Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Una persona solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el expediente de investigación de una empresa. Tras la denegación basada en el deber de reserva y normativas específicas de inspección, el reclamante alegó su condición de denunciante y representante sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el número de denuncias y sanciones en centros penitenciarios desde 2001. El solicitante acotó la petición a los últimos tres años y excluyó Cataluña y País Vasco. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar la información estadística solicitada.
Un ciudadano solicitó al Gobierno de Navarra una auditoría de TRACASA sobre accesos a sus datos personales por policías forales. Tras la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación al concurrir la limitación legal relativa a la prevención e investigación de ilícitos penales, dado que la información forma parte de un proceso judicial en curso.
La reclamante solicitó acceso a expedientes sancionadores en curso contra un establecimiento en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. La administración denegó el acceso alegando falta de legitimación y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, aunque la protección de datos no aplica a personas jurídicas, la información está protegida por el límite de investigación de ilícitos administrativos.
Un investigador solicitó al Ministerio de Hacienda datos globales sobre denuncias e investigaciones de fraude en los fondos del MRR. Tras una denegación tardía basada en el deber de secreto y la eficacia de las investigaciones, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es agregada y no perjudica la instrucción de los expedientes.
Se solicitó a la Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía información sobre la existencia de autoliquidaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de un inmueble. El reclamante alegó su condición de heredero y la inaplicabilidad de la reserva tributaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por prevalecer la intimidad y el secreto penal.
Una asociación solicitó a la CH del Júcar el expediente completo sobre actuaciones de aclareo de arbolado. La administración denegó el acceso alegando que el expediente estaba en la Fiscalía de Medio Ambiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó tardíamente y tras la intervención del Consejo.
El solicitante pidió al Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha la relación y documentación de todos los procedimientos disciplinarios desde 2020. El Colegio alegó protección de datos, secreto profesional y límites en la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando entregar la relación y los expedientes archivados previa anonimización.
Retransmisiones Digitales, SL solicitó a la CNMC información sobre un expediente sancionador y copia de las actuaciones previas. La CNMC estimó parcialmente la solicitud, denegando el acceso a las actuaciones previas por considerarlas información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de días de descanso por superación de jornada (DSJ) y los horarios de servicio que los generaron para dos mandos de la Guardia Civil. El reclamante alegó que es información pública y no datos privados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por prevalecer el interés público sobre la limitada incidencia en la protección de datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de un expediente de investigación de la Inspección de Trabajo de Segovia. El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva y normativa específica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la documentación.
Se solicitó a la Secretaría General de Energía acceso a un expediente informativo, datos de un expediente sancionador y respuestas a preguntas administrativas. El reclamante alegó tener condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la solicitud: deniega el expediente y el nombre del instructor por perjudicar la instrucción en curso, pero ordena facilitar la fecha de apertura y el número del expediente sancionador.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior la documentación justificativa de una subvención concedida a Cruz Roja. La solicitante alegó que la información ya existía y había sido evaluada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la documentación estaba en proceso de verificación, considerándose aún en curso de elaboración.
Se solicitó al Ministerio de Justicia el expediente de extradición de un ciudadano español detenido en Burkina Faso. El solicitante alegó que la denegación era genérica y carecía de motivación concreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información pertenece a un procedimiento penal en curso, lo que justifica el límite legal para evitar perjuicios en la investigación.
Se solicitó al Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha (CMMedia) un informe de gestión (2011-2015) y la actualización de su portal de bienes. El ente denegó el informe alegando protección de datos y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el informe, desestimando la parte de los bienes por estar en curso de publicación.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por Ayuntamientos desde 2018. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por falta de respuesta. El CTBG desestima la solicitud de fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, aunque estima la reclamación por motivos formales debido al silencio administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de infracciones del orden social cometidas por CCAA desde 2018. El solicitante alegó la aplicación de la Resolución 707/2019. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima el fondo por requerir una reelaboración compleja de la información, pero estima la reclamación por motivos formales ante la falta de respuesta inicial.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el acceso a expedientes de infracciones y sanciones de seis entidades consultoras (2016-2022). El solicitante alegó la existencia de precedentes favorables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones para que se realice el trámite de audiencia a los terceros afectados.
Se solicitó al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya copia de diligencias de la UMAR. El reclamante alegó silencio administrativo. La GAIP resolvió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración facilitó la información durante la tramitación de la reclamación.
La Associació de Veïns Salou Est solicitó al Ayuntamiento de Salou copias de las actas de inspección de actividad de una licencia ambiental (local KISS) desde 2007. Ante la falta de respuesta, la GAIP estima la reclamación, determinando que es información pública y que los límites alegados por el Ayuntamiento no son aplicables al objeto de la solicitud.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada y base jurídica sobre el uso de huellas dactilares para control horario en el Centro Penitenciario de Valencia. El solicitante alegó falta de transparencia en la respuesta parcial del Ministerio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda el archivo de la reclamación debido al desistimiento expreso del interesado.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el informe de inspección de la empresa adjudicataria del servicio de transporte sanitario no urgente. Tras la denegación del Departamento, el interesado presentó reclamación ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, la cual decidió inadmitir la reclamación por ser extemporánea.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior documentación sobre el cobro o renuncia de 5.096 euros reconocidos a la Jefatura Superior de Policía de Valencia en un proceso judicial. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos e intereses procesales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que el proceso judicial ya finalizó y la información es administrativa.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior el detalle pormenorizado de cargamentos de droga incautados en puertos españoles (2016-2022). La solicitante alegó que la denegación carecía de justificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información requerida exigiría una reelaboración compleja de los datos
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior especificaciones técnicas y datos de contratación de la aplicación VeriPol. El Ministerio denegó el acceso alegando carácter abusivo y perjuicio a la investigación policial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por falta de motivación en los límites invocados.
El reclamante solicitó al Centro Operativo Provincial INFOCA de Málaga fotografías y vídeos de un incendio forestal de 2019. La entidad denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación basándose en la protección de la investigación de actividades penales.
Se solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del SAS las actas e informes de una alerta alimentaria sobre aceite de oliva. El reclamante alegó que son documentos públicos y que no es necesaria la condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar investigaciones en curso.
Un delegado de personal solicitó al Ayuntamiento de Montornès del Vallès el expediente completo de una denuncia por acoso y la identidad de los responsables de su tramitación. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de la investigación. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a datos procedimentales y a la comisión investigadora, pero restringiendo declaraciones de terceros.
Un interesado solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya correos y comunicaciones sobre la adaptación de la Relación de Llocs de Treball y accesos al NIP para acreditar su categoría profesional. El organismo de transparencia (GAIP) estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada y excluyendo datos que comprometan la seguridad pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de 11 expedientes de actuaciones previas derivados de sus propias denuncias. Alegó contradicción ya que el Ministerio admitió que estaban archivados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque, al estar archivados, no existe perjuicio a la investigación ni control administrativo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Chipiona información y documentos sobre el atropello de una perra por un coche patrulla. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información está sujeta a diligencias previas de investigación penal, aplicando el límite de protección a la investigación de ilícitos.
Una sociedad solicitó a la CNMC información sobre las actuaciones derivadas de una denuncia contra un operador de telecomunicaciones. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la CNMC no respondió en plazo, aunque posteriormente facilitó la información sobre el estado del trámite.
Se solicitó al Ministerio del Interior el cuestionario y protocolo de uso del sistema VioGen. El solicitante alegó que la denegación inicial fue insuficientemente motivada y que la información no pone en riesgo la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la difusión de estos datos perjudicaría la prevención de delitos y la protección de las víctimas.
FACUA solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de Extremadura la resolución del expediente sancionador contra Dell. La Administración alegó protección de datos y deber de sigilo por existir un recurso judicial pendiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en la tutela judicial efectiva.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica actas de inspección y expedientes sancionadores de una empresa. Alegó que no cabían diligencias previas por la antigüedad de los hechos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información se solicitó mientras las investigaciones seguían abiertas, pudiendo perjudicar el proceso.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el sistema VioGén (casos y agresores). El solicitante alegó que las estadísticas públicas eran insuficientes y que los datos de agresores tenían interés público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Oropesa copia de su expediente de incompatibilidad, incluyendo dos informes específicos. Ante la falta de respuesta, recurrió al Consell Valencià de Transparència. El organismo estima la reclamación porque la información solicitada no coincide con el expediente de información reservada alegado por el Ayuntamiento y el solicitante es interesado en el procedimiento.
Se solicitó a RTVE información sobre convenios económicos y detalles de la comitiva con la marca El Ganso en el Mundial de Catar 2022. El solicitante alegó que la existencia de investigaciones no justifica la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que RTVE no acreditó el perjuicio concreto que causaría la difusión de la información.
Una persona solicitó a la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud de Andalucía copia de una hoja SIMIA relativa a su hijo menor. La entidad denegó el acceso basándose en la confidencialidad y el interés superior del menor. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación para proteger la capacidad de investigación de ilícitos.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número total anual de policías infiltrados en movimientos sociales (2010-2022). El solicitante alegó que un dato agregado no perjudica investigaciones ni revela secretos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a Interior a entregar la información por no estar justificada la denegación.
Un representante sindical solicitó a la AEAT la RPT en formato Excel con datos de ocupación e identificación de los funcionarios (nombre y NUMA). La AEAT denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Orpesa informes de nómina (anonimizados) y cualquier otro documento que afectara a sus derechos. El Ayuntamiento alegó confidencialidad y límites relativos a expedientes disciplinarios. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a los informes de nómina previa disociación de datos, pero inadmite la solicitud de otros documentos por ser genérica.
Se solicitó al Ministerio de Defensa información sobre militares implicados en un chat donde se sorteaban servicios de prostitución. El Ministerio denegó el acceso alegando la judicialización del asunto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el número de implicados y las medidas administrativas adoptadas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de visitas de inspección, informes y el libro de incidencias del Centro Penitenciario de Mujeres de Carabanchel (1993-1994). El Ministerio no respondió en plazo y luego alegó inexistencia de la información y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido a la falta de respuesta oportuna.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid actas de intervención de la policía municipal. Alegó que el acceso debe ser gratuito y permitió la consulta presencial para evitar tasas. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque la tasa por expedición de informes está regulada legalmente y existen vías alternativas de acceso no formalizadas por el recurrente.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda informes urbanísticos (2016-2018) y actas de juntas de gobierno. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un proceso judicial, abusividad y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid decide retrotraer las actuaciones para que el ciudadano concrete la solicitud y ordena entregar las actas.
Un delegado sindical solicitó al Instituto Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona los expedientes disciplinarios desde 2022. El organismo denegó el acceso alegando protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a sanciones por infracciones muy graves y a expedientes de afiliados al sindicato, y sugiere anonimización o resúmenes para el resto.
El Colegio de Enfermeros de Castellón solicitó al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España copia de un auto judicial sobre delitos del anterior presidente. El Consejo General denegó el acceso alegando reserva judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por no ser una actividad sujeta a Derecho Administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el acceso a los formularios de comunicación de titulados españoles en buques de terceros países. La solicitante alegó que los titulados suelen ser personas jurídicas y que no hay daño al revelarlos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que son personas físicas y procede la disociación de datos.
Una solicitante pidió al Ministerio del Interior documentación técnica, datos anonimizados, auditorías y evaluaciones de impacto del sistema VioGén. El Ministerio denegó la mayoría alegando inexistencia o riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la especificación técnica al haber admitido el Ministerio su existencia.
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