Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2021). Tras la denegación de Puertos del Estado, AP Pasaia y AP Bilbao, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
La Liga Nacional de Fútbol Profesional solicitó al CSD información sobre un requerimiento relativo a la operación LaLiga Impulso. El CSD inadmitió la solicitud alegando que debía tramitarse por la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó tardíamente tras interponer la reclamación.
La Liga Nacional de Fútbol solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) acceso a la documentación de actuaciones previas derivadas de dos denuncias. El CSD denegó el acceso alegando que se regulaba por la LPACAP y no por la LTAIBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en que el acceso perjudicaría las funciones de inspección y control.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las guías de formación para funcionarios penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad pública y confidencialidad de procesos selectivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación detallada y justificación del daño real.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los informes técnicos de inspección y reparación del viaducto de El Castro (A-6). El solicitante alegó que los informes ya estaban terminados y no causarían perjuicio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión interferiría en un procedimiento de investigación en curso.
El interesado solicitó información sobre la bolsa de empleo de ingeniero técnico industrial al Ayuntamiento de Alcobendas. El Ayuntamiento denegó inicialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque, tras el proceso, la administración aportó los datos originales solicitados.
Se solicitó acceso a la documentación sobre la gestión y supervisión del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la protección de funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima la reclamación al no estar motivada la denegación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe sobre un desfalco en Panamá remitido al Tribunal de Cuentas. La administración denegó el acceso alegando los límites de prevención de ilícitos y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la Administración no motivó suficientemente la aplicación de los límites, no realizó la ponderación de intereses exigida y el documento ya había sido divulgado públicamente sin perjuicio para las investigaciones penales.
El ciudadano solicitó copia del proyecto de obras de consolidación del castillo de Ayora a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, rechazando que el estado de alarma o la disponibilidad de la información en el ayuntamiento justifiquen la denegación.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de las empresas con más accidentes laborales desde 2010. Tras una inadmisión por solicitud repetitiva, el reclamante propuso obtener datos anonimizados del IBEX-35. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
Se solicitó a la CNMV la copia completa del expediente sancionador contra Banco Popular Español, S.A. La CNMV alegó la prevalencia de la Ley del Mercado de Valores y la confidencialidad de la supervisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información salvo datos concretamente justificados como confidenciales.
Se solicitó a la CNMV el texto completo de resoluciones sancionadoras contra Banco Popular y Popular Banca Privada. La CNMV denegó el acceso alegando confidencialidad según la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información basándose en doctrina del Tribunal Supremo.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco datos de emisiones de una instalación y su remisión continua. El Departamento denegó la entrega automática por considerarla abusiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos omitidos pero denegando la remisión continua.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte documentos sobre la posible expoliación en el Parque Arqueológico del Molinete. Tras una denegación inicial basada en la falta de condición de interesado y límites de seguridad, el Ministerio accedió parcialmente tras la reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de un alto cargo de la AEAT, así como datos sobre sus ingresos privados por libros y docencia. El reclamante alegó que la información agregada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el detalle de gastos pero denegando los datos privados.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT. El solicitante alegó que la información es ya pública en redes sociales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración.
Un periodista solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte (CSD) resoluciones sobre el presunto uso de fondos de la RFEF para espiar al presidente de la AFE. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando una invocación genérica de límites legales, pero finalmente desistió de la reclamación, por lo que el CTBG decidió archivar el expediente.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (AEAT) el detalle de dietas y gastos de viaje del Director General de la AEAT de los últimos 4 años. El solicitante alegó que dicha información es ya parcialmente pública en internet. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por falta de motivación del perjuicio concreto.
Una periodista solicitó a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) el listado de establecimientos alimentarios inspeccionados entre 2017 y 2021, incluyendo nombres, direcciones y resultados. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: se debe entregar la dirección de los locales, pero se deniega el nombre comercial por falta de certeza en la veracidad de los datos.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Recaudación de la AEAT. El solicitante alegó falta de transparencia frente a otros cargos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración de datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda del SAREB, sus titulares y los informes de seguimiento desde 2012. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información detallada requerida exigiría una reelaboración inadmisible y que los informes afectan a intereses económicos.
El reclamante solicitó a LABORA copias de su título, nombres de miembros de un tribunal, material didáctico y actas de finalización de cursos. La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido entregada, que era información auxiliar y que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las solicitudes.
Se solicitó a la Universidad de Sevilla el acceso íntegro a un expediente de información reservada y las denuncias que lo originaron. La Universidad denegó el acceso alegando falta de condición de interesado y riesgo para las funciones de inspección. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
El presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó copia íntegra de un expediente sobre presuntas irregularidades en un cementerio. La administración entregó información parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque existen actuaciones inspectoras en curso, lo que permite aplicar el límite de la vigilancia e inspección.
El Presidente de la Asociación Bien Común de Monesterio solicitó al Servicio Extremeño de Salud el expediente completo sobre la presunta cremación de restos en un cementerio. El interesado alegó que la información facilitada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por existir actuaciones inspectoras en curso.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón el listado de residencias de mayores, su tipo de gestión y el detalle de sanciones impuestas entre 2014 y 2019. El organismo denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar los datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de multas impuestas por un radar móvil en la A-66 (Asturias). La administración denegó la información alegando perjuicio a la seguridad pública y a las funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no se ha justificado el perjuicio concreto.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación las fechas y las actas de las reuniones del Comité Nacional Fitosanitario de 2021. La administración denegó las actas alegando funciones de vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas tras eliminar datos personales y opiniones.
Se solicitó acceso a contratos de crédito, convenios de normalización y desglose de costes de obras a la Autoridad Portuaria de A Coruña. El interesado alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que son documentos públicos y no concurren límites de secreto comercial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad datos estadísticos y desglosados sobre los rechazos a la vacunación COVID-19 (por grupo, provincia, edad, etc.). La administración denegó parte de la información alegando que no disponía de ciertos datos (municipio/provincia) o que su gestión requería un esfuerzo excesivo de recursos humanos. El CTBG estimó la reclamación parcialmente.
Un regidor del Grup Municipal Socialista de Santa Pola reclamó ante el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana la falta de respuesta a una solicitud de información sobre la zona de parapente. Tras la reclamación, el Ayuntamiento aportó la información solicitada. El Consejo decidió declarar la pérdida de objeto debido a que la administración facilitó la información, aunque fuera tardíamente.
Se solicitó a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais el acceso a un informe sobre materias críticas en Galicia. El solicitante alegó que se denegó el acceso por confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la administración justificó que la revelación causaría perjuicios económicos y especulativos en la fase de diagnóstico.
Un ciudadano solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso a un expediente de investigación sobre un profesor. El solicitante alegó ser interesado y que los datos sensibles eran ya conocidos. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque, tras el test de daño, el perjuicio a la privacidad supera el beneficio público.
La CGT-PV solicitó protocolos de prevención de incendios y planes de vigilancia a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana. El sindicato alegó falta de respuesta y denegación de acceso. El Consell de Transparencia estima parcialmente la reclamación: ordena facilitar los protocolos de la Dirección General y las condiciones de encargo, pero desestima el plan de vigilancia y la información de VAERSA.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el contrato de crédito entre la APAC y Puertos del Estado y sus informes de auditoría interna. La administración denegó parcialmente el acceso a los informes alegando que eran documentos auxiliares y confidenciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela el acceso al registro documental de un procedimiento de investigación reservado. La Universidad denegó el acceso alegando que el solicitante no era interesado y citando límites legales. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, determinando que, al haber finalizado el expediente, la información es pública previa disociación de datos personales.
El reclamante solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de controles antidopaje de la AEPSD desde 2011. La administración denegó parcialmente alegando protección de datos, secreto de planificación e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información desde 2014 debidamente anonimizada, al considerar que los límites no justifican una denegación total y que procede la aplicación del principio de proporcionalidad.
El ciudadano solicitó a la AEAT información sobre los intercambios de datos con autoridades fiscales alemanas y europeas relativos al fraude fiscal. La AEAT denegó el acceso alegando confidencialidad internacional y límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el número de comunicaciones, fechas y respuestas, pero no el contenido.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia el expediente de la línea de evacuación del parque eólico do Maxal. Tras alegar silencio administrativo, la administración acabó concediendo el acceso. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales al desaparecer el objeto por la resolución expresa.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Carballo información sobre la gestión de animales de compañía. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión de la Transparencia. Dicho organismo estima la reclamación, instando al Ayuntamiento a responder, ya que el formato de cuestionario no justifica la denegación ni la falta de resolución expresa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamayor de Gállego copia de los expedientes urbanísticos resueltos en 2019. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando carácter abusivo y falta de medios. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación, determinando que no es abusiva al limitarse a un año, aunque permite al Ayuntamiento acotar el número de informes por proporcionalidad.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT. Alegó posibles conflictos de intereses con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad y presentar un carácter abusivo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT que supervisaban a una empresa tecnológica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o inexistente como dato público.
La Asociación Huermur solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de comunicaciones enviadas a instituciones consultivas sobre la construcción de la Torre del Puerto en Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información ya existía y estaba finalizada.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copias de informes del ICOMOS sobre la Torre del Puerto de Málaga. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que los informes ya existen y no debe confundirse la elaboración de un documento con la tramitación de un expediente.
El solicitante pidió información sobre maquinaria, personal y depósitos de gasoil de la Cantera Rebarco a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias. La administración denegó el acceso invocando el límite de vigilancia e inspección. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación de dicho límite.
El solicitante pidió a la Junta de Andalucía información sobre una auditoría financiada con fondos públicos realizada a la Agencia IDEA. La Intervención General denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía desestima la reclamación manteniendo la denegación por afectar al control administrativo.
Se solicitó al Departament d'Educació documentación sobre riesgos psicosociales y protocolos de acoso laboral. El reclamante alegó que la información denegada le afectaba a él o a un tercero que dio su consentimiento. La GAIP estima parcialmente la solicitud, concediendo el acceso a datos propios y consentidos, pero deniega los documentos de la Inspección de Trabajo por su carácter confidencial.
El reclamante solicitó las fichas y expedientes de bienes de interés cultural, patrimonial y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. Tras una respuesta incompleta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información pero omitiendo las coordenadas geográficas exactas.
El reclamante solicitó las fichas de bienes de interés cultural y yacimientos arqueológicos en Galapagar a la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando riesgos para la seguridad pública y la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando facilitar la información sin las coordenadas exactas.
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