Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó las fichas de bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar la información sin las coordenadas exactas.
Una persona solicitó al Departament de Justícia copia del escrito acusatorio de un expediente informativo. El organismo alegó la protección de datos de terceros y el anonimato del denunciante. La GAIP estima la reclamación porque el solicitante tiene derecho de acceso a sus propios datos y al origen de los mismos, además de contar con el consentimiento de los otros afectados.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior diligencias de investigación sobre vertidos ilegales en la playa de Boiro. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en manos judiciales y afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al acreditarse que la información seguía en poder de la policía.
El interesado solicitó a la Autoridad Portuaria de Melilla copia del informe de una auditoría externa sobre las obras de la Estación Marítima y su expediente de contratación. La administración denegó el acceso alegando la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa protección de secretos comerciales.
Se solicitó al Ministerio del Interior copia de las comunicaciones con la Generalitat de Catalunya sobre la vacunación Covid-19 de la Guardia Civil y Policía Nacional. Tras el silencio administrativo y una denegación posterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del límite alegado.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola documentación sobre contratos, facturas y actuaciones de un abogado externo y otros letrados. La administración denegó el acceso alegando que los informes se referían a asuntos penales en curso. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la documentación contractual previa a procesos judiciales.
Un periodista solicitó al Instituto del Teatro de Barcelona conclusiones sobre casos de abuso y acoso docente. Tras la denegación, presentó una reclamación ante la GAIP y simultáneamente un recurso de alzada ante la Diputación de Barcelona. La GAIP inadmitió la reclamación para evitar la duplicidad de procedimientos de revisión administrativa sobre el mismo acto.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública información detallada sobre la capacitación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de un inspector de la AEAT, así como contratos del Ministerio con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o no constituye información pública.
El solicitante pidió información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vida privada de una inspectora de la AEAT, así como contratos del Ministerio con tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la información no es pública, es abusiva o ya fue atendida.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el detalle de las amenazas recibidas por miembros del Gobierno desde 2015. El Ministerio denegó el acceso alegando que los asuntos estaban judicializados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración no justificó el perjuicio concreto ni realizó el test de daño exigido por la ley.
Se solicitó al Ayuntamiento de Montoro copia completa del expediente de Protección de la Legalidad Urbanística GEX 5260/2016. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque el expediente se encuentra en sede judicial, aplicando el límite de protección a la investigación de ilícitos.
Una ciudadana solicitó a la Hacienda Foral de Navarra conocer quiénes accedieron a sus datos fiscales en 2020 y el motivo. Tras una estimación parcial, la interesada alegó falta de motivación en la denegación de ciertos datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestima la reclamación al considerar que la Administración motivó correctamente la limitación basada en la eficacia de la inspección tributaria.
Una ciudadana solicitó a la Hacienda Foral de Navarra conocer quiénes accedieron a sus datos fiscales en 2020 y el motivo. Tras una estimación parcial, la interesada alegó falta de motivación en la denegación de ciertos datos. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación, considerando que la respuesta fue motivada y ajustada a los límites legales.
Una ciudadana solicitó a la Hacienda Foral de Navarra conocer quién accedió a sus datos fiscales en 2020 y la motivación de dichos accesos. Alegó falta de motivación en la respuesta parcial recibida. El Consejo de Transparencia de Navarra desestimó la reclamación, considerando que la Administración motivó correctamente la denegación basándose en límites legales de inspección y control.
FACUA solicitó a Kontsumobide el expediente de inspecciones sobre etiquetado de mascarillas y sus planes de control. Kontsumobide denegó el acceso alegando que eran actuaciones previas no públicas. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y no acreditarse límites legales.
El Instituto de Estudios Portuarios, Marítimos y Costeros solicitó al Ministerio de Justicia un informe de la Abogacía General del Estado sobre la concesión del Real Club Náutico de Palma. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un regidor de la oposición solicitó al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages acceso a un expediente disciplinario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicios a la instrucción y presunción de inocencia. La GAIP estima la reclamación porque los límites invocados no están previstos legalmente para los electes locales según el TRLMRLC.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el contenido de un oficio de la Policía Nacional sobre instrucciones operativas durante la Covid-19. La administración denegó el acceso alegando que no era información pública y basándose en límites de seguridad y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de los límites.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Tarifa diversas licencias, fichas técnicas e informes sobre un accidente de un transformador de Endesa. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la mayoría de las reclamaciones por existir un proceso penal en curso y inadmitió una por error en el destinatario de la solicitud.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de un oficio de la Policía Nacional sobre el control de medidas pandémicas. El Ministerio denegó el acceso alegando que no era publicidad activa, invocando límites de seguridad y carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y justificación de dichos límites.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social los expedientes de inspección de trabajo incoados a la formación política Podemos. El Ministerio denegó el acceso alegando deber de reserva y límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para dar audiencia a los afectados y resolver nuevamente.
La mercantil COPEMAR, S.A. solicitó a SASEMAR documentación y grabaciones sobre la extinción de un incendio en el buque Baffin Bay. Tras la denegación basada en límites de tutela judicial y confidencialidad, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes (Autoridad Portuaria de Melilla) el expediente de contratación de un abogado externo y detalles de sus acciones legales. La administración denegó la segunda parte alegando perjuicio a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales respecto al contrato y la desestima respecto a las acciones legales.
La interesada solicitó al Ministerio del Interior documentación sobre la detención del personal de seguridad del candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid y comunicaciones oficiales al respecto. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la tutela judicial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó la aplicación de dichos límites.
La interesada solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo datos sobre especímenes CITES incautados y registros de importación/exportación. Alegó que la información ya estaba elaborada y no requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue proporcionada durante el proceso de reclamación.
El Sindicat Professional de Polícies Municipals d'Espanya solicitó al Ajuntament d'Alaquàs una copia íntegra de un expediente disciplinario para defender a un delegado sindical. La administración alegó que la materia era propia del procedimiento disciplinario y protegida por datos personales. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al haberse obtenido el consentimiento expreso del afectado.
Inversiones Emanuel, S.L. solicitó al Banco de España la información remitida por Bankia, BBVA y Caixa sobre prevención de blanqueo de capitales. El SEPBLAC denegó el acceso alegando secreto profesional y límites a la investigación de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó un perjuicio concreto y evaluable.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages acceso a un expediente disciplinario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que podría afectar a la investigación en curso. La GAIP estima la reclamación, determinando que los electos locales tienen un régimen de acceso especial y preferente sobre el general, prevaleciendo su derecho de representación política.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès información sobre la gestión de denúncias de accesibilidad. Ante la falta de respuesta y posterior entrega parcial sin datos identificativos, la GAIP resuelve estimar parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la identidad de los establecimientos afectados al no acreditarse la existencia de expedientes sancionadores.
Un inspector de la policía local de Alaquàs solicitó el desglose de su complemento específico (nocturnidad) y un informe de su superior jerárquico. El Ayuntamiento denegó la información o no motivó adecuadamente la respuesta. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información, salvaguardando los datos de terceros mediante la anonimización.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages acceso a un expediente disciplinario de un funcionario. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando límites de la LTAIPBG sobre investigaciones en curso. La GAIP estima la reclamación porque los electos locales tienen un derecho reforzado regulado por el TRLMRLC, cuyos límites son más restrictivos que los generales.
La aerolínea Ryanair solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social las denuncias presentadas por los sindicatos USO y SITCPLA sobre cesiones ilegales de trabajadores. El Ministerio denegó el acceso alegando deberes de sigilo y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior copia de diligencias policiales del SEPRONA sobre maltrato animal. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de seguridad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que, al formar parte de un proceso judicial, rige la normativa específica de acceso judicial y no la LTAIBG.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Molins de Rei acceso a actuaciones de un inspector en un expediente disciplinario contra un tercero, alegando derecho de defensa. El Ayuntamiento denegó el acceso basándose en la investigación de infracciones. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso solo a la información que afecte al reclamante.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior un informe sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra en una manifestación y datos sobre posibles sanciones. Tras la denegación inicial basada en la protección de investigaciones judiciales y datos personales, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación al constatarse la inexistencia de la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el acceso a las grabaciones de videovigilancia del tránsito de la vicepresidenta de Venezuela por el Aeropuerto de Madrid-Barajas. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia información sobre supuestas instrucciones para no investigar amenazas por Facebook dirigidas a un periodista de la Cope. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que acceder a dicha información podría comprometer investigaciones policiales en curso.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior el expediente completo sobre un accidente químico. Tras alegar silencio administrativo y el levantamiento del secreto de sumario, la GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando retrotraer el procedimiento para que la Administración ayude al solicitante a concretar la petición por ser demasiado genérica e imprecisa.
Se solicitó a TMB información sobre caídas de personas en una estación de metro, protocolos de lluvia y medidas antideslizantes. El reclamante alegó que la denegación inicial era restrictiva. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a TMB a responder sobre medidas y protocolos, desestima la petición de visionado de vídeos por ser una tarea compleja y declara la pérdida de objeto de otros puntos ya respondidos.
Se solicitó al Cuerpo de Agentes Rurales (DARPA) el acceso a un expediente administrativo de limpieza de riberas. La Administración denegó el acceso alegando que la información podría perjudicar una investigación en curso. La GAIP estima la reclamación porque no se ha acreditado un perjuicio real y efectivo, sino una mera posibilidad hipotética.
Un ciudadano solicitó a la Entidad Local Menor de Bembrive copias de escritos presentados por un tercero. El solicitante alegó que el procedimiento judicial relacionado estaba archivado. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la información podría perjudicar investigaciones penales y administrativas en curso.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Tejeda los justificantes de ingresos y gastos de la Cuenta General y saber si se grabó una sesión de la Comisión Especial de Cuentas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando abuso de derecho y confidencialidad. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación: deniega los justificantes por ser una petición genérica, pero obliga a informar sobre la grabación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Catarroja datos sobre plantillas, turnos, presupuestos y pagos de la Policía Local. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana declara la pérdida de objeto de algunos puntos por entrega tardía, desestima la denegación sobre turnos por seguridad pública y estima la parte sobre deudas pendientes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia actas, índices y detalles técnicos/de seguridad de los Consejos de Ministros y reuniones de secretarios desde abril de 2020. El Ministerio entregó parte de la información, inadmitió las actas por estar en elaboración y denegó los datos técnicos por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación solo por motivos formales debido al retraso en la respuesta.
Se solicitó al Consorcio de Bomberos de Cádiz copia del informe técnico sobre un incendio en un hotel de Tarifa (2017). El Consorcio denegó la información alegando la existencia de diligencias judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación basándose en el límite legal para no perjudicar la investigación de ilícitos penales.
Se solicitó a ESPIMSA el estado y copia de un expediente disciplinario contra su exgerente y facturas calificadas como 'injustificadas'. El solicitante alegó que el actual Alcalde de Tarragona había exigido dicho expediente previamente. La GAIP desestimó la solicitud por concurrir el límite de datos personales especialmente protegidos relativos a infracciones administrativas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona el acceso a expedientes de licencias de obras y cambio de actividad. El solicitante alegó ser interesado en el expediente sancionador derivado de su propia denuncia. La GAIP finaliza el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento informó de la inexistencia de dicha licencia, satisfaciendo así la solicitud.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco información y copias de resoluciones sancionadoras sobre bienestar animal. El Departamento denegó el acceso alegando que perjudicaría la investigación de ilícitos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a informar sobre las sanciones, aunque excluye la entrega de las resoluciones completas.
Un representante del sindicato SI.P.E solicitó al Ayuntamiento de Sestao informes sobre acoso laboral y detalles de la contratación de una empresa de gestión de conflictos. Tras una denegación presunta y respuestas parciales, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración acabó facilitando la información accesible.
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