Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre patrullas mixtas, distancias, unidades, turnos y efectivos de la USECA en la Compañía de Cortegana (Huelva) para 2023-2025. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de datos operativos y logísticos tan específicos podría comprometer la seguridad pública y la de los agentes, prevaleciendo este límite sobre el derecho de acceso.
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos desglosados (2019-2024) sobre víctimas mortales de violencia de género registradas en VioGén, indicando su nivel de riesgo en el momento del asesinato. El Ministerio denegó parte de la información alegando perjuicio a la seguridad pública e investigación penal. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que los límites no se justificaban para datos agregados y que prevalecía el interés público en la fiscalización del sistema VioGén.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las "órdenes de servicio" de expedientes de actuaciones preliminares de información desde septiembre de 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada revelaría la metodología de investigación y control del Ministerio, perjudicando sus funciones de vigilancia e inspección (art. 14.1.g LTAIBG) y sin un interés público cualificado.
Un reclamante solicitó a la AEAT información sobre la actuación de Hacienda respecto a una empresa liquidada con una gran deuda, incluyendo su personación en el concurso, deuda recuperada e inspecciones. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, al considerar que la Ley de Transparencia es aplicable y que la información sobre una sociedad mercantil liquidada no afecta a la intimidad, instando a la AEAT a entregar parte de la información solicitada.
El ciudadano solicitó información sobre cámaras de videovigilancia en el Raval al Ayuntamiento de Barcelona. Tras la reclamación por falta de respuesta, la administración entregó la información (aunque de forma parcial y extemporánea). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso (GAIP) resuelve declarar la pérdida de objeto de la reclamación al haberse satisfecho la solicitud.
Un representante sindical solicitó al Ayuntamiento de Loja presupuestos, informes retributivos y cuadrantes de trabajo de bomberos (2019-2024). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando investigaciones en curso y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el catálogo de efectivos de la Guardia Civil por provincia, desglosado por escalas y situación (activo, reserva, alumnos), y vacantes. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que el Ministerio no justificó de forma concreta y proporcionada la aplicación de los límites de seguridad pública y prevención de ilícitos (art. 14.1.d y e LTAIBG), incumpliendo la jurisprudencia y la doctrina del Consejo.
La Asociación solicitó al Ayuntamiento de Ronda acceso a expedientes urbanísticos sobre un vertedero y edificaciones irregulares. El Ayuntamiento denegó o declaró desistimiento alegando falta de concreción, abusividad y límites al acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información no afectada por terceros y retrotraer el procedimiento para precisar peticiones genéricas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Esterri de Cardós copia de expedientes de contratación de servicios de los últimos diez años, incluyendo los de un arquitecto específico. El Ayuntamiento denegó el acceso a los del arquitecto alegando perjuicio a un proceso judicial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, determinando que la información no fue creada para el proceso judicial y debe entregarse.
La Fundación Civio solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado detallado de herramientas de IA usadas por la Policía Local. El reclamante alegó que el Reglamento Europeo de IA exige transparencia en sistemas de alto riesgo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por ser extemporánea y porque la información comprometería la seguridad pública y la eficacia policial.
Se solicitó a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid información sobre el estado, motivos de cierre y posibles reaperturas de 16 residencias de mayores y otras cerradas desde 2019. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir una reelaboración de información y por afectar a límites legales.
El reclamante solicitó a la Secretaría General de Interior de la Junta de Andalucía datos técnicos, coordenadas y vídeos sobre un incendio forestal de 2019. Alegó que la denegación era parcial y que la información es necesaria para denunciar delitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por existir un proceso penal en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes las grabaciones de cámaras y los informes sobre un descarrilamiento ocurrido en octubre de 2024. La administración denegó el acceso alegando que eran informaciones auxiliares y que las imágenes estaban protegidas por la Ley de Seguridad Privada. El CTBG desestima la reclamación, confirmando la denegación por la vigencia de la investigación y la protección de la privacidad.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes grabaciones de cámaras e informes sobre un descarrilamiento ferroviario. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación. Denegó los informes por perjuicio a una investigación en curso (Art. 14.1.e LTAIBG) y las grabaciones por su carácter reservado y uso restringido a investigaciones policiales/judiciales (Art. 42.4 Ley 5/2014).
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Elche de la Sierra acceso y copia de diversos expedientes sancionadores urbanísticos para fundamentar una querella. El Ayuntamiento denegó el acceso por ser información en curso y solicitud abusiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima parcialmente la reclamación, permitiendo conocer el estado de tramitación pero denegando las copias.
El interesado solicitó copia de un expediente de acción inspectora a la Inspección de Trabajo. Tras la denegación de la administración basándose en un régimen especial de la Ley 23/2015, el Consejo de Transparencia decide suspender la resolución a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva si dicha normativa constituye un régimen de acceso que excluye la Ley de Transparencia.
Un reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una copia completa de un expediente de acción inspectora contra dos empresas. El organismo denegó el acceso alegando un régimen específico de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha decidido suspender la resolución de la reclamación, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si la normativa sectorial de la Inspección de Trabajo excluye la aplicación de la Ley de Transparencia en estos casos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Mataró un expediente, un informe de la OAC y datos sobre seis plazas. El reclamante alegó que la información es pública y que la respuesta fue insuficiente. La GAIP resuelve: 1) Pérdida de objeto por el informe de la OAC (inexistente en el Ayuntamiento), 2) Desestimación del expediente por estar bajo investigación penal y 3) Estimación parcial para las plazas.
Un ciudadano solicitó copia de dos expedientes disciplinarios/sancionadores al Ajuntament de Montornès del Vallès. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era reservada y que los expedientes estaban vinculados a una investigación judicial. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por concurrir el límite de investigación de infracciones.
Un particular solicitó al Departament d'Empresa i Treball datos detallados sobre la plataforma de control de viviendas de uso turístico (HUTS), incluyendo municipios, plataformas y nombres de usuarios. La administración denegó el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación al considerar que concurren límites legales de investigación y de intereses comerciales.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número anual de policías infiltrados (según la Ley Orgánica 2/1986) desde el año 2000 al 2023. Alegó que su petición era distinta a una anterior sobre agentes encubiertos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es manifiestamente repetitiva y que la información ya había sido denegada.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de policías infiltrados (art. 11 LO 2/1986) entre 2000 y 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión ministerial por ser la solicitud manifiestamente repetitiva de otra ya denegada. Además, la información no está disponible en bases de datos estadísticas y está sujeta al límite de seguridad pública (art. 14.1.e LTAIBG).
Una asociación solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre el estado y resultado de un expediente sancionador contra la promotora del Reggaeton Beach Festival. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, validando la denegación de acceso por perjudicar las funciones de inspección y el deber de sigilo profesional del inspector.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y seguridad pública. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al haber aplicado una ampliación de plazo injustificada que terminó en una denegación.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los enlaces a los contratos del Centro FP Ignacio Ellacuría de Alcorcón. La Consejería denegó el acceso alegando una investigación económica en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por concurrir el límite legal de perjuicio a la investigación de ilícitos administrativos.
Se solicitó al Ministerio del Interior la resolución de creación de las Unidades de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando secretos oficiales y límites de la LTAIBG, tras una ampliación de plazo injustificada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo y por la necesidad de la reclamación para el reconocimiento del derecho, aunque parte de la información estaba clasificada.
Una profesional solicitó al Servicio Extremeño de Salud (SES) copia de un escrito interno que cuestionaba su profesionalidad. El SES inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, afectaba una investigación y contenía datos personales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, declarando que el documento es información pública, la investigación está archivada y los datos pueden anonimizarse.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de una información reservada de la Guardia Civil. La administración denegó el acceso alegando límites en la prevención de ilícitos disciplinarios e información de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por ser el objeto idéntico al de una resolución previa (R CTBG 751/2024).
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior copia de una información reservada de la Guardia Civil que dio lugar a un expediente disciplinario. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque el mismo objeto ya fue resuelto en una resolución previa (R CTBG 751/2024) que estimó el acceso, y dicha resolución está actualmente recurrida por el Ministerio ante la Audiencia Nacional, con el reclamante ya emplazado. No procede un nuevo pronunciamiento.
Una persona física solicitó al Ajuntament de Mollet del Vallès información sobre la gestión, cadena de custodia de pruebas y registros de reuniones de un tribunal. El ciudadano alegó la falta de respuesta (silencio). La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la información está vinculada a una investigación administrativa reservada.
Un ciudadano solicitó información sobre la gestión y custodia de pruebas, reuniones de un tribunal y actuaciones de un grupo de selección al Ajuntament de Mollet del Vallès. La administración alegó que la información formaba parte de una investigación reservada. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por concurrir el límite de investigaciones administrativas.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre la situación de excedencia y posibles investigaciones de un policía. El Ministerio denegó el acceso alegando la protección de datos y la normativa específica. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la información sobre la situación administrativa, pero mantiene la denegación sobre las investigaciones.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Ribera d'Ondara el decreto de archivo y documentación de un expediente disciplinario de la secretaria. La administración alegó una investigación por sustracción de datos para denegar el acceso. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estimó la reclamación por ser información de un procedimiento ya finalizado sin sanciones.
Se solicitó información sobre procesos de entrevista para directivos y composición/actas de consejos escolares de dos centros educativos al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. Ante la falta de respuesta, la GAIP estima parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a la mayoría de la documentación tras aplicar la anonimización necesaria para proteger la privacidad.
El reclamante solicitó información sobre una inspección de trabajo y documentos aportados por la Mancomunitat La Plana. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y procedimientos en curso. La GAIP desestima parcialmente (deniega copias de documentos por investigación en curso), estima parcialmente (concede responder si se entregó la documentación) e inadmite parte por no ser derecho de acceso.
ASUFIN solicitó a la AEPD copia de un expediente sancionador contra 4Finance. La AEPD denegó el acceso alegando riesgo para una investigación judicial en curso (Art. 14.1.e). El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, dado que la información fue facilitada solo tras la interposición de la reclamación, incumpliendo los plazos legales.
ASUFIN solicitó a la AEPD copia del expediente sancionador EXP202304633 contra 4Finance. La AEPD denegó el acceso invocando el límite del art. 14.1.e) LTAIBG por un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la AEPD facilitó acceso parcial (resolución y alegaciones de terceros) tras la reclamación, reconociendo la aplicación del límite por la investigación penal en curso.
El reclamante solicitó información y manuales sobre un proceso selectivo de RTVE. La administración denegó el acceso alegando investigaciones en curso (art. 14.1.e) e información en elaboración (art. 18.1.a). El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los manuales al considerar que no afectan a las investigaciones.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Personal del SAS el expediente completo de una Información Reservada (IR) archivada. El SAS denegó el acceso alegando que la información podría perjudicar expedientes disciplinarios en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación aportada por el solicitante y aquella que no afecte a los procesos abiertos.
Se solicitó a CRTVE información sobre la suspensión de un examen de selección de personal (preguntas, actas, denuncias, etc.) y manuales de procesos selectivos. CRTVE denegó el acceso por investigaciones en curso y uso abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los manuales de procesos selectivos, al considerar que su divulgación no perjudica las investigaciones, mientras que mantuvo la denegación para el resto de la información por el límite de prevención de ilícitos.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Economía de Sevilla los informes de incidentes y actas de inspección de centros de transformación en 2022-2023. La administración denegó el acceso alegando límites de vigilancia y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima la reclamación porque la resolución denegatoria se basó en otra solicitud distinta, ordenando retrotraer el procedimiento para resolver coherentemente.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Montornès del Vallès el acceso a expedientes disciplinarios y sancionadores. El Ayuntamiento denegó parcialmente el acceso. La GAIP desestima la reclamación basándose en que la información está sujeta a un límite legal por encontrarse en proceso de investigación o sanción, corrigiendo además un error material en la redacción de la resolución previa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcanar información sobre actuaciones policiales por molestias causadas por un perro. El reclamante alegó un cumplimiento parcial de la solicitud. La GAIP resolvió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información solicitada, desestimando nuevas peticiones por ampliar el objeto inicial.
El solicitante pidió información al Consejo de Seguridad Nacional sobre un incidente en la Central Nuclear de Almaraz. El organismo denegó el acceso alegando que afectaba a sus funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso podría perjudicar las labores de supervisión y control aún en curso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identificación de un empleado, una propuesta de designación de la Diputación de Sevilla, una resolución de alcaldía y una propuesta de resolución. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la resolución de alcaldía por falta de motivación en la denegación.
El Consejo de Transparencia desestima la reclamación de acceso a información sobre manómetros no homologados en la Central Nuclear de Almaraz, solicitada al Consejo de Seguridad Nuclear. La denegación se basa en que la información solicitada perjudicaría las funciones de vigilancia, inspección y control del CSN, que aún están en curso, y no se apreció un interés público superior que justificara el acceso.
Una persona interesada solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional el acceso completo a un expediente disciplinario y a la denuncia correspondiente. La GAIP desestima la reclamación debido a que el expediente sigue abierto y existe un proceso judicial en curso, aplicando el límite legal relativo a la investigación de infracciones.
Un reclamante solicitó al Ministerio de Transportes (AESA) informes de una denuncia y copias de expedientes E23-2601 y G24-0069. AESA denegó el acceso por procedimientos en curso. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente E23-2601 al estar concluido, pero desestimó el acceso a los demás documentos por afectar a procedimientos en tramitación y la defensa de terceros.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre la decisión de no incoar expedientes disciplinarios tras una denuncia de acoso laboral. La administración alegó un régimen especial y la limitación por investigación en curso. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actuaciones archivadas previa disociación de datos.
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