Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió información sobre una brecha de seguridad de datos en la AEPD. La AEPD denegó parte de lo solicitado alegando límites de seguridad y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando entregar la fecha de la comunicación de la brecha, pues es esencial para verificar el cumplimiento de los plazos del RGPD.
El reclamante solicitó a la AEPD información sobre una brecha de seguridad, acotando la petición a la fecha de comunicación interna de dicha brecha. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la AEPD no justificó la aplicación de los límites de acceso para denegar la fecha, la cual posee interés público para verificar el cumplimiento del RGPD por parte de la Agencia.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la investigación de una agresión en Torre-Pacheco y protocolos de seguridad. La administración inadmitió parte por requerir reelaboración y denegó el resto alegando motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre una agresión, disturbios y actividad en redes sociales, así como protocolos contra delitos de odio. El Ministerio inadmitió/denegó la solicitud. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal de un mes, vulnerando el derecho de acceso a la información pública.
El interesado solicitó a la Guardia Civil la autorización de actividad secundaria de un efectivo y su cuadrante de servicio. La administración alegó inadmisión por carácter abusivo y denegó el cuadrante por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización, pero manteniendo la denegación del cuadrante.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la autorización de segunda actividad de un Cabo de la Guardia Civil y el cuadrante de efectivos de una compañía para julio de 2025. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización de compatibilidad laboral por ser información de publicación obligatoria, pero denegó el acceso al cuadrante de efectivos por motivos de seguridad pública, rechazando la inadmisión por solicitud abusiva.
Un particular solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya acceso a registros, protocolos y comunicaciones internas relacionadas con su detención. La administración denegó el acceso alegando que la información forma parte de un procedimiento judicial abierto. La GAIP desestima la reclamación al considerar procedente el límite de la investigación penal.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de la Circular 2 de la Guardia Civil y la Orden General 9-2012. Alegó que la información era sobre gestión de personal y no afectaba la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que los documentos tienen contenido operativo y su divulgación perjudica la seguridad pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copias de una Circular y una Orden General de la Guardia Civil sobre mando y régimen interno. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación. Aunque la información es pública, su divulgación podría perjudicar la seguridad pública y la eficacia operativa de la Guardia Civil, aplicando el límite del artículo 14.1.d) LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Xilxes copias de informes de la Policía Local sobre un almacén de materiales. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y que se perjudicaría la instrucción de expedientes sancionadores. El Consejo estima la reclamación, señalando que el límite al acceso debe interpretarse restrictivamente y decae al finalizar el proceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información sobre la competencia, delegaciones y costes de la expedición de visados en Bata. El Ministerio denegó el acceso argumentando que no es información pública, sino una solicitud de motivación. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos relativos a la competencia.
La hija de un trabajador fallecido solicitó copia íntegra del expediente de un accidente laboral a la Inspección de Trabajo. Ante una respuesta parcial, interpuso un recurso de reposición y luego una reclamación ante el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la desestima por improcedencia procesal, ya que la reclamación es sustitutiva y no cabe tras un recurso de reposición.
Una persona física solicitó al Departament de Drets Socials i Inclusió la copia de un expediente informativo de la DGAIA y el borrador de una auditoría interna. Tras la denegación parcial e inadmisión del organismo, el reclamante alegó que la existencia de una investigación de Antifrau no justifica la reserva total. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación.
La reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) copia íntegra del expediente de un accidente laboral. La ITSS denegó parte de la información. Tras un recurso de reposición, la reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación por un óbice procesal, al haberse interpuesto previamente un recurso de reposición, que es sustitutivo de la reclamación ante el Consejo.
La Federación Catalana de Fútbol solicitó acceso al expediente de protección de alertador PPD 5/2024 a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Tras alegar la validez del correo electrónico como medio de solicitud, la GAIP desestima la reclamación confirmando la denegación de acceso debido al régimen legal de confidencialidad reforzada que protege a los informantes.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de un DUA relativo a la importación de dispositivos de vapeo a la AEAT. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG desestimó la reclamación porque, aunque la AEAT citó un límite erróneo, se demostró que la información no puede entregarse para no perjudicar una investigación penal en curso.
Un reclamante solicitó a la AEAT la copia íntegra de un expediente aduanero relacionado con la importación de dispositivos electrónicos, pero la administración no respondió en plazo. Durante la reclamación ante el Consejo de Transparencia, la AEAT alegó que la información estaba vinculada a una investigación penal en curso. El Consejo desestimó la reclamación, justificando la denegación del acceso bajo el límite del artículo 14.1.e) de la LTAIBG, al considerar que la divulgación de la información perjudicaría la investigación de un ilícito penal.
UGT y SPL-CME solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre el bloqueo de armeros y pruebas psicotécnicas. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud (acceso a fechas de psicotécnicos, protocolos y normativa general), desestimar el acceso a actas individuales por afectar a datos especialmente protegidos e inadmitir las peticiones de justificación ad hoc.
Una representante sindical solicitó copia de un expediente de protocolo de acoso y una certificación al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos de salud. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al informe de investigación pero denegando la denuncia y la certificación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas y actuaciones administrativas de la Junta Municipal y el Consejo de Seguridad de Arganzuela (2014-2025) relativas a un edificio y actividades delictivas. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud por ser información auxiliar y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes un informe técnico de 2018 sobre el puente del Centenario. La administración denegó el acceso alegando que la información afectaba a un proceso judicial en curso (art. 14.1.e y f). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que la denegación fue genérica y no demostró un perjuicio real, pues el contenido técnico no afecta a la investigación penal.
El ciudadano solicitó a la AVSRE copias de las comunicaciones con los Ministerios del Interior y Defensa para la intervención de la UME y protocolos de emergencia el 29 de octubre de 2024. Alegó que la denegación era genérica y no motivada. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación de los límites alegados y reconoce el derecho de acceso.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes un informe técnico sobre la declaración de emergencia de las obras del puente del Centenario de Sevilla. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.e y f LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica y no justificó el daño específico, ni ponderó el interés público en la transparencia, ya que el informe no era de carácter procesal ni objeto de la investigación penal en curso.
Se solicitó información sobre un incidente de sabotaje ferroviario en mayo de 2025 a ADIF. El reclamante alegó una aplicación excesiva y genérica de los límites al derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de datos económicos y estadísticos, pero manteniendo la denegación de información operativa de seguridad y judicial.
El reclamante solicitó un informe de toxicología sobre el consumo de GBL al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Tras la falta de respuesta inicial y una posterior denegación basada en la protección de la investigación de ilícitos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no demostrarse un perjuicio real y concreto.
Un reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe del Instituto Nacional de Toxicología sobre la dosis de consumo diario de GBL. Ante la falta de respuesta inicial y posterior denegación tardía por el Ministerio (alegando perjuicio para la investigación penal), el Consejo de Transparencia estima la reclamación. El Consejo considera que el Ministerio no justificó el "test del daño" ni la existencia de una investigación en curso, y que existen precedentes de acceso a información similar.
Un solicitante pidió a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre un incidente de sabotaje en la línea de AV Madrid-Sevilla, incluyendo informes técnicos, policiales, datos históricos, protocolos de seguridad y gestión de crisis. ADIF denegó el acceso alegando investigación penal, seguridad pública, solicitud excesiva e información auxiliar. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de estadísticas históricas, impacto económico y comunicaciones de crisis (excluyendo detalles operativos de seguridad e investigación), al considerar injustificadas las denegaciones en esos puntos.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior informes y actuaciones sobre una denuncia por actividad equina irregular en San Roque. Ante la falta de respuesta, el CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al constatar que la administración no cumplió con los plazos legales de respuesta previstos en la Ley 19/2013.
La reclamante solicitó a la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad listados de llamadas a emergencias y correos electrónicos desde residencias durante marzo-abril 2020. La administración denegó el acceso alegando límites a procesos judiciales y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que se requiere una acción previa de reelaboración de la información y confirmando el límite por la existencia de procesos judiciales en curso.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior informes y actuaciones sobre una denuncia de actividad equina irregular en suelo público. El Ministerio no respondió en plazo, alegando tardíamente que la información afectaba la investigación de ilícitos. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no respetarse el plazo legal de respuesta, aunque el Ministerio proporcionó información de forma tardía.
El interesado solicitó acceso a un dictamen del INTCF sobre cannabis y otras sustancias. El Ministerio denegó el acceso alegando que podría perjudicar la prevención de ilícitos penales. El CTBG estima la reclamación porque la administración no demostró un daño concreto, ni una investigación en curso, limitándose a realizar una alegación genérica sin cumplir el test de daño.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe del INTCF sobre sustancias estupefacientes. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para la prevención de ilícitos (Art. 14.1.e LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega del informe, al considerar que la denegación no estaba suficientemente motivada ni justificaba un daño real a investigaciones en curso, y existían precedentes de acceso a información similar.
Se solicitó al Ministerio del Interior (DGT) las cinco máximas velocidades detectadas por radar, desglosadas por año y lugar, entre 2015 y 2024, y la máxima histórica. La DGT denegó el acceso por perjuicio a funciones de vigilancia y seguridad pública. El reclamante alegó denegación total. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la DGT entregó la información (velocidad, año, provincia) tardíamente, fuera del plazo legal.
D. XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de CyL información sobre una intoxicación alimentaria en un restaurante, incluyendo informes de inspección y epidemiológicos. La Consejería denegó parcialmente la solicitud alegando una investigación judicial en curso. D. XXX reclamó, pero la Comisión de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la aplicación del límite de protección de investigaciones judiciales (Art. 14.1.e LTAIBG) al estar el procedimiento judicial aún en curso.
El reclamante solicitó un dictamen técnico del Instituto Nacional de Toxicología al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Tras la falta de respuesta y una denegación posterior alegando riesgos en la prevención de ilícitos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse un perjuicio real y concreto para investigaciones en curso.
El interesado solicitó documentación detallada sobre contratos entre Correos y Sortis (2020-2024). Correos denegó el acceso alegando investigaciones penales en curso y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información contractual básica (objeto, duración, importe y condiciones) al considerar que la denegación fue genérica y no acreditó un perjuicio real.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un dictamen de 2006 del Instituto Nacional de Toxicología sobre la naturaleza química de la GBL. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para la prevención de ilícitos (Art. 14.1.e LTAIBG). El reclamante argumentó que el informe era regulatorio y que ya se habían entregado documentos similares. El CTBG estima la reclamación, al considerar que la denegación no estaba justificada por falta de acreditación de una investigación en curso y una aplicación desproporcionada del límite.
Se solicitó a Correos información sobre contratos con Sortis (2020-2024). Correos denegó parte alegando investigación penal e intereses comerciales, y remitió a un enlace genérico para otra parte. El Consejo de Transparencia estima la reclamación porque Correos no justificó suficientemente los límites ni proporcionó un acceso preciso a la información contractual básica solicitada.
El reclamante solicitó informes del INTCF sobre dosis mínimas de sustancias psicoactivas. Tras un silencio inicial, la Administración denegó el acceso alegando que la información era pericial y podía afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, pues la Administración no demostró un daño concreto ni vinculó la información a investigaciones en curso.
Se solicitó al INTCF acceso a cuatro informes sobre dosis mínimas psicoactivas y consumo de sustancias. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para investigaciones judiciales futuras. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no fue justificada ni proporcional, no existiendo vínculo con investigaciones en curso. Se ordena la entrega de los informes, anonimizando datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castelldefels la identificación del técnico responsable de una respuesta, informes sobre inspecciones de toldos y las sanciones aplicables. El ciudadano alegó falta de respuesta y falta de firmas. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó parcialmente (por respuesta automática genérica) e inadmitió parte por ser una consulta jurídica.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior información sobre el sistema de IA PerfilNet.Pyros usado por el SEPRONA. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto oficial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que los datos son administrativos y no justifican un daño real a la seguridad o la investigación.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el uso del sistema de IA PerfilNet.Pyros por el SEPRONA. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública e investigación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica, desproporcionada y no justificó el daño, además de que parte de la información ya era pública y la transparencia algorítmica es fundamental.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Granollers justificantes de notificaciones electrónicas, burofaxes, comunicaciones de WhatsApp y un listado de notificaciones de la Policía Local. El Ayuntamiento no respondió. La GAIP desestima los puntos 1, 2 y 3 por proteger la investigación de infracciones y el secreto de las comunicaciones, y estima parcialmente el punto 4.
Un ciudadano solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya información actualizada sobre el estado de expedientes sancionadores y la firmeza de sanciones en un centro escolar. El reclamante alegó que la respuesta fue parcial e insuficiente. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada está protegida por límites relativos a investigaciones disciplinarias y protección de datos personales.
El reclamante solicitó información sobre el estado de un expediente y acceso al mismo al Departament d'Esports por supuestas irregularidades en la FCF. El Tribunal Català de l'Esport (TCE) informó finalmente sobre el estado y personal responsable, pero la GAIP desestimó parcialmente la reclamación al denegar el acceso al expediente completo por riesgo a una investigación penal abierta.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos. La Consejería denegó parcialmente la información sobre sanciones alegando límites por daño a intereses económicos/comerciales y protección de datos. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando completar la información y retrotraer el procedimiento para dar audiencia a las personas jurídicas sancionadas, al considerar que los límites no se aplicaron correctamente y la protección de datos no aplica a personas jurídicas.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Granollers información sobre la denegación de la incoación de un expediente disciplinario. Ante el silencio administrativo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a informes y metadatos, pero inadmitiendo la solicitud de documentos de trabajo y justificaciones ad hoc por no ser información pública.
El solicitante requirió conocer la identidad de los funcionarios que tramitaron sus denuncias ante la ITSS. La administración alegó secreto profesional y un régimen especial de la Ley 23/2015. El CTBG estimó la reclamación, argumentando que la identificación de empleados públicos es la regla general y que los límites alegados no afectan a la identidad de los actuantes.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la identificación de los funcionarios que tramitaron sus denuncias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando a la ITSS a proporcionar la información. La decisión se basa en que la identificación de empleados públicos es la regla general (Art. 15.2 LTAIBG) y no se justificó ninguna excepción para denegarla, ni se aplicó un régimen específico de acceso que desplazara la Ley de Transparencia.
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