Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura acceso a un expediente sancionador y resoluciones sobre obras de la Comunidad de Regantes de Talavera la Real. La Administración alegó que el solicitante era interesado y que existían límites por protección de datos y sancionadores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación y ordenó entregar la información.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT las autorizaciones expresas para expedir copias auténticas de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando normativa tributaria específica y límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no existe un régimen específico que desplace la LTAIBG ni perjuicio judicial justificado.
El reclamante solicitó información a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre una finca subastada en 2019 y los motivos por los que no se le adjudicó. La administración denegó el acceso alegando la reserva de datos de la Seguridad Social. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por entender que la materia se rige por normativa especial de recaudación.
Un representante del sindicato CCOO solicitó al Ayuntamiento de Godella copia de un expediente disciplinario de un trabajador. Ante la falta de respuesta de la administración, presentó reclamación ante el Consell de Transparència. El organismo desestimó la reclamación por considerar que la información contiene datos personales protegidos y no existe consentimiento del afectado.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell informes jurídicos sobre presuntos delitos penales. El reclamante alegó que el silencio administrativo implicaba estimación y propuso anonimizar los datos. La GAIP desestima parcialmente la solicitud por proteger el derecho al honor y datos sensibles, y declara pérdida parcial de objeto por información ya facilitada.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona y a la AEMT los informes del Comité de Ética, Prevención de Riesgos Penales y Cumplimiento Normativo (CEPRAN). La administración alegó secreto profesional y propiedad intelectual. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar los informes, pero exceptuando datos de denunciantes, procesos sancionadores abiertos y datos personales protegidos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Oliva el acceso a diversos expedientes urbanísticos. Ante la falta de respuesta tras ocho meses, interpuso reclamación ante el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. El organismo estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a cuatro expedientes, pero denegando el relativo al expediente sancionador para proteger datos personales.
Un ciudadano solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso a un expediente de investigación sobre un profesor. El solicitante alegó ser interesado y que los datos sensibles eran ya conocidos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque, tras el test de daño, el perjuicio a la privacidad supera el beneficio público.
AERIS INVEST solicitó al ICAC el texto íntegro de una resolución sancionadora y su propuesta contra PriceWaterhouseCoopers. El ICAC denegó el acceso alegando confidencialidad y normativa sectorial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los documentos previa eliminación de datos comerciales sensibles y firmas.
El interesado solicitó información sobre un viaje del Presidente del Gobierno a Berlín, preguntando por el uso del avión Falcon y su coste. La administración no respondió en plazo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, dado que la respuesta fue extemporánea, aunque la administración ya hubiera proporcionado parte de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre autorizaciones excepcionales de entrada a España (totales, mensuales y por nacionalidad). Tras una respuesta parcial y la denegación de los datos por nacionalidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar la información por nacionalidad salvo en los casos donde prevalezcan los límites legales.
Se solicitó al Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya datos sobre rescates, denuncias por falta de seguridad e informes de seguridad en el Parque Nacional d'Aigüestortes. El reclamante alegó insuficiencia en la respuesta sobre la cobertura del 112. La GAIP desestima, inadmite y declara pérdida parcial del objeto, pues los informes judiciales no son información pública.
Un ciudadano solicitó a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba copias de expedientes sancionadores contra Vodafone, Banco Sabadell y Naturgy. El organismo denegó el acceso material alegando sigilo profesional y confidencialidad inspectora. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Departament d'Interior acceso a criterios de valoración, el propio examen del reclamante y los de los 133 aspirantes aptos en una promoción interna. Tras un intento de mediación fallido, la GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso a criterios y exámenes (estos últimos anonimizados), pero deniega datos de aspirantes no aptos y cierta información policial por seguridad pública.
Se solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso al registro documental de un procedimiento de investigación reservado. La Universidad denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y citando límites legales. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, determinando que, al haber finalizado el expediente, la información es pública previa disociación de datos personales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social la identidad y multas de empresas sancionadas por fraude en ERTE. La administración denegó la información alegando un régimen específico de acceso y deber de reserva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para dar audiencia a los terceros afectados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de controles antidopaje de la AEPSD desde 2011. La administración denegó parcialmente alegando protección de datos, secreto de planificación e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información desde 2014 debidamente anonimizada, al considerar que los límites no justifican una denegación total y que procede la aplicación del principio de proporcionalidad.
El ciudadano solicitó a la AEAT información sobre los intercambios de datos con autoridades fiscales alemanas y europeas relativos al fraude fiscal. La AEAT denegó el acceso alegando confidencialidad internacional y límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el número de comunicaciones, fechas y respuestas, pero no el contenido.
Una asociación solicitó a Augas de Galicia y a la Xefatura Territorial de Minas de A Coruña acceso a expedientes sobre la mina de Touro (proyectos de drenaje, restauración y sanciones). La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, ya que gran parte de la información es de carácter ambiental y debe resolverse según la Ley 27/2006 y no por transparencia general.
El ciudadano solicitó a la AEPD requerimientos y respuestas sobre la licitud del certificado de vacunación en CCAA. La AEPD denegó el acceso alegando que el proceso estaba en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la difusión de la información perjudicaría la investigación administrativa en curso.
Un diputado solicitó al Departament d'Interior el expediente de investigación interna, conclusiones y sanción de un agente policial. El organismo alegó protección de datos y seguridad pública. La GAIP resolvió una estimación parcial, obligando a entregar la documentación mediante la anonimización o pseudonimización de los datos personales del agente y testigos.
El Sindicato CSIF solicitó a la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias el convenio, facturas, presupuestos y relación de servicios de transporte del Centro de Crisis para Víctimas de Agresiones Sexuales. Tras una denegación parcial basada en la protección de víctimas, el CTBG estima parcialmente la reclamación instando a entregar la relación de servicios omitiendo trayectos e identidades.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Ronda el informe del arquitecto municipal requerido por la Fiscalía sobre la nueva estación de autobuses. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el documento formaba parte de diligencias de investigación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por perjudicar la investigación de ilícitos penales.
El solicitante pidió a la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de Andalucía notas de campo, fotos y grabaciones de visitas policiales relacionadas con su hija. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información forma parte de un procedimiento penal en curso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcanar listas de inspecciones urbanísticas y la identidad de los responsables de decidirlas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos personales. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información es pública, no requiere una elaboración compleja y los datos personales son meramente identificativos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Almoguera copias digitales de las autorizaciones para deforestar suelo del Monte Consorciado "Los Cerros". La administración alegó que parte de la materia se encuentra sub iudice en procedimientos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir el límite de la prevención de ilícitos.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el uso de sistemas de reconocimiento facial en España y en San Lorenzo del Escorial. Tras una denegación basada en límites de seguridad y secreto oficial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre proyectos ya finalizados y contratos.
La reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid un listado de las residencias con expedientes sancionadores abiertos por su gestión durante la pandemia de COVID-19. La administración alegó que acceder a dicha información perjudicaría la prevención e investigación de ilícitos administrativos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el simple listado no entorpece la instrucción.
Una ciudadana solicitó a la Comunidad de Madrid el listado de residencias con expedientes sancionadores por su gestión durante la pandemia de Covid-19. La Administración denegó el acceso alegando que los expedientes estaban en curso y su difusión perjudicaría la investigación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que es información pública de interés general.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT. Alegó posibles conflictos de intereses con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad y presentar un carácter abusivo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT que supervisaban a una empresa tecnológica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o inexistente como dato público.
La Asociación Huermur solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de comunicaciones enviadas a instituciones consultivas sobre la construcción de la Torre del Puerto en Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existía y estaba finalizada.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de informes del ICOMOS sobre la Torre del Puerto de Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que los informes ya existen y no debe confundirse la elaboración de un documento con la tramitación de un expediente.
La Asociación Huermur solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte un informe sobre la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar el informe al considerar que el documento ya estaba finalizado.
Un regidor solicitó al Ajuntament de Catarroja el comunicado de una intervención policial y una ficha de Eurocop relacionadas con una denuncia sobre una fiesta en el domicilio del alcalde. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un procedimiento judicial abierto. El Consell de Transparència estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre puestos de trabajo, bajas y expedientes disciplinarios de la Guardia Civil en Castilla y León. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de bajas, pero desestimando el resto por seguridad pública y necesidad de reelaboración.
Una entidad de defensa del consumidor solicitó a la Agència Catalana del Consum la cuantía y motivos de una sanción impuesta a una empresa. Tras la oposición de la empresa y la falta de respuesta de la administración, la GAIP estima la reclamación al considerar que, una vez ejecutada la sanción, no existe riesgo para la investigación y prevalece el interés público de los consumidores.
Se solicitó al Ministerio del Interior el Catálogo de Puestos de Trabajo del Cuerpo Nacional de Policía y datos específicos de puestos de facultativos y técnicos. El reclamante alegó que el catálogo es público por ley y que la denegación era desproporcionada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el catálogo al no justificarse el límite alegado.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid el informe veterinario sobre el estado de los animales en el laboratorio Vivotecnia. Tras una respuesta inicial de la administración, el ciudadano presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación al considerar procedente el límite de la prevención de ilícitos.
Se solicitó acceso a actas de inspección a la Comunidad de Madrid. El solicitante alegó falta de motivación en la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reserva de la información basándose en que las diligencias previas son reservadas según la LEC para evitar frustrar la investigación o generar juicios paralelos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre amenazas a ministros y una denuncia por homofobia. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información formaba parte de un proceso penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración no acreditó la existencia del proceso ni justificó la limitación de forma proporcional.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes policiales sobre disturbios el 5 de julio de 2021. Ante el silencio administrativo, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El CTBG estima la reclamación porque el Ministerio no acreditó la existencia de un proceso judicial ni justificó la denegación de forma proporcionada.
El interesado solicitó a la Delegación Territorial de Empleo de Córdoba documentación remitida a un juzgado y datos sobre el rechazo de un expediente contable. Tras la denegación parcial, el interesado alegó indefensión y derecho de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Un ciudadano solicitó a la Dirección General de Interior de Navarra instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza y control de manifestaciones por la Policía Foral. El interesado alegó que el acceso es necesario para garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación por riesgo para la seguridad ciudadana.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de expedientes de la Inspección de Trabajo contra el PP y PSOE desde el año 2000. El interesado alegó el interés general de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones por no haber dado audiencia a los terceros afectados.
El reclamante solicitó copia digital de un informe técnico del Servicio de Cultura de Castilla-La Mancha relacionado con la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que el Ministerio de Cultura debería valorar el acceso y que existen límites por investigación penal y tutela judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no concurrir dichos límites.
Se solicitó a la Junta de Castilla-La Mancha un informe sobre las obras de la Colegiata de Pastrana. La administración alegó que debía decidir el Ministerio de Cultura y citó límites por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena el acceso al informe al no existir vicios formales ni procesos penales activos que lo justifiquen.
El reclamante solicitó las fichas y expedientes de bienes de interés cultural, patrimonial y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Tras una respuesta incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero omitiendo las coordenadas geográficas exactas.
El interesado solicitó información detallada sobre el funcionamiento del canal de denuncias y el órgano de supervisión de la RTPA. La administración alegó que la información estaba protegida para la prevención de ilícitos y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse el perjuicio ni el carácter abusivo.
El reclamante solicitó información sobre el funcionamiento, plazos y estructura del canal de denuncias y el órgano de supervisión de la RTPA. La administración alegó la prevención de ilícitos y el carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó el límite de prevención de ilícitos y que no hubo abuso de derecho.
401–450 de 734