPD 5/2024 a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Tras alegar la validez del correo electrónico como medio de solicitud, la GAIP desestima la reclamación confirmando la denegación de acceso debido al régimen legal de confidencialidad reforzada que protege a los informantes.
Un reclamante solicitó a la AEAT la copia íntegra de un expediente aduanero relacionado con la importación de dispositivos electrónicos, pero la administración no respondió en plazo. Durante la reclamación ante el Consejo de Transparencia, la AEAT alegó que la información estaba vinculada a una investigación penal en curso. El Consejo desestimó la reclamación, justificando la denegación del acceso bajo el límite del artículo 14.1.e) de la LTAIBG, al considerar que la divulgación de la información perjudicaría la investigación de un ilícito penal.
UGT y SPL-CME solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre el bloqueo de armeros y pruebas psicotécnicas. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud (acceso a fechas de psicotécnicos, protocolos y normativa general), desestimar el acceso a actas individuales por afectar a datos especialmente protegidos e inadmitir las peticiones de justificación ad hoc.
Una representante sindical solicitó copia de un expediente de protocolo de acoso y una certificación al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos de salud. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al informe de investigación pero denegando la denuncia y la certificación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas y actuaciones administrativas de la Junta Municipal y el Consejo de Seguridad de Arganzuela (2014-2025) relativas a un edificio y actividades delictivas. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud por ser información auxiliar y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación.
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