Reclamación sobre medidas adoptadas respecto a militares implicados en un chat de sorteo de servicios de prostitución

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 9 de enero de 2023 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «El pasado 8 de diciembre el diario ARA informó sobre un chat de militares en qué se sorteaba los servicios de una prostituta. La ministra (…) dijo que de confirmarse los hechos, los militares tendrían que dejar el ejército. El pasado 29 de diciembre el ministerio informó que se habían identificado los responsables y se tomarían medidas, sin especificar cuáles serían. Solicito: S/REF: 001-075706 N/REF: 794-2023 Fecha: La de firma. Dirección: ERIO DE DEFENSA Información solicitada: Medidas adoptadas en relación con la participación en un chat. R CTBG Número: 2023-0728 Fecha: 08/09/2023 1. Saber cuántos militares (servidores públicos) se identificaron como responsables del sorteo y los comentarios vejatorios. 2. ¿Qué rango ocupaban estos militares?. 3. ¿Qué medidas se han adoptado respecto a ellos?. 4. ¿Han sido expulsados del ejército? 5. Si han sido trasladados a otra unidad, ¿dónde han sido trasladados? 6. ¿Qué se les atribuye?». 2. El MINISTERIO DE DEFENSA dictó resolución con fecha 9 de febrero de 2023 en la que contestó al solicitante lo siguiente: « (…) Una vez analizada la solicitud (…), el Estado Mayor del Ejército considera que procede denegar el acceso a la información solicitada. En relación con los hechos objeto de la solicitud de información se señala que cuando el Ejército de Tierra tuvo conocimiento, decidió enviarlo a la Fiscalía. Por ello, dado que el asunto está judicializado y teniendo en cuenta que el artículo 14.1. e) de la LTAIBG establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para "La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios", no procede dar más información que la señalada. Sí que se desea señalar que estos hechos denunciados no responden ni representan los valores de las Fuerzas Armadas en general, ni del Ejército de Tierra en particular». 3. Mediante escrito registrado el 17 de febrero de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: « (…) Se argumenta que el tema está judicializado y facilitar la información puede suponer un perjuicio. En realidad el tema sigue pendiente del escrito de Fiscalía y la magistrada procederá a admitirlo a trámite o archivarlo cuando reciba el escrito. En cualquier caso, debería priorizarse el derecho a la información que nos atribuye la constitución española: es información de relevancia pública porque se trata de R CTBG Número: 2023-0728 Fecha: 08/09/2023 funcionarios públicos y el tema tuvo interés general. Además, las preguntas que se enviaron al Ministerio de Defensa no entorpecen una posible investigación judicial: los datos que se piden son totalmente anónimos. Queremos comprobar si la institución actuó tal como anunció la propia ministra. Han pasado ya prácticamente dos meses y medio y el silencio no puede servir como respuesta a las preguntas que se hace la sociedad española». 4. Con fecha 3 de marzo de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DE DEFENSA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. A fecha de elaborarse la presente resolución no se ha recibido contestación. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información relacionada con un chat de militares destinados en un cuartel de Barcelona en el que, según una información periodística, se sorteaban los servicios de una prostituta. En concreto, se quiere conocer el número militares identificados como responsables, su rango y las medidas adoptadas —en particular, si han sido expulsados del Ejército o trasladados—, y, finalmente, qué (infracción) se les atribuye. El Ministerio requerido deniega el acceso por considerar aplicable el límite del artículo 14.1.e) LTAIBG, puesto que la divulgación de la información causaría un perjuicio para la «prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios». 4. Antes de entrar a examinar las cuestiones de fondo, es necesario subrayar que el Ministerio reclamado no ha contestado al requerimiento de este Consejo de envío del expediente ni ha presentado las alegaciones solicitadas. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente al no proporcionarle su parecer sobre los argumentos en los que se sustenta la reclamación, de modo que pueda disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada. 5. Sentado lo anterior, corresponde ahora verificar la concurrencia del límite establecido en el artículo 14.1.e) LTAIBG que se invoca en la resolución de denegación. Desde esta perspectiva, el Ministerio argumenta que el asunto se encuentra judicializado pues los hechos han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para, se entiende, la determinación de la existencia de un posible delito y su calificación. Debe precisarse que el bien jurídico protegido por el límite previsto en el artículo 14.1.e) LTAIBG es asegurar el buen fin de todos los actos de investigación practicados en la fase de instrucción de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario. En la línea de lo establecido en el artículo 3.1.c) del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, el fin último es evitar que el acceso a la información pueda resultar perjudicial a las investigaciones o conducir a la destrucción de pruebas o a la sustracción de los delincuentes de la acción de la justicia. A estos efectos, resulta relevante el elemento temporal pues, en la medida en que se estén llevando a cabo tales diligencias de investigación en el momento en que se solicita el acceso, existe un riesgo cierto de que tales diligencias se entorpezcan o se frustren. En efecto, la razón de ser de la previsión del artículo 14.1.e) LTAIBG tiene como causa la debida protección que debe aplicarse a los expedientes, de carácter penal, administrativo o disciplinario, principalmente mientras estén siendo tramitados, de tal manera que la correcta sanción de las infracciones o ilícitos cuya comisión quede acreditada no se vea impedida por la divulgación de información. Ciertamente, en este caso, se desconoce el estado en que se encuentra la actuación de la Fiscalía aunque el propio solicitante (para rebatir el término judicializado que utiliza el Ministerio) señala que «el tema sigue pendiente del escrito de Fiscalía y la magistrada procederá a admitirlo a trámite o archivarlo cuando reciba el escrito», por lo que podría entenderse aplicable el límite al encontrarse en tramitación la práctica de las diligencias que determinarán o no la incoación de un procedimiento penal. No obstante, atendiendo al bien jurídico protegido por el límite y al concreto contenido de la solicitud de información, así como a la necesaria aplicación proporcionada de los límites que exige el artículo 14.2 LTAIBG, considera este Consejo que el límite invocado no permite una denegación total del acceso, pudiéndose facilitar un acceso parcial ex artículo 16 LTAIBG en los términos que se expresan seguidamente. 6. En efecto, el conocimiento del mero dato numérico de los militares implicados en los hechos no permite su identificación y puede ser facilitado sin que ello implique la obstrucción de las tareas de investigación. En lo relativo al concreto rango que ostenten los militares, lo cierto es que dado que todos ellos prestan o prestaban sus servicios en un determinado cuartel de Barcelona, la combinación de estos datos con otras informaciones podría llevar a su identificación y ello sí podría causar un perjuicio al buen fin de las diligencias en los términos antes expuestos. Es por ello que, en este caso, se entiende admisible el límite invocado. Por lo que concierne a la información referida a las medidas adoptadas —en particular si han sido expulsados del Ejército o trasladados— ha de entenderse lógicamente referida a las medidas de carácter administrativo, no a las de naturaleza penal porque, al menos en el momento de presentarse la solicitud de información, no se han podido adoptar. Así entendido, la revelación de las medidas adoptadas (de forma cautelar o definitiva) no influye ni causa perjuicio alguno en la investigación judicial en curso. Finalmente, en relación con la última pregunta qué se les atribuye, debe entenderse que lo que se pretende es conocer que conducta ilícita se les imputa y, en este sentido, no puede desconocerse que, si como apunta el propio reclamante, todavía no consta la presentación del escrito de calificación por parte del Ministerio Fiscal al órgano judicial, no es posible trasladar esa información en la medida en que no se contará con ella hasta que finalicen las actuaciones de investigación que, precisamente, se quieren proteger con la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.e) LTAIBG —en este sentido, dispone el artículo 299 LECrim que «constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos»—. 7. En conclusión, procede la estimación parcial de esta reclamación a fin de que se facilite al reclamante el número de militares implicados en los hechos, así como aquellas medidas que se hayan adoptado con carácter cautelar o definitivo en relación con los mismos con independencia de la investigación del eventual ilícito penal. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DE DEFENSA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información en los términos expresados en el FJ 5 de esta resolución: x «En relación con el chat de militares del cuartel , según información del diario ARA del pasado 8 de diciembre: 1. (…) cuántos militares (servidores públicos) se identificaron como responsables (…). (…) 3. ¿Qué medidas se han adoptado respecto a ellos? 4. ¿Han sido expulsados del ejército?» 5. Si han sido trasladados a otra unidad, ¿dónde han sido trasladados?» TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE DEFENSA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez