Desestimación de reclamación de acceso a información pública sobre convenios de la UCM por existir investigación penal en curso

RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS POR LA QUE SE RESUELVE LA RECLAMACIÓN FORMULADA POR ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha 26 de febrero de 2025 tiene entrada en el buzón del Consejo de Transparencia y Protección de Datos una reclamación formulada por de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM). El reclamante manifiesta no estar de acuerdo con la Resolución de fecha 24 de febrero de 2025, dictada por la Universidad Complutense de Madrid, por la que se desestima su solicitud de acceso a la siguiente información pública: “[…] copia del convenio firmado entre , y la Universidad Complutense de Madrid (UCM), a través de su Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, para impulsar la formación en Transformación Social Competitiva de las empresas para promover el desarrollo sostenible en las pymes del territorio nacional. …también solicito copia del acuerdo entra la UCM y donde se acordó que desde la UCM darían publicidad a la campaña Casilla Empresa Solidaria a través de sus canales. …Requiero copia de los poderes de la UCM que facultan a a firmar dichos convenio y acuerdo”. Junto a la reclamación, aporta copia de la citada Resolución. SEGUNDO. El 5 de marzo de 2025 se envía al reclamante comunicación de inicio del procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). En la misma fecha, se traslada la documentación a la Universidad Complutense de Madrid, para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 82 LPAC, remitan informe en relación con el asunto objeto de la reclamación y formulen las alegaciones que consideren oportunas. TERCERO. Con fecha 20 de marzo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se ratifica en la desestimación de la solicitud de acceso a la información pública y, en síntesis, manifiesta lo siguiente: […] En el caso que nos ocupa la información solicitada coincide exactamente con la que está siendo objeto de investigación, que es de justicia reconocer, es bastante amplia: abarca, en lo que ahora interesa, toda la relativa a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Por esta razón, la ponderación realizada, tal como ya se señala en la resolución recurrida, permite concluir que “Puesto que la información solicitada coincide con la que directamente es objeto de investigación en los procedimientos señalados, solo puede concluirse que su divulgación no parece razonable en tanto en cuanto no hayan concluido dichas investigaciones, evitando así que dichas investigaciones se vean afectadas por la difusión de dichas informaciones”. La denegación de acceso no afecta directamente a cualquier documentación, sino que, como se ha señalado, se trata precisamente de la información que directamente está siendo objeto de investigación, por lo que difícilmente puede aducirse que se trata de una interpretación extensiva del límite contendido en el artículo 14.1.e) la Ley 19/2013[…]”. CUARTO. Mediante notificación de la Secretaría General de este Consejo, de fecha 26 de marzo de 2025, se da traslado de las alegaciones al reclamante y se confiere el trámite de audiencia previsto en el artículo 82 LPAC, concediéndole un plazo máximo de diez días para que presente alegaciones. Con fecha 26 de marzo de 2025 tiene entrada escrito de alegaciones del reclamante en el que manifiesta lo siguiente: “Ni el convenio ni el acuerdo solicitado están siendo objeto de investigación penal ni política en ningún Juzgado o Comisión de investigación. La Universidad Complutense pretende hacer creer que hay una investigación penal y política prospectiva que afecta a la totalidad de las actividades de la Cátedra de , pero NO es así. Es fundamental por lo tanto que sean aportados los documentos relacionas con los acuerdos suscritos con y los cuales NO están siendo objeto de ninguna investigación como pretende hacernos creer en la Universidad.” FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 a) de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (LTPCM), el Consejo de Transparencia y Protección de Datos tiene atribuida la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de los sujetos relacionados en el ámbito de aplicación de esta Ley. El mismo artículo, en su punto 3, atribuye al Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos la resolución de las citadas reclamaciones. SEGUNDO. La reclamación ha sido formulada dentro del plazo establecido en el artículo 48 LTPCM, según el cual “se interpondrá por escrito en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. TERCERO. Según establece el artículo 5.b) LTPCM, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados, adquiridos o conservados en el ejercicio de sus funciones”. CUARTO. La denegación del acceso a la información solicitada se funda en la resolución denegatoria de la Universidad Complutense, en la que aplica el artículo 14, apartado primero, letra e), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de acuerdo con el cual el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para “[l]a prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. A este precepto se remite el artículo 34 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de transparencia y participación de la Comunidad de Madrid, apartado primero. En el presente caso la información estaba relacionada, al tiempo de recibirse la solicitud del reclamante, con hechos investigados en el seno de un procedimiento penal incoado por el Juzgado de Instrucción núm. 41 de Madrid [por supuestos delitos de corrupción en el sector público y tráfico de influencias (diligencias previas núm. 1146/2024)], con reciente ampliación de la investigación a dos nuevos delitos (tráfico de influencias e intrusismo profesional). Este es un hecho reconocido tanto por el interesado como por la Universidad Complutense, al que ha de añadirse –como esta última destaca en sus alegaciones— la existencia simultánea de una Comisión de investigación parlamentaria en el Senado, De hecho, la Universidad Complutense fue requerida por dicha Comisión para remitir al Senado parte de la documentación denegada al reclamante. La limitación legal a la que se ha hecho referencia no opera de forma automática, ipso iure, pues es preciso efectuar un previo juicio de proporcionalidad antes de estimar o denegar el acceso la información pública solicitada, en virtud de lo dispuesto por el apartado segundo del artículo 14 de la Ley 19/2013 y, en su desarrollo, por el artículo 34 de la Ley 10/2019, de la Comunidad de Madrid, en su apartado segundo. Es precisamente al valorar el juicio de ponderación donde se produce la discrepancia entre el reclamante y la Universidad Complutense. A juicio de la Universidad (FJ quinto de su escrito de alegaciones), la denegación de acceso no afecta directamente a cualquier documentación, sino que se trata precisamente de la información que directamente está siendo objeto de investigación, y que, como alega la Universidad, abarca toda la relativa a la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva. Por tanto, difícilmente puede aducirse que se ha hecho una interpretación extensiva del límite contenido en el artículo 14.1.e) la Ley 19/2013, y en ello se justifica la denegación de la información solicitada. QUINTO. Este Consejo comparte la tesis mantenida por la Universidad Complutense en relación con la interpretación extensiva del límite del artículo 14, apartado primero, letra e), de la Ley 19/2013, entendemos que mientras el asunto esté bajo el control de la jurisdicción penal, por imperativo del principio de exclusividad jurisdiccional (enunciado en el artículo 117.3 de la Constitución española de 1978), solo la jurisdicción penal está en condiciones de ponderar si la información contenida en los documentos cuya publicidad se solicita afecta o no a la investigación judicial o si puede conducir a la destrucción de pruebas o a la sustracción de los delincuentes de la acción de la justicia, es decir, el propio órgano judicial competente y responsable de la investigación. Ni el reclamante ni este Consejo pueden asumir el rol del juez de instrucción para efectuar dicho juicio de ponderación, quien además tiene mejor y cabal conocimiento, en toda su dimensión, de las circunstancias de la investigación que se está siguiendo. El anterior razonamiento se ve reforzado por la doctrina que emana de la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) n.º 645/2022, de 31 de mayo, en la que se estima un recurso de casación promovido contra una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo aplica la restricción del derecho a la información pública prevista por el art. 14 de la Ley 19/2013, letra f) --cuando el acceso a dicha información pueda suponer un perjuicio para la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva—, en un asunto en el que se había concedido el acceso a cierta documentación que obraba en un procedimiento judicial seguido ante el Tribunal de Cuentas. En lo que aquí interesa, la STS 645/2022 estableció, en el asunto enjuiciado, que carecía de fundamento ordenar la entrega de la documentación –dados los términos del artículo 13 y la disposición adicional primera, de la Ley 19/2013—, “en la medida que compete al Tribunal de Cuentas ponderar si la divulgación de los documentos solicitados, por su contenido específico, podría suponer una merma de las garantías procesales de las partes afectadas”. Este mismo razonamiento es aplicable en el caso que trae causa de la presente resolución. Como ya se ha dicho, la resolución denegatoria de la Universidad Complutense se basó en el supuesto regulado en la letra e) y no en la letra f) de la Ley 19/2013, y aunque el reclamante ha alegado que la información por él solicitada no es objeto del proceso judicial, es el juzgado de instrucción el exclusivamente competente para investigar el hecho supuestamente delictivo, y solo a él, compete ponderar si la divulgación de la información solicitada puede o no afectar a la investigación abierta por la jurisdicción penal. En palabras de la STS 645/2022, FD tercero, las previsiones de la legislación general de transparencia “quedan desplazadas, actuando en este caso como supletorias, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y específico de acceso a la información”. El desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, “exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse”. En idéntico sentido, las Sentencias del Tribunal Supremo (sala de lo contencioso-administrativo) nos. 748/2020 y 1565/2020. SEXTO. Adicionalmente se recuerda que nuestro proceso penal cuenta con un régimen específico de acceso a la información, de acuerdo con el cual las actuaciones seguidas durante la fase de instrucción son reservadas, por imperativo legal, excluyéndose la publicidad para todo aquel que no es parte del procedimiento. De conformidad con el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), en la redacción dada por la disposición final 1.8 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, “[l]as diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley”. Este criterio es, por su carácter general, aplicable a las diligencias previas del procedimiento penal abreviado, como es el caso, y constituye –como decimos— un régimen especial diferenciado del contenido en la Ley 10/2019 de la Comunidad de Madrid. La consecuencia de la restricción que impone la norma transcrita es que las diligencias y actuaciones sumariales solo sean accesibles a las partes personadas en el procedimiento (artículo 302 de la Ley de enjuiciamiento Criminal), con el fin de que estas puedan ejercer su derecho de defensa en igualdad de condiciones y con pleno respeto a la debida contradicción procesal; tales diligencias y actuaciones no serán públicas, sin embargo, para terceros ajenos al proceso, que es la condición que corresponde a la solicitante del acceso a la información pública en el presente caso. La regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es, por otra parte, de carácter procesal, por lo que pertenece al ámbito de las competencias exclusivas del Estado (art. 149.1, 6ª de la Constitución), terreno que queda vedado a la competencia legislativa de las comunidades autónomas. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional en lo que es doctrina pacíficamente aceptada desde la STC 13/1985, de 31 de enero, el carácter reservado de las actuaciones sumariales –en los términos del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— no significa que unos determinados hechos o sucesos singulares o colectivos queden sustraídos y arrebatados a la libertad de información, la cual queda amparada por el artículo 20. 1 d) de la Constitución, sino que se predica de las diligencias que constituyen el sumario, “esto es, de los actos singulares que, en cuanto acto formal complejo o procedimiento, lo integran” (STC 13/1985, FJ 3, y las muchas que siguen su doctrina). Ello implica, como concluye el Tribunal Constitucional en la resolución citada, que no puede transgredirse la reserva sobre el contenido del sumario a través de su posterior difusión. En la misma línea y en complemento de la doctrina constitucional, la Sentencia del Tribunal Supremo (sala de lo penal) n.º 309/2024, de 11 de abril, establece así: “La regla que dispone el secreto de las actuaciones sumariales es, ante todo, una excepción a la garantía constitucional [de publicidad de las actuaciones procesales]. Pero debe recordarse que la publicidad de un proceso o el derecho a un proceso público se refiere a la fase del Plenario o de juicio oral, no a la fase de investigación que es esencialmente escrita y de reservado conocimiento para las partes personadas” (FD sexto). A mayor abundamiento, en un asunto en el que se planteaba una cuestión semejante a la que es objeto del presente expediente, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de septiembre de 2010 (Asuntos acumulados C-514/07P, C-528/07P y C-532/07P), fijó la siguiente doctrina sobre el acceso a la información respecto de escritos procesales presentados en procedimientos jurisdiccionales pendientes que no han alcanzado la fase de la vista: “[…] por las razones expuestas en los apartados 68 a 104 de la presente sentencia, la Comisión puede basarse en la presunción de que la divulgación de escritos procesales presentados en procedimientos jurisdiccionales pendientes perjudica a estos procedimientos […] y que, en consecuencia, puede, durante el curso de tales procedimientos, denegar las solicitudes de acceso que tengan por objeto tales documentos, sin estar obligada a realizar un examen concreto.” (p. 146) “[c]arece de pertinencia la alegación […] de que otros sistemas jurídicos nacionales han adoptado soluciones distintas que prevén, en particular, que los órganos jurisdiccionales permitan el acceso a los escritos procesales presentados ante ellos. […] [l]a normativa procesal de los órganos jurisdiccionales de la Unión no prevé que los terceros tengan derecho a acceder a los escritos procesales depositados en la secretaría por las partes.” (p. 101). “Al contrario, es precisamente la existencia de dicha normativa procesal, a la que se hallan sometidos los escritos procesales en cuestión, y el hecho de que no sólo no prevea ningún derecho de acceso a los autos, […] lo que contribuye a fundamentar la presunción de que la divulgación de los escritos procesales en cuestión perjudica a los procedimientos jurisdiccionales” (p. 102). En conclusión, en el presente caso, dado el estado procesal de las actuaciones judiciales, no puede exigirse de la Universidad reclamada que dé acceso a documentos que, por estar sujetos a una investigación criminal, forman parte de las diligencias sumariales, y cuya revelación, precisamente por su carácter reservado, podría ser constitutiva de delito (artículo 417 del Código Penal). En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores y de acuerdo con lo establecido en las normas citadas RESUELVO DESESTIMAR la reclamación formulada por ” Según establece el artículo 47.1 LTPCM, la reclamación prevista en este artículo tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos según lo dispuesto en el artículo 112.2 LPAC.