Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ex vocal del Canal de Isabel II solicitó el acta de un Consejo de Administración de 2001 y documentación relacionada con INASSA. La administración denegó el acceso alegando que la información formaba parte de una instrucción penal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es administrativa y no se acreditó un perjuicio concreto para la investigación.
El interesado solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid las resoluciones de compatibilidad de ciertos empleados y una certificación de no existencia de las mismas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar las resoluciones, pero desestima la petición de certificaciones y de promover persecuciones por ser ajenas al derecho de acceso.
La Asociación Corruptil solicitó al EMVS de Madrid el expediente de enajenación de 5.315 inmuebles. La EMVS denegó el acceso alegando que la información estaba sujeta a investigaciones penales y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio concreto para la investigación o la igualdad de las partes.
Se solicitó copia de resoluciones y órdenes relativas a la mercantil Catalysis a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando protección de expedientes sancionadores e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la administración no motivó adecuadamente el perjuicio causado.
El interesado solicitó a la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid datos estadísticos sobre inspecciones de viviendas turísticas desde 2015. La administración denegó el acceso alegando límites por protección de procedimientos sancionadores y funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es meramente estadística.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de seguimiento del contrato centralizado de agencias de viajes. Tras una denegación parcial basada en límites de seguridad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de traslados de ministros y secretarios de Estado.
Se solicitó al Ayuntamiento de la Roca del Vallès copia de una diligencia de comunicación a la fiscalía en un expediente sancionador. El solicitante alegó que el documento era imprescindible para su derecho de defensa en un proceso penal. La GAIP estima la solicitud porque el derecho a la defensa prevalece sobre la protección de datos personales en este caso concreto.
Es dona la circumstància que la informació demanada per la persona reclamant sembla ser que no existeix com a informació específica preexistent a la sol·licitud; el dret d'accés a la informació pública ha de tenir per objecte informació que hagi estat elaborada o que estigui a mans de l'Administració; en tot cas, informació preexistent a la sol·licitud; les informacions sol·licitades, al no existir de forma preexistent a la sol·licitud, sens dubte requeririen una tasca molt complexa d'elaboració, equivalent a la confecció de sengles informes, dictàmens o plans o projectes, no emparada pel dret d'accés a la informació pública. L'Ajuntament justifica la concurrència d'aquesta causa d'inadmissibilitat (tasca complexa d’elaboració, article 29.1.b LTAIPBG) en el fet que els expedients afectats dels que caldria extreure les circumstàncies sol·licitades per la persona reclamant són més de sis mil, que es troben en diferents fases de tramitació, cobreixen un lapse temporal força ampli i l'extracció d'algunes de les informacions demanades requereix una tasca valorativa i d'apreciació jurídica; tot plegat requeriria molt temps de treball per part de personal d'una certa qualificació. L'Ajuntament al·lega la concurrència del límit al dret d'accés a la informació pública de l'article 21.1.b LTAIPBG (que la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries), però no justifica suficientment la concurrència de les circumstàncies que podrien motivar la seva aplicació; s'ha d'entendre que aquest límit permet denegar informació que pugui perjudicar les tasques municipals d'investigació o sanció de les infraccions; en conseqüència, la GAIP ve entenent que la seva aplicació pot ser justificable quan es demana en relació amb un procediment determinat i la difusió de la informació sol·licitada pugui servir perquè els presumptes infractors puguin defugir de la seva responsabilitat; en aquest cas
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre licencias de ventilación y expedientes relacionados con locales específicos por problemas de ruido. El Ayuntamiento alegó protección de datos e interés legítimo. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información tras la anonimización de datos personales.
Se solicitó al Ministerio del Interior el coste económico detallado de la comisión judicial encargada de investigar el caso del pequeño Nicolás. El solicitante alegó que la comisión ya había cesado y que no había perjuicio para la instrucción. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por riesgo en futuras investigaciones y por la necesidad de reelaborar la información.
La Sociedad de Cazadores de Canfranc solicitó al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad acceso al expediente sancionador de un agente público. La administración denegó el acceso por protección de datos personales. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a conocer la identidad de los responsables del trámite, pero denegando el resto de documentos.
PROMARCA solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el acceso a resoluciones sancionadoras. Tras la denegación, reclamó alegando que los límites de datos y secretos comerciales no procedían y que podía haber expurgo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que las resoluciones contienen secretos comerciales cuya divulgación perjudicaría a las empresas investigadas, por lo que aplica el límite del art. 14.1 h) de la LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio de Justicia documentación extradicional de Turquía. El reclamante alegó vulneración de su derecho de acceso y falta de motivación de la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, entendiendo que la Ley de Extradición Pasiva reserva esa información hasta la fase judicial y que su divulgación afectaría a la prevención de ilícitos y a las relaciones exteriores.
Se solicitó al Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón información sobre expedientes sancionadores por aprovechamientos forestales y valoración de daños en la carretera A-1604. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación porque parte de la información era inexistente y otra podría perjudicar la investigación y la presunción de inocencia.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela información detallada sobre expedientes disciplinarios. La administración denegó parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y límites de confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de expedientes de los puntos a y b.
Se solicitó el expediente de selección de personal de una persona específica al Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà. La administración denegó el acceso alegando que el expediente estaba siendo investigado por la OAC. La GAIP estima parcialmente la solicitud, reconociendo el acceso a la información profesional relevante, pero protegiendo datos personales desproporcionados.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación información sobre una investigación del Tribunal de Cuentas sobre gastos en la embajada de Tailandia. El interesado alegó incompetencia del Ministerio y falta de motivación en la denegación de documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a remitir la solicitud al Tribunal de Cuentas.
El ciudadano solicitó a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) copia de un expediente de diligencias informativas. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos relativos a infracciones administrativas. La Comisión da Transparencia estima la reclamación por falta de ponderación del límite alegado.
El ciudadano solicitó al IES Gaudí de Reus copia de expedientes disciplinarios de alumnas por presuntas injurias contra él. La administración denegó el acceso alegando que el solicitante no era parte interesada. La GAIP desestima la reclamación porque la información contiene datos personales sobre infracciones administrativas, los cuales gozan de protección especial y no existe norma legal concreta que habilite su acceso.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma un listado de agentes de policía local con expedientes disciplinarios abiertos. Tras el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia desestima la reclamación porque la información era inexistente en la fecha de solicitud y los trámites previos están protegidos por el límite de investigación de ilícitos.
La solicitante pidió copia de las actuaciones administrativas relativas a una denuncia por irregularidades en subvenciones FICYT presentada ante el Gobierno del Principado de Asturias. La administración no respondió, alegando que el procedimiento de reintegro estaba en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo a la investigación.
Se solicitó a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) la relación de empresas sancionadas por infracciones ambientales entre 2007 y 2017. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y perjuicio a la investigación. La GAIP estima la reclamación al considerar que la información se refiere a personas jurídicas y a procedimientos ya finalizados.
El reclamante solicitó a la CNMV el texto completo de las resoluciones sancionadoras publicadas en el BOE contra Popular Banca Privada y Banco Popular Español. La CNMV denegó el acceso alegando secreto profesional y reserva de actuaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que la publicación en el BOE ya hace pública la sanción y no debe impedir el acceso.
Se solicitó a la Confraria de pescadors de Blanes diversa documentación económica, administrativa y de personal. El reclamante alegó silencio administrativo positivo ante la falta de respuesta. La GAIP decidió inadmitir la reclamación porque la información solicitada es de naturaleza privada y no afecta al ejercicio de funciones públicas de la entidad.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia información detallada sobre activos recuperados por la ORGA (importes, personas implicadas y operación origen). La administración denegó los datos individualizados alegando seguridad en la investigación y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos de personas jurídicas e importes.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública acceso a la resolución de denegación de actividad privada y expedientes sancionadores de un exembajador. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos por infracciones sin amonestación pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar datos sobre el expediente.
El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana solicitó acceso al expediente sancionador S/0472113 a la CNMC. El solicitante alegó que el expediente ya estaba concluido y era accesible. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la normativa de competencia establece un régimen específico de secreto y confidencialidad prevalente.
La FIAB solicitó acceso a las resoluciones de expedientes sancionadores contra DIA y EROSKI tramitados por la AICA. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y falta de firmeza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al momento de la solicitud, las resoluciones aún no existían y no se podía acceder a información inexistente.
La asociación PROMARCA solicitó acceso a las resoluciones de expedientes sancionadores contra las empresas DIA y EROSKI. Alegó que la información era necesaria para prevenir prácticas comerciales abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al momento de la solicitud, las resoluciones aún no existían, por lo que no constituían información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las comunicaciones entre la Guardia Civil/Policía Nacional y autoridades de EE. UU. (DEA y Tesoro) relativas al Banco Madrid. La Guardia Civil denegó el acceso alegando límites de seguridad y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir el límite de prevención de ilícitos penales.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia y a la CNMC las convocatorias, órdenes del día y actas de todos los plenos de la CNMC desde 2013. La administración alegó inadmisión por ser información ya publicada y por carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de órdenes del día y actas al no ser suficiente la información web.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad información sobre la contratación de informes para el proyecto de almacén de gas Castor (licitación, adjudicación, presupuesto y copias). La administración denegó el acceso alegando procesos judiciales en curso y falta de competencia sobre datos de Enagás. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
La entidad IPCENA solicitó al Ayuntamiento de Les Borges Blanques un estudio de calidad del aire. Tras la denegación basada en un proceso penal, la GAIP admite la reclamación y determina que es competente incluso en materia ambiental por aplicación supletoria de la ley de transparencia. Finalmente, la GAIP archiva el caso por pérdida de objeto ya que el Ayuntamiento puso la información a disposición del solicitante.
Un representante sindical de CCOO solicitó copia íntegra de un expediente de actuaciones previas sobre presuntas irregularidades en el abono de retribuciones en el INE. La administración denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y que la información era previa a un procedimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar al sindicato como interesado y por no acreditarse un daño concreto al acceso.
Un periodista solicitó al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya informes de auditoría del Consorci del Palau de la Música (2006-2011). La administración denegó el acceso alegando perjuicio al proceso judicial en curso. La GAIP estima la reclamación al considerar que no existe riesgo para la investigación ni para la igualdad de las partes.
El solicitante pidió al Ministerio de Empleo y Seguridad Social copias de los informes de auditoría de cumplimiento de las mutuas colaboradoras desde 2006. El Ministerio denegó el acceso alegando límites sobre prevención de ilícitos y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los informes finales ya completados.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Les Borges Blanques un estudio de calidad del aire y su factura. El Ayuntamiento denegó el estudio alegando que estaba vinculado a un proceso penal contra el alcalde. La GAIP estima la reclamación, considerando que el estudio tiene interés público, fue pagado con fondos públicos y no existe secreto sumarial que justifique la denegación.
Se solicitó a la Consellería de Cultura, Educación e Universidade información sobre yacimientos arqueológicos y el Camino de Santiago. El ciudadano alegó falta de respuesta (silencio administrativo). La Comisión de Transparencia de Galicia decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legalmente establecido.
Un periodista solicitó a la Direcció General de la Policia datos sobre mossos d'esquadra denunciados judicialmente, suspendidos de empleo o investigados internamente (2006-2016). La GAIP estima parcialmente la solicitud: deniega el acceso a datos judiciales por no estar en poder de la administración, pero ordena entregar las estadísticas de suspensiones e investigaciones internas.
El reclamante solicitó a la CNMV la copia completa de un expediente sancionador contra Banco Popular Español. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la normativa sectorial del mercado de valores no impide el acceso y que los límites alegados por la CNMV no concurren en un procedimiento ya finalizado y publicado.
El interesado solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid información desglosada (nombre, dirección y resultados) de las inspecciones higiénico-sanitarias en bares y restaurantes, así como copia de las actas. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
La Unión Sindical Obrera solicitó a la Comunidad de Madrid informes de consultoría y datos sobre la tramitación de subvenciones. La administración denegó los informes por investigación penal y limitó los datos de subvenciones por intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la denegación de los informes, pero estimó parcialmente la reclamación al ordenar entregar los datos de subvenciones.
El interesado solicitó a la CNMV información sobre la existencia de investigaciones relacionadas con la ampliación de capital del Banco Popular en 2016. Tras la denegación de la entidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, argumentando que confirmar o negar una investigación podría perjudicar el desarrollo de las funciones de vigilancia y control.
Se solicitó a la Agència Catalana del Consum la relación detallada de sanciones impuestas a suministradoras por incumplir medidas contra la pobreza energética. La administración denegó datos específicos alegando límites legales. La GAIP estima la reclamación, considerando que el interés público prevalece sobre los intereses comerciales de las empresas.
El interesado solicitó a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid documentación anonimizada sobre expedientes sancionadores contra Blablacar. La administración denegó el acceso alegando que se podrían inferir datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información aún está en trámite.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Sant Fruitós de Bages el expediente de investigación de la Oficina Antifrau sobre el contrato de la Residencia Municipal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la investigación estaba en curso. La GAIP estima la solicitud porque la Oficina Antifrau confirmó que el expediente ya estaba cerrado y no había motivos para limitar el acceso.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior información sobre la compra de software y servicios para la recogida y análisis de datos de redes sociales por parte de Fuerzas de Seguridad y otros organismos estatales. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
La Plataforma d'Afectats per les Multes solicitó al Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès el número de accidentes de tráfico entre 2011 y 2016. Tras alegar la administración la necesidad de reelaboración y riesgos en investigaciones, la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que la administración entregó la información durante la tramitación.
La Plataforma d'Afectats per les Multes solicitó al Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès la recaudación detallada por puntos de los semáforos foto-rojo en 2015 y 2016. Tras alegar la administración la complejidad de la información y riesgos en la sanción de infracciones, la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto al haberse entregado la información extemporáneamente.
La Plataforma d'Afectats per les Multes solicitó al Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès la recaudación económica de los fotomultas en 2015 y 2016 desglosada por punto semafórico. Tras alegar la administración la complejidad de la información y riesgos en la sanción, la GAIP decide finalizar el expediente por pérdida de objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información extemporáneamente.
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