Reclamación contra el Consorcio de Bomberos de Cádiz por denegación de acceso a informe técnico de incendio en Tarifa

RESOLUCIÓN 15/2021, de 27 de enero Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por denegación de información pública (Reclamación núm. 469/2020). ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 18 de septiembre de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz: “Solicita la siguiente información: “Copia del informe técnico efectuado por este organismo público, en la actuación e intervención del incendio (explosión y deflagración, manuscrito) del transformador 29272, ocurrido en fecha 5-8-2017, en un Hotel de Tarifa (100% Fun, manuscrito). “Esta información se pide al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno. ”Conforme la Ley 1/2014, de 24 de junio, sobre Transparencia Pública en Andalucía. ”Se pide en papel o pdf”. Segundo. El 4 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la ausencia de respuesta a la solicitud de información: “Transcurrido más de un mes, no he recibido respuesta a mi petición que era: “Copia del informe técnico en la actuación del incendio del transformador 29272, ocurrido en fecha 5-8-2017, en la población de Tarifa". Tercero. Con fecha 30 de noviembre de 2020 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó al Consorcio reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2020 a la Unidad de Transparencia (u órgano equivalente) correspondiente. Cuarto. El 17 de diciembre de 2020 tuvo entrada en este Consejo escrito del Consorcio reclamado en el que remite determinada documentación y comunica lo siguiente: “En relación al escrito dirigido a esta Presidencia, con número de registro de entrada en este Consorcio 2020003425E, de 04 de diciembre de 2020, en el que solicitaban «Copia del informe técnico efectuado por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en la actuación e intervención del incendio del transformador 29272 de fecha 5-8-2017 en el Hotel 100% Fun en Tarifa». “Adjunto le remito la documentación de este asunto junto con el informe emitido por el Intendente Jefe de Zona. “Con ello queda cumplimentado lo solicitado”. En el informe de fecha 17 de diciembre de 2020 del Intendente Jefe de Zona del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz se manifiesta lo siguiente: “En relación con la solicitud del expediente e informe, referencia SE-469/2020, sobre la «Copia del informe técnico efectuado por el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en la actuación e intervención del incendio del transformador 29272 de fecha 5-8-2017 en el Hotel 100% Fun en Tarifa», le informo lo siguiente: “La solicitud de Doña [nombre de la persona interesada], tuvo entrada en este Consorcio el pasado 18 de septiembre de 2020, donde solicitaba «copia del informe técnico efectuado por este organismo público, en la actuación e intervención del incendio del transformador 29272, ocurrido en fecha 5 de agosto de 2020 en un hotel de Tarifa». En el escrito se incluían palabras manuscritas indicando «explosión y deflagración» y «100% Fun». “En relación con la mencionada intervención de los funcionarios del CBPC, se recibieron las siguientes solicitudes de informes: “- Sr. Fiscal de Siniestrabilidad Laboral, de fecha de entrada 11 de agosto de 2017 y registro de entrada nº 3.128, emitiendo el informe de fecha 21 de agosto de 2017 y registro de salida nº 1.720. “- Sr. Alcalde de Tarifa, de fecha de entrada 11 de agosto de 2017 y registro de entrada nº 3.125, emitiendo el informe de fecha 21 de agosto de 2017 y registro de salida nº 1.719. “- Sr. Jefe Acctal Guardia Civil, de fecha de entrada 13 de septiembre de 2017 y registro de entrada 3.507, emitiendo el informe de fecha de fecha 13 de septiembre de 2017. “- Sr. Jefe Provincial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de fecha 14 de septiembre de 2017 (Ref. OS 11/0009898/17) con registro de entrada n.º 3.742, emitiendo el informe de fecha 28 de septiembre de 2017 y registro de salida nº 2.037. “Que sobre el accidente laboral donde ese día 5 de agosto de 2017 resultan heridas ocho personas por quemaduras de diversa gravedad, falleciendo posteriormente varias personas, se instruyen Diligencias número 182/17 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras. “Que de acuerdo con el art. 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado e) se establece que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para la prevención, investigación, y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, por ello no se le ha remitido la copia del informe técnico, debido a que el asunto está en el Juzgado de Instrucción antes indicado. “Que los informes emitidos por este CBPC se realizan a instancias de las autoridades competentes en la investigación de los hechos que así lo soliciten, siendo en este caso las causas de la explosión y deflagración del transformador desconocidas para este CBPC, tal y como se indica en dichos informes”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. La reclamación que ahora hemos de resolver tiene su origen en una solicitud de información -dirigida al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz- con la que la interesada pretendía conocer el informe técnico elaborado en la actuación e intervención del incendio del transformador 29272, ocurrido el cinco de agosto de 2017 en un Hotel de Tarifa. En las alegaciones remitidas con motivo de la tramitación de esta reclamación, el Consorcio entiende fundamentada la decisión de no facilitar el informe técnico en el artículo 14.1.e) LTAIBG, pues entiende que el acceso supondría un perjuicio para “[l]a prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Arguye al respecto que, con motivo del accidente, “se instruyen Diligencias número 182/17 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras”. Tercero. Este Consejo no puede sino compartir la apreciación de la entidad reclamada. Ciertamente, según venimos sosteniendo en doctrina constante, resulta de aplicación el límite establecido en el artículo 14.1.e) LTAIBG en relación con la documentación que está siendo objeto de examen en la jurisdicción penal (Resoluciones 89/2016, FJ 5º; 38/2019, FJ 3º y 57/2020, FJ 3º). Recordemos lo que argumentamos específicamente sobre el secreto sumarial en el FJ 3º de la Resolución 38/2019: “En efecto, el artículo 774 LECr extiende explícitamente a las diligencias previas del procedimiento abreviado el carácter secreto atribuido al sumario en el procedimiento ordinario: “Las diligencias del sumario –comienza diciendo el artículo 301 LECr- serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”. Y el artículo 302 LECr se encarga acto seguido de establecer la excepción: “Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento”; si bien, como el precepto precisa a continuación, incluso para las partes personadas podrá el juez instructor acordar el secreto en determinadas circunstancias. En cualquier caso, el propio artículo 301 LECr contempla la imposición de sanciones para aquellos que quiebren este deber de reserva. ”La finalidad última que justifica la calificación como secreta de la etapa de instrucción del proceso penal no es otra que la de asegurar una adecuada persecución de los delitos, según ha afirmado el Tribunal Constitucional: “[…] la regulación legal del secreto sumarial […] se interpone como […] un impedimento al conocimiento por cualquiera -incluidas las mismas partes en algún caso: art. 302 de la LECr.- de las actuaciones seguidas en esta etapa del procedimiento penal. Lo que persigue la regla impositiva del secreto es impedir tal conocimiento y ello en aras de alcanzar […] una segura represión del delito.” (STC 13/1985, FJ 3º). “Así pues, dada la naturaleza y el sentido del carácter reservado que se predica de la fase de instrucción, cabe llegar a la conclusión de que, en los casos en que se pretende acceder a una información que se halla bajo el secreto impuesto por el artículo 301 LECr, el límite que puede entrar en juego es el establecido en el artículo 14.1 e) LTAIBG (“prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”). Y, de hecho, este Consejo ya ha tenido ocasión de declarar la pertinencia de aplicar el mismo a la documentación que está siendo objeto de examen en la jurisdicción penal (Resolución 89/2016, FJ 5º).” Por consiguiente, de conformidad con esta doctrina, y no constando resolución por la que se haya dado por concluido el procedimiento penal en cuestión, no procede sino desestimar la reclamación con base en el reiterado art. 14.1 e) LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Única. Desestimar la reclamación interpuesta por XXX contra el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz por denegación de información pública.