Reclamación sobre el acceso a información de un expediente sancionador contra la promotora del Reggaeton Beach Festival desestimada por afectar a funciones de inspección

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 2 de septiembre de 2024, tiene entrada en el buzón del CTPD, reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). Manifiesta la entidad reclamante no estar de acuerdo con la resolución de fecha 30 de julio de 2024, dictada por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios, por la que se inadmite el acceso a siguiente información solicitada: “Con fecha 21/07/2023 interpusimos denuncia administrativa ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Madrid contra la mercantil como promotora y organizadora del evento REGGAETON BEACH FESTIVAL celebrado en Madrid los días 22 y 23 de julio de 2023, debido a la inclusión de cláusulas abusivas en sus condiciones de acceso. Aportamos copia de la denuncia como documento n.º 1 y justificante de registro de la misma como documento n.º 2. Con fecha 13/05/2024 recibimos respuesta de parte del Jefe de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo indicando que la Dirección General de Comercio, Hostelería y Consumo del Ayuntamiento de Madrid ha incoado expediente sancionador a la empresa tras la inspección realizada con motivo de la denuncia presentada por Se aporta como documento n.º 3 el email remitido por el Jefe de la Oficina Municipal de Investigación de Consumo. Así pues, el 15/05/2024 emitimos respuesta a dicho email solicitando se nos informe acerca del estado de tramitación del expediente sancionador incoado a la empresa denunciada, así como el importe de la sanción en su caso impuesta y de los motivos que fundamentan la misma. El día 20/05/2024 recibimos respuesta del Ayuntamiento de Madrid indicando que la propuesta sancionadora ha sido por obstrucción a la inspección, pero no es posible informar acerca del importe de la sanción puesto que el Ayuntamiento de Madrid ha inhibido actuaciones a la Comunidad de Madrid. Aportamos como documentos n.º 4 y 5 el correo electrónico enviado por al Ayto. de Madrid y su correspondiente respuesta. En este sentido, el 01/07/2024 presentamos solicitud ante la Comunidad de Madrid para que se nos aporte la información anteriormente indicada”. Junto a la reclamación, aporta la citada Resolución. SEGUNDO. El 26 de septiembre de 2024 se envía a la reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 18 de octubre de 2024 tiene entrada escrito de alegaciones de la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios en las que, en síntesis, manifiesta lo siguiente: “Que en ese sentido deberá estarse al contenido que la norma que regula la protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, determine respecto del acceso a la información de la inspección en el ejercicio de sus funciones y así, el artículo art. 35.3 de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid establece para el personal inspector que : “(…) En todo caso, estará obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas” Por ello, en tanto que la información solicitada, afecta a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control encomendadas a esta Dirección General, y comoquiera que las mismas están en curso por parte del personal al servicio de la Inspección de Consumo, no procede conceder el acceso a la misma, en tanto estas no sean firmes y definitivas, tal y como se hizo constar en la resolución de fecha 30 de julio de 2024.” CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 22 de octubre de 2024, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de quince días para que presente alegaciones, sin que conste que haya presentado alegaciones en uso del referido trámite. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual “se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. CUARTO. En el presente caso, la asociación ha presentado reclamación por no estar de acuerdo con la respuesta dada por la Comunidad de Madrid a su solicitud de información relativa a un expediente sancionador incoado por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios contra la mercantil empresa promotora y organizadora del festival REGGAETON BEACH FESTIVAL, y contra su resultado. interpuso una denuncia por vulneración de los derechos de los consumidores ante la Oficina Municipal de Investigación de Consumo, la cual se inhibió a favor de la Comunidad de Madrid El artículo 4.2 de la Ley 39/2015 incluye a las asociaciones dentro del concepto de interesado, como titulares de intereses colectivos en los términos que reconozca la Ley. Más concretamente, el artículo 25 de la Ley de 11/1998, de 9 de julio de protección de los consumidores de la Comunidad de Madrid, reconoce a las asociaciones de consumidores que cumplan ciertos requisitos, la condición de interesado en los procedimientos promovidos por ellas. En este caso, no se discute si la inadmisión de acceso a un expediente sancionador impulsado por dicha asociación responde a negarle tal condición, sino que, reconocida aquella condición, se pueda en cualquier momento de procedimiento y ante hechos concretos, acceder al expediente. Este Consejo quiere recordar que los procedimientos sancionadores tienen su propio cauce de tramitación en la normativa sectorial correspondiente, por una parte, y, por otra, que se permite aplicar los límites de la normativa de transparencia ponderado el caso concreto de que se trate. La denuncia promovida por se refería a varios aspectos de la actividad de la sociedad mercantil organizadora de un festival, los cuales, a su entender, atentaban contra los derechos de los consumidores. Activada la potestad inspectora de la Administración, primero por el Ayuntamiento de Madrid y luego por la Comunidad de Madrid, se comunicó a la entidad reclamante que, en la visita de inspección a la mercantil denunciada, existió una “obstrucción a la labor inspectora”. Por su parte la Comunidad de la Madrid inadmitió el acceso al expediente en curso, al amparo del artículo 14.1.g) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), por suponer un perjuicio a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. De este modo, opera el límite del artículo 14.1 en sus apartados g) y e) LTAIPBG, pues se produce un perjuicio a las funciones de inspección, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, en los que el bien jurídico a proteger es la garantía de un procedimiento justo y el deber de sigilo exigido a quien padeció la obstrucción a la labor inspectora en un procedimiento en curso a la fecha de la solicitud de acceso. El deber de mantener el sigilo del inspector acerca de la información obtenida justifica la inadmisión del acceso a la entidad reclamante por la Comunidad de Madrid, invocando el artículo 35.3 de la citada Ley 11/1998. Ha de reiterarse que la entidad reclamante, una vez trasladas por este Consejo las alegaciones efectuadas por la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios, no ha efectuado alegaciones manifestando expresamente su disconformidad con las mismas. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.