Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
D.ª XXX solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla y León el expediente íntegro y el informe de dos informaciones previas sobre conflictos laborales en el Servicio de Farmacia de Segovia. Tras la denegación inicial, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación por considerar que el acceso perjudicaría la investigación y la restauración del clima laboral.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya informes de inspección y la relación de visitas al Institut de les Margues. El reclamante alegó falta de transparencia y entrega incompleta. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la Administración justificó correctamente los límites aplicados y entregó toda la información disponible.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el listado de expedientes sancionadores abiertos a aerolíneas (2022-2024), incluyendo fechas, motivos, nombres y multas. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los nombres por límites de investigación e intereses comerciales. El reclamante alegó que los nombres ya eran públicos y la justificación insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando la ponderación del Ministerio razonable y proporcionada.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya documentación sobre convenios de prácticas en un instituto público. El solicitante alegó que la administración no entregó toda la información disponible. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de los acuerdos y planes, pero denegando datos de alumnos y personal afectado por expedientes sancionadores.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya el expediente informativo del Institut de l'Ebre. El reclamante alegó que la limitación de acceso era excesiva y no estaba justificada individualmente por documento. La GAIP desestimó la reclamación porque la información forma parte de un procedimiento sancionador en curso.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya documentación sobre prácticas formativas en dos empresas. El solicitante alegó que la administración no entregó toda la información disponible. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar acuerdos y planificaciones, pero deniega el acceso a datos de alumnos y personal afectado por expedientes sancionadores.
La asociación Ius Omnibus solicitó a la CNMC acceso al expediente completo S/0013/21 AMAZON / APPLE BRANDGATING, incluyendo documentos específicos y, subsidiariamente, la información no confidencial. La CNMC denegó la solicitud alegando un régimen específico y límites de la LTAIBG. La asociación reclamó al CTBG, que estimó la reclamación al considerar que la CNMC no justificó la confidencialidad total ni la aplicación de los límites de forma suficiente y proporcionada, instando a entregar la información no confidencial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de narcolanchas intervenidas en Cádiz utilizadas por las fuerzas de seguridad y el detalle de sus motores. El reclamante alegó que se solicitaban datos numéricos que no comprometían la operatividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por tratarse de información clasificada como secreto oficial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la relación de visitas de personas concretas a dependencias del departamento entre marzo y diciembre de 2021. El solicitante alegó que la denegación basada en la judicialización del asunto era genérica e injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a que el Ministerio afirmó que la información no consta en sus registros.
Una asociación vecinal solicitó al Ayuntamiento de Donostia información sobre la actuación de la UCOM y la posible redacción de actas tras varias denuncias por ruidos en bares. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la protección de la investigación de ilícitos administrativos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información anonimizada.
Un periodista solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre protocolos de rescate de inmigrantes y subvenciones a países africanos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando remitir los puntos estadísticos a SASEMAR.
La reclamante solicitó una copia de un informe de la Inspección Educativa de noviembre de 2023 a la Consejería de Educación y Universidades de Illes Balears. La administración denegó el acceso alegando la protección de investigaciones en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el acceso perjudicaría las funciones de inspección y control.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil copia de denuncias y actas de inspección relacionadas con unas actuaciones previas por vertidos. Alegó que el acceso no perjudicaría la investigación y que los documentos ya estaban finalizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el acceso podría perjudicar la investigación en curso.
Se solicitó al Ministerio de Defensa expedientes y acuerdos de desclasificación de documentos del Consejo de Ministros (2000-2024). El solicitante alegó que la denegación era incorrecta y acotó su petición a la relación de acuerdos por fecha y asunto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena remitir la solicitud al Ministerio de la Presidencia por ser el órgano competente.
El solicitante pidió a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social el acceso a dos expedientes de actuaciones inspectoras que afectan a su empresa. El interesado alegó tener interés legítimo y denunció irregularidades en la gestión de los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el procedimiento está en curso y debe regirse por su normativa específica.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la copia completa de un expediente administrativo y la información reservada que motivó la instrucción de una falta muy grave. Tras la falta de respuesta y la alegación del Ministerio sobre límites legales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información reservada.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social las actas de infracción y resoluciones sancionadoras del Ayuntamiento de Madrid desde 2013. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de jurisprudencia firme del Tribunal Supremo.
Monóvar Futuro, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre la limpieza de 27 parcelas con escombros, costes y expedientes sancionadores. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a responder sobre los expedientes y costes, pero desestimando el resto.
Segunfer Ejecuciones, S.L. solicitó al Ayuntamiento de Alicante información sobre la limpieza de 27 parcelas con escombros, expedientes sancionadores y costes asociados. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y límites de seguridad/confidencialidad. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a responder sobre los expedientes y repercusión de costes.
Un regidor del GM Socialista solicitó al Ayuntamiento de Santa Pola acceso a diversos registros de entrada relacionados con citaciones judiciales y una denuncia penal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de datos y procesos judiciales. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a las citaciones pero denegando la denuncia por afectar a menores.
Una ciudadana rusa solicitó al Ministerio del Interior el acceso a un informe policial que justificaba la prohibición de disponer de una finca registral. La interesada alegó falta de motivación y que el informe es un producto final no secreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre injerencias de agentes rusos en el proceso independentista catalán. Tras la falta de respuesta inicial, el Ministerio denegó el acceso alegando que el asunto está judicializado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
La mercantil GO EVOLUTION INTERNATIONAL 21, S.L. solicitó al Ministerio del Interior el informe del CITCO que justificó la prohibición de disponer de sus fincas. Alegó falta de motivación y que el informe es un producto final, no materia secreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es secreta y afecta a la seguridad nacional.
Se solicitó al Ministerio del Interior el informe técnico de daños y presupuestos de reparación de la patrullera 'Río Belelle'. El Ministerio denegó el acceso alegando Secretos Oficiales y seguridad pública. Tras interponer reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el solicitante desistió del procedimiento al obtener parte de la información, resultando en el archivo de las actuaciones.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones información sobre una denuncia de fraude en el Ingreso Mínimo Vital. Tras una inadmisión inicial, el interesado alegó la falta de notificación obligatoria según la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por razones formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
La interesada solicitó al Colegio de Abogados de Castellón acceso a resoluciones, alegaciones y pruebas testificales de expedientes disciplinarios. Alegó que la administración no contestó la solicitud. El Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación existente en el momento de la solicitud, pero denegando la futura.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente sobre el accidente de un helicóptero de la DGT, incluyendo posibles denuncias al piloto y comunicaciones con la aseguradora. El reclamante alegó falta de motivación en la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la investigación sigue en curso, justificando el límite legal.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior información detallada sobre incidentes causados por aficionados del Feyenoord en Madrid. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional, perjuicio a investigaciones penales y régimen judicial específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
La Asociación Animalius solicitó a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Sevilla la ubicación de un núcleo zoológico autorizado. La entidad denegó el acceso alegando protección de datos y prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un funcionario solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el acceso a la denuncia y grabaciones de unas actuaciones previas disciplinarias. El interesado alegó su condición de interesado según jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por no ser aplicable la LTAIBG al ser un procedimiento en curso.
Se solicitó acceso al expediente sancionador contra la empresa Hormigones Villalba SL por vertidos en Monesterio. La administración alegó que la información estaba excluida por referirse a la prevención de ilícitos administrativos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, señalando que, al ser un procedimiento firme, no concurren límites al derecho de acceso.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior un informe de 2019 de la Inspección de Personal y Servicio de Seguridad sobre la reestructuración policial en Sevilla. El sindicato alegó que la información es necesaria para la defensa laboral y que los límites de seguridad no son aplicables por la antigüedad del documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Ministerio afirma que el informe no existe.
Se solicitó al Ministerio de Industria y Turismo documentación técnica y de emisiones del vehículo Volvo XC60. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en Reino Unido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones por no haber dado trámite de audiencia al tercero afectado.
Se solicitó a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía copia de los requerimientos de la ITSS de 2023. La entidad denegó el acceso alegando que no elaboró los documentos y citando límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el proceso para remitir la solicitud al órgano generador.
Ecologistas en Acción-CODA solicitó a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba analíticas de agua no apta, poblaciones afectadas y medidas correctoras. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no existen límites legales válidos para denegar la información y que la entidad no acreditó la notificación de la respuesta parcial.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior copia de una comunicación de la Oficina Nacional de Deportes sobre el control de simbología del conflicto de Oriente Medio en estadios. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información al no justificarse el límite de seguridad operativa.
Una persona solicitó al Colegio de Psicólogos de Cataluña el acceso y copia íntegra de dos expedientes disciplinarios. La reclamante alegó un interés legítimo por ser la denunciante y querer conocer las circunstancias valoradas. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) desestimó la solicitud para proteger la integridad de la investigación en curso.
Una persona solicitó al Colegio de Psicólogos de Cataluña el acceso y copia íntegra de dos expedientes disciplinarios. La reclamante alegó un interés legítimo reforzado por ser la persona afectada por los hechos. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la solicitud para proteger la integridad de la investigación en curso.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat copia de una denuncia ante la Fiscalía e informe de actuaciones previas. Alegó que era el denunciado y necesitaba la información para su defensa. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la denuncia y el informe, excluyendo datos personales irrelevantes de terceros.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Zafra los ingresos brutos y líquidos de un empleado municipal para ejecutar una sentencia de alimentos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la judicialización del asunto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Se solicitó al Ayuntamiento de Arroyo de la Luz el detalle de retribuciones laborales de un funcionario desde 2018. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de medios para disociar datos y falta de consentimiento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite legal de protección de la igualdad de las partes en procesos judiciales.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre el proceso selectivo de consolidación de policías portuarios y sus bolsas de trabajo. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados y bolsas, pero deniega la comparativa de bolsas por no ser información preexistente.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado detallado de las inspecciones de control de jornada de 2022. El solicitante alegó que la información es pública y que no existe reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la tramitación a la espera de una sentencia judicial firme sobre un caso similar.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sevilla copia de actas e informes sanitarios de la empresa Magrudis (2016-2020). El reclamante alegó que la investigación ya finalizó y no hay secreto de sumario. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque la información es objeto de un procedimiento penal en curso, afectando a la investigación de ilícitos.
El interesado solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela (USC) acceso al expediente de un procedimiento de acoso en el que fue denunciado. Alegó tener un interés directo y personal según el protocolo interno. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la información contiene datos sensibles y carece de interés general.
El solicitante pidió al Servicio Extremeño de Salud actas e informes sobre una alerta alimentaria de aceite de oliva. El SES denegó el acceso alegando que la información podría comprometer procesos judiciales en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la administración no justificó de forma concreta y proporcional la limitación del derecho de acceso.
Un ciudadano solicitó al Servicio Extremeño de Salud actas e informes de inspecciones sanitarias de un establecimiento en Aceuchal. El SES denegó el acceso alegando que la información podría comprometer un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la administración no justificó el límite de forma proporcional.
Una representante sindical solicitó al Ministerio de Trabajo las actas de infracción y requerimientos de la empresa Servicios Especiales S.A.U. El Ministerio denegó el acceso alegando el deber de reserva y normativa específica de inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat el acuerdo de cesión temporal del Parking de camiones Bellvitge. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP resolvió finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento informó que dicho convenio nunca fue tramitado ni suscrito, satisfaciendo así la solicitud.
Una sociedad solicitó al Ministerio para la Transformación Digital información sobre el estado de unas denuncias, copia del expediente de actuaciones previas y la resolución de inicio de expediente sancionador. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración no respondió en el plazo legal, aunque confirma que la denegación de los documentos es válida.
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