Solicitud de acceso a acta de inspección y expediente sancionador derivado de accidente laboral y resultado desestimado

RESOLUCIÓN 376/2018 del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Conocimiento y Empleo (Reclamación núm. 441/2017). ANTECEDENTES Primero. El 23 de octubre de 2017 el ahora reclamante presentó un escrito dirigido a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, con el siguiente contenido: “a) Que por medio del presente escrito y en la representación acreditada me persono en las actuaciones seguidas por esa Autoridad Laboral y que tienen su origen en el accidente de trabajo sufrido por mi representada , con fecha 14 de Noviembre de 2076, cuando prestaba servicios para la mercantil XXX. “b) Las actuaciones de la Inspección han tenido como consecuencia, al menos, el Acta nº XXX y Expediente XXX. “c) Que interesa al derecho de esta parte se nos haga entrega de copia autenticada de la referida acta de inspección y de cualquier otra actuación, incluidas expresamente las de naturaleza sancionadora, que pudieran tener su origen en el referido accidente. “d) Que el presente escrito de personación ante ese Organismo se formula siguiendo indicaciones de la Inspección Provincial de Trabajo , contenidas en oficio de fecha salida 13/10/2017, copia del cual se acompaña a este. “ Por todo lo expuesto, “ Solicito de ese Organismo, que habiendo por Presentado este escrito, […] se me tenga por personado en las presentes actuaciones y se acceda a lo solicitado”. Segundo. Con fecha 6 de noviembre de 2017 la Delegación Territorial de la Consejería en Málaga resuelve denegar el acceso a la información con base en lo siguiente: “En relación con su escrito presentado con fecha 23 de octubre de 20L7 solicitando copia autenticada del Acta y Expediente XXX, así como de cualquier otra actuación, incluidas las de naturaleza sancionadora que pudieran tener origen en el accidente sufrido por XXX le comunico que de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas no se puede considerar que XXX tenga la consideración de interesada en el procedimiento administrativo del que usted, como representante, solicita copia. “El articulo 4 refiere que tienen la condición de interesado en el procedimiento administrativo quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos, los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en él se adopte y aquellos cuyos intereses legítimos individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva, En este caso concreto XXX no se encuentra en ninguno de estos supuestos que la normativa establece para ser considerado interesado, ya que ella sufrió un accidente laboral en la empresa XXX y la documentación que nos solicita viene derivada como consecuencia de la actuación inspectora y de las infracciones en materia laboral y de seguridad y salud laboral que la lnspección de Trabajo apreciase que la empresa referida anteriormente haya podido cometer. El Acta de lnfracción solicitada y el expediente no imponen sanciones a la empresa por el accidente de trabajo sufrido por XXX sino por otros posibles incumplimientos de la empresa en las materias expuestas referidas anteriormente. [...] “El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información publica y buen gobierno establece además que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y, en relación con el artículo 15 de la ley citada con anterioridad si la información incluyese datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviese amparado por una norma con rango de Ley. “Por lo tanto, y habiéndose solicitado el acceso a un expediente de carácter sancionador y dado que no lleva amonestación pública al infractor ni se cuenta con el consentimiento del interesado se procede a denegarle el acceso a la información solicitada” Tercero. Con fecha 16 de noviembre de 2017 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la Resolución de la Delegación Territorial de 6 de noviembre, antes citada. Cuarto. Con fecha 4 de diciembre de 2017 se comunica al reclamante la iniciación del procedimiento de resolución de la reclamación. En la misma fecha se solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Quinto. El 20 de diciembre de 2017 tuvo entrada escrito de la Delegación Territorial en el que emite informe al respecto. En cuanto a las alegaciones referidas al acceso a la información objeto de esta reclamación, la Delegación Territorial ratifica su resolución denegatoria con base en el art. 14 e) LTAIBG y añade que “ el presente expediente sancionador se encuentra suspendido en su tramitación por concurrencia judicial”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1 b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Son dos las cuestiones que han de ser abordadas en esta Resolución. La primera de ellas es la pretensión de la reclamante de personarse en el expediente, que fue rechazada por la Delegación al considerar que no tenía la consideración de interesada conforme al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. La segunda cuestión a resolver es si, en efecto, resultan de aplicación al presente supuesto las causas invocadas para denegar el acceso a la información solicitada, a saber, de una parte el artículo 14.1 e) LTAIBG, que permite limitar la información cuando suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, y, de otro lado, el artículo 15.1 LTAIBG, que exige en su segundo párrafo el consentimiento del afectado para conceder el acceso en casos como el presente. Añade el órgano reclamado en el trámite de alegaciones concedido por este Consejo que “el expediente sancionador se encuentra suspendido en la tramitación por concurrencia judicial, de conformidad con el art. 5 del Reglamento general sobre procedimiento para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expediente liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobados por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.” Tercero. En cuanto a la primera cuestión, hemos de señalar que determinar si corresponde o no atribuir al reclamante la condición de interesado en el procedimiento sancionador donde obra la información, así como pronunciarse sobre los efectos que puedan derivarse de dicha atribución, son cuestiones que claramente escapan del ámbito competencial de este Consejo. En efecto, atañe al órgano administrativo en cuestión (por vía voluntaria o porque así se disponga en un pronunciamiento judicial) decidir al respecto, y lo cierto es que, por lo que consta en el expediente, no le ha otorgado tal condición el reclamante; decisión cuya revisión no corresponde a este Consejo al exceder del ámbito objetivo de la LTPA. Debemos limitarnos, por tanto, a examinar el asunto desde la perspectiva del derecho al acceso a la información pública tal y como queda configurado en la legislación en materia de transparencia. Cuarto. En relación con el acceso a la documentación solicitada, el artículo 24 LTPA establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a dicha información que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Además de en el límite que examinaremos en el siguiente fundamento jurídico, el órgano reclamado denegó el acceso basándose en el artículo 15 LTAIBG, relativo a la protección de datos personales. Más concretamente, entendió que la información solicitada incidía en datos de la empresa XXX a los que resulta de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG: “Si la información incluyese [...] datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley.” Ciertamente, no podemos compartir esta decisión del órgano reclamado, toda vez que las personas jurídicas no son titulares del derecho a la protección de datos personales y, por ende, no cabe aplicar este límite cuando se trata de obtener alguna información referente a las mismas. Según venimos argumentando reiteradamente (así, en la reciente Resolución 370/2018, de 18 de septiembre, FJ 3º): “De entrada, debe notarse que el propio tenor literal del precepto que da cobertura constitucional al derecho fundamental a la protección de los datos personales (art. 18.4 CE) ya adopta una fórmula restrictiva en lo concerniente a su titularidad, al ceñir su disfrute a “los ciudadanos”. Por otra parte, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, comienza precisamente acotando de forma explícita su objeto a “garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas…” (art.1 1). Consecuentemente, en esta Ley Orgánica el concepto de “datos de carácter personal” se vincula únicamente con “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables” [art. 3 a)]; la condición de “afectado o interesado” se circunscribe a la “persona física titular de los datos que sean objeto de tratamiento”; y, en fin, a “la protección de las personas físicas” reduce su Disposición Transitoria Primera la competencia de la Agencia de Protección de Datos en relación con los tratamientos creados por Convenios internacionales. Y, como no podía ser de otra manera, el Reglamento de desarrollo de esta Ley Orgánica (Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) anuda exclusivamente con las personas físicas el concepto de “afectado o interesado” y el de “datos de carácter personal” [art. 5.1 a) y f)], y proclama abiertamente en su art. 2.2 que “[e]ste reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas…”. Así pues, a la vista de estas consideraciones, no puede sino llegarse a la conclusión de que en nuestro ordenamiento jurídico no existen “datos personales” de las personas jurídicas a los efectos del derecho derivado del art. 18.4 CE y de la normativa que lo desarrolla [en este sentido, bastará con recordar la STS de 20 de febrero de 2007 (recurso de casación núm. 732/2003) FJ 6º y la STS de 24 de noviembre de 2014 (recurso de casación núm. 3763/2013) FJ 5º].” Por otro lado, y como era lógicamente previsible, el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, que ha devenido inmediatamente aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, no ha introducido la menor novedad sobre este particular. Así es, su objeto se ciñe a establecer “las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales” (artículo 1.1), de tal modo que “protege los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales” (artículo 1.2). En resumidas cuentas, al quedar las personas jurídicas extramuros del derecho a la protección de datos personales y al margen del ámbito objetivo de aplicación de dicho Reglamento europeo y de la LOPD, se hace evidente que no puede basarse en este límite la denegación del acceso a la información en cuestión. Quinto. Diferente ha de ser la valoración respecto del segundo de los límites invocados por el órgano reclamado, a saber, el contenido en el artículo 14.1 e) LTAIBG, que autoriza a desestimar el acceso “cuando la información suponga un perjuicio para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.” Y, según consta en informe emitido al efecto, el expediente sancionador en cuestión se encuentra suspendido por concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal, constando asimismo diligencia de la Fiscalía provincial de Málaga por la que comunica la remisión de actuaciones al Juzgado de Instrucción Decano de Málaga para la incoación de diligencias previas por si los hechos son constitutivos de delito. En estas circunstancias, y no constando resolución por la que se haya dado por concluido el procedimiento, este Consejo no puede sino considerar acertada la decisión de la Delegación Territorial de aplicar el art. 14.1 e) LTAIBG al presente caso, procediendo, consiguientemente, la desestimación de la reclamación. Dicho lo anterior, es de señalar que nada impediría que, una vez concluido el procedimiento sancionador, pudiese solicitarse nuevamente la información, debiendo el órgano correspondiente tramitar el procedimiento para su resolución conforme a las prescripciones de la legislación de transparencia, incluyendo la concesión de trámite de alegaciones a quien pudiera resultar afectado por la difusión de la información, de acuerdo con lo establecido en el art. 19.3 LTAIBG. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Desestimar la reclamación interpuesta por XXX contra la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Conocimiento y Empleo, en cuanto al acceso a la información solicitada, de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento Jurídico Quinto. Segundo. Inadmitir la reclamación en lo que se refiere a la pretensión de la consideración de interesada en el procedimiento administrativo en el que obra la información, de acuerdo con lo expuesto en el Fundamento Jurídico Tercero.