Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre el archivo parcial de una denuncia disciplinaria y actuaciones del protocolo de acoso laboral. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación. Concedió el acceso a la parte archivada de la denuncia, con disociación de datos, por interés público y falta de régimen específico. Denegó el acceso a la información del protocolo de acoso laboral vinculada a un expediente disciplinario en curso al momento de la solicitud, aplicando el límite de perjuicio a la investigación.
D. XXX solicitó a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte información del Registro de infractores en turismo de Castilla y León, incluyendo datos completos de personas jurídicas y estadísticos de físicas. La Consejería denegó parcialmente, alegando límites. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los datos estadísticos de infracciones y sanciones de personas físicas y jurídicas. Para la identificación de personas jurídicas infractoras, se retrotrae el procedimiento para dar audiencia a terceros, al no aplicar los límites de protección de datos ni de investigación a expedientes finalizados.
El solicitante pidió facturas y convenios de asistencia mecánica de la Guardia Civil de Ourense (2019-2023). El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que el interesado es un solicitante abusivo tras haber presentado unos 600 escritos previos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que el uso del derecho es desproporcionado y carece de finalidad seria.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla el expediente completo de un procedimiento de acoso escolar, incluyendo correos electrónicos y la identidad de funcionarios. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información siempre que se disocien los datos de terceros y se proteja la intimidad de los menores.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior historiales de facturas y convenios de asistencia mecánica de vehículos de la Guardia Civil de Ourense (2019-2023). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud por considerarla abusiva, debido a las aproximadamente 600 peticiones previas del mismo solicitante y la desproporción de la información requerida.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo informes sobre un accidente laboral mortal de un bombero. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. La administración alegó inadmisión por ser información auxiliar y la existencia de un régimen de sigilo especial en la LOITSS. El CTBG ha decidido suspender la resolución hasta que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación sobre la materia.
El reclamante solicitó información sobre sanciones y expedientes de inspección de las empresas Big Four al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de sigilo en la LOITSS. El Consejo de Transparencia ha decidido suspender la resolución hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la cuestión jurídica de fondo.
Un solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social información detallada sobre sanciones, pagos y expedientes de inspección a cuatro grandes consultoras. La ITSS denegó el acceso. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación, a la espera de que el Tribunal Supremo determine si la normativa específica de la Inspección de Trabajo excluye la aplicación de la Ley de Transparencia en estos casos.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social copia de informes sobre un accidente laboral mortal de un bombero. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación. La decisión se debe a que existe un recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo (RCA 6875/2024) que debe determinar si la Ley 23/2015 establece un régimen específico de acceso a la información que excluya la Ley de Transparencia.
Se solicitó información a la Inspección de Trabajo sobre investigaciones a consultoras y documentación de multas. La administración denegó el acceso alegando deber de sigilo y límites en la prevención de ilícitos. El CTBG ha decidido suspender la resolución debido a un recurso de casación pendiente ante el Tribunal Supremo que determinará si la normativa de la ITSS desplaza a la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a la documentación de un expediente de inspección. La administración denegó el acceso alegando un régimen de sigilo especial derivado de la Ley 23/2015. El Consejo de Transparencia decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre la naturaleza de dicho régimen especial.
Se solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la investigación finalizada y documentación de multas impuestas a consultoras (Deloitte, PwC, KPMG, EY). El CTBG suspende la resolución de la reclamación de acceso, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre si los artículos 10 y 20.4 de la Ley 23/2015 constituyen un régimen específico de acceso que excluya la Ley de Transparencia.
Se solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social documentación de un expediente sobre el impago de una guardia médica y cambios en condiciones laborales. El Consejo de Transparencia suspende su resolución, a la espera de que el Tribunal Supremo determine si los artículos 10 y 20.4 de la Ley 23/2015 constituyen un régimen específico de acceso a la información que excluya la aplicación de la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó a la ITSS el informe y resolución de una inspección a la mutua MAZ MCSS Nº11 y un manual de botiquines. La ITSS denegó el acceso. El reclamante interpuso un recurso de reposición, que se desestimó por silencio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque, al haberse interpuesto ya un recurso de reposición, la reclamación ante el Consejo no procedía, siendo la vía contencioso-administrativa la siguiente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Getafe expedientes de construcción y actividad de varios locales y 53 negocios de hostelería. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación: concede el acceso a los expedientes de los locales específicos, pero deniega la información de los 53 negocios por requerir reelaboración y afectar a funciones de inspección y sanción.
La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) solicitó al Departament d'Interior datos sobre accidentes de caza con heridos o muertos en los últimos 30 años. La GAIP estima parcialmente la solicitud: accede a datos de fallecidos (fecha, municipio y motivo) porque la protección de datos no afecta a difuntos, pero deniega los datos de heridos y la causa de muerte por riesgo de identificación indirecta.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia del registro de entrada 2024-E-RE-1765. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que formaba parte de un expediente reservado y que el asunto estaba en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal a dicha información.
Un regidor del Ayuntamiento de Santa Pola solicitó acceso a un registro de entrada vinculado a un expediente de información reservada. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que el asunto se encuentra en sede judicial. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, reconociendo el derecho de acceso del concejal por su condición de representante político.
La Asociación de Vecinos solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián copia de 5 expedientes sancionadores. El Ayuntamiento estimó parcialmente, denegando uno por estar en fase de instrucción (Art. 14.1.e LTAIBG). La Asociación reclamó, alegando que el perjuicio habría decaído y que los infractores ya conocerían la información. La Comisión estima la reclamación, ordenando entregar el expediente denegado, al considerar que el límite no aplica si la información ya es conocida por los presuntos infractores.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior estadísticas de detenciones y actuaciones policiales durante el Orgullo Gay 2024 y acceso a informes policiales de vandalismo y desórdenes públicos. El Ministerio concedió acceso parcial a estadísticas generales y denegó los informes por ser parte de actuaciones judiciales. El Consejo desestimó la reclamación, argumentando que las estadísticas requerían reelaboración (Art. 18.1.c LTAIBG) y los informes afectaban investigaciones en curso (Art. 14.1.e LTAIBG).
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de dos registros de entrada relacionados con denuncias de acoso laboral. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información (con disociación de datos personales) por prevalecer el derecho reforzado de acceso de los cargos electos.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar el acta policial y el expediente relativos a un vertido de residuos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y posible investigación en curso. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información anonimizando los datos de los representantes de la empresa afectada.
Un solicitante pidió al Ministerio de Industria y Turismo diversa información sobre el Parador de Baiona (documentos, titularidad, contratos, estadísticas, datos financieros y un inventario de bienes). El Ministerio proporcionó parte de la información, denegó otra por no disponer de ella, requerir reelaboración o aplicar límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, desestimando las peticiones nuevas o sobre información inexistente, pero instando a entregar el inventario actualizado de bienes muebles y artísticos sin su localización física exacta.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid documentación sobre software depositado ante notario, invitaciones a congresos, registro de marcas de una cátedra y seguros de responsabilidad civil. La reclamante alegó que no se perjudicaría la investigación penal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por prevalecer la reserva de las actuaciones judiciales.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid acceso a acuerdos de colaboración, memorias económicas y documentación sobre la supresión de un Máster. La reclamante alegó que la denegación era una interpretación extensiva de los límites legales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación porque la información está sujeta a una investigación penal y parlamentaria en curso.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid información detallada sobre el coste, actividades y personal del Proyecto Transforma TSC. La interesada alegó que la denegación era una interpretación extensiva de los límites legales. El Consejo de Transparencia y Protección Datos desestimó la reclamación por existir una investigación penal y parlamentaria en curso.
Se solicitó a la Universidad Complutense de Madrid información detallada sobre la composición, actas, presupuestos y acuerdos de una cátedra. La interesada alegó que la denegación era una interpretación extensiva de los límites legales. El Consejo de Transparencia y Protección Datos desestimó la reclamación por existir una investigación penal y parlamentaria en curso sobre dicha documentación.
Una persona solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) diversas actuaciones, expedientes e informes. La GAIP resuelve que parte de la solicitud ha perdido objeto por haber sido satisfecha, mientras que desestima el acceso a un informe de investigación por contener datos personales sensibles y a otro documento por no ser información pública al ser de naturaleza judicial.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las resoluciones sancionadoras contra aerolíneas (Ryanair, Vueling, Volotea, easyJet) por cobro de equipaje de mano y otras prácticas. El Ministerio denegó el acceso extemporáneamente, alegando límites por procedimientos no firmes e intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haber respondido el Ministerio en plazo legal, sin entrar en el fondo de los límites.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de un registro de entrada relativo a un recurso de reposición. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, considerando que los límites alegados por el Ayuntamiento no son aplicables a los cargos electos en el ejercicio de sus funciones.
Un concejal del Grupo Municipal Socialista solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola copia de tres registros de entrada relacionados con hechos en el Negociato de Rendes i Exaccions. El Ayuntamiento no respondió inicialmente y luego alegó límites de investigación. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por considerar que dichos límites son inaplicables a cargos electos.
Se solicitó al Servicio Andaluz de Salud copia de la resolución de apertura de una información reservada, la identidad del tramitador y sus actuaciones. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación parcialmente, obligando a notificar el acceso a la identidad del tramitador y a la resolución de apertura, mientras mantiene la denegación de las actuaciones por afectar a un proceso disciplinario en curso.
Se solicitó al Colegio de la Abogacía de Sabadell las facturas anonimizadas del TOAD (2023) y del SOJ (2018-2023). El organismo alegó prejudicialidad penal por una investigación judicial en curso. La GAIP estima la reclamación porque el proceso judicial fue archivado y la APDCAT confirmó que el acceso a datos pseudonimizados no vulnera la protección de datos.
Una persona solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena el nombre, apellidos, experiencia, formación y posible vinculación del adjudicatario de una plaza de responsable de mantenimiento. La APC denegó el acceso alegando protección de datos y un proceso judicial penal de la solicitante. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del nombre, apellidos, experiencia y formación del adjudicatario, pero no la información sobre vinculaciones.
Una persona física solicitó al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya facturas, cheques y datos contables de un instituto. A pesar de un acuerdo inicial en mediación, el organismo de transparencia (GAIP) desestima la reclamación porque la información forma parte de expedientes sancionadores en curso, prevaleciendo la protección de la labor inspectora.
Una persona solicitó diversos documentos y actuaciones a la Mancomunidad de Municipios Bahía de Cádiz. Tras la denegación de la entidad, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación solicitada, pero inadmitiendo las peticiones que requerían actuaciones físicas y no documentos.
Se solicitó al Departamento de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Catalunya el acceso a un expediente de inspección. El solicitante alegó falta de motivación en la denegación inicial y errores en la gestión del expediente. La GAIP desestimó la reclamación porque el procedimiento de investigación sigue abierto, aplicando el límite legal sobre investigaciones en curso.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola acceso a un registro de entrada y detalles sobre medidas adoptadas tras una reunión sobre el Negociato de Rendes i Exaccions. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, rechazando el límite de investigación de ilícitos por la condición de cargo electo del solicitante.
Se solicitó a la Dirección General de Eventos e Instalaciones Deportivas de la Junta de Andalucía la cuenta justificativa de una subvención al Estadio de La Cartuja SA. El reclamante alegó falta de test de daño. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información está bajo secreto de sumario en un proceso penal en curso.
Un ciudadano solicitó a la AEPD acceso al expediente de una reclamación de protección de datos sobre videocámaras. La AEPD denegó el acceso alegando que el procedimiento estaba en curso y el solicitante no era interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, justificando la denegación de acceso en que el expediente se encuentra en fase de actuaciones previas de investigación, y su divulgación podría perjudicar el buen fin de la investigación, conforme al artículo 14.1.e) LTAIBG.
Se solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) el acceso a un expediente de investigación. El reclamante alegó que su derecho de acceso estaba reforzado y criticó la aplicación de la ley. La GAIP desestimó la reclamación porque la información está sujeta a un procedimiento de investigación en curso, aplicando el límite legal relativo a la sanción de infracciones.
La entidad DEPANA solicitó al Departamento de Interior información sobre accidentes de caza de los últimos 30 años y sus atestados. La administración alegó falta de herramientas informáticas previas a 2015 y competencia judicial de los atestados. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar los datos disponibles y atestados administrativos, excluyendo los judiciales.
Se solicitó a la Secretaría General de Medio Ambiente, Cambio Climático y Economía Azul el Manual de Campo para la Investigación de Incendios. La entidad denegó el acceso alegando riesgos para la investigación de ilícitos y el medio ambiente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega parcial del manual.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número anual de policías infiltrados (2000-2023). El Ministerio denegó la información alegando perjuicio para la investigación penal y secreto oficial. El reclamante argumentó que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ya había estimado una solicitud similar. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que el Ministerio justificó adecuadamente el límite de perjuicio para la prevención e investigación de ilícitos penales.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el informe y expediente íntegro de las Informaciones Previas 6 y 7/2023 sobre el Servicio de Farmacia de Segovia. Tras la denegación inicial, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación al considerar que el acceso perjudicaría la investigación y el restablecimiento del clima laboral del servicio.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell los escritos intercambiados con la Oficina Antifrau de Catalunya desde 2020. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que debe entregarse la información previa revisión individual de documentos y anonimización de datos personales.
Un solicitante pidió al Ministerio del Interior información sobre vacantes no cubiertas y puestos en comisión de servicio en la Policía Nacional. El Ministerio denegó el acceso alegando seguridad nacional, pública y secreto oficial. El reclamante argumentó que la denegación no estaba justificada y que, como funcionario, le afectaba directamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada está clasificada como secreto oficial, lo que desplaza la Ley de Transparencia y excede su competencia.
Ryanair DAC solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social acceso a las denuncias presentadas por los sindicatos USO y SITCPLA sobre cesión ilegal de trabajadores. El Ministerio denegó la solicitud y los sindicatos alegaron protección de datos, privacidad, libertad sindical y pérdida sobrevenida de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de los datos personales, al considerar que no se vulneran los límites legales ni los derechos fundamentales.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el expediente íntegro y el informe de dos informaciones previas sobre conflictos laborales en el Servicio de Farmacia de Segovia. Tras la denegación inicial, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la investigación y la restauración del clima laboral.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya informes de inspección y la relación de visitas al Institut de les Margues. El reclamante alegó falta de transparencia y entrega incompleta. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la Administración justificó correctamente los límites aplicados y entregó toda la información disponible.
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