Reclamación de acceso a actas e informes sanitarios de la empresa Magrudis desestimada por existir proceso penal en curso

RESOLUCIÓN 276/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 651/2023 Persona reclamante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Sevilla Artículos 14.1.e) y f) LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 12 de septiembre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 6 de agosto de 2023, ante registro del Ayuntamiento de Sevilla, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Solicito la copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020". 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la "Consejería de Salud". Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 21 de septiembre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad indicada en la reclamación (Consejería de Salud y Consumo), copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. Mediante escrito de 25 de septiembre de 2023 la Consejería de Salud y Consumo presenta escrito de respuesta a este Consejo, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: ".- Que el reclamante, D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] fundamenta la presentación de la reclamación en base a la ausencia de respuesta a solicitud de información pública que fue presentada ante el Registro Telemático del Ayuntamiento de Sevilla con fecha 06/08/2023, con n.º registro [nnnnn] ".- Consultados los asientos registrales desde la misma fecha de presentación indicada hasta la fecha actual en la oficina de asistencia en materia de registro de esta Consejería de Salud y Consumo, nos comunican que no consta la remisión de documentación desde el Ayuntamiento de Sevilla, por lo que esta Unidad de Transparencia no ha podido tramitar dicha solicitud de información Pública". 3. El 30 de noviembre de 2023 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es remitido a la entidad reclamada el 1 de diciembre de 2023 y puesto a disposición de la persona reclamante el 4 de diciembre de 2023. 4. A la vista de los antecedente expuestos, con fecha 29 de diciembre de 2023 se dirigió este Consejo a la persona reclamante para que indicara claramente el órgano, centro o unidad administrativo reclamado contra el que se dirige su reclamación. Con esa misma fecha, la persona reclamante contestó que "informo que la entidad a la que reclamo es el Ayuntamiento de Sevilla". 5. A la vista de lo expuesto, el 10 de enero de 2024 se recepcionó por la entidad ahora reclamada (Ayuntamiento de Sevilla) la solicitud de este Consejo de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 9 de enero de 2024 a la Unidad de Transparencia respectiva. 6. El 25 de febrero de 2024 tienen entrada en el Consejo las alegaciones de la persona reclamante referidas a la contestación de la entidad reclamada. En concreto, se manifiesta que: " El 15 de febrero de 2024 he recibido resolución del Director General de Consumo, Salud, Cementerio y Protección Animal desestimando mi solicitud en base al art. 14.1.e) y f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública: "e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. "f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. "Pues presentaría un perjuicio. "Por ello, presento estas alegaciones: "La información que solicito es una información administrativa sobre un establecimiento alimentario. "Se me deniega el acceso porque, si conociera esta información, podría causar un perjuicio a alguna de las partes que están pendientes de juicio oral. "El hecho que se me facilite esta información no ha de causar ningún perjuicio para ninguna de las partes, ya que las investigaciones han finalizado y toda la documentación ha estado puesta a disposición de todas las partes. "La limitación del artículo 14.1 e) sobre prevención, investigación y sanción, no debería aplicarse, ya que la investigación ha finalizado y no hay ningún documento que esté bajo secreto de sumario. No pido documentos judiciales, solo administrativos. "La limitación La limitación del artículo 14.1 f) sobre igualdad de las partes en los procesos judiciales, no se debería aplicar ya que la información solicitada está a disposición de todas las partes. "Por estos motivos, para finalizar un trabajo de investigación, pido se tengan en cuenta mis alegaciones. 7. El 26 de febrero de 2024 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, incluyendo la contestación facilitada a la persona reclamante mediante Resolución nº 113 de la Dirección General de Consumo, Salud, Cementerio y Protección Animal del Ayuntamiento de Sevilla, de 8 de febrero de 2024, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: «Presentado escrito por D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], solicitando “copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ”, en uso de las competencias delegadas mediante Resolución de Alcaldía nº 546 de 20 de junio de 2023, RESUELVO: "PRIMERO.- Desestimar en base al art. 14.1.e) y f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la petición de D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], para que con motivo de un trabajo de investigación, se le entregue “copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ”, y ello en base al informe emitido por el Servicio de Consumo de fecha 7 de febrero de 2024, del que deberá darse traslado al solicitante, y ello sin perjuicio de lo recogido en el mismo sobre el derecho a facilitar la información solicitada una vez concluya el procedimiento penal en curso. "SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a D. [nombre y apellidos de la persona reclamante] y al Servicio de la Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia.». "El informe del Servicio de Consumo que sirve de base a la propuesta es del siguiente tenor literal: «Desde el Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia se remite documento cumplimentado por D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], solicitando, con motivo de un trabajo de investigación, “copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 ”. "En relación a esta petición, quien suscribe tiene a bien informar lo siguiente: "Declarada la alerta sanitaria ES 2019/ 197 Listeria en Carne mechada, que tenía su origen en la actividad desarrollada por la empresa MAGRUDIS S.L., se produjeron una serie de acontecimientos que han derivado en actuaciones judiciales, encontrándose en este momento en curso el Procedimiento penal Abreviado 98/2022 Negociado C del Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla. En el marco de este Procedimiento, en este momento, pendiente del inicio del Juicio Oral, se encuentra procesada la Inspectora Veterinaria actuante en esa industria, y que es la que ha llevado a cabo las inspecciones sanitarias que dan origen a las actas e informes que el Sr. [primer apellido de la persona reclamante] solicita, todos ellos incorporados a la causa penal referida, y directamente relacionados con el procesamiento de la Inspectora Veterinaria. "La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece una serie de limitaciones en cuanto a dicho acceso. "En concreto el art. 14, 1. apartados e) y f) establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: "e) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. "f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. "Por ello, a tenor del literal de este precepto, y como quiera que el procedimiento penal está en curso, esto de por sí debe determinar la aplicación de la limitación en cuanto a la entrega de la documentación solicitada, pues la misma forma parte del expediente judicial y puede determinar el resultado de la sentencia, debiendo prevalecer el derecho a una tutela judicial efectiva para la veterinaria procesada. "El Propio Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en distintas Resoluciones (89/2016, 376/2018 y 424/2018) viene a considerar pertinente la aplicación del límite del art. 14.1 e) LTAIBG por solicitarse acceso a una documentación que está siendo objeto de examen en la jurisdicción penal. "En consecuencia, y sin perjuicio del reconocimiento expreso del derecho del Sr. [primer apellido de la persona reclamante] a obtener la información solicitada, que le podrá ser proporcionada en el momento en que el procedimiento penal concluya, teniendo en cuenta lo antes expuesto, se propone desestimar la solicitud de D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], para que se le entregue «copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.». "Asimismo informar a ese Consejo que el Sr. D. [nombre y apellidos de la persona reclamante], con fecha 15 de febrero de 2024, fue notificado electrónicamente de la presente Resolución e informe, acusando recepción del mismo en la misma fecha". FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de veinte días hábiles (artículo 31 dela Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información del Ayuntamiento de Sevilla) desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la reclamación se presentó el 12 de septiembre de 2023, adjuntando la persona reclamante solicitud de información de fecha 6 de agosto de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. La persona reclamante solicitó acceso a: “Solicito la copia de las actas de inspección, informes, resultados analíticos y otros documentos sanitarios referentes a la razón social Magrudis, de los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020". La entidad reclamada no facilitó la información solicitada en virtud de lo previsto en el artículo 14.1. LTAIBG, que prevé que "el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para... e) (la prevención,investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios) y f) (la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva)” . 2. La entidad reclamada cita como motivo para no facilitar la información solicitada lo previsto en la letra f) del artículo 14 LTAIBG, que contempla como límite al derecho de acceso que dicho acceso suponga un perjuicio para la “igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”. El artículo 14.1.f) de la LTAIBG dispone que “[e]l derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para... [l]a igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva”. Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo 14 LTAIBG establece que “[l]a aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso” (en términos idénticos, el art. 25.2 LTPA). La lectura conjunta de tales preceptos (art. 14.1 y 2 LTAIBG y art. 25.2 LTPA) conduce a que la aplicación de los límites se articule como un proceso argumentativo que se despliega en tres fases o momentos sucesivos. En efecto, tal y como hemos declarado en anteriores resoluciones: «... la aplicación de los límites previstos en el art. 14.1 LTAIBG ha de efectuarse en el curso de un proceso integrado por los siguientes pasos: en primer término, debe constatarse que los “contenidos o documentos” [art. 2.a) LTPA] a los que se quiere acceder inciden realmente en la materia definitoria del límite en cuestión (...); acto seguido, ha de identificarse el riesgo de un perjuicio “concreto, definido y evaluable” en el supuesto de concederse el acceso, así como argumentarse la existencia de una relación de causalidad entre el perjuicio y la divulgación de la información solicitada; y finalmente, una vez superado este test, aún habría de determinarse, atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si los beneficios derivados de la evitación del perjuicio han de prevalecer sobre los intereses públicos o privados que pueda conllevar la difusión de la información» (así, entre otras, las Resoluciones 81/2016, FJ 6º, 120/2016, FJ 3º y 3/2017, FJ 3º). En consecuencia, la primera tarea que debemos abordar es examinar si la información solicitada puede reconducirse al supuesto contemplado en el art. 14.1 f) LTAIBG. Pues bien, al afrontar el análisis del alcance material de este precepto, puede ser conveniente aproximarse al Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públicos, de 18 de junio de 2009, toda vez que su influencia en la conformación del sistema de límites establecido en el art. 14 LTAIBG está fuera de toda duda. Y, ciertamente, se aprecia la existencia de un claro paralelismo entre el límite que nos ocupa y el establecido en el art. 3.1.i) del Convenio, precepto este último que permite restringir el acceso a los documentos para proteger “la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales y la administración eficaz de la justicia”. El art. 14.1 f) LTAIBG asume, pues, en términos prácticamente literales el límite de la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales, aunque sustituye el inciso relativo a la administración eficaz de la justicia por la referencia a la “tutela judicial efectiva”; modificación probablemente derivada de la circunstancia de que la LTAIBG rehusase extender su ámbito de cobertura al ejercicio de la función jurisdiccional, posibilidad que, sin embargo, sí contempla expresamente el Convenio [art. 1.2) a) ii) 2)]. Sea como fuere, el límite del art. 14.1 f) LTAIBG se incardina directamente a la protección del principio de igualdad de armas procesales, inherente al derecho a un proceso con todas las garantías consagrado en el art. 24.2 CE; principio de igualdad que, como tantas veces ha reiterado el Tribunal Constitucional, aun contando con sustantividad propia, está estrechamente relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión ex art. 24.1 CE, de tal suerte que su eventual quebrantamiento puede entrañar también la vulneración de este derecho fundamental (baste citar las SSTC 184/2005, FJ 3º; 53/2010, FJ 4º y 128/2014, FJ 4º). Dada la inequívoca influencia del Convenio en el listado contenido en el art. 14.1 LTAIBG, la Memoria Explicativa del mismo resulta un instrumento de gran utilidad para interpretar el propio alcance de nuestros límites del derecho de acceso a la información pública. Y, por lo que hace al que ahora nos ocupa, la referida Memoria señala lo siguiente: “Este límite tiene por objeto garantizar la igualdad de las partes en los procedimientos judiciales tanto ante los tribunales nacionales como internacionales, y puede, por ejemplo, autorizar a una autoridad pública a denegar el acceso a los documentos elaborados o recibidos (por ejemplo, de su abogado) en relación con procedimientos judiciales en los que sea parte. Se deriva del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo. Los documentos que no se creen en función de procedimientos judiciales como tales no pueden ser denegados bajo este límite” (§ 31). Así pues, en línea de principio, el límite del art. 14.1.f) LTAIBG está llamado a operar esencialmente respecto de los documentos generados específicamente con ocasión del procedimiento judicial de que se trate (en esta línea, Resolución 31/2017, FJ 4º). Como indica la Sentencia del Tribunal Supremo 645/2022: “2- El límite al derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 14.1.f) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, referido a que el acceso suponga un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, resulta aplicable a las solicitudes de información respecto de contenidos o documentos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados en el ámbito de la mencionada Ley elaborados para ser presentados ante un órgano jurisdiccional (y por ende ante el Tribunal de Cuentas, cuando ejerza funciones jurisdiccionales de enjuiciamiento de la responsabilidad contable), correspondiendo a estas Entidades de Derecho Público ponderar en cada caso concreto, atendiendo a las circunstancias concurrentes, si el principio de transparencia constituye un interés público superior capaz de superar la necesidad de proteger la documentación controvertida, y, en consecuencia, justificar la divulgación de esta” En consecuencia, resulta cuestionable en este caso la aplicación de este límite para negar al reclamante la información solicitada, ya que no fue elaborada específicamente con destino al proceso judicial que se sigue en el procedimiento penal abreviado número 98/2022, incoado ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Sevilla (proceso judicial expresamente identificado en las alegaciones remitidas a este Consejo por la entidad reclamada), sino que se habría ido generando, en su momento, como consecuencia de la tramitación de un expediente de alerta sanitaria ES 2019/197. Conforme a estas consideraciones, resulta palmario que el límite esgrimido por la entidad reclamada — art. 14.1.f) LTAIBG— no resulta de aplicación a la información solicitada. Por otro lado, sobre la aplicación de las causas de inadmisión, debemos tener presente la ya consolidada doctrina del Tribunal Supremo sobre la necesidad de que el órgano justifique debidamente su aplicación. Así, en la anteriormente citada Sentencia del Tribunal Supremo 1547/2017, de 16 de octubre, se afirma expresamente, respecto a esta primera causa de inadmisión, que “...no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información“. En el caso que nos ocupa, la entidad reclamada, en el informe del Servicio de Consumo que sirve de fundamento para justificar el sentido de la Resolución número 113, de 8 de febrero de 2024, sólo se hace una mera cita referida al apartado f) del artículo 14.1 LTAIBG, sin justificar de manera clara y suficiente la aplicación del indicado límite al presente supuesto. 3. Por otro lado, la petición de información está lo suficientemente precisada como para entender que el acceso puede provocar un riesgo en el bien jurídico a proteger por el límite contenido en el artículo 14.1. e) LTAIBG (la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios), al haber indicado la entidad reclamada que "declarada la alerta sanitaria ES 2019/ 197 Listeria en Carne mechada, que tenía su origen en la actividad desarrollada por la empresa MAGRUDIS S.L., se produjeron una serie de acontecimientos que han derivado en actuaciones judiciales, encontrándose en este momento en curso el Procedimiento penal Abreviado 98/2022 Negociado C del Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla". Este Consejo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la aplicación de los límites al acceso a la información que está incluida en un procedimiento penal en curso. Así, en la Resolución 38/2019, entendíamos de aplicación el límite previsto en el artículo 14.1 e) LTAIBG, a estar en curso unas diligencias previas de investigación penal: “En efecto, el artículo 774 LECr extiende explícitamente a las diligencias previas del procedimiento abreviado el carácter secreto atribuido al sumario en el procedimiento ordinario: “Las diligencias del sumario –comienza diciendo el artículo 301 LECr- serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”. Y el artículo 302 LECrim se encarga acto seguido de establecer la excepción: “Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento”; si bien, como el precepto precisa a continuación, incluso para las partes personadas podrá el juez instructor acordar el secreto en determinadas circunstancias. En cualquier caso, el propio artículo 301 LECr contempla la imposición de sanciones para aquellos que quiebren este deber de reserva. La finalidad última que justifica la calificación como secreta de la etapa de instrucción del proceso penal no es otra que la de asegurar una adecuada persecución de los delitos, según ha afirmado el Tribunal Constitucional: “[…] la regulación legal del secreto sumarial […] se interpone como […] un impedimento al conocimiento por cualquiera -incluidas las mismas partes en algún caso: art. 302 de la LECr.- de las actuaciones seguidas en esta etapa del procedimiento penal. Lo que persigue la regla impositiva del secreto es impedir tal conocimiento y ello en aras de alcanzar […] una segura represión del delito.” (STC 13/1985, FJ 3º). Así pues, dada la naturaleza y el sentido del carácter reservado que se predica de la fase de instrucción, cabe llegar a la conclusión de que, en los casos en que se pretende acceder a una información que se halla bajo el secreto impuesto por el artículo 301 LECr, el límite que puede entrar en juego es el establecido en el artículo 14.1 e) LTAIBG (“prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”). Y, de hecho, este Consejo ya ha tenido ocasión de declarar la pertinencia de aplicar el mismo a la documentación que está siendo objeto de examen en la jurisdicción penal (Resolución 89/2016, FJ 5º)”. En nuestro supuesto, la entidad reclamada ha alegado que existe un procedimiento abreviado de naturaleza penal (“nº 198/2022, incoadas ante el Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla”) y que en relación con la información solicitada, “en el marco de este Procedimiento, en este momento, pendiente del inicio del Juicio Oral, se encuentra procesada la Inspectora Veterinaria actuante en esa industria, y que es la que ha llevado a cabo las inspecciones sanitarias que dan origen a las actas e informes que el Sr. [primer apellido de la persona reclamante] solicita, todos ellos incorporados a la causa penal referida, y directamente relacionados con el procesamiento de la Inspectora Veterinaria. (...) Por ello, a tenor del literal de este precepto, y como quiera que el procedimiento penal está en curso, esto de por sí debe determinar la aplicación de la limitación en cuanto a la entrega de la documentación solicitada, pues la misma forma parte del expediente judicial y puede determinar el resultado de la sentencia, debiendo prevalecer el derecho a una tutela judicial efectiva para la veterinaria procesada". Por ello, resulta evidente que el bien jurídico a proteger por el límite establecido en el artículo 14.1.e) LTAIBG, que es la efectividad de las actuaciones para la prevención, investigación o sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, podría verse dañado por la revelación de información durante la tramitación del proceso. Esto supondría un riesgo para el procedimiento judicial en marcha, cuya protección prevalecería sobre el interés público en el acceso a la información. Además de poder incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo 301 LECr. Por tanto, el acceso a la información solicitada, al ser objeto de un procedimiento judicial en curso, estaría limitado por la aplicación del artículo 14.1.e) LTAIBG. por lo que entiende que sería de aplicación el citado límite, procediendo por tanto la desestimación de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.