Acceso a información sobre amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España desde 2015

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 504/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 29 de abril de 2021, solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR la siguiente información: Solicito la siguiente información desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad: el detalle de todas y cada una de las amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España (ya fuera Presidente, ministros, otros altos cargos u otros cargos). Solicito que para todas y cada una se me indique el nombre y cargo de la persona que la recibió, en qué fecha la recibió, de qué forma (en una carta, paquete, llamada, en persona o lo que sea), quién dio conocimiento de la amenaza a Seguridad Nacional y si se acabó esclareciendo quién había realizado la amenaza o no. 2. Mediante resolución de fecha 11 de mayo de 2021, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-056345 N/REF: R/0504/2021; 100-005387 Fecha: La de firma Dirección Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España a Subdirección General de Reclamaciones Siendo un asunto que se encuentra judicializado, y teniendo en cuenta que la LTAIPBG en su artículo 14.1. e) señala que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, se deniega la información solicitada. 3. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 26 de mayo de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: La resolución de la solicitud, firmada a 11 de mayo pero notificada el día 25 del mismo mes, me deniega lo solicitado amparándose en que el asunto se encuentra judicializado y por la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. A pesar de ello, no justifican la decisión de denegar todo lo solicitado ni realizan test de daño alguno. El artículo 14.2 de la Ley 19/2013 determina que “la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso”. En este sentido, el criterio interpretativo CI/002/2015 del CTBG afirma que “los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos”, para lo cual “deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio /test del daño) concreto, definido y evaluable”. En el presente caso, se ha omitido cualquier razonamiento que justifique la aplicación del límite y se ha limitado a citar el límite, estableciendo que los límites sí operan automáticamente a favor de la denegación, circunstancia que va contra el criterio del CTBG. Además, el Preámbulo de la Ley 19/2013 señala que “los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad”. Asimismo, el CTBG, en su criterio interpretativo CI/002/2015 advierte de que la aplicación de los límites “no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información”, lo cual sucede en este caso. Por todo ello, Interior debería haber realizado un test de daño y haber prevalecido el interés público, ya que es de interés público y vital para la rendición de cuentas que la ciudadanía pueda conocer todas las amenazas recibidas por miembros del Gobierno que hayan sido detectadas. De hecho, así lo demuestra que en los últimos meses el propio Gobierno haya anunciado las que han recibido algunos de sus miembros. Aplicando ese mismo criterio del Gobierno, la ciudadanía tiene por tanto a conocer el detalle de todas las que hayan llegado desde 2015. La Administración rendiría así cuentas y se podría conocer realmente si las recibidas en los últimos tiempos son el número de amenazas que llega en otros periodos o si por la contra ha variado. Hay que recordar también que el artículo 16 de la Ley 19/2013 establece que “en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”. El criterio interpretativo CI/007/2015 del CTBG especifica que la anonimización de datos de carácter personal o la disociación de algunas partes de la información solicitada por afecta a alguno de los límites previstos “no puede entenderse como reelaboración”. Del mismo modo, Interior dice que el asunto está judicializado pero no especifica, no tienen por qué todas las amenazas recibidas desde 2015 estar judicializadas y, por lo tanto, ese límite no se podría aplicar a las no judicializadas. De todos modos, como he defendido, considero que aunque estén judicializadas, prevalecería el interés público, ya que sólo se pide información muy básica cómo saber la fecha o a quién iba dirigida la amenaza, informaciones que el Gobierno ya ha hecho públicas sobre algunas de las amenazas recibidas por sus miembros. Debe prevalecer el mismo criterio en esta ocasión y se me debe facilitar toda la información que he solicitado. Más si tenemos en cuenta el propio criterio que el Consejo de Transparencia ha defendido siempre que un caso esté judicializado no implica que cualquier información por el mero hecho de estar relacionada con este ya se deba denegar el acceso. De hecho, conocer qué amenazas han recibido los miembros del Gobierno no impide investigar, sancionar o prevenir estos posibles delitos. Ya que los datos que he pedido son meramente identificativos y sencillos, no es información específica sobre la investigación de cada caso. Por todo ello, pido que se estime mi reclamación y se inste a Interior a entregarme lo solicitado. 4. Con fecha 28 de mayo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, contestando el Ministerio lo siguiente: Una vez analizada la reclamación, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se informa que: «Las estadísticas de criminalidad disponibles se encuentran en el siguiente enlace https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/publico/portalestadistico/ Asimismo, se insiste en que sobre asuntos judicializados no se facilita información» Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. 5. El 8 de julio de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia al reclamante para que, a la vista del expediente, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tuvieron entrada el 8 de julio de 2021, con el siguiente contenido: Me reafirmo en todo lo expresado en mi reclamación. Interior sólo alega que "se insiste en que sobre asuntos judicializados no se facilita información". No es ningún tipo de justificación para denegar información solicitada y de nuevo no realizan test de daño ni argumentan el por qué deniegan la información. Además, facilitan un link a las estadísticas de criminalidad, estadísticas que ya son públicas y que nada tienen que ver con lo que yo había solicitado. El derecho de acceso no se puede ver limitado de forma discrecional por el ministerio sin alegar por qué aplica un límite como este. En este sentido era clara la Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015: “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". No se ha realizado ningún test de daño. Y en este caso prevalece claramente el interés público de la información, más cuando el propio Gobierno se ha dedicado a hacer públicos algunos de estos casos. La ciudadanía tiene derecho a conocer la misma información del resto que hayan sucedido. Pido al Consejo de Transparencia que aplique el criterio que ya ha aplicado en otras reclamaciones similares, como en la R/0545/2019, en la que " la consiguiente denegación del acceso, se basa en la mera existencia de un procedimiento judicial, sin llevar a cabo ulteriores argumentaciones ni motivaciones adicionales sobre perjuicios concretos y evaluables". En aquella ocasión el Consejo fue claro estimando el derecho de acceso y aclarando lo siguiente: "A la luz de lo anterior, debe recordarse que la previsión del límite analizado dentro de los que pueden restringir el acceso a una solicitud de información tiene como causa la debida protección que debe aplicarse a los expedientes, de carácter penal, administrativo o disciplinario, principalmente mientras estén siendo tramitados, de tal manera que la correcta sanción de las infracciones o ilícitos cuya comisión quede acreditada no se vea impedida por la divulgación de información. Por lo tanto, procede estimar la presente reclamación al considerar que no queda suficientemente acreditado el perjuicio que puede derivarse del acceso a la información solicitada". En esta ocasión tampoco queda acreditado que facilitar la información solicitada pueda perjudicar a ningún expediente que esté siendo tramitado, ya que el ministerio no lo ha certificado durante todo el proceso administrativo. Pido, por lo tanto, que se estime mi reclamación y se inste al ministerio a entregarme lo solicitado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , su Presidente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando concurren estos presupuestos, el sujeto obligado por la LTAIBG debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que en el caso concreto aprecie que puede existir alguna causa de inadmisión o algún límite legal. 3. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre “todas y cada una de las amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España (ya fuera Presidente, ministros, otros altos cargos u otros cargos), indicando el nombre y cargo de la persona que la recibió, en qué fecha la recibió, de qué forma quién dio conocimiento de la amenaza a Seguridad Nacional y si se acabó esclareciendo quién había realizado la amenaza o no”. La Administración deniega el acceso alegando, en síntesis, que no proporciona información sobre asuntos que están judicializados “y teniendo en cuenta que la LTAIBG en su artículo 14.1.e) señala que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Para valorar la conformidad con la LTAIBG de la resolución ahora recurrida debemos comenzar recordando que el derecho de acceso a la información pública está reconocido en aquella ley como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer su artículo 12 que “[t]odas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”, y que desde su preámbulo se configura de forma amplia, disponiendo que son titulares todas las personas, que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, y que solamente se verá limitado en aquéllos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información – derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, indicando expresamente que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test del daño –del interés que se salvaguarda con el límite- y del interés público en la divulgación, de forma justificada, proporcionada y limitada por su objeto y finalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG como las causas de inadmisión enumeradas en el artículo 18.1 LTAIBG. Así lo ha proclamado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530), en la que sostiene que «"Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». «(…) ya hemos señalado que las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013, lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas. Claramente lo deja así señalado el artículo 14.2 de la Ley 19/2013 cuando dispone: «(...) 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración (…), pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley». Criterio que ha sido reiterado posteriormente en sus sentencias de 10 de marzo de 2020 (recurso número 8193/2018), de 11 de junio de 2020 (recurso número 577/2019), de 19 de noviembre de 2020 (recurso número 4614/2019) y, finalmente, de 29 de diciembre de 2020 (recurso número 7045/2019). 4. En el caso del límite expresamente invocado por la Administración en la resolución impugnada –artículo 14.1.e)-, es preciso reiterar que tanto el marco normativo, como la doctrina elaborada por este Consejo a través de sus resoluciones y criterios interpretativos y, en la misma línea, la jurisprudencia de los tribunales, inciden en que a la hora de limitar el derecho de acceso a la información pública adquiere especial relevancia la justificación proporcionada por la Administración; justificación que, como se ha reflejado en el anterior Fundamento Jurídico, debe basarse en una ponderación de intereses –el interés en el acceso y el interés concreto que se protege con el límite invocado en cada caso- aplicada al supuesto específico que se examina. La resolución recurrida basa su decisión, sencillamente, en que la información solicitada “se encuentra judicializada”, aplicando sin más motivación el límite contemplado en el artículo 14.1.e) LTAIBG. A pesar de esta taxativa afirmación, lo cierto es que la Administración no ha acreditado documentalmente ni la existencia de proceso o procesos específicos, ni que la información cuyo acceso se pretende forme parte de sumario judicial alguno y tampoco, en suma, cuál es el concreto perjuicio que, en cada posible caso de amenazas, se produce para la eventual investigación judicial, limitándose a una mera manifestación genérica con el objeto de denegar la solicitud planteada. Recordemos que el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 –LECrim- establece que “constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos”. Por su parte, el Tribunal Supremo ha precisado el alcance del sumario en su Sentencia 1020/1995, de 19 de octubre, en los siguientes términos: “se debe entender por sumario, siguiendo estrictamente la definición del artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos, es decir, todas aquellas en las que se recogen medios de investigación o pruebas preconstituidas que constituyen la base necesaria para la apertura del juicio oral. El secreto sumarial se circunscribe por tanto, al contenido de las declaraciones de los imputados y testigos, documentadas en los folios correspondientes, así como los dictámenes periciales y demás documentos que se incorporan a la causa, pero no puede extenderse a resoluciones interlocutorias o de fondo que resuelven cuestiones relativas a la situación personal de los imputados o aquellas relacionadas con las responsabilidades civiles. También carecen de esta consideración sumarial los autos de inhibición o los informes y exposiciones elevados a la superioridad para solventar los pertinentes recursos. Fuera de este marco delimitador el secreto del sumario considerado como regla general o de primer grado, no puede extenderse, salvo que el propio órgano juzgador haya declarado expresamente secretas determinadas partes de las actuaciones”. También el Tribunal Constitucional se ha encargado de delimitar el alcance del secreto del sumario al manifestar en su Sentencia 13/1985, de 31 de enero –reiterada en la posterior STC 54/2004, de 15 de abril-, lo siguiente: “el secreto del sumario se predica de las diligencias que lo constituyen, y no es otra cosa, por cierto, dice literalmente el párrafo primero del artículo 301 de la LECr., esto es, de los actos singulares que en cuanto acto formal complejo o procedimiento lo integran. Pero el secreto del sumario no significa, en modo alguno, que uno o varios elementos de la realidad social (sucesos singulares o hechos colectivos cuya conocimiento no resulte limitado o vedado por otro derecho fundamental según lo expuesto por el artículo 20.4 de la CE) sean arrebatados a la libertad de información, en el doble sentido de derecho a informarse y derecho a informar, con el único argumento de que sobre aquellos elementos están en curso unas determinadas diligencias sumariales. De ese modo, el mal entendido secreto del sumario equivaldría a crear una atípica e ilegítima «materia reservada» sobre los hechos mismos acerca de los cuales investiga y realiza la oportuna instrucción el órgano judicial, y no sobre «las actuaciones» del órgano judicial que constituyen el sumario (art. 299 de la LECr.). En consecuencia, una información obtenida antes y al margen del sumario no puede considerarse atentatoria al secreto sumarial, que sólo limita la libertad de información en cuanto para informar haya previamente que quebrantarlo”. De esta doctrina jurisprudencial se desprende que el contenido de un sumario tiene un alcance limitado y no puede extenderse a cualquier documento que tenga relación con la causa, salvo que expresamente el juez instructor lo haya decretado así. 5. Llegados a este punto, ha de traerse a colación que la previsión del artículo 14.1.e) LTAIBG coincide parcialmente con la del artículo 3.1.c) del Convenio del Consejo de Europa sobre acceso a los documentos públicos, que prevé como límite al acceso la protección de la prevención, la investigación y el procesamiento de actividades penales. La Memoria Explicativa del Convenio del Convenio señala que puede limitarse el acceso «con el ánimo de asegurar la prevención, investigación y persecución de actividades penales», indicando que el límite puede invocarse cuando se trate de evitar que el acceso a la información pueda ser perjudicial a las investigaciones, conducir a la destrucción de pruebas o la sustracción de los delincuentes de la acción de la justicia. Este es, en definitiva, el bien jurídico protegido por el límite previsto en el artículo 14.1.e) de la LTAIBG: asegurar el buen fin de todos los actos de investigación que se pueden llegar a realizar en la fase de instrucción de un procedimiento penal, administrativo o disciplinario. Entender incluidos con carácter general en la reserva del sumario judicial el tipo de información que ahora nos ocupa comportaría una interpretación extensiva del límite del artículo 14.1.e) LTAIBG, en tanto que se impediría acceder a todo documento administrativo directa o indirectamente relacionado con una causa penal, lo cual no se ajusta a los criterios interpretativos de la Ley de Transparencia establecidos por este Consejo y por la jurisprudencia de los tribunales a los que ya se ha hecho referencia, ni tampoco a los principios que rigen la publicidad de las actuaciones judiciales en nuestro ordenamiento jurídico. A mayor abundamiento conviene clarificar que la originaria solicitud de acceso a la información, cuya denegación ha dado lugar a esta resolución, no consiste en la obtención de “diligencias” llevadas a cabo en la fase de instrucción de un proceso penal, ni tampoco conocer las actuaciones judiciales realizadas en el seno del proceso de instrucción, sino, por el contrario, se trata de información pública, desde el 1 de enero de 2015 hasta el 29 de abril de 2021, relativa (i) al detalle de todas y cada una de las amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España (ya fuera Presidente, ministros, otros altos cargos u otros cargos), (ii) el nombre y cargo de la persona que la recibió, (iii) en qué fecha la recibió, (iv) de qué forma (en una carta, paquete, llamada en persona o lo que sea), (v) quién dio conocimiento de la amenaza a Seguridad Nacional y, finalmente, (vi) si se acabó esclareciendo quién había realizado la amenaza o no. Como recuerda el Tribunal Constitucional en la citada Sentencia 13/1985, de 31 de enero, “la regla que dispone el secreto de las actuaciones sumariales es, ante todo, una excepción a la garantía institucional inscrita en el artículo 120.1 de la Constitución, según el cual «las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento». La admisión que hace esta misma disposición constitucional de excepciones a la publicidad no puede entenderse como un apoderamiento en blanco al legislador, porque la publicidad procesal está inmediatamente ligada a situaciones jurídicas subjetivas de los ciudadanos que tienen la condición de derechos fundamentales: derecho a un proceso público, en el artículo 24.2 de la Constitución, y derecho a recibir libremente información, según puede derivarse de la sentencia 30/1982, de 1 de junio, de la Sala Segunda (RTC 1982\30), fundamento jurídico cuarto”. El sentido del llamado “secreto de sumario” –que, recordemos, no es permanente- es evitar que cualquier persona tenga conocimiento de las actuaciones seguidas en la fase de instrucción del procedimiento y se pudiera obstaculizar la investigación sobre los presuntos delitos. Estrechamente relacionado con la facultad del juez instructor de declarar secreto el sumario está el límite previsto en el artículo 14.1.e) de la Ley de Transparencia en cuanto a la prevención e investigación de ilícitos penales. Esta restricción persigue la misma finalidad, esto es, evitar que el conocimiento de determinada información pueda frustrar una investigación penal y conseguir que los presuntos culpables eludan su responsabilidad. En consecuencia no cabe apreciar, sin más, en el caso que nos ocupa la concurrencia del límite del artículo 14.1.e) en relación con toda la información objeto de la solicitud, pues no se ha acreditado la existencia de un proceso judicial ni que toda ella resulte afectada por secreto sumarial alguno. 6. Por lo demás, resta formular una precisión adicional sobre el alcance de nuestra resolución dado que, atendiendo a la naturaleza y posición de los cargos sobre los que se solicita información, así como el heterogéneo origen de las posibles amenazas que hayan podido realizarse a aquellos –sujetos anónimos, terrorismo islamista, crimen organizado, etc.-, no cabe descartar que alguna de las múltiples informaciones solicitadas por el reclamante esté afectada por alguno de los límites que tutelan otros bienes jurídicos merecedores de protección como los previstos en las letras a) y d) del artículo 14.1 LTAIBG, relativos a la seguridad nacional o la seguridad pública y así conste declarado expresamente en desarrollo de previsión legal específica, como puede ser la que haya recibido la calificación de Secreto en virtud de los acuerdos del Consejo de Ministros de 16 de febrero de 1996 en la lucha antiterrorista, y de 6 de junio de 2014 en la lucha contra la delincuencia organizada. De manera que, en función de lo expuesto hasta ahora se desprende, en definitiva, que la reclamación debe ser estimada para que se conceda el acceso a la información solicitada salvo aquella parte de la misma que, en su caso, se encuentre efectivamente afectada por la declaración de secreto del sumario vigente en la fecha de presentación de la solicitud o por algún límite expreso consecuencia de la seguridad nacional o seguridad pública, debiendo dejarse constancia expresa de ello en la correspondiente resolución. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 11 de mayo de 2021. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad: x Detalle de todas y cada una de las amenazas recibidas por miembros del Gobierno de España (ya fuera Presidente, ministros, otros altos cargos u otros cargos). x Para todas y cada una se me indique el nombre y cargo de la persona que la recibió, en qué fecha la recibió, de qué forma (en una carta, paquete, llamada, en persona o lo que sea), quién dio conocimiento de la amenaza a Seguridad Nacional y si se acabó esclareciendo quién había realizado la amenaza o no. De la información facilitada se excluirán aquellas partes que, en su caso, resulten afectadas por la declaración de secreto del sumario vigente en la fecha de presentación de la solicitud, o por algún límite expreso consecuencia de la seguridad nacional o seguridad pública, circunstancia de la que se deberá dejar constancia expresa en la resolución sobre el acceso. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez