Reclamación sobre el acceso a la documentación justificativa de una subvención directa concedida a Cruz Roja por el Ministerio del Interior

Página1de 10 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 10 de abril de 2023 la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «Que en virtud de la subvención directa concedida a la Cruz Roja en virtud de la Orden INT/1268/2022, de 11 de diciembre para el ejercicio presupuestario 2022 por importe de 1.125.000,00 euros, con cargo al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 16.02.132A.482 del presupuesto de gastos del Ministerio del Inte rior de 2022, para realizar programas asistenciales en los Centros de Internamiento de Extranjeros, se solicita: S/REF:001-078628 N/REF:2029-2023 Fecha:La de firma. Dirección: ERIO DEL INTERIOR. Información solicitada:Concesión directa subvención Cruz Roja. R CTBG Número: 2024-0063 Fecha: 19/01/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente - Memoria de actuación justificativa con indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados obtenidos, mostrando el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, - Memoria económica justificativa del coste total de todas las actuaciones realizadas, incluyendo una relación detallada de los gastos y pagos, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago - Relación detallada de otros ingresos, ayudas o subvenciones que hayan financiado las actuaciones subvencionadas con indicación de su importe y procedencia. - En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado el beneficiario a contratistas o proveedores de obras, suministros o servicios. - En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses de demora derivados de los mismos. Esta documentación forma parte de la que debe entregar de manera obligatoria antes del 31 de marzo de 2023 conforme a lo previsto en el artículo 72 del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre». 2. El MINISTERIO DEL INTERIOR dictó resolución con fecha 9 de mayo de 2023 en la que contestó a la solicitante lo siguiente: «La documentación solicitada, y prevista conforme a lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ha sido facilitada antes del 31 de marzo de 2023. Dicha documentación, que forma parte del expediente administrativo y contable, está siendo objeto de verificación por parte del Órgano concedente. Facilitar la citada documentación, que está siendo actualmente objeto de revisión por el órgano concedente, y por tanto no se ha mostrado conformidad con la misma a fecha de la solicitud de información, podría dar lugar a un juicio público paralelo a las actuaciones de control, e investigación en su caso, lo que supondría un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, así como para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, en su caso. Asimismo, la información solicitada implica facilitar datos de terceros lo que podría suponer un incumplimiento de la normativa relativa a la Protección de Datos. R CTBG Número: 2024-0063 Fecha: 19/01/2024 Por ello, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.1.a) de la LTAIPBG, al encontrarse en curso de elaboración se inadmite la información solicitada. Del mismo modo, y conforme a lo señalado, son de aplicación los artículos 14.1. e) y g) de la citada LTAIPBG». 3. Mediante escrito registrado el 6 de junio de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto lo siguiente: « (…) En este sentido, no se trata de que la información esté “en curso de elaboración o de publicación”, tal y como dice el literal del artículo 18.1.a) de la Ley de transparencia para motivar la inadmisión a trámite, sino que está siendo objeto de las comprobaciones que legalmente se establecen para el control del cumplimiento de las actividades subvencionadas (artículo 84 y ss del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio). De hecho, la información solicitada debió ser entregada antes del 31 de marzo del 2022, tal y como se establece en la propia concesión de la subvención. No dudamos que el ministerio al que nos dirigimos tiene que comprobar la realización por los beneficiarios (en este caso, la Cruz Roja) de las actividades subvencionadas, tal y como indica el artículo 85 del Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones. Para ello, el Ministerio debe regirse por lo establecido en su “plan anual de actuación para comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas”, estando vigente en este momento el aprobado por la Orden INT/1283/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior para el periodo 2021- 2023. Sin embargo, el mismo no contempla indicadores, ni los principales aspectos a comprobar ni el momento de su realización. A pesar de ello, el 18 de abril de 2023 se publicó el Informe del Ministerio del Interior sobre el grado de avance de la aplicación del plan estratégico de subvenciones del ministerio del interior para el período 2021-2023, a 30 de diciembre de 2022 y su actualización (MARZO 2023). En el mismo, se contemplan el grado de avance y cumplimiento del plan y seguimiento de las subvenciones correspondientes. En este sentido, y en relación con la línea de subvención a la Cruz Roja Española para programas asistencia en CIES, indican dentro de los resultados del ejercicio de 2022 que se ha ejecutado el 100% del presupuesto. (…) Tras la mencionada información, concluyen que la “Cruz Roja ha realizado las actividades en consideración a las cuales se conceden las subvenciones en la forma, condiciones y plazo siguientes”, aportando la información necesaria para su evaluación (…). Por lo tanto, todo lo anterior nos lleva a concluir que la información solicitada existe y ya ha sido evaluada por la administración responsable, la cual ha hecho público la conclusión de cumplimiento de los requisitos establecidos. El contenido del mencionado informe contradice el motivo de la inadmisión a trámite, pudiendo llegar a considerar un obstáculo de acceso a la información pública en caso de que no se cuente con una explicación que motive la inadmisión que se recurre. (…) Principalmente, la intención de esta parte es conocer las actividades que la Cruz Roja lleva a cabo en los distintos Centros de Internamiento de Extranjeros como responsable de los servicios de asistencia social y cultural en estos centros (artículo 15 del Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo) y por los que viene recibiendo una subvención del Ministerio del interior desde hace más de seis años. Además, según la normativa citada que regula el funcionamiento de los Centros de internamiento de extranjeros, deben contar con planes o proyectos de actuación para el desempeño de los mencionados servicios, pudiendo entender que la información solicitada contempla los mencionados planes. (…) De otro lado, se cita adicionalmente el artículo 14.1.e) y g) de la LTAIPBG porque entiende que “la información solicitada implica facilitar datos de terceros lo que podría suponer un incumplimiento de la normativa relativa a la Protección de Datos”. Habría que distinguir los dos aspectos que trae a colación, la limitación del artículo 14 y el posible conflicto con la protección de datos. (…) En primer lugar, el artículo 14.1 de la LTAIPBG (…). Esta parte no se muestra de acuerdo con ello, ya que se trata de una subvención que ya se encuentra evaluada y cuyas conclusiones ya está publicadas. (…) Es el artículo 15 de la normativa de transparencia el que regula qué hacer en los supuestos en que la información solicitada pueda afectar a la protección de datos de carácter personal. (…) Es decir, que en caso de que se considere que la información solicitada pueda afectar a este derecho no se aplica una limitación absoluta a la información solicitada, sino que permite ponderar cada situación y, en caso de ser necesario, evitar únicamente aquella información que pueda afectar al derecho a la protección de datos de carácter personal. Incluso, el apartado cuarto añade que siempre que sea posible hacer una disociación de los datos de carácter personal para evitar la identificación de las personas afectadas, no se hace necesario aplicar ponderaciones o límites mencionados anteriormente. Por lo que justificar la inadmisión a la solicitud de información en este motivo sin mayor justificación que la cita del artículo 14 (que, además, no guarda relación con el conflicto con la protección de datos), resulta incongruente. Para mayor abundamiento, hay que tener presente que la información que se solicita en el expediente no hace referencia alguna a datos personales, sino a la documentación consistente en la memoria justificativa de la actividad llevada a cabo por una entidad que ha sido beneficiaria de una subvención de carácter público. (…)». 4. Con fecha 7 de junio de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 19 de junio de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: «La documentación recibida por parte de Cruz Roja Española para justificar la subvención en cuestión, no había sido objeto de verificación a fecha de la solicitud de la ciudadana. El volumen de documentación recibido para su verificación, a partir de la recepción de la misma, es ingente de modo que, con los recursos humanos de esta Secretaría de Estado de Seguridad, no se puede llevar a cabo sin que se produzca un quebranto de las funciones ordinarias propias de la misma, motivo por el cual se ha contratado una empresa que está llevando a cabo su verificación. Así, a título de ejemplo, en relación a Gastos de Personal hay más de 2.500 registros con datos de personas físicas y en relación a Otros Gastos de Administración, Mantenimiento y Servicio, más de 815 con datos de empresas y trabajadores autónomos. La empresa fue contratada mediante un contrato menor con número de expediente M00023SGP006 y se puede consultar en la plataforma de contratación en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal /plataforma A este respecto, es preciso mencionar también la resolución RT/0193/2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que se desestima la reclamación planteada, al concurrir la inadmisión prevista en el artículo 18.1.a) de la LTAIPBG por un supuesto similar al no haberse procedido a la comprobación de la documentación, memorias técnicas, económicas y facturas presentadas... no habiéndose mostrado conformidad con la justificación presentada a fecha de la solicitud realizada. Asimismo, y al objeto de cumplir la normativa relativa a la Protección de datos personales, de toda la documentación recibida no cabe llevar un proceso de disociación de datos personales, de cada una de las memorias y documentos justificativos, como datos identificativos, de nombres, de nóminas,... ya que, como señalamos anteriormente, dado el elevadísimo volumen de documentos justificativos y los medios personales disponibles en esta Secretaría de Estado, designar a esta actuación los recursos humanos disponibles supondría un menoscabo de las tareas ordinarias asignadas a este órgano y requeriría la contratación de otra entidad para su disociación y realización. Finalmente y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, facilitar la citada documentación, que está siendo objeto de revisión por el órgano concedente, y por tanto no se ha mostrado conformidad oficialmente con la misma a fecha de la solicitud de información, podría dar lugar, con una información parcial, a un juicio público paralelo a las actuaciones de control, e investigación en su caso, lo que supondría un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, así como para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, en su caso». 5. El 20 de junio de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. Consta la recepción de la notificación con fecha 21 de junio de 2023, sin que, en el momento de elaborarse la presente resolución, haya presentado alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información sobre la concesión directa de una subvención a la entidad Cruz Roja para la realización de programas asistenciales en los centros de internamiento de extranjeros. El Ministerio requerido resolvió denegar el acceso a la información solicitada por cuanto la misma está siendo objeto de verificación por parte del órgano concedente, no habiéndose, de momento, mostrado conformidad con la misma. Facilitar la documentación, en consecuencia, podría dar lugar a un juicio público paralelo a la mencionada actuación de revisión. En concreto, invoca la concurrencia del límite del artículo 18.1.a) LTAIBG, de los límites de las letras e) y g) del artículo 14 LTAIBG, así como la afectación de datos de carácter personal. 4. Sentado lo anterior, corresponde verificar concurre la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG por la Administración, partiendo de la premisa, tantas veces reiterada por este Consejo, de la amplia formulación del derecho constitucional de acceso a la información y la consecuente interpretación estricta, cuando no restrictiva, de los límites y de las causas de inadmisión previstas en los artículos 14 y 18 LTAIBG que, en todo caso se aplicarán ponderando los diversos intereses concurrentes y de forma proporcionada —por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI: ES:TS:2017:3530)— . Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre el alcance de la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG que permite inadmitir solicitudes de acceso respecto de información que está en curso de elaboración y de publicación general. Así, en la resolución R/0324/2018, se puso de manifestó que la citada causa de inadmisión «(…) debe entenderse relacionada con el hecho de que la información está elaborándose o cuya publicación general está siendo preparada. Lo que está implícito en esta causa de inadmisión es que la información aún no está elaborada (por lo que no se incluiría dentro del propio concepto de información pública del artículo 13 de la LTAIBG) o que la misma va a ser publicada de tal manera, que, en un plazo de tiempo razonable, pueda ser accesible con carácter general». En definitiva, la causa de inadmisión invocada permite inadmitir aquellas solicitudes de acceso a información que no está aún acabada, pero que ha de estarlo próximamente; esto es, que está todavía en fase o en curso de elaboración o de publicación. 5. Para analizar la concurrencia de esta causa de inadmisión en la presente reclamación, es preciso acudir a la naturaleza de la información solicitada, la cual puede ser reconducida, en su totalidad, al contenido de la cuenta justificativa de la subvención otorgada. A estos efectos, la naturaleza de la cuenta justificativa viene determinada por lo que establece el artículo 30.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según el cual la rendición de la misma «constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública», debiendo incluir, salvo mención diferente de las bases reguladoras, la «declaración de las actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de los gastos incurridos», y siendo necesaria su presentación, como máximo, «en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad». Por su parte, en el artículo 32 del mencionado texto legal se añade que «[e]l órgano concedente comprobará la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cu mplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención». Desde este punto de vista, la finalidad de la cuenta justificativa es la correcta justificación de la subvención por parte del beneficiario, en relación con la adecuada utilización de los fondos entregados (o por entregar, en su caso), tanto en términos de la realización efectiva de la actividad, como en lo referido a la adecuada realización de los gastos efectuados. Esta cuenta, en el momento en que se produce su presentación por el sujeto subvencionado, no puede ser considerada como un documento terminado, por cuanto falta la comprobación de su corrección que debe realizar el órgano concedente. En definitiva, el documento terminado sería una cuenta justificativa que ya haya sido aprobada por el órgano competente. La aplicación de la doctrina reseñada en el fundamento anterior a este supuesto conduce a la desestimación de esta reclamación en la medida en que la aplicación del del artículo 18.1.a) LTAIBG, en relación con lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, está justificada. Así, en el momento de solicitarse la información no concurrían los presupuestos establecidos en el artículo 13 LTAIBG para considerar una información como pública, en la medida en que la documentación solicitada por la reclamante estaba siendo objeto de verificación por parte del órgano concedente. 6. En conclusión, con arreglo a lo expuesto, procede desestimar la reclamación sin que resulte necesario pronunciarse sobre las demás cuestiones suscitadas. Todo ello sin perjuicio de recordar que la causa de inadmisión invocada, por su naturaleza, tiene una vigencia temporalmente limitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez