Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia de expedientes policiales derivados de noticias de prensa. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que los atestados forman parte de actuaciones judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación, considerando que la autoridad judicial es la competente para otorgar el acceso.
Una entidad ecologista solicitó al Departament d’Empresa i Coneixement la autorización, actas de inspección e informes de seguridad de una industria química tras un accidente grave. La entidad alegó un interés público ambiental. La GAIP desestimó la reclamación basándose en el límite de seguridad pública y la confidencialidad de la normativa de seguridad industrial.
La mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cía, SL solicitó la identificación de los denunciantes que dieron lugar a inspecciones y expedientes sancionadores en su contra. La Conselleria de Sanitat denegó la solicitud alegando incompetencia y protección de la seguridad pública y de datos. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación.
La Junta de Personal de la AEAT de Tarragona solicitó objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la AEAT a facilitar la información al considerar que no existe un régimen específico que desplace la Ley 19/2013.
La Junta de Personal de la AEAT (Madrid y Álava) solicitó información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que el EBEP no constituye un régimen específico que desplace la Ley 19/2013.
La Junta de Personal de la AEAT de Huelva solicitó información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) a la AEAT. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información al no concurrir límites legales ni regímenes específicos que desplacen la Ley 19/2013.
La reclamante solicitó aclaraciones sobre el trámite de sus denuncias y copia del expediente administrativo ante la Subdelegación del Gobierno en Salamanca. Alegó que la respuesta no era completa y que se le impedía el acceso a informes de la Guardia Civil. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la denunciante no tiene la condición de interesada.
El reclamante solicitó a la Agencia EFE diversos informes, correos y normativa interna para poder formular alegaciones en un proceso de auditoría en el que es interesado. La Agencia EFE denegó el acceso alegando que la información estaba vinculada a investigaciones del Tribunal de Cuentas (límite de prevención de ilícitos). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento y a la EMMCT de Tarragona actas del Consejo de Administración, expedientes de robos, listados de pagos y contratos menores. Tras alegar la denegación parcial por confidencialidad y protección de datos, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
La Asociación JUCIL solicitó al Ministerio del Interior información sobre la regulación, criterios de selección y listados de personal de comisiones de servicio en África. Tras una respuesta parcial, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de fusiles anti-drones de la Guardia Civil y Policía Nacional detallado por provincias. Alegó la tardanza excesiva en la respuesta y el uso inadecuado de los plazos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión de datos cuantitativos sobre estos medios afectaría a la seguridad pública.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Política Social el número y motivo de quejas recibidas contra residencias de mayores en 2019 y los expedientes derivados. Tras alegar la administración diversos límites legales, la Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos generales pero sin identificar las residencias cuyas quejas fueron archivadas.
Un investigador solicitó al Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza y armas por la Ertzaintza. Tras una denegación parcial y una inadmisión por error material, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestima la reclamación alegando que la publicidad de dichos protocolos perjudicaría la seguridad ciudadana y la eficacia policial.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Montgat documentación sobre una denuncia policial y actuaciones derivadas. Tras una denegación inicial, el interesado interpuso un recurso de reposición que fue estimado, facilitando la administración la información. La GAIP decide finalizar el expediente por pérdida de objeto al haberse satisfecho la solicitud.
La Asociación GURELUR solicitó al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Navarra documentación sobre el Coto de la Valdorba (2009-2019). Tras alegar la no entrega de la información, el Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso al haber sido la solicitud estimada inicialmente por la administración.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Orihuela copias de diversos expedientes sancionadores. La administración no respondió en plazo, por lo que la interesada recurrió ante el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. El organismo desestimó la reclamación debido a que la información contiene datos sobre infracciones administrativas que requieren el consentimiento expreso del afectado.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Puente la Reina/Garés documentación sobre la modificación de una ordenanza de animales y expedientes de agresiones caninas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando inexistencia de la modificación y límites de seguridad y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los expedientes de catalogación de perros peligrosos.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana comunicaciones con la empresa de seguridad ILUNION e informes sobre un vigilante en el Aeropuerto de Madrid. La solicitante alegó que la información no era auxiliar y que era posible anonimizar los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por ser información auxiliar, proteger datos personales y afectar a la seguridad pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior instrucciones y documentación sobre campañas de desinformación y desafección institucional. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter auxiliar y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la información es de naturaleza auxiliar al no ser parte de un procedimiento administrativo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valencia una copia de la resolución de un expediente sancionador en materia de consumo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el solicitante no era parte interesada en el procedimiento. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, al considerar que, una vez finalizado el expediente, la información es pública.
El ciudadano solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) copia de un expediente y un informe sobre su protección como alertador. La GAIP decide inadmitir la solicitud del informe por no ser objeto del derecho de acceso y desestimar el acceso al expediente porque prevalecen los límites legales sobre la investigación en curso.
Un investigador solicitó al Ministerio del Interior instrucciones y circulares sobre el uso de la fuerza por la Guardia Civil y la Policía Nacional para una tesis doctoral. La administración denegó el acceso alegando que son actos de organización interna y que su difusión afectaría a la seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Una entidad ciudadana solicitó al Consell Comarcal del Baix Penedès un informe jurídico y facturas relacionadas con una estafa. El solicitante alegó que la información ya era pública debido a una nota de prensa. La GAIP desestima la reclamación porque la divulgación de documentos detallados perjudicaría la investigación judicial en curso.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico para representantes sindicales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que niega que el EBEP desplace la Ley 19/2013.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación información sobre el tránsito por España de la Vicepresidenta de Venezuela. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó por silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en la protección de diligencias judiciales penales en curso.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid los resultados detallados de las inspecciones higiénico-sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración alegó que no podía facilitar las categorías de riesgo por normativa europea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a entregar los resultados de auditorías y de inspecciones.
Se solicitó al Ministerio de Transportes información y comunicaciones sobre el tránsito por España de la vicepresidenta de Venezuela y órdenes relacionadas. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser información auxiliar y alegó inexistencia de otros documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en límites judiciales y la inexistencia de la información.
Se solicitó al Concello de Vigo el número de denuncias por exceso de velocidad de radares fijos y móviles (2017-2019). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando perjuicio a la prevención de ilícitos. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, considerando que la administración no justificó el perjuicio concreto y que datos similares son públicos en la DGT.
La Junta de Personal de la AEAT en Cádiz solicitó objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó la información alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que ratifica la aplicación de la Ley 19/2013.
La Junta de Personal de la AEAT de Toledo solicitó información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (2015-2016). La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que niega dicho régimen específico.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT de Canarias información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (2015-2016). La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico para delegados sindicales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que niega que el EBEP desplace a la LTAIBG.
Se solicitó a la AEAT de Castilla y León información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (2015-2016). La administración denegó el acceso alegando la existencia de un régimen normativo específico para representantes del personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el motivo por el cual el Ministro acudió en representación del Gobierno a un encuentro con una Vicepresidenta. La administración inadmitió la solicitud alegando que no se pedía información pública sino la respuesta a una pregunta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al no existir documento previo.
Se solicitó a la AEAT de Pontevedra información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades (PEIA) 2015-2016. Ante la falta de respuesta y alegaciones sobre regímenes específicos de información, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a la administración a entregar la documentación solicitada.
La Junta de Personal de la AEAT-Illes Balears solicitó objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma que el EBEP no desplaza la Ley de Transparencia.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT de Badajoz objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen específico en el EBEP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma que el EBEP no desplaza la Ley de Transparencia.
El Sindicato GESTHA solicitó a la AEAT información sobre objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La AEAT denegó el acceso alegando la existencia de un régimen normativo específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que el EBEP no desplaza la Ley de Transparencia.
El Sindicato GESTHA solicitó a la AEAT de Castilla y León objetivos y criterios de reparto de productividades de 2015 y 2016. La administración denegó el acceso alegando la existencia de un régimen normativo específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación basándose en la doctrina del Tribunal Supremo que niega que el EBEP desplace a la Ley 19/2013.
La Federación Profesional del Taxi de Madrid solicitó información sobre expedientes sancionadores de licencias VTC (matrículas, titulares e infracciones de Uber, Maxi Mobility y Vector Ronda) a la Comunidad de Madrid. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el interés público prevalece y que no se justificó el límite de prevención de ilícitos.
Un periodista solicitó al Departament d'Interior datos sobre Mossos d'Esquadra heridos y sus bajas médicas tras las protestas de octubre de 2019. Tras alegar silencio administrativo, la GAIP resuelve finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información solicitada durante la tramitación de la reclamación.
La asociación FACUA solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre los resultados de los análisis de listeriosis para determinar si la cepa detectada coincidía con la de la empresa Magrudis S.L. La administración denegó el acceso alegando la existencia de una investigación judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos sobre efectivos y vehículos de la Guardia Civil en Córdoba. Tras una denegación inicial basada en secretos oficiales, el Ministerio facilitó la información durante el trámite de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la respuesta llegó fuera de plazo y tras la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior información sobre la adquisición de gafas fotocromáticas por la Guardia Civil. Tras una denegación inicial basada en secretos oficiales, el Ministerio accedió a facilitar la información durante el proceso de reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar el expediente debido al desistimiento del interesado.
El ciudadano solicitó acceso a expedientes administrativos sobre la vía pecuaria Cordel de Guadix a Almería a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Tras una reclamación por falta de respuesta, la administración accedió parcialmente a la información, denegando el expediente sancionador. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía archiva el caso por pérdida de objeto.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de efectivos y vehículos de la Guardia Civil desglosados por localidad o provincia (2010-2020). Tras una denegación inicial basada en la seguridad pública, el Ministerio facilitó datos nacionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el desglose provincial pero no el municipal.
La resolució desestimatòria de l’accés posterior a la producció del silenci no és nul·la si resulta ser confirmatòria d’una desestimació presumpta, és a dir, si per aplicació dels límits a l’accés, el silenci hagués tingut l’efecte desestimatori previst a l’article 35.2 LTAIPBG. Mentre no s’iniciï un procediment administratiu, no es pot aplicar a la persona reclamant el règim d’accés reservat per a les persones interessades en procediments administratius oberts. Durant la fase d’investigació reservada, l’accés de la persona reclamant queda sotmès al règim general d’accés de l’LTAIPBG i, en aquest sentit, cal desestimar la pretensió de la persona reclamant formulada en la sol·licitud d’accés i en la fonamentació d’aquesta reclamació, de què l’article 53.1.a LPAC l’empari per a accedir a la documentació de la investigació reservada quan estava encara en curs. Nogensmenys, considerant que després de presentar la reclamació s’ha acordat la iniciació del procediment disciplinari en què la persona reclamant té la condició, ara sí, de persona interessada, aquesta resolució tindrà en compte aquest règim especial d’accés que ara li correspon a l’empara de l’article 53.1.a LPAC, que en tot cas, no és un dret absolut i il·limitat, sinó que, d’acord amb l’article 82.1 LPAC i l’article 51 de la Llei 26/2010, l’accés de les persones interessades en tràmit d’audiència no afectarà “les dades excloses del dret d’accés”. La desestimació de l’accés contra la qual es presenta aquesta reclamació s’ha fonamentat en el caràcter reservat de la fase d’investigació prèvia, aleshores oberta, establert a l’article 275 REPSEL. Atès el caràcter reglamentari de la normativa invocada, aquest caràcter reservat no podria encabir-se en el límit previst per l’article 21.2 LTAIPBG (informació declarada reservada per llei) ni a la què estableix l’article 21.1.c LTAIPBG (secret o confidencialitat dels procediments administratius quan estigui prevista per una norma amb rang de llei) ja que en els dos casos el legislador ha exigit que el caràcter secret, confidencialitat o reservat de la informació estigui establert en una norma de rang legal per a què pugui actuar limitant el dret d’accés a la informació pública. En canvi, resultaria justificada l’aplicació de límit previst a l’article 21.1.b LTAIPBG (la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries), perquè el caràcter reservat de la investigació persegueix, precisament, protegir aquesta investigació i evitar que la seva divulgació pugui entorpir-la, i justifica que sigui reservada especialment per a les persones investigades, evitant que el coneixement de les actuacions d’investigació els faciliti eludir l’acció sancionadora o destruir proves. En tot cas, la restrictivitat amb què s’han d’aplicar els límits determinaria que només s’apliqui la restricció de l’accés quan la divulgació de la informació posi realment en risc la investigació, i això és plausible que ocorri mentre la investigació és oberta però, en principi, no la podrà perjudicar quan ja s’hagi tancat la investigació. Mentre dura la fase d’investigació reservada (que és quan es formulen la sol·licitud i la reclamació) no existeix pròpiament un procediment sancionador en el marc del qual la persona reclamant hagi d’exercir el seu dret de defensa, sinó una investigació dels fets i de les responsabilitats individuals que pot conduir tant a la incoació d’un procediment sancionador, com a l’arxiu de la investigació declarant que no s’ha produït cap infracció o que no és responsabilitat de la reclamant. En aquest sentit, cal destacar que l’escassa regulació legal d’aquesta fase d’investigació o d’actuacions prèvies a l’inici d’un procediment sancionador garanteixi o permeti l’accés de les persones afectades per la investigació, sinó que, ben al contrari, la normativa aplicable a aquest cas preveu expressament que la informació es mantingui reservada de tothom, incloses les persones que d’una manera o altra participen en la investigació i les que són investigades, per tal que la divulgació de les actuacions realitzades o a realitzar no pugui perjudicar el seu bon fi. Per tant, en el moment de formalitzar-se la sol·licitud d’accés i la reclamació, no es podia apreciar la concurrència d’un interès superior en el dret de defensa de la persona reclamant. Ara bé, havent incoat l’Ajuntament durant la tramitació d’aquesta reclamació procediment disciplinari contra la persona reclamant derivat d’aquella investigació reservada, aquesta resolució ha de tenir en compte el dret de defensa sobrevingut, que justificarà l’accés a les investigacions prèvies realitzades que siguin pertinents per a defensar-se adequadament de les acusacions. I aquest dret de defensa podria justificar l’accés a dades personals d’altri si és indispensable i el mínim necessari per a la defensa: identitat de la persona denunciant, informació personal que consti a les declaracions i informes pericials, i fins i tot a dades especialment protegides (per exemple, de la salut del menor, o d’altra persona investigada) si són imprescindibles per a la seva defensa
El interesado solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social informes sobre un accidente mortal en el Aeropuerto de Barajas y expedientes de inspección de una empresa. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información no busca el control público, sino fines particulares.
El règim jurídic aplicable a l’accés que estableix al Reglament 1049/2001, de 30 de maig, del Parlament Europeu i del Consell, que regula l’accés del públic al documents del Parlament Europeu, del Consell i de la Comissió (en endavant, RE). No és obstacle per a l’admissió a tràmit de la reclamació i per a la competència d’aquesta Comissió per resoldre-la, el fet que l’accés a la documentació que integra un expedient EU Pilot estigui sotmès a un règim jurídic especial i diferent d’accés del règim general previst a l’LTAIPBG. La disposició addicional primera.2 LTAIPBG estableix que, quan existeixi un règim jurídic específic d’accés, la normativa de transparència (LTAIPBG) quedarà desplaçada a una aplicació subsidiària. Aquesta disposició addicional primera.2, doncs, estableix un sistema de fonts per al cas que l’accés a la informació tingui una font de dret pròpia, i estableix la supletorietat de l’LTAIPBG de forma expressa, la qual cosa comporta que, en allò no regulat pel règim especial (en particular, una via de garantia de l’accés a la informació àgil, gratuïta i independent) sigui d’aplicació la legislació de transparència. En aquest sentit s’ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva Sentència 1074/2019 que confirma la competència de la GAIP per atendre reclamacions d’accés subjectes a règims jurídics especials. L’article 5 RE preveu que sigui la pròpia Institució europea que ha elaborat o obtingut la documentació a la qual es demana accedir la que prengui la decisió sobre si s’ha d’estimar o desestimar la sol·licitud, de manera que fins i tot si la petició d’accés s’adreça a un estat membre que té en el seu poder la documentació, perquè l’ha rebuda de la Comissió o bé perquè l’ha elaborada per enviar-li, la decisió correspondria a la Comissió, i per tant, haurà de ser consultada sobre el sentit de la resolució o se li haurà de derivar la sol·licitud perquè la resolgui directament. Això suposa que el Reglament reserva al criteri de les institucions europees l’apreciació i ponderació casuística de les sol·licituds de documentació i la decisió de si, en el cas concret, ha de prevaldre la regla general d’accés als documents prevista a l’article 2.4 RE, o si s’han d’aplicar les excepcions previstes a l’article 4.2 en absència d’un interès públic superior que justifiqui la seva divulgació. Tanmateix, l’article 5 RE preveu que l’estat membre que rep una sol·licitud d’informació sotmesa a aquest règim jurídic pugui resoldre-la directament, sense la consulta o la derivació de la sol·licitud, si es dedueix clarament que s’ha de permetre o denegar la divulgació d’aquest document. En aquest cas, la Resolució l’adopta el Departament TES, sense complir amb el tràmit de consulta prèvia a la Comissió o de derivació de la sol·licitud previst a l’article 5 RE, per considerar que es dedueix clarament que s’ha de desestimar la sol·licitud perquè resulta aplicable l’exclusió de l’article 4.2 RE pel que fa al perjudici de l’objectiu de l’activitat d’investigació, així com l’article 21.1.b LTAIPBG, que preveu la limitació del dret d’accés si perjudica la investigació d’infraccions administratives. Tot i que la presumpció general de perjudici de l’activitat d’investigació pugui ser aplicada a un procediment EU Pilot, l’aplicació d’aquesta presumpció general no és obligada ni exclou sempre de l’anàlisi de cas, tal i com ha manifestat reiteradament el Tribunal de Justícia Europeu, entre d’altres, en la Sentència de 25 de setembre de 2014, Suècia/Comissió, T 306/12, punt 71, ECLI:EU:T:2014:816). Així doncs, en consideració a l’activitat de la persona jurídica reclamant com a defensora del medi natural; en atenció a la seva condició de denunciant en un procediment EU Pilot que s’està allargant de forma més que considerable, i atenent a què concorre en aquest cas un interès públic superior -la protecció del medi natural i l’adequada diligència de la Comissió en investigar els supòsits de denúncia d’incompliment del Dret de la Unió que el puguin perjudicar-, cal descartar que la desestimació de l’accés adoptada pel Departament TES sigui “deduïble clarament” dels precedents invocats, i admetre que és plausible que tots aquests elements diferenciadors puguin justificar una solució menys lesiva del dret d’accés, de forma que la Comissió, anàlisi prèvia de les comunicacions reclamades, permeti l’accés a aquelles la difusió dels quals no perjudiqui l’objectiu de la investigació. I aquesta ponderació i decisió casuística de l’accés correspon adoptar-la a la Comissió, d’acord amb l’article 4.2 i 5 RE. Per tant, s’ordena la retroacció del procediment de sol·licitud a la fase prèvia a la resolució, i la derivació de la sol·licitud a la Comissió Europea per a la seva Resolució, o la consulta de la Comissió del sentit en què s’ha de resoldre, de conformitat amb allò previst a l’article 5 RE.
Se solicitó a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio el acceso a documentos de un expediente de inspección en el Residencial Vistamar. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia desestima la reclamación porque las actuaciones previas no han finalizado y su divulgación podría perjudicar la futura resolución sancionadora.
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