Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El ciudadano solicitó a la AVSRE copias de las comunicaciones con los Ministerios del Interior y Defensa para la intervención de la UME y protocolos de emergencia el 29 de octubre de 2024. Alegó que la denegación era genérica y no motivada. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación de los límites alegados y reconoce el derecho de acceso.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes un informe técnico sobre la declaración de emergencia de las obras del puente del Centenario de Sevilla. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales (art. 14.1.e y f LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica y no justificó el daño específico, ni ponderó el interés público en la transparencia, ya que el informe no era de carácter procesal ni objeto de la investigación penal en curso.
Un reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe del Instituto Nacional de Toxicología sobre la dosis de consumo diario de GBL. Ante la falta de respuesta inicial y posterior denegación tardía por el Ministerio (alegando perjuicio para la investigación penal), el Consejo de Transparencia estima la reclamación. El Consejo considera que el Ministerio no justificó el "test del daño" ni la existencia de una investigación en curso, y que existen precedentes de acceso a información similar.
Un solicitante pidió a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre un incidente de sabotaje en la línea de AV Madrid-Sevilla, incluyendo informes técnicos, policiales, datos históricos, protocolos de seguridad y gestión de crisis. ADIF denegó el acceso alegando investigación penal, seguridad pública, solicitud excesiva e información auxiliar. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de estadísticas históricas, impacto económico y comunicaciones de crisis (excluyendo detalles operativos de seguridad e investigación), al considerar injustificadas las denegaciones en esos puntos.
La reclamante solicitó a la Dirección General Asistencial de la Consejería de Sanidad listados de llamadas a emergencias y correos electrónicos desde residencias durante marzo-abril 2020. La administración denegó el acceso alegando límites a procesos judiciales y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que se requiere una acción previa de reelaboración de la información y confirmando el límite por la existencia de procesos judiciales en curso.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior informes y actuaciones sobre una denuncia de actividad equina irregular en suelo público. El Ministerio no respondió en plazo, alegando tardíamente que la información afectaba la investigación de ilícitos. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, al no respetarse el plazo legal de respuesta, aunque el Ministerio proporcionó información de forma tardía.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe del INTCF sobre sustancias estupefacientes. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para la prevención de ilícitos (Art. 14.1.e LTAIBG). El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega del informe, al considerar que la denegación no estaba suficientemente motivada ni justificaba un daño real a investigaciones en curso, y existían precedentes de acceso a información similar.
Se solicitó al Ministerio del Interior (DGT) las cinco máximas velocidades detectadas por radar, desglosadas por año y lugar, entre 2015 y 2024, y la máxima histórica. La DGT denegó el acceso por perjuicio a funciones de vigilancia y seguridad pública. El reclamante alegó denegación total. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la DGT entregó la información (velocidad, año, provincia) tardíamente, fuera del plazo legal.
D. XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de CyL información sobre una intoxicación alimentaria en un restaurante, incluyendo informes de inspección y epidemiológicos. La Consejería denegó parcialmente la solicitud alegando una investigación judicial en curso. D. XXX reclamó, pero la Comisión de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la aplicación del límite de protección de investigaciones judiciales (Art. 14.1.e LTAIBG) al estar el procedimiento judicial aún en curso.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un dictamen de 2006 del Instituto Nacional de Toxicología sobre la naturaleza química de la GBL. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para la prevención de ilícitos (Art. 14.1.e LTAIBG). El reclamante argumentó que el informe era regulatorio y que ya se habían entregado documentos similares. El CTBG estima la reclamación, al considerar que la denegación no estaba justificada por falta de acreditación de una investigación en curso y una aplicación desproporcionada del límite.
Se solicitó a Correos información sobre contratos con Sortis (2020-2024). Correos denegó parte alegando investigación penal e intereses comerciales, y remitió a un enlace genérico para otra parte. El Consejo de Transparencia estima la reclamación porque Correos no justificó suficientemente los límites ni proporcionó un acceso preciso a la información contractual básica solicitada.
Se solicitó al INTCF acceso a cuatro informes sobre dosis mínimas psicoactivas y consumo de sustancias. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio para investigaciones judiciales futuras. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no fue justificada ni proporcional, no existiendo vínculo con investigaciones en curso. Se ordena la entrega de los informes, anonimizando datos personales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castelldefels la identificación del técnico responsable de una respuesta, informes sobre inspecciones de toldos y las sanciones aplicables. El ciudadano alegó falta de respuesta y falta de firmas. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó parcialmente (por respuesta automática genérica) e inadmitió parte por ser una consulta jurídica.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el uso del sistema de IA PerfilNet.Pyros por el SEPRONA. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública e investigación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la denegación fue genérica, desproporcionada y no justificó el daño, además de que parte de la información ya era pública y la transparencia algorítmica es fundamental.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Granollers justificantes de notificaciones electrónicas, burofaxes, comunicaciones de WhatsApp y un listado de notificaciones de la Policía Local. El Ayuntamiento no respondió. La GAIP desestima los puntos 1, 2 y 3 por proteger la investigación de infracciones y el secreto de las comunicaciones, y estima parcialmente el punto 4.
Un ciudadano solicitó al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya información actualizada sobre el estado de expedientes sancionadores y la firmeza de sanciones en un centro escolar. El reclamante alegó que la respuesta fue parcial e insuficiente. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada está protegida por límites relativos a investigaciones disciplinarias y protección de datos personales.
El reclamante solicitó información sobre el estado de un expediente y acceso al mismo al Departament d'Esports por supuestas irregularidades en la FCF. El Tribunal Català de l'Esport (TCE) informó finalmente sobre el estado y personal responsable, pero la GAIP desestimó parcialmente la reclamación al denegar el acceso al expediente completo por riesgo a una investigación penal abierta.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos. La Consejería denegó parcialmente la información sobre sanciones alegando límites por daño a intereses económicos/comerciales y protección de datos. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando completar la información y retrotraer el procedimiento para dar audiencia a las personas jurídicas sancionadas, al considerar que los límites no se aplicaron correctamente y la protección de datos no aplica a personas jurídicas.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Granollers información sobre la denegación de la incoación de un expediente disciplinario. Ante el silencio administrativo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a informes y metadatos, pero inadmitiendo la solicitud de documentos de trabajo y justificaciones ad hoc por no ser información pública.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la identificación de los funcionarios que tramitaron sus denuncias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, instando a la ITSS a proporcionar la información. La decisión se basa en que la identificación de empleados públicos es la regla general (Art. 15.2 LTAIBG) y no se justificó ninguna excepción para denegarla, ni se aplicó un régimen específico de acceso que desplazara la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Cubelles copias de las citaciones judiciales de varios implicados en una investigación. La administración denegó el acceso alegando límites legales. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) desestima la reclamación porque la información solicitada es un acto procesal elaborado específicamente para un proceso judicial.
Un regidor solicitó al Ajuntament de l’Ampolla las fechas y los listados de expedientes requeridos por la policía judicial. La administración denegó el acceso alegando secreto de sumario y límites por investigación de infracciones. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación, al considerar que son datos objetivos que no vulneran la investigación.
Se solicitó al Ajuntament de La Guingueta d’Àneu información sobre licencias de obras mayores, informes técnicos y su localización. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando una investigación penal en curso. La GAIP desestima la denegación de los informes técnicos (punto 2) por ser materia judicializable, pero estima el acceso a la relación de licencias y su ubicación (puntos 1 y 3).
Se solicitó copia íntegra de diversos expedientes administrativos al Ayuntamiento de Montornès del Vallès. La administración denegó el acceso alegando actuaciones previas no concluidas y la imposibilidad de distinguir partes de un expediente vinculado a un proceso penal. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la parte del expediente que fue archivada.
Un padre solicitó a un colegio concertado informes sobre acoso escolar a su hijo. El centro denegó el acceso alegando carácter auxiliar y riesgo para procesos disciplinarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque los colegios concertados no están sujetos al derecho de acceso a la información pública ni tienen obligación de remitir dichos protocolos a la Administración educativa.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Sienes copia de un informe pericial topográfico sobre el dominio público de unas fincas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos, propiedad intelectual y riesgo de afectar a la igualdad de las partes. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación y ordena la entrega del documento.
El Ayuntamiento de Vila-real solicitó a la Conselleria de Servicis Socials el expediente completo sobre el cierre del centro geriátrico Madrigal. Tras una estimación parcial que denegó los trámites de ejecución forzosa, el Consejo Valencià de Transparència estima la reclamación, ordenando la entrega de dicha información al no considerarse aplicables los límites alegados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes las fechas de visitas y nombres de altos cargos con los que se reunió un empresario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque el Ministerio declaró formalmente no disponer de la información solicitada, más allá de las agendas públicas, y la legislación vigente no obliga a documentar sistemáticamente dichas reuniones.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de efectivos y el coste de operativos policiales en dos lanzamientos de inmuebles. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación. Deniega el acceso al número de efectivos por riesgo a la seguridad pública (revelación de estrategias), y al coste por no existir gasto extraordinario y considerar que un cálculo prorrateado excede el derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un expediente remitido por la OIReScon a la Fiscalía, relacionado con una denuncia penal. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la denegación del acceso. Argumentó que la información forma parte de un sumario judicial en fase de instrucción, y su revelación podría perjudicar la investigación y la igualdad de las partes, aplicando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó información sobre expedientes urbanísticos, licencias de actividad ganadera y características de construcciones en una parcela específica al Ayuntamiento de Salt. Tras alegarse un desistimiento parcial por parte del interesado, la GAIP estimó la reclamación, declarando el derecho de acceso a la información técnica y de licencias solicitada.
Representantes sindicales (UGT y SPL-CME) solicitaron al Ayuntamiento de Granollers información sobre una instrucción de la policía local (tenencia de armas y procedimientos de retirada). La administración no respondió. La GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de los puntos, pero inadmite la parte relativa a solicitar explicaciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de documentos de un expediente de inspección de un local recreativo. La administración denegó el acceso alegando falta de interés legítimo y el límite de prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el límite estaba debidamente justificado al estar el procedimiento en fase de instrucción, y que la falta de condición de interesado no obsta al derecho de acceso.
Un trabajador municipal solicitó al Ayuntamiento de Mollet del Vallès acceso a diversa documentación sobre su puesto de trabajo, prevención de riesgos y datos personales. Tras una denegación parcial, el recurre ante la GAIP. El organismo estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de la información (previa protección de datos) pero denegando la relativa a Trello y a un accidente por seguridad/infracciones.
La Unión de Policía Municipal solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre la composición y creación de la Sección de Investigación de Asuntos Internos. Tras la denegación e inadmisión de las peticiones, interpuso reclamación alegando la falta de justificación del interés público y la irregularidad orgánica. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que la administración aplicó correctamente el límite de prevención de ilícitos disciplinarios, ya que la divulgación perjudicaría la eficacia de las funciones de Asuntos Internos sin que existiera un interés público prevalente.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidència Primera i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Vivenda el informe de una inspección sobre el Punto de Encuentro de Alcoi. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que el documento es decisivo y afecta al interesado.
El reclamante solicitó a la AEAT información estadística sobre investigaciones de material sanitario en pandemia y datos de empresas afectadas. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos estadísticos al no comprometer las investigaciones, pero deniega el acceso a la información específica de empresas y expedientes por afectar a la reserva tributaria y a investigaciones en curso.
El reclamante solicitó a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social acceso a una denuncia y documentos relacionados presentados contra él por una compañera. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque fue interpuesta fuera del plazo legal de un mes desde la notificación de la respuesta inicial, considerándola extemporánea.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada los resultados de inspecciones de sanidad y seguridad en locales de hostelería (2019-2023), incluyendo nombres, direcciones y deficiencias. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración excesiva de la información y por afectar a intereses económicos y funciones de control.
Una persona física solicitó al Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya conocer la condición administrativa de su hermano (posible víctima) en unas diligencias policiales tras su fallecimiento. El organismo de transparencia (GAIP) desestima la reclamación porque la investigación penal está abierta y el acceso podría comprometer la instrucción judicial.
Se solicitó al Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat de Catalunya documentación del Cuerpo de Agentes Rurales sobre aparcamientos ilegales en el EIN Platja de Torredembarra y Creixell. La GAIP declara la pérdida parcial del objeto por entrega de datos básicos, desestima el acceso a expedientes en curso y estima el acceso a los ya finalizados, previa anonimización.
La reclamante solicitó al Ministerio del Interior acceso a documentos (Anexo III, declaraciones de testigos, archivo de imágenes) de un expediente de acoso sexual archivado que derivó en un procedimiento disciplinario y penal. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la denegación no justificó suficientemente el límite del art. 14.1.e) LTAIBG, y que existe interés público y privado en el acceso, permitiendo la anonimización de datos de terceros.
El reclamante solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense información sobre un vehículo "Corvette" (titular, ITV, impuestos) y el oficio de remisión de un atestado judicial. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de las solicitudes por su carácter abusivo y desproporcionado, dado el elevado número de peticiones (más de 600 en 3 años, 73 en 2025) que colapsan la administración sin una finalidad legítima de transparencia.
El reclamante solicitó a la ITSS copia del Acta de Infracción y otros documentos de un procedimiento sancionador en curso. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que carece de competencia para reconocer la condición de interesado o para ordenar notificaciones. Además, aplica el límite del art. 14.1.e) LTAIBG, ya que la divulgación de información de un procedimiento sancionador en curso perjudicaría su prevención e investigación.
La Asociación Impulso Ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda expedientes sobre la restitución de inmuebles en Francia al PNV. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó la finalidad abusiva ni la existencia de procedimientos en curso que justifiquen la denegación.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Tarragona informes sobre la importación de residuos por Griñó y su concesión administrativa. La APT denegó el acceso alegando límites por proceso judicial e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no justificarse el perjuicio concreto ni la naturaleza judicial de la información administrativa solicitada, ordenando su entrega.
Reclamante solicitó actas de inspección sanitaria a un local al Ayuntamiento de Madrid. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que el límite de intereses económicos y comerciales prevalece sobre el interés público en este caso concreto.
El reclamante solicitó información técnica (puntos de propagación, archivos fotográficos y metadatos) y datos de identificación de responsables sobre un informe de incendio forestal de 2019. La Delegación Territorial denegó el acceso alegando la protección de investigaciones penales en curso. El Consejo de Transparencia de Andalucía inadmitió las peticiones de datos de responsables y desestimó el resto.
El reclamante solicitó a la AEAT el número de funcionarios en Cataluña en dos fechas y el de aquellos que se trasladaron fuera de Cataluña. La AEAT concedió parcialmente los dos primeros puntos, pero denegó el tercero para Vigilancia Aduanera por límites de seguridad (Art. 14.1 LTAIBG) y lo inadmitió para el resto por exigir reelaboración compleja de datos dispersos (Art. 18.1.c LTAIBG). El Consejo desestima la reclamación, confirmando la decisión de la AEAT.
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