Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la RTPA actas, expedientes de denuncias e informes jurídicos. La RTPA denegó el acceso alegando la protección de investigaciones penales/disciplinarias, el carácter auxiliar de los informes y un presunto uso abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, permitiendo la anonimización de datos.
La Asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó al Ayuntamiento de San Roque diversa información pública, incluyendo un expediente urbanístico. El Ayuntamiento denegó el expediente alegando que estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el proceso para dar traslado a terceros afectados.
Se solicitó a la CNMV la copia completa del expediente sancionador contra Banco Popular Español, S.A. La CNMV alegó la prevalencia de la Ley del Mercado de Valores y la confidencialidad de la supervisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información salvo datos concretamente justificados como confidenciales.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Marchal acceso a un expediente disciplinario y al documento que acreditara el permiso laboral de un empleado. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque el procedimiento sancionador estaba en curso.
Una periodista solicitó al Departamento de Interior el número, localización y fecha de instalación de las cámaras de reconocimiento facial en espacios públicos. El organismo denegó la información alegando riesgos para la seguridad pública. La GAIP estima la reclamación al considerar que la Administración no acreditó un perjuicio real y concreto, prevaleciendo el derecho a la información y la privacidad.
Se solicitó a la CNMV el texto completo de resoluciones sancionadoras contra Banco Popular y Popular Banca Privada. La CNMV denegó el acceso alegando confidencialidad según la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información basándose en doctrina del Tribunal Supremo.
La reclamante solicitó documentación sobre el cambio de titularidad de la sociedad Obrador de Ceres y la baja de maquinaria a la Consejería de Industria del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó un daño concreto.
El reclamante solicitó datos estadísticos sobre expedientes sancionadores por infracciones de la Ley General de la Comunicación Audiovisual a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias. La administración alegó la inexistencia de datos y la protección de la investigación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de la Isla de Valdecañas (2007-2015). La administración alegó que la información estaba vinculada a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se aplicaron los límites de forma justificada.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Gordo copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (2007-2015) sobre la Isla de Valdecañas. El Ayuntamiento alegó que el acceso perjudicaría un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó el límite invocado.
El solicitante pidió a la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad de Asturias datos estadísticos y cuantías de expedientes sancionadores audiovisuales (2018-2021). La Administración alegó que la información era inexistente o que su acceso perjudicaría la investigación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos.
La reclamante solicitó a la Consejería de Industria del Principado de Asturias documentación sobre un cambio de titularidad y baja de maquinaria. La Administración denegó el acceso alegando que el asunto estaba sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no se justificó la aplicación de los límites legales.
Una entidad solicitó a la Consellería de Economía, Industria e Innovación de Galicia acceso a planes de labores mineras, restauración y un expediente sancionador. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación, manteniendo la denegación del acceso al expediente sancionador por riesgo de interferir en la investigación administrativa.
Un ciudadano solicitó copia de un expediente sancionador a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La administración denegó el acceso alegando que el solicitante no era parte interesada y por posibles perjuicios a la investigación. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, ordenando la entrega del expediente con la debida anonimización de datos de terceros.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de expedientes sancionadores contra el PP y el PSOE desde el año 2000. Tras una denegación inicial y una resolución previa del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que ordenó retroactuar actuaciones, el CTBG decide inadmitir esta nueva reclamación por carecer de objeto y fundamento.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social información y copias de actas de infracción sobre prevención de riesgos laborales de la Sanidad de Canarias (2010-2022). El Ministerio denegó el acceso alegando un régimen jurídico específico y deber de sigilo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información previa disociación de datos personales.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT los metadatos de expedientes de inspección tributaria. La AEAT inadmitió la solicitud alegando la prevalencia de la normativa tributaria y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la AEAT a entregar la información por no concurrir dichos límites.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el listado detallado de sanciones de la Inspección de Trabajo desde 2017, incluyendo identidad de infractores. El Ministerio denegó el acceso alegando deber de reserva y falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte documentos sobre la posible expoliación en el Parque Arqueológico del Molinete. Tras una denegación inicial basada en la falta de condición de interesado y límites de seguridad, el Ministerio accedió parcialmente tras la reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
El reclamante solicitó información sobre la aceptación y condiciones de una cesión de uso de una parcela municipal al Ayuntamiento de Arrúbal. La administración alegó que el interesado ya disponía de la información por procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y no se justificó adecuadamente su denegación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal el contrato de suministro de agua de una parcela agrícola. La administración no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos litigios judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública y no haberse acreditado un daño concreto.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de una obra en una parcela rústica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la documentación es información pública existente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copia de la licencia, el proyecto y el expediente de tramitación de una construcción (transformador eléctrico) en una parcela urbana. La administración no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a procedimientos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal copias de expedientes urbanísticos sobre una parcela específica. La administración alegó que la información ya era conocida por el interesado debido a procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la existencia de litigios no justifica la denegación de documentos preexistentes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Arrúbal información sobre la aceptación y extensión de una cesión de uso de una parcela. El Ayuntamiento no respondió, alegando que la información ya era conocida por el interesado debido a diversos procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los documentos solicitados son información pública existente.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona la denuncia presentada ante la Fiscalía por daños en la Torre de Minerva. El solicitante alegó el interés público por tratarse de un monumento Patrimonio de la Humanidad. La GAIP estima parcialmente la solicitud: deniega la denuncia y sus informes por secreto de sumario y protección de datos, pero ordena entregar el expediente del contrato menor.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores la cantidad defraudada y recuperada en la AECID en Panamá. El Ministerio denegó el acceso alegando que perjudicaría la investigación de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque ya resolvió la misma cuestión de fondo en un procedimiento previo idéntico.
Una eurodiputada solicitó al Departament d'Interior atestados policiales y la relación de procedimientos penales derivados de manifestaciones (2018-2020). La GAIP inadmitió la solicitud de atestados por no ser información pública al ser funciones de policía judicial, pero estimó parcialmente la solicitud de la relación de procesos, obligando a entregar la cifra agregada.
Un periodista solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte (CSD) resoluciones sobre el presunto uso de fondos de la RFEF para espiar al presidente de la AFE. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando una invocación genérica de límites legales, pero finalmente desistió de la reclamación, por lo que el CTBG decidió archivar el expediente.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores la auditoría financiera de la oficina de la AECID en Panamá. El solicitante alegó que la denegación basada en la prevención de ilícitos era genérica y no motivada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación debido al desistimiento expreso del interesado.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores la auditoría financiera de la oficina de la AECID en Panamá. El Ministerio denegó el acceso alegando que perjudicaría una investigación en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la Administración no justificó ni acreditó el perjuicio real, aplicando el límite de forma genérica.
El solicitante pidió a la AECID el importe defraudado y recuperado en su oficina de Panamá. La AECID denegó el acceso alegando que perjudicaría investigaciones en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la Administración no justificó concretamente el perjuicio ni realizó la ponderación requerida por ley.
El reclamante solicitó copia de un expediente disciplinario contra un veterinario funcionario a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. La administración denegó el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el procedimiento sancionador aún se encuentra en curso.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha el expediente disciplinario de un veterinario funcionario. La Administración denegó el acceso alegando protección de datos y perjuicio comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el expediente sancionador sigue en curso, aplicando el límite del art. 14.1.e) de la LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social detalles sobre las actuaciones de una inspección derivada de su denuncia y la identidad del funcionario actuante. El Ministerio denegó el acceso alegando un régimen jurídico específico y deber de reserva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes y relación de cargas policiales durante la huelga de Cádiz. El Ministerio no respondió inicialmente y luego alegó que la documentación era judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información salvo que esté afectada por el secreto de sumario.
Una periodista solicitó al Departament d'Interior el detalle de 28 artefactos explosivos detonados por el TEDAX (2012-2021). Tras alegar la solicitante el silencio administrativo, la GAIP intervino. La resolución finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para la reclamante.
CAT EVENTOS S.L. solicitó a la AEAT un informe de auditoría sobre la alteración de contenidos en Windows durante una inspección. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la publicidad de auditorías de seguridad de un Operador Crítico pondría en riesgo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte la relación detallada de obras desaparecidas o robadas de la Biblioteca Nacional. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la solicitud de fondo por perjudicar la investigación policial, pero la estima por motivos formales debido a que la Administración respondió fuera de plazo.
La ADES solicitó copia digital de un expediente sobre derechos eólicos a la Generalitat Valenciana. La administración denegó el acceso alegando que parte de la documentación fue confiscada por la UCO y otra está precintada por orden judicial. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar la imposibilidad física de acceder a documentos precintados o en poder judicial.
La Asociación Convivir en lo Viejo solicitó al Ayuntamiento de Pamplona los nombres de locales de hostelería denunciados por la Policía Municipal. El Ayuntamiento denegó la información basándose en la investigación de ilícitos. El Consejo de Transparencia de Navarra decide retrotraer las actuaciones para que el Ayuntamiento resuelva expresamente y dé audiencia a los terceros afectados.
El solicitante pidió a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) informes sobre un contrato de mascarillas para IFEMA. Tras la denegación basada en la protección de investigaciones penales, el interesado reclamó alegando su desacuerdo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar justificado el límite legal.
El Presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó al Servicio Extremeño de Salud el expediente completo sobre la presunta cremación de restos en un cementerio. El interesado alegó que la información facilitada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por existir actuaciones inspectoras en curso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Oviedo información sobre protocolos, formación y uso de armas eléctricas por la Policía Local. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información pedida no es sensible y no se justificó el daño.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón el listado de residencias de mayores, su tipo de gestión y el detalle de sanciones impuestas entre 2014 y 2019. El organismo denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar los datos.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Oviedo información sobre el protocolo, formación y número de usos de armas eléctricas de la Policía Local. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el perjuicio concreto de revelar dicha información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de la Torre d'en Besora contratos y pagos realizados a la empresa Somnium Solicitors, SL. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando defectos de forma y protección de datos personales. El Consell Valencià de Transparència decide la inadmisión de la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de grabación de llamadas de la Policía Municipal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega los números de teléfono y las instrucciones internas por razones de seguridad pública y secreto profesional, pero obliga a entregar la información facilitada a los usuarios sobre dichas grabaciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre el sistema de telefonía de la Policía Municipal (números grabados, tratamiento de datos, instrucciones de uso e información a usuarios). La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo la información facilitada a los usuarios.
El solicitante pidió información sobre un expediente sancionador y resoluciones relacionadas con obras de la Comunidad de Regantes de Talavera la Real. La administración alegó que el interesado debía usar la normativa de procedimiento administrativo y que la información estaba protegida por la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
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