Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La solicitante pidió al Ministerio de Hacienda copia íntegra de un expediente de información previa sobre la filtración de datos tributarios. Tras la denegación de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso podría frustrar las investigaciones en curso y perjudicar las funciones de control y vigilancia.
El solicitante pidió al Consejo Superior de Deportes acceso a la resolución que incoaba expedientes sancionadores a 16 presidentes territoriales. Tras la inadmisión de la solicitud por la administración, el interesado reclamó alegando que la norma del TAD no limita la publicidad a las resoluciones finales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por falta de subsanación documental.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior las imágenes aéreas de una concentración en la Plaza de Colón (10/02/2019). La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar y por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a entregar las imágenes siempre que no permitan identificar a los asistentes.
Una ciudadana solicitó a la Viceconsejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía grabaciones y tests de una entrevista médico-forense. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información pertenece al ámbito judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por considerar que, al ser datos personales, debe canalizarse vía protección de datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los informes policiales y administrativos sobre la muerte de un coreógrafo en el festival Mad Cool 2017. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información al no acreditarse el abuso ni límites legítimos.
Se solicitó a la Universitat de Lleida el informe de una investigación interna sobre una denuncia anónima de 2015 por irregularidades en el cobro de facturas en el CETI. La administración denegó el acceso alegando protección de datos personales. La GAIP desestima la reclamación porque el documento vincula a personas con posibles infracciones, siendo inviable su anonimización.
El ciudadano solicitó a la AEPD el detalle de todas las notificaciones de brechas de seguridad recibidas entre mayo de 2018 y enero de 2019. La AEPD inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando que el volumen de información y el esfuerzo de revisión no se justifican con la finalidad de la Ley.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copias de denuncias remitidas a la AEPD y a la Subdelegación del Gobierno. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando no poseer la información y desconocer el órgano competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar la reclamación debido a que el interesado no subsanó la falta de documentación requerida.
Varios ciudadanos solicitaron al Ayuntamiento de Ámbito copia del expediente remitido a la Fiscalía sobre la Urbanización Sierra del Tajuña. Ante la falta de respuesta, presentaron reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a la existencia de un procedimiento penal abierto y la advertencia judicial de no entregar la documentación.
Se solicitó a la AEPD el acceso a todas las notificaciones de violaciones de seguridad de datos personales entre mayo y diciembre de 2018. La interesada alegó que la solicitud no era abusiva sino compleja y que se podía anonimizar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley.
Se solicitó al Ayuntamiento de Deltebre el expediente de contratación y el contenido de una auditoria. El ciudadano alegó que el derecho de acceso no puede condicionarse a la acreditación de un interés personal. La GAIP desestima la reclamación debido a la vigencia de un secreto sumarial judicial que afecta a la totalidad de la información solicitada.
El interesado solicitó copia de un informe de la Intervención General sobre supuestas irregularidades en el Servicio Cántabro de Salud. La administración denegó el acceso alegando que la información está bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el acceso podría perjudicar las investigaciones en curso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Moixent el acceso al expediente administrativo relativo a un movimiento de tierras y construcción junto a un barranco. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega del expediente tras la anonimización de los datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el listado actual e histórico de los integrantes de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. El Ministerio denegó el acceso alegando límites relativos a la inspección y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no justificarse dichos límites.
El ciudadano solicitó a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz copia de un expediente administrativo derivado de una denuncia. La administración denegó el acceso alegando límites de inspección y sanción. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, instando a la administración a entregar la información detallada sobre las actuaciones.
El ciudadano solicitó al Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas copia de la documentación de un expediente de denuncia y datos sobre su tramitación. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a la entidad a entregar la información al no aplicarse los límites alegados al haber finalizado las actuaciones.
Se solicitó al Ministerio del Interior el informe justificativo y los gastos del dispositivo de seguridad del diputado Pablo Iglesias. La administración denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el informe justificativo con tachaduras, pero deniega los datos de gasto.
Se solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans tres facturas e informes de seguimiento. El solicitante alegó que la información era necesaria para garantizar sus derechos laborales. La GAIP decidió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó la información durante el procedimiento y el interesado no presentó objeciones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm copias de la Propuesta de la Alcaldía, el expediente de licitación 43/2015 e informes de Secretaría e Intervención. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso, investigaciones de la Fiscalía y la confidencialidad de la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia estimó la solicitud por considerar la información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm dos decretos de urbanismo y un informe externo sobre la gestión de la estación de autobuses. La administración denegó el acceso alegando que el expediente no ha finalizado y que existen procesos judiciales y de fiscalía abiertos. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la solicitud al considerar que la información es pública.
Se solicitó copia de un convenio entre la Universidad Rey Juan Carlos y la Dirección General de la Policía sobre el reconocimiento de créditos. La Universidad denegó el acceso alegando que la información está sujeta a un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por no acreditarse un perjuicio real y por ser información de naturaleza económica.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos detalles sobre subvenciones y cuentas anuales del Instituto de Derecho Público (2000-2018). La Universidad denegó el acceso alegando que la información estaba bajo investigación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio real para el proceso judicial.
El reclamante solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el registro de solicitudes y resoluciones de convalidación de créditos del Instituto de Derecho Público (2005-2018). La Universidad alegó protección de datos, afectación a procesos judiciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
La entidad The Square Magalluf, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Calviá el acta de constitución, la identidad de los miembros y las actas de la Comisión de Actividades desde enero de 2018. La administración denegó las actas alegando que no hay obligación de levantarlas y que su acceso perjudicaría intereses municipales. La Comisión de Transparencia desestima la reclamación tras considerar que la denegación es procedente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Benidorm un listado de establecimientos comerciales con irregularidades en su licencia de apertura. La administración denegó el acceso alegando protección de datos, carga de trabajo (reelaboración) y posibles perjuicios a la inspección. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega del listado anonimizando datos personales.
Se solicitó acceso a expedientes e informes de inspección sobre el Banco de Madrid a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Ante el silencio administrativo, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso se rige por la normativa del procedimiento administrativo al ser los solicitantes interesados en un expediente en curso.
El sindicat SUT solicitó al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya actas policiales de concentraciones públicas. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y perjuicio a investigaciones. La GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación donde se entrega documentación anonimizada y se deriva la solicitud a la Dirección General de Policia.
El interesado solicitó datos del personal de la Administración de Madrid seleccionado para un Máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2011. La URJC denegó el acceso alegando protección de datos personales y la existencia de una investigación judicial sub iudice. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer el procedimiento para que se consulte a los terceros afectados.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado de inspecciones sanitarias en establecimientos de alimentos de los últimos 5 años. La Gerencia de Salud denegó el acceso alegando que la información requería una labor de reelaboración compleja y por posibles conflictos con la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó al Centro de Láseres Pulsados (CLPU) información sobre grupos de investigación, investigadores principales, costes y exenciones de una convocatoria de acceso. El CLPU denegó los nombres de los IPs por protección de datos y el coste final por estar en elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
Asociaciones y sindicatos solicitaron al Ayuntamiento de Albacete información y documentación sobre una auditoría de un contrato de uniformidad policial. La administración inadmitió la solicitud alegando que el procedimiento estaba en tramitación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información está en curso y que su acceso afectaría a la investigación de posibles ilícitos.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Cogollos Vega copias de expedientes urbanísticos. El Ayuntamiento denegó los informes técnicos y jurídicos alegando que obran en sede judicial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por considerar pertinente el límite relativo a la prevención y sanción de ilícitos penales.
Es pot parlar d’un règim especial d’accés quan s’estableixen drets, limitacions, procediments, garanties i/o fins i tot principis generals i criteris interpretatius específics per poder accedir a determinats tipus d’informació pública. Les previsions dels articles 18 i 19 LOAC, als efectes del dret d’accés a la informació pública, no estableixen, doncs, un veritable règim especial d’accés, ja que únicament formulen una reserva de confidencialitat per a determinades informacions, oferint d’aquesta manera el complement legislatiu al qual es remeten els apartats 1.c (confidencialitat de procediments administratius establerta per llei) i 2 (informació protegida per norma amb rang de llei) de l’article 21 LTAIPBG. Anteriors resolucions de la GAIP (es el cas de la 271/2017, citada als antecedents) han argumentat l’admissibilitat de sol·licituds i de reclamacions en exercici del dret a la informació pública formulades per entitats locals i ho han fet sobretot en base a l’article 18.1 LTAIPBG, que contempla expressament que el dret d’accés a la informació pública pugui ser exercit per persones jurídiques (condició que sens dubte tenen els ajuntaments), sense que hi hagi cap disposició legal que permeti excloure d’aquest exercici les persones jurídiques públiques. Manifesta que l’Ajuntament és l’Administració concernida pel procediment d’investigació de l’OAC a la documentació del qual demana accés, i afirma que en aquesta condició d’Administració concernida li haurien de correspondre els mateixos drets que pertoquen a les persones interessades en un procediment administratiu; és qüestionable aquesta assimilació feta per l’Ajuntament, especialment als efectes de reforçar el seu dret d’accés; fent un paral·lelisme amb la Reclamació 257/2018 (que demana la mateixa informació que aquesta a l’OAC, si bé la persona reclamant és una persona funcionària de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en comptes del mateix Ajuntament), en aquell cas la persona reclamant té realment un
Una funcionaria solicitó acceso al expediente de investigación de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) en el que está implicada. La OAC denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, considerando que prevalece el derecho de defensa de la interesada y que la administración no acreditó un daño concreto que justificara la denegación.
La Fundación Ado Moure Pro Deporte solicitó a la Dirección General de Tráfico información sobre si sus denuncias derivaron en expedientes sancionadores. Tras una denegación basada en límites de seguridad y reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Departament d'Empresa i Coneixement la lista de inspecciones y expedientes sancionadores por seguridad industrial (2017-2018). El reclamante alegó la inaplicabilidad de leyes anteriores a la LTAIPBG. La GAIP desestima parcialmente la reclamación y declara la pérdida de objeto parcial, debido a la protección de datos personales y límites sectoriales.
Se solicitó al Consejo General de la Abogacía Española el acceso a expedientes administrativos y comunicaciones IMI relacionadas con la colegiación de ciudadanos italianos. El interesado alegó que la información le afecta directamente y que los límites invocados por la administración no eran aplicables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Un agente medioambiental solicitó diversos datos sobre electrocución de avifauna, expedientes sancionadores y planes de gestión cinegética a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. La administración denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y que el solicitante debía usar canales internos por su condición de funcionario. El Consejo de Transparencia estimó las reclamaciones.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Conocimiento y Empleo copia de un acta de inspección y expediente sancionador derivados de un accidente laboral. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información podría perjudicar la sanción de ilícitos administrativos al estar el expediente suspendido por concurrencia judicial.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Barcelona los órdenes del día y actas del Consejo de Administración de 2017 y 2018. La administración inadmitió las actas alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la revisión de la información no constituye una reelaboración según la ley.
El ciudadano solicitó al IES Sierra Almenara copias de apercibimientos a alumnos, el Plan de Centro y normativa sancionadora. La Delegación Territorial de Educación de Cádiz denegó los apercibimientos alegando protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización.
Se solicitó a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de Canarias copia de actas y resoluciones sobre premios y recompensas de la Policía Canaria (2012-2017). Tras un silencio administrativo, la administración respondió extemporáneamente. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación y termina el procedimiento por pérdida de objeto.
El reclamante solicitó información a la Universidad Complutense de Madrid sobre una tesis doctoral, dictámenes periciales y convenios con entidades peruanas. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información solicitada está vinculada a un procedimiento judicial en curso, lo que justifica su limitación.
El interesado solicitó copia íntegra de un expediente sancionador de consumo a la Consejería de Salud de las Islas Baleares. La administración denegó el acceso debido a que el sancionado es una persona física (autónomo) y no prestó su consentimiento expreso. La Comisión para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública desestima la reclamación por ser conforme a la ley.
La Fundación solicitó al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de Aragón diversa documentación técnica y administrativa sobre el aprovechamiento forestal del MUP 82. El organismo alegó solicitudes repetitivas, falta de competencia y límites por procedimientos sancionadores. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el acta de entrega y el informe final.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Santander un listado de expedientes de disciplina urbanística de los años 2014 a 2017. El Ayuntamiento entregó parte de la información fuera de plazo y denegó el resto alegando necesidad de reelaboración y protección de investigaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información es pública y no requiere reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la respuesta de España a una carta de emplazamiento de la Comisión Europea en un procedimiento de infracción. El interesado alegó que la información es pública y no afecta a la investigación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de protección de investigaciones en curso.
Se solicitó información sobre la trayectoria laboral de una funcionaria, subvenciones a asociaciones de estudiantes y beneficiarios de becas a la Universidad Rey Juan Carlos. La Universidad denegó el acceso alegando procesos judiciales y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificaron debidamente los límites alegados.
Si la Reclamació es presentés en relació amb la resolució del Director de l’OAC de 19 de febrer de 2018, de desestimació de la sol·licitud d’informació pública formulada per la persona reclamant, no es podria admetre a tràmit, per extemporània, ja que en el moment de la seva presentació (el 10 d’abril de 2018) havia passat més del mes dins del qual poden ser reclamades les resolucions sobre les sol·licituds d’informació pública, segons l’article 42.1 LTAIPBG citat al paràgraf anterior; per tant, només podria ser admesa, per raons de termini, en relació amb la desestimació presumpta del recurs de reposició, produïda el 26 de març de 2018, i si s’admet en relació amb la desestimació presumpta del recurs de reposició, el seu objecte s’hauria de circumscriure a la informació demanada per aquest recurs, que es limita a la relativa als informes raonats i altra documentació derivada d’ells, amb exclusió de la relativa a les comunicacions al Ministeri Fiscal i a les autoritats administratives competents, que no havia estat objecte del recurs de reposició. L’article 23 LTAIPBG i la legislació de protecció de dades personals no impedeixen facilitar la informació sol·licitada que pugui ser relacionada amb la comissió d’infraccions, si s’eliminen prèviament d’ella la identitat (així com també les possibles referències que possibilitin deduir-la) de les persones físiques concernides, tant si es tracta de possibles responsables de les eventuals irregularitats detectades, com ara la persona denunciant o d’altres persones citades pels informes sol·licitats. El dret d’accés a la informació pública no hauria de ser en detriment de les actuacions que calgui emprendre pels poders públics per corregir actuacions públiques contràries a l’ordenament jurídic o als interessos públics o per exigir les responsabilitats que corresponguin per aquest motiu; aquestes actuacions que convé protegir poden ser tant les mateixes funcions de l’OAC, mentre no hagi donat per tancada i definitiva la corre
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