Reclamación de acceso a información pública sobre el cementerio de Monesterio desestimada por actuaciones inspectoras en curso

Página1de 6 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, la asociación reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) el 16 de junio de 2022 a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por entender que es el órgano competente para la aplicación del Decreto 161/2002 que aprobó el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Extremadura, la siguiente información: N/REF:RT 0390/2022 [Expte. 1464-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Junta de Extremadura / Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Información solicitada:Documentación relativa al cementerio de Monesterio (Badajoz) RA CTBG Número: 2023-0261 Fecha: 24/04/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente “(…) la Asociación «Bien Común de Monesterio», solicita copia escaneada a la Dirección General de Salud Pública (…) de los siguientes documentos referidos al Cementerio de Monesterio, provincia de Badajoz: a) Autorización/Autorizaciones de la Dirección General de Salud Pública de las ampliaciones ejecutadas de dicho cementerio, construcción de nichos, etc., desde 2003 hasta 2022. b) Copia de las Actas de Inspección 04/B/27589 de 25 de noviembre de 2022, 04/B/25551, de 13 de enero, y la posterior que se haya levantado por visita en el mes de mayo a las obras de ampliación del cementerio municipal. c) Orden de paralización, si existiera de las obras de ampliación del cementerio municipal. d) Autorización dada al Ayuntamiento de Monesterio para que almacene restos no humanos procedentes de la limpieza de nichos en un local separado del cementerio municipal sitio en la calle Luis Chamizo 43. e) Autorización que la Dirección General de Salud haya otorgado tanto al Ayuntamiento de Monesterio como al Tanatorio de Llerena (Servillerena), y guías sanitarias para la conducción de restos no cadavéricos extraídos de la limpieza de nichos del cementerio municipal, y copia del convenio visado por esa Dirección General entre el Ayuntamiento y el Tanatorio de Llerena que se cita en la noticia publicada por el digital 7DiasExtremadura el 25 de noviembre de 2021. f) Informe del SEPRONA citado en el oficio de 23 de marzo de 2022 suscrito por el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, de visita al Cementerio Municipal.” 2. Disconforme con la respuesta negativa recibida por la administración, que mediante resolución del Servicio Extremeño de Salud de 11 de julio de 2022 denegó el acceso a la documentación solicitada, la solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 20 de julio de 2022, con número de expediente RT/0390/2022. La mencionada resolución se remite a una solicitud de información previa, parcialmente coincidente, que fue objeto de la reclamación con número de expediente RT/0051/2022, resuelta por el CTBG el 20 de junio de 2022, mediante Resolución RT 50/2022, en sentido desestimatorio para las pretensiones del reclamante por existir «actuaciones inspectoras en curso». En el expediente RT/0051/2022 consta una copia de la información documental entregada a la asociación solicitante y referencia indirecta (a través de un escrito de alegaciones de la Junta de Extremadura de 24 de febrero de 2022), a que el informe RA CTBG Número: 2023-0261 Fecha: 24/04/2023 de SEPRONA contiene un registro fotográfico y se remitió a la Dirección general de Salud Pública el 24 de enero de 2022. No consta, en cambio, el oficio de 23 de marzo de 2022 mencionado en la solicitud y generado tras la supuesta visita del Consejero de Sanidad al cementerio. 3. El 20 de julio de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Extremadura, al objeto de que por el órgano competente pudieran presentarse las alegaciones que se considerasen oportunas. Se recibe oficio de 8 de agosto de 2022 en el que el Servicio Extremeño de Salud se remite a la resolución de denegación de 11 de julio de 2022, entendiendo que la petición suscrita en los apartados a), b) y f) ya se resolvió en el expediente anterior, y que las nuevas peticiones de las letras c), d) y e) no se pueden cumplimentar, al no existir competencia autonómica y/o tratarse de hechos no producidos y sobre los que no existe documentación. En concreto, sobre los puntos c, d) y e) se menciona expresamente lo siguiente: (…) no se ha procedido a ordenar paralización alguna, dado que solo hay una solera, la cual de momento no alberga construcción que pudiera entrar dentro del ámbito de la sanidad mortuoria, y dentro de la normativa en esta materia no se recoge procedimiento de autorización para manipulación o almacenamiento de restos no cadavéricos, con lo que no entra dentro de su ámbito competencial (…) Asimismo, se envía un informe de alegaciones de 29 de julio de 2022, de la Directora General de Salud Pública, que contiene el siguiente párrafo: “Teniendo en cuenta lo anterior esta Dirección General considera que la petición de información del Sr. (….) ha sido atendida hasta el límite que se describe en la primera resolución (…..) (RT 50/20222), además de haberse indicado al interesado el firme compromiso de esta Dirección general de continuar con el seguimiento de la situación con la realización de cuantas actuaciones inspectoras y sancionadoras se consideren convenientes, pero que no obstante vista la numerosas peticiones de información dirigidas a multitud de organismos y la cronología de los mismos, se considera abusiva la excesiva reiteración de solicitud de información que llega a obstaculizar el buen funcionamiento de un departamento cuya función es la protección de la salud. (…) II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4. Entrando en el fondo del asunto, es preciso señalar que la información solicitada debe considerarse «información pública», toda vez que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Servicio Extremeño de Salud, que dispondría de ella en el econ/convenios/conveniosCCAA.html ejercicio de las funciones que el artículo 8 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura , confiere a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. El Servicio Extremeño de Salud vuelve a invocar la concurrencia del límite recogido en el artículo 14.1.e) de la LTAIBG para no conceder el acceso a la documentación relativa a las actividades inspectoras llevadas a cabo con motivo de la denuncia de parte sobre el posible hallazgo de restos en los aledaños del cementerio, así como a la documentación administrativa referida a la posible ampliación del cementerio de Monesterio. Con relación al límite al ejercicio del derecho de acceso a la información del artículo 14.1 e) de la LTAIBG, este Consejo ha declarado que puede entenderse correcto invocarlo cuando se encuentren en curso los procedimientos para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, de manera que se pueda comprometer su resultado, pero no una vez que esos procedimientos hayan concluido y las sanciones hayan sido impuestas. Si bien no se aportan más detalles sobre las actuaciones inspectoras -únicamente se menciona que no se puede dar más información hasta el límite antes indicado- este Consejo carece de información para contradecir la argumentación presentada al respecto por la Junta de Extremadura. Toda vez que en un documento público un órgano directivo de la Junta de Extremadura realiza una afirmación de ese contenido, este Consejo, de acuerdo con los principios generales del artículo 3.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, debe presuponer la veracidad de las manifestaciones recogidas en documentos procedentes de otras administraciones públicas. En este sentido al continuar, según ha indicado la administración autonómica, esas inspecciones sancionadoras y en coherencia con su anterior Resolución RT 50/2022, de 20 de junio, este Consejo debe proceder a desestimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada, por aplicación del límite al derecho de acceso recogido en el artículo 14.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez