Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea un informe de la Intervención General sobre la cofinanciación europea en el contrato de mascarillas con RR7 UNITED SL. El reclamante alegó que el límite de reserva judicial se aplicó automáticamente sin ponderación. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación por existir un proceso judicial en curso.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes ofertas de mascarillas Covid-19 e informes técnicos sobre la compra a una empresa. ADIF denegó los informes por estar en una investigación de la Fiscalía. El reclamante no impugnó esa denegación, pero alegó falta de respuesta sobre las ofertas. El CTBG estima la reclamación y ordena al Ministerio entregar la información sobre las ofertas recibidas.
Una sociedad solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de la resolución de apertura de un periodo de actuaciones previas. Tras la inadmisión del Ministerio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en que el acceso perjudicaría la investigación de ilícitos administrativos al estar el proceso aún en curso.
Defensa Ciudadana Activa solicitó a la Diputación Provincial de Cádiz diversos documentos y expedientes. Alegó que la administración dilataba la entrega mediante trámites de alegaciones reiterativos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de la información, excepto un expediente por extemporaneidad.
Se solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) la base de datos completa del visor de expedientes. El reclamante alegó que la información es accesible para ejercer la acción pública. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de datos de personas jurídicas y de personas físicas previa disociación.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya copia de informes sanitarios sobre una residencia. El solicitante alegó que la entrega fue incompleta. La GAIP estima parcialmente la reclamación: aunque valida la denegación de datos personales y judiciales, obliga a entregar el número total de informes, sus fechas y periodicidad.
Un agente de la Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior información sobre la concesión irregular de vacaciones en una Comandancia entre 2019 y 2021. El solicitante alegó un agravio comparativo y defendió la finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud no busca documentos preexistentes, sino justificaciones sobre actuaciones administrativas.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona informes sobre cinco contratos menores de 2020. La administración denegó el acceso alegando que la Oficina Antifrau de Catalunya estaba investigando dichos contratos. La GAIP estima la reclamación porque la Oficina Antifrau confirmó que el hecho de integrar un expediente de investigación no constituye per se un límite al acceso a la información.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona informes sobre cinco contratos menores de 2020. La administración denegó el acceso alegando que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) estaba investigando dichos contratos. La GAIP estima la reclamación porque la OAC informó que el hecho de que la documentación integre un expediente de investigación no constituye per se un límite al acceso.
La Fundación Montescola solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación el código CVE de una resolución sobre la caducidad de concesiones mineras. Tras un silencio administrativo y una posterior denegación expresa, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación al considerar que la Administración no justificó debidamente los límites de acceso invocados.
Se solicitó a la CNMC la relación de personal no funcionario que participó en tres inspecciones concretas. El solicitante alegó que la CNMC aplicó incorrectamente los límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando retroceder las actuaciones para dar audiencia a los afectados y posteriormente facilitar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte datos y formularios de un control antidopaje de 2019. Alegó que el procedimiento sancionador original caducó y no hay riesgo de perjudicar investigaciones actuales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que no ha prescrito la infracción y podrían incoarse nuevos expedientes.
Se solicitó a la Consejería de Salud y Consumo de Andalucía copia de autorizaciones para la defensa jurídica de funcionarios en procedimientos judiciales. El solicitante alegó que la anonimización impedía fiscalizar el uso de fondos públicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación, manteniendo la anonimización para proteger la intimidad de los afectados.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte copias de formularios de control antidopaje, cadena de custodia e informes de misión (2017-2021). Tras la inadmisión inicial y alegaciones del interesado acotando la petición solo a los informes de misión, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por carencia sobrevenida de objeto al ser una solicitud repetitiva.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el listado detallado de sanciones de la Inspección de Trabajo (2021-2022). El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva del personal inspector. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la tramitación a la espera de una sentencia judicial sobre un caso idéntico.
Un periodista solicitó al Ministerio de Transportes, Renfe y ADIF documentación sobre una incidencia ferroviaria por incendio forestal en agosto de 2022. ADIF denegó el acceso alegando la existencia de un proceso penal y la genericidad de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información no procesal ni sumarial.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Oropesa el traslado de un escrito del secretario relativo a su persona y la identificación de los funcionarios responsables de la tramitación. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso al ser el solicitante interesado en el procedimiento y tratarse de información personal.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco actas de inspección y datos de control de cuatro establecimientos alimentarios. Tras una estimación parcial que denegó las actas por riesgo de perjudicar la labor inspectora, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena el acceso a las actas, previo anonimizado de datos personales.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud de La Rioja actas de toma de muestras y un oficio de salida relativos a una intoxicación por botulismo en 2016. Tras la denegación administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estima la reclamación, obligando a la entrega de los documentos al primar el interés público sobre la confidencialidad.
Un investigador solicitó a la Consejería de Salud de La Rioja informes y actas de inspección sobre una alerta de botulismo de 2016. Tras una concesión parcial, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estima la reclamación al considerar que predomina el interés público sobre la salud frente a la confidencialidad administrativa.
El reclamante solicitó a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Islas Baleares copia de expedientes derivados de sus denuncias. La Oficina denegó el acceso alegando límites de investigación y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso solo si los expedientes fueron archivados y previa disociación de datos personales.
La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó al Ayuntamiento de San Roque copia de solicitudes de información pública presentadas por un tercero sobre expedientes específicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información está vinculada a un procedimiento penal en curso, aplicando el límite de protección de la investigación de ilícitos.
El interesado solicitó la relación de contratos y su ubicación suscritos por el Canal de Isabel II con la Comunidad de Propietarios, la Entidad Urbanística de Conservación y el Ayuntamiento de Venturada. El Canal de Isabel II denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
La asociación APEDANICA solicitó a la CNMC datos sobre el uso del sistema Cellebrite en inspecciones. La CNMC denegó el acceso alegando riesgo para sus funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos estadísticos y fechas, pero manteniendo la reserva sobre el desglose de dispositivos y consentimientos.
Se solicitó a la CELAD el número anual de sanciones de suspensión de 6 meses o menos entre 2017 y 2021. El solicitante alegó que la entrega de datos agregados vulneraba su derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando a la CELAD a desglosar la información por años al no justificarse los límites de confidencialidad invocados.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2021). Tras la denegación de Puertos del Estado, AP Pasaia y AP Bilbao, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
La Asociación «Bien Común de Monesterio» solicitó a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura documentación sobre el cementerio de Monesterio. La administración denegó el acceso alegando falta de competencia o inexistencia de documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al validar la existencia de inspecciones en curso.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior detalles sobre una intervención de la UCO en Madrid y datos sobre el hackeo de Encrochat. Alegó que la información sobre Encrochat no era judicial sino de EUROPOL. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información está clasificada como secreta por el Consejo de Ministros.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia acceso a la documentación de su expediente de extradición remitida por Turquía. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la investigación penal y a las relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la denegación se basó en argumentos genéricos sin ponderación del caso concreto.
El reclamante solicitó al Ministerio de Justicia documentación de extradición de Turquía. Tras una sentencia del Tribunal Supremo que reconocía el acceso, el Ministerio denegó nuevamente la información alegando perjuicio a investigaciones penales y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide levantar la suspensión de la reclamación al quedar firme la vía judicial.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior la Resolución F.4.R de cese en el puesto de trabajo derivada de una sanción. Alegó indefensión por recibir comunicaciones en lugar de resoluciones recurribles. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el documento solicitado no existe, ya que la sanción no implicaba pérdida de puesto.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el acceso al expediente disciplinario y sus conclusiones sobre un capitán que llevó a su unidad al Valle de los Caídos. La solicitante alegó que en un caso previo se le facilitó información similar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información es materia clasificada como reservada.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre la revisión de móviles de altos cargos por el programa Pegasus. El solicitante alegó que el Gobierno ya había hecho pública parte de esta información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto y por afectar a procesos judiciales en curso.
Un periodista solicitó a la EMDET informes del CEPRAN y de la consultora Judilex. La administración denegó los informes de Judilex alegando secreto profesional y confidencialidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes pero permitiendo tachar datos de denunciantes o imputaciones de responsabilidad.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de cuatro tarjetas de empresa (2008-2019). Ante la falta de respuesta, se reclamó ante la GAIP. La GAIP desestima la reclamación porque la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales.
Se solicitó a ESPIMSA el acceso a registros contables y justificantes de gastos de varias tarjetas de empresa entre 2012 y 2018. Ante el silencio administrativo, la GAIP desestimó la reclamación basándose en que la información solicitada contiene datos personales especialmente protegidos relativos a la comisión de infracciones penales (art. 23 LTAIPBG).
El reclamante solicitó a la RTPA datos numéricos y fechas sobre denuncias y expedientes de su canal de cumplimiento. La RTPA denegó el acceso alegando abusividad y deber de secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que se solicitan datos estadísticos que no vulneran la confidencialidad ni paralizan la gestión administrativa.
Se solicitó un desglose de sanciones emitidas a centros de acogida de menores, trabajadores y empresas gestoras (2015-2022) a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando protección de datos de menores y víctimas de violencia de género. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe sobre un desfalco en Panamá remitido al Tribunal de Cuentas. La administración denegó el acceso alegando los límites de prevención de ilícitos y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la Administración no motivó suficientemente la aplicación de los límites, no realizó la ponderación de intereses exigida y el documento ya había sido divulgado públicamente sin perjuicio para las investigaciones penales.
Un periodista solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) informes de diversas investigaciones. Alegó que la anonimización de empresas y cargos públicos era excesiva. La GAIP resolvió estimar parcialmente la solicitud, ordenando el acceso a la mayoría de los documentos, incluyendo identidades de empresas y altos cargos, pero protegiendo la identidad de personas físicas no públicas.
FACUA solicitó a la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Córdoba la copia íntegra de un expediente administrativo. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad y sigilo profesional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no se ha acreditado un riesgo real y concreto que justifique la denegación.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Cádiz copia de la licencia, informes y proyecto de una edificación. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo desestimó la reclamación porque la documentación es objeto de diligencias de investigación penal en curso, aplicando el límite de protección a la investigación de ilícitos.
El reclamante solicitó acceso a documentación de un procedimiento de extradición remitida por Turquía al Ministerio de Justicia. Tras una larga batalla judicial, la Administración denegó el acceso alegando límites de seguridad y relaciones exteriores. El recurrente impugna la falta de motivación específica exigida por el Tribunal Supremo. El CTBG decide suspender el procedimiento por prejudicialidad.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
La Associació de Veïns Les Sutarranyes reclama contra la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica por la concesión de acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que existían investigaciones penales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que no existe un interés público superior que justifique el acceso.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de las empresas con más accidentes laborales desde 2010. Tras una inadmisión por solicitud repetitiva, el reclamante propuso obtener datos anonimizados del IBEX-35. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
La sociedad Comunicació dels Ports, SA solicita la revocación de una resolución que concedió acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. Alega que la solicitud es abusiva (sin fin de transparencia) y que la información contiene secretos comerciales y afecta a investigaciones judiciales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación.
El reclamante solicitó acceso a diversas actas, expedientes de denuncias e informes jurídicos a la RTPA. La administración denegó el acceso alegando la prevención de ilícitos y carácter auxiliar de la información, además de considerar la solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información mediante anonimización.
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