Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un funcionario de los Mossos d'Esquadra solicitó información sobre las felicitaciones públicas otorgadas al personal de su unidad entre 2010 y 2016. La administración alegó límites de seguridad y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de los datos personales y criterios de concesión, pues prevalece el derecho del interesado a controlar la discrecionalidad administrativa.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Bescanó informes de licencias de obras y expedientes de restauración de legalidad urbanística o sancionadores. El Ayuntamiento alegó causas de inadmisión y límites de protección de datos. La GAIP estima parcialmente la reclamación: concede acceso a los expedientes de restauración de legalidad, pero deniega los sancionadores por afectar a datos personales.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Pallerols los extractes bancarios municipales de 2007 a 2015. El Ayuntamiento condicionó el acceso a la justificación de la finalidad y alegó riesgos de protección de datos e investigaciones judiciales. La GAIP estima la reclamación, determinando que los electos locales no deben justificar la finalidad de sus solicitudes y que prevalece el derecho de acceso sobre la protección de datos, salvo números de cuenta.
El solicitante pidió acceso a la documentación y los informes técnicos/jurídicos de un expediente sancionador de urbanismo declarado caduco por el Ayuntamiento de Cartagena. La administración denegó el acceso alegando que el interesado era parte en el procedimiento y que aplicaba la normativa especial de procedimientos administrativos. El Consejo de Transparencia de Murcia estimó la reclamación.
Se solicitó información detallada sobre beneficiarios, auditorías y resultados de las ayudas del Plan Avanza Formación 2011 al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El reclamante alegó que la respuesta fue ambigua. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información sobre auditorías aún se está elaborando y su acceso podría perjudicar la investigación.
Un ciudadano afectado por una intoxicación alimentaria solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Consumo de La Rioja la identidad del establecimiento responsable. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y límites en la investigación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información está sujeta al límite de prevención de ilícitos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia el desglose por provincias y comunidades autónomas de los certificados de delincuentes sexuales (positivos y negativos). El Ministerio alegó imposibilidad técnica y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el desglose provincial podría permitir la identificación de los afectados, vulnerando su privacidad.
El reclamante solicitó a la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado de Asturias diversos informes de la Fundación Universidad de Oviedo. Alegó que la respuesta fue incompleta y que se ocultaba información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a un dictamen sobre horarios comerciales por no ser información auxiliar.
El ciudadano solicitó acceso a un expediente sancionador al Ayuntamiento de Ames y a la Diputación de A Coruña. La administración denegó la información alegando que el solicitante es denunciante y no interesado legítimo. La Comisión da Transparencia desestima la reclamación por concurrir límites relativos a la sanción de ilícitos y la protección de datos de terceros.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de El Ejido copia de un informe de auditoría externa (2007-2011). Tras la denegación de la copia y la oferta de examen presencial, el interesado alegó incumplimiento de la LTPA. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información es parte de un proceso penal en curso.
La Fundación ¿Hay Derecho? solicitó al Ministerio del Interior el acceso al informe completo sobre lucha contra el crimen organizado, corrupción y fraude. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información sobre corrupción es accesible y que el anuario estadístico no satisface lo pedido.
Se solicitó al SEPBLAC el listado de Personas Expuestas Políticamente (PEP) remitido por la Agencia Tributaria por indicios de blanqueo. El recurrente alegó que se podría solicitar consentimiento a los afectados o que la Directiva UE obliga a la transparencia de sanciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo a la prevención de ilícitos.
El interesado solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo copias digitales de facturas y certificaciones relacionadas con el Instituto para la reestructuración de la Minería del Carbón. Tras alegar inicialmente silencio administrativo, el reclamante desistió de su queja al recibir una denegación expresa de la administración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procede al archivo.
Se solicitó copia de la denuncia y escritos complementarios presentados por el Gobierno español ante la Comisión Europea en 2012 sobre el régimen fiscal de Gibraltar. El Ministerio de Asuntos Exteriores denegó el acceso alegando la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información es parte de un expediente de investigación en curso.
L’eventual concurrència de causes d’inadmissibilitat s’ha d’invocar en el moment de donar resposta a la sol·licitud presentada, dins del termini de resolució que l’ordenament jurídic dóna a l’Administració, essent més que qüestionable la seva al·legació ex post, un cop ja finalitzat el procediment de sol·licitud de la informació i iniciat el de reclamació. L’aplicació de qualsevol causa d’inadmissibilitat ha de ser motivada en atenció a les circumstàncies del cas. A la informació demanada no li pot ser aplicada la condició de notes o altres documents de treball intern sense rellevància o interès públic. El dret d’accés a la informació demanada deriva tant de l’LTAIPBG, com dels principis de transparència i accés a la informació sobre les activitats competents en matèria alimentària i la seva eficàcia establerts pel Reglament CE 882/2004. La divulgació dels resultats de les inspeccions no pot interferir ni impedir la investigació o sanció d’infraccions administratives, atès que ja han estat posats prèviament a coneixement de les persones afectades, a qui l’ordenament garanteix el lliurament de les actes d’inspecció. És qüestionable que mereixin protecció interessos econòmics i comercials que es fonamenten en l’incompliment de prescripcions determinades per l’ordenament jurídic. La difusió de la informació demanada, a més d’emparar-se en la legislació de la transparència i en la normativa comunitària sobre sanitat dels aliments, serveix també els interessos públics dels drets dels consumidors i usuaris i de la protecció de la salut pública. No procedeix aplicar el límit de l’incís final de l’article 23 LTAIPBG perquè la sol·licitud no demana dades personals i perquè les inspeccions assenyalen incompliments, sense arribar a qualificar infraccions. No s’acredita que la divulgació de la informació demanada hagi de comportar una alarma social i un conseqüent risc per a la salut pública.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información sobre los ficheros y garantías de protección de datos de la campaña 'STOP-RADICALISMO'. La administración denegó el acceso alegando seguridad nacional y procesos en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que existe un régimen de acceso específico en la normativa de protección de datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Teguise el acceso a facturas justificativas de subvenciones otorgadas a la Federación de Asociaciones "Virgen de las Nieves". El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la documentación estaba inmersa en diligencias de la Fiscalía. El Comisionado de Transparencia de Canarias desestima la reclamación por considerarla conforme a derecho.
Se presentó un escrito contra el Ayuntamiento de Adeje denunciando la apertura de procedimientos sancionadores. El Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública decide no entrar en el fondo del asunto por considerar que no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública, resultando en la devolución del escrito por incompetencia.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
El interesado presentó un escrito ante la Mesa del Parlamento de Canarias denunciando procedimientos sancionadores iniciados por el Ayuntamiento de Adeje. El Comisionado de Transparencia de Canarias resuelve la inadmisión por improcedencia, al determinar que el escrito no es una reclamación de acceso a la información, sino una denuncia pública ajena a sus competencias.
El interesado solicitó acceso a la documentación de un expediente ante la Delegación del Gobierno en Galicia. Tras recibir una respuesta parcial, reclamó alegando que la información era incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por inadmisión, al considerar que el interesado incurre en un abuso de derecho mediante un ejercicio anormal y reiterado de su derecho.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo información sobre los informes del proyecto Castor y los detalles de su contratación. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en elaboración y por posibles límites de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Se solicitó copia de propuestas, antecedentes y actas sobre el funcionamiento del Servicio de Notificaciones a los Ministerios de Justicia y de Economía, y al Consejo General de los Colegios de Procuradores. Tras un recurso de reposición previo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información está vinculada a un expediente de investigación reservado de la CNMC.
El interesado solicitó acceso a la documentación del expediente S/0434/12 a la CNMC. Tras la denegación de la administración, el reclamante interpuso recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando falta de motivación y errores de procedimiento. El Consejo desestima la reclamación porque la información está protegida por el régimen de secreto de la Ley de Defensa de la Competencia.
Se solicitó al Ministerio de Justicia información estadística sobre expedientes de extradición (activa y pasiva) con Estados Unidos durante los últimos diez años. El interesado alegó que la nueva Ley de Transparencia permite repetir la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere una acción previa de reelaboración.
El reclamante solicitó información sobre actuaciones de la IPSS, una instrucción de quejas y protocolos policiales al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública y funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: concedió el acceso a datos estadísticos y a la instrucción de quejas, pero denegó los protocolos.
El Ayuntamiento de Getafe interpuso un recurso de reposición contra la resolución RDA026/2023 del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, que le obligaba a entregar facturas y documentos de gestión de ingresos. El Consejo inadmitió el recurso por no ser la vía legal pertinente, ya que sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.
El ciudadano solicitó información sobre establecimientos hoteleros con licencias caducadas o pendientes al Ayuntamiento de Benidorm. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando riesgos para la inspección y los intereses económicos. El Consejo de Transparencia analiza si dicha denegación es justificada y proporcionada.
Un regidor solicitó acceso al registro de entrada 2024-E-RE-824 vinculado a un expediente de información reservada al Ayuntamiento de Santa Pola. El Ayuntamiento se negó alegando que el asunto estaba en sede judicial y que la información se daría al finalizar el expediente. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Una Federación solicitó acceso a la documentación técnica y de inspección sobre el Complexo Ambiental de Miramontes-Grixoa a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. La administración denegó el acceso alegando una investigación de la Fiscalía. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación por falta de competencia, al tratarse de información estrictamente ambiental.
El solicitante pidió copia íntegra de los expedientes sancionadores por prevención de blanqueo de capitales (2012-2016) al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. El organismo denegó el acceso alegando el deber de secreto de la Ley 10/2010. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la aplicación de la normativa especial sobre blanqueo.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acta y documentos de una reunión del Comité de Seguridad Vial sobre el bloqueo de la AP-6. El interesado alegó que la inadmisión fue discrecional y que la información no era meramente auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el acta (o justificar su inexistencia) y los documentos base.
701–734 de 734