Acceso a información sobre ocupación de puestos y expedientes disciplinarios en la Guardia Civil

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 822/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 25 de agosto de 2021 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Interesa de la Dirección General de la Guardia Civil los siguientes datos: - Número de personas ocupando puesto de trabajo, puestos de trabajo sin ocupar y puestos de trabajo totales. - Número de empleados de baja con desglose sobre si se trata de baja física o psicológica y si ha sido en acto de servicio o con ocasión del mismo. - Número de expedientes disciplinarios abiertos con indicación de catalogación (aún sin finalización de los mismos). S/REF: 001-060111 N/REF: R/0822/2021; 100-005844 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Ocupación de puestos de trabajo y nº de expedientes disciplinarios abiertos en la Guardia Civil Subdirección General de Reclamaciones - Número de expedientes disciplinarios finalizados con sanción con indicación de catalogación, número de expedientes disciplinarios archivados o finalizados sin responsabilidad con indicación de catalogación. Antigüedad media en el empleo y en el destino del personal destinado. Todo ello con desglose por empleo o escala y a nivel Puesto/destacamento/unidad básica, nivel Compañía y nivel Comandancia de las que componen la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, con referencia temporal trimestral en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Los datos solicitados pueden ser remitidos en el formato que más se ajuste a la conveniencia del órgano encargado de resolver siempre que sean legibles o comprensibles. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito registrado el 29 de septiembre de 2021, el solicitante interpuso una reclamación en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: No he recibido respuesta una vez transcurrido el mes de plazo ni comunicación alguna. Se acogen al silencio administrativo. Según Ley 39/2015 se debe contestar. Solicito de forma adicional conocer identidad o identificación del responsable de la tramitación o resolución de la solicitud. No se ha dado siquiera un acceso parcial o motivación para la denegación. 3. Con fecha 30 de septiembre de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 5 de octubre de 2021 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: En este sentido es preciso señalar que, mediante resolución de 30 de septiembre de 2021, la Dirección General de la Guardia Civil ha concedido el acceso a la información. Se adjuntan el justificante de registro de salida de la notificación de la resolución y la información facilitada. Así pues, dado que se ha respondido al solicitante durante el trámite de alegaciones, y de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento, se abra el trámite de audiencia al interesado con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. El contenido resumido de la citada resolución es el siguiente: “(…) 2º. Esta Dirección General considera que hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias que conforme a la Ley 9/1968 de Secretos oficiales deben ser objeto de un acceso restringido y limitado al personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como "Secreto" o "Reservado" en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros. En relación con ello, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de "Reservado" a aquella información relativa a "las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades". Por otro lado, también hay que tener en consideración lo expuesto en el Fundamento Jurídico 8º de la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno número 179/2020, de 24 de junio de 2020, en el que se indica que existe la posibilidad real que no hipotética de que se produzca un perjuicio en la seguridad pública y en la seguridad de las Unidades y miembros de la Guardia Civil, si la información se desglosara por Unidad. 3º. Por los motivos expuestos, esta Dirección General considera que el derecho de acceso a tal nivel de concreción está vedado por el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por cuanto la misma implicaría un perjuicio para la seguridad pública. No obstante lo anterior, en virtud de los puntos 2 y 3 del artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se concede el acceso parcial a la información solicitada respecto al número de personas ocupando puestos de trabajo, puestos de trabajo sin ocupar y puestos de trabajo totales, con referencia temporal trimestral para los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, a nivel provincial, en el archivo adjunto al presente denominado “Res_exp_transp_60111_Anexo”. 4º. Respecto al número de empleados de baja con desglose sobre si se trata de baja física o psicológica y si ha sido en acto de servicio o con ocasión del mismo, esta Dirección General considera que hay que tener en cuenta la normativa relativa a la protección de determinadas materias que conforme a la Ley 9/1968 de Secretos oficiales deben ser objeto de un acceso restringido y limitado al personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como "Secreto" o "Reservado" en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros. En relación con ello, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de "Reservado" a aquella información relativa a "las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades". Por tal motivo, la difusión de la información relativa número de empleados de baja de determinada Unidad, revelaría el estado de eficacia operativa de la Unidad, su capacidad y sus debilidades para acometer las funciones que le están encomendadas perjudicaría, sin duda, la protección de los intereses de seguridad ciudadana, así como los de prevención, investigación y persecución de ilícitos penales y administrativos, cometidos todos ellos, que vienen legalmente atribuidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por tanto, a la Guardia Civil. En consecuencia, y sobre la base de que se trata de información especialmente sensible y protegida por la Ley de Secretos Oficiales, se considera procedente denegar el acceso público a la información solicitada, al amparo de lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 14.1 de la Ley 9/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 5º. Sobre el número de expedientes disciplinarios finalizados con sanción con indicación de catalogación, número de expedientes disciplinarios archivados o finalizados sin responsabilidad con indicación de catalogación, se indica que los artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica 12/2007, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil definen de manera genérica (no específicamente los hechos concretos que la motivan) las fa ltas disciplinarias en las que un Guardia Civil pueden incurrir. El tratamiento, grabación y extracción de la información se realiza en la Guardia Civil de manera automatizada a través de sistemas informáticos. Introducidos los parámetros y variables de búsqueda interesados en la solicitud objeto del presente, el Registro de Actividades de Tratamiento de Régimen Disciplinario no permite verificar si los hechos por los que se han iniciado los procedimiento o se ha dictado resolución sancionadora coinciden con lo solicitado. Algunos de estos procedimientos sancionadores pueden encontrarse actualmente en fase de instrucción y otros archivados, una vez finalizados, en las diferentes Unidades territoriales, Centros u Organismos dependientes de esta Dirección General, desplegados en la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León. Para obtenerla sería necesario elaborarla “ex profeso” llevando a cabo una búsqueda en todos los expedientes disciplinarios, lo que supondría detraer un número importante de recursos públicos, tanto de personal como de medios, para poder llevar a cabo la elaboración y tratamiento de esa información. Por tal motivo se debe tener en cuenta la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir la relativa a “una acción previa de reelaboración”. 6º. Respecto a la solicitud de antigüedad media en el empleo y en el destino del personal destinado, dado el gran número de unidades que componen la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, así como el espacio temporal solicitado (años 2017 a 2021, inclusive), sería necesario elaborar la información solicitada “ex profeso”, lo que supondría detraer un número importante de recursos públicos, tanto de personal como de medios, para poder llevar a cabo la elaboración y tratamiento de esa información. Por tal motivo se debe tener en cuenta la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir la relativa a una acción previa de reelaboración.” 4. El 11 de octubre de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia al reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto, a pesar de haber recibido el requerimiento realizado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a la ocupación de puestos de trabajo y al número de expedientes disciplinarios abiertos en la Guardia Civil, formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración concede el acceso parcial, alegando que” el derecho de acceso a tal nivel de concreción está vedado por el artículo 14.1.d) de la Ley”, de conformidad con “el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, ampliado por Acuerdos de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, otorga el carácter de "Reservado" a aquella información relativa a "las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades". Por otro lado, también hay que tener en consideración lo expuesto en el Fundamento Jurídico 8º de la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno número 179/2020, de 24 de junio de 2020”. Por ello, considera que “el derecho de acceso a tal nivel de concreción está vedado por el artículo 14.1.d) de la Ley 19/2013”. Sobre el número de expedientes disciplinarios finalizados con sanción con indicación de responsabilidad con indicación de catalogación es de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir la relativa a “una acción previa de reelaboración”. Lo mismo respecto de la solicitud de antigüedad media en el empleo y en el destino del personal destinado. 4. Por lo que respecta al número de personas ocupando puesto de trabajo, puestos de trabajo sin ocupar y puestos de trabajo totales, la Administración ha facilitado información parcial ciñéndose al ámbito provincial. Recordemos que en la Resolución del Consejo de Transparencia R/0179/2020, de 24 de junio de 2020, se desestimó la reclamación en lo concerniente al acceso a la información relativa al número de efectivos de la Guardia Civil, desglosada por localidad, por afectar a la seguridad nacional y por el carácter reservado de la información, pero se estimó la reclamación relativa a los efectivos desglosados por provincia, de la misma manera que se hizo en el procedimiento R/099/2020, en el que se solicitaba el número de efectivos disponibles tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil (…) desglosados por provincias, a fechas 1 de enero de 2019 y de 2020. Al no haber sido aportado a este procedimiento argumentos adicionales que justifiquen un cambio en la doctrina de esta Autoridad Administrativa Independiente, este criterio debe mantenerse en el presente caso, motivo por el que la reclamación ha de desestimarse en este punto concreto. 5. Respecto al número de empleados de baja con desglose sobre si se trata de baja física o psicológica y si ha sido en acto de servicio o con ocasión del mismo, la Administración considera que hay que tener en cuenta también la normativa relativa a la protección de determinadas materias que conforme a la Ley 9/1968 de Secretos oficiales al amparo de lo dispuesto en las letras d) y e) del artículo 14.1 de la Ley. La Administración se limita a mencionar el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado por Acuerdos del Consejo de Ministros de 17 de marzo y 29 de julio de 1994, lo que no resulta suficiente motivo de denegación del acceso a este información, ya que debe cumplirse la premisa principal, que es la existencia de una previa declaración de secreto, que no se ha aportado al presente procedimiento. A falta de este requisito esencial, debe analizarse si dar la información requerida atenta contra la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. La respuesta debe ser claramente negativa, ya que no se impide el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, poniendo en riesgo su integridad física, ni se tata de difundir información que altere los planes de defensa militar de nuestras fronteras o nuestra integridad territorial o de nuestra capacidad de repliegue militar, ni se halla en curso ningún procedimiento judicial penal que trate actualmente este asunto, ni afecta en modo alguno a la intimidad de personas físicas. En caso de que así fuera, la carga de la prueba recae en la Administración denegante. Esta ausencia de justificación y la relevancia pública del conocimiento de la información solicitada como instrumento de rendición de cuentas, tal y como antes se ha destacado, lleva a concluir a este Consejo de Transparencia, que no procede la aplicación de ningún límite al acceso a esta información. Por tanto, la reclamación también debe ser estimada en este apartado. Por lo que respecta al número de expedientes disciplinarios finalizados con sanción con indicación de catalogación, número de expedientes disciplinarios archivados o finalizados sin responsabilidad con indicación de catalogación, así como a la antigüedad media en el empleo y en el destino del personal destinado la Administración considera que resulta de aplicación la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, es decir la relativa a una acción previa de reelaboración. Tal y como hemos razonado en anteriores resoluciones, al examinar si en este caso concurre la citada causa de inadmisión es preciso tener presente que nuestros Tribunales de Justicia han tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones sobre su interpretación y alcance, sentando una muy estricta doctrina jurisprudencial al respecto. En este sentido, debemos comenzar recordando la Sentencia del Tribunal Supremo 3530/2017, de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que el Alto Tribunal establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de interpretar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." Y, en esa misma Sentencia, concluye sentando la siguiente doctrina en interés casacional respecto del artículo 18.1.c): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información”. Posteriormente, en la STS 810/2020, de 3 de marzo, (ECLI: ES:TS:2020:810) volvió sobre la cuestión, manifestándose en los siguientes términos: "Ciertamente, el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas, pero que, por lo que ahora importa, se trata de una documentación en la que su procedencia no se encuentra en su totalidad en el propio órgano al que se solicita, pues parte de tal información corresponde y se encuentra en la Casa Real, con el añadido de que parte de tal información se encuentra clasificada, según la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por Ley 48/1978. Además del extenso límite temporal de la información solicitada de los vuelos militares desde 1976. De modo que en el caso examinado, por muy restrictiva que sea la interpretación de la causa de inadmisión, como corresponde a este tipo de causas que impiden el acceso, se encuentra justificada por la concurrencia de la acción previa de reelaboración, pues se trata de volver a elaborar a partir de una información pública dispersa y diseminada, mediante una labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información. Además, incluso la información del Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta que la solicitud alcanza hasta el año 1976, se encuentra en diferentes soportes, tanto físicos como informáticos que precisan también de una previa reelaboración." Y, en la STS 1256/2021, de 25 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1256), tras reproducir los razonamientos anteriores, precisó su entendimiento de lo dicho del siguiente modo: “La Sala apreció en el indicado caso la necesidad de la acción previa de reelaboración de la información, y por tanto la concurrencia de la causa de inadmisión, debido a que la información no se encontraba en su totalidad en el órgano al que se solicita, sino que se trataba de información pública dispersa y diseminada, que debía ser objeto de diversas operaciones de recabarla de otros órganos, ordenarla, separar la información clasificada y sistematizarla, aparte de que se trataba de información en distintos soportes físicos e informáticos.” Esta jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido recientemente acogida y particularizada por la Audiencia Nacional en su Sentencia 359/2022, de 31 de enero (ECLI:ES:AN:2022:359), en cuyo fundamento de derecho tercero razona en los siguientes términos sobre el sentido del concepto de reelaboración: «Cuando el artículo 18.1 c) de la Ley de Transparencia habla de que se inadmitirán las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”, no puede abarcarse los supuestos en los que la información se contenga en expedientes administrativos concretados por el solicitante, pues esto colisiona con el derecho al acceso a la información pública, archivos y registros reconocido en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de tal manera que si toda petición que conllevara extraer información de un expediente identificado que no esté ordenada fuera rechazada, el derecho a la información quedaría gravemente constreñido. Debe entenderse por acción previa de reelaboración la que exigen aquellas peticiones de información que cargan sobre el órgano administrativo la iniciativa de la búsqueda de datos que se encuentran dispersos en una pluralidad indeterminada de registros o archivos, cualquiera que sea su soporte, exigiendo el análisis de la información obtenida y su ordenación. Esta labor de relacionar datos que obren en poder de la administración, pero en expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, no está amparada por el derecho a la información ni tienen los ciudadanos título para promoverla, salvo que expresamente se contemple en el ordenamiento jurídico». Aplicando esta doctrina jurisprudencial al caso que nos ocupa resulta obligado concluir que se dan los presupuestos necesarios para considerar aplicable la causa de inadmisión invocada con relación a la cuestión planteada. Efectivamente, algunos de estos procedimientos sancionadores pueden encontrarse en la fecha de presentación de la solicitud en fase de instrucción y otros archivados, una vez finalizados, en las diferentes Unidades territoriales, Centros u Organismos dependientes de la Dirección General, desplegados en la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León. Para obtenerla sería necesario elaborarla “ex profeso” llevando a cabo una búsqueda en todos los expedientes disciplinarios, lo que supondría detraer un número importante de recursos públicos, tanto de personal como de medios, para poder llevar a cabo la elaboración y tratamiento de esa información. Ha de entenderse por tanto que se trata de acciones de reelaboración de la información en el sentido previsto por la LTAIBG y precisado por los tribunales de justicia. En conclusión, la reclamación debe ser estimada únicamente en parte. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: - Número de empleados de baja con desglose sobre si se trata de baja física o psicológica y si ha sido en acto de servicio o con ocasión del mismo. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez