Solicitud de información sobre actuaciones del CSD respecto al presunto espionaje del presidente de la RFEF al presidente de la AFE y archivo por desistimiento

Resolución 191/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 17 de mayo de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Copia de resoluciones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) haya podido dictar tras conocer que el presidente de la RFEF, , utilizó presuntamente fondos de la federación para contratar a una empresa de detectives para que espiara durante cuatro días al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), : requerimiento de información a la federación, denuncia de los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción o cualquier otra medida que haya adoptado el CSD al respecto.» 2. Mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2022, el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, contestó al solicitante lo siguiente: S/REF: 001-068889; 001-068319; 001-068870; 001-069016 N/REF: R/0481/2022; 100-006908 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Cultura y Deporte/CSD Información solicitada: Contrato con una empresa para espiar al Presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) «En relación con las cuestiones planteadas, cabe indicar como supuesto previo, que de conformidad con lo que establece la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, (Ley del Deporte en lo sucesivo), el CSD organismo autónomo de carácter público vinculado al Ministerio de Cultura y Deporte, ejerce determinadas competencias de mera tutela en relación con las federaciones deportivas españolas y actúa únicamente en ese sentido conforme a lo que le mandata la cita Ley y el resto del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, cabe indicar que las federaciones deportivas españolas según la citada Ley 10/1990 y el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones deportivas españolas, son entidades privadas dotadas de personalidad jurídica propia que se regulan de acuerdo a sus propios Estatutos cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte. Las federaciones deportivas españolas no forman parte del CSD, ni son parte de la Administración General del Estado ni tienen consideración de Administración Pública. Efectuadas estas necesarias consideraciones, en lo referido a las cuestiones por la que se interesa el solicitante y en el supuesto de que fueran competencia del CSD, el Presidente del CSD ha remitido escrito-conocido públicamente- al Presidente de la Real Federación Española de Fútbol y que se acompaña de esta resolución, con lo que con ello se daría satisfacción a la petición del solicitante. Cabe matizar que respecto a la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, debe indicarse al solicitante que de esta competición es responsable la Real Federación Española de Fútbol no siendo el CSD competente ni en su organización ni en su celebración. El solicitante plantea otra serie de cuestiones a raíz de informaciones periodísticas publicadas y referidas a eventuales actuaciones que podría llevar a cabo el CSD en la prevención, investigación y eventual sanción en el ámbito administrativo o determinadas actuaciones en las funciones de vigilancia, inspección y control, procede añadir, siempre que sean de su competencia. Dado que el solicitante fundamenta su solicitud en la LTAIBG, debe conocer que, con el fin de asegurar todas las garantías propias de una actuación como la que hipotéticamente plantea el solicitante, la LTAIBG establece en su artículo 14 como límite del derecho de acceso a la información tanto las labores de prevención, investigación y sanción como el ejercicio de las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. De todo lo expuesto, procede por tanto estimar la pretensión del solicitante en los términos contenidos en la presente resolución.» 3. Mediante escrito registrado el 30 de mayo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido: «El CSD ha dado respuesta en una única resolución a varias solicitudes de información (numeradas como 001-68319, 001-68870, 001-68889 y 001-69016) formalizadas por este periodista a fin de conocer las resoluciones que haya podido adoptar a raíz de trascender las presuntas irregularidades en la gestión del presidente de la RFEF, El organismo público me facilita una carta enviada por José Manuel Franco al presidente de la RFEF el 19 de mayo de 2022, pero alude a uno de los límites previstos en el artículo 14 de la Ley de transparencia para -he de interpretar- no ofrecer más información. Se trata de una invocación genérica que no colma las exigencias ni de este CTBG ni de la jurisprudencia. No basta con citar el supuesto límite, sino justificar por qué si se accede a facilitar otros documentos se produciría un perjuicio a la investigación y prevención. Y es evidente que eso no lo hace el subdirector general de Alta Competición en su contestación. Por todo ello, ruego al CTBG que se declare competente, admita a trámite esta reclamación y dicte resolución estimatoria al no concurrir el límite citado.» 4. Con fecha 30 de mayo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas; lo que efectuó mediante escrito recibido el 7 de junio de 2022 en el que se pone de manifiesto lo siguiente: «(…) En relación con estas cuestiones, que como el reclamante indica, obedecen a diversas informaciones periodísticas, se ha contestado con la carta que el Presidente del CSD dirigió en fecha 19 de mayo de 2022 al presidente de la entidad privada RFEF, dado que es la única información que consta al respecto. Adicionalmente se ha informado al reclamante que la Supercopa de España es una competición de la que únicamente es responsable la entidad privada RFEF no siendo el CSD competente ni en su organización ni en su celebración. No ha estimado preciso matizar al reclamante que las cuestiones referidas a los gastos de alquiler de vivienda del presidente de la RFEF los fija la asamblea de la entidad privada RFEF, y por tanto no son competencia del CSD. Si ha considerado preciso el CSD en este punto recordar al ahora reclamante, que de conformidad con lo que establece la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, (Ley del Deporte en lo sucesivo), el CSD, organismo autónomo de carácter público vinculado al Ministerio de Cultura y Deporte, ejerce competencias de mera tutela en relación con las Federaciones Deportivas Españolas y actúa únicamente en ese sentido conforme a lo que le mandata la citada Ley y el resto del ordenamiento jurídico. También ha estimado oportuno recordarle el CSD al actual reclamante, que según la mencionada Ley del Deporte y el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, de Federaciones deportivas españolas y registro de asociaciones deportivas, las federaciones deportivas españolas son entidades privadas dotadas de personalidad jurídica propia que se regulan de acuerdo a sus propios Estatutos cuyo ámbito de actuación se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarrollo de las competencias que le son propias, integradas por federaciones deportivas de ámbito autonómico, clubes deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, ligas profesionales, si las hubiese, y otros colectivos interesados que promueven, practican o contribuyen al desarrollo del deporte. Las federaciones deportivas españolas no forman parte del CSD, ni son parte de la Administración General del Estado ni tienen consideración de Administración Pública. Como se sostuvo anteriormente, es importante considerar que el ahora reclamante, plantea cuestiones a este organismo en forma de hipótesis a partir de informaciones periodísticas. Ante lo planteado en esta segunda solicitud, el CSD resolvió estimando la pretensión del solicitante, que tal y como se ha indicado para la anterior solicitud, supuso entregar la carta que el Presidente del CSD remitió el 19 de mayo de 2022 al presidente de la entidad privada RFEF, única información que consta al respecto y entendiendo con ello, satisfecha su pretensión. No obstante, dada la insistencia y preocupación del solicitante, lo que hace el CSD es recordarle que en lo referido a las actuaciones que sugiere hipotéticamente el solicitante, no las sugiere el CSD, procede repetirlo, no es el CSD, sino el solicitante y ahora reclamante el que sugiere eventuales actuaciones, estas serían materias referidas tanto a la prevención, investigación y eventual sanción en el ámbito administrativo, y que de producirse, y siempre que fueran de su competencia, añade el CSD, estarían sujetas a los límites al derecho de acceso que establece la LTAIBG. En consecuencia, como ya se anticipó en los presupuestos iniciales, la resolución no dice en ningún momento que se le deniegue acceso a la información sobre la base del artículo 14 de la LTAIBG, más bien al contrario, se concede la información disponible y simplemente se aclaran dudas de carácter procedimental ante lo manifestado por el reclamante. En relación con la tercera solicitud, y que como el reclamante sostiene se refiere igualmente a informaciones periodísticas, el CSD, no puede más que, y sin intención de ser exhaustivo, emitir más argumentos que los ya manifestados anteriormente pero que se hace preciso reproducir. En relación con la cuarta solicitud el CSD, no puede más que, y sin intención de ser exhaustivo, emitir más argumentos que los ya manifestados anteriormente pero que se hace preciso reproducir.» 5. El 8 de junio de 2022, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 8 de junio de 2022, se recibió escrito en el que, en lo que aquí interesa, manifiesta que: «(…)Aceptando que el CSD me ha facilitado el único escrito que ha enviado al presidente de la RFEF por los hechos por los que se preguntaba, por medio del presente escrito formalizo mi desistimiento a la reclamación que se instruye en este expediente una vez expuestas las observaciones que aquí se contienen.» II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la copia de resoluciones que el Consejo Superior de Deportes (CSD) haya podido dictar tras conocer que el presidente de la RFEF utilizó fondos de la federación para contratar a una empresa de detectives para que espiara durante cuatro días al presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), formulada en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. El organismo requerido dictó resolución facilitando parte de la información requerida y, en fase de alegaciones en este procedimiento, puntualiza que no tiene más información que la ya suministrada. Por su parte, el interesado acepta las explicaciones proporcionadas y manifiesta expresamente su voluntad de desistir de esta reclamación. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según cuyo tenor: «1. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. 2. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. 3. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. 4. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. 5. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.» En consecuencia, recibido en el Consejo de Transparencia el desistimiento expreso del reclamante y no habiéndose personado en el procedimiento terceros interesados que insten su continuación, ni existir causas que permitan limitar sus efectos, debe darse por finalizado el actual procedimiento de reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ARCHIVAR la reclamación presentada por frente al CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, del MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez