Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social información técnica y de funcionamiento del sistema MAX (supervisión de horas extras). El Ministerio denegó parcialmente alegando perjuicio a la inspección y control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la denegación fue genérica y no justificó el perjuicio concreto.
Se solicitó a la CNMV información sobre la cotización de empresas españolas en la bolsa estadounidense, especialmente respecto al caso de Ferrovial. El solicitante alegó que la información es de interés público y no es auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la 'Nota de análisis' por no ser información meramente accesoria.
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo a expedientes sobre la supervisión de costes COVID de AENA. Tras una estimación parcial de la CNMC que denegó la contabilidad analítica, Ryanair reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestimó la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de los datos estratégicos.
RYANAIR solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA 2023. Tras una estimación parcial de la CNMC, la empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestima la reclamación al considerar que la CNMC justificó correctamente la confidencialidad de la contabilidad analítica de AENA.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco información sobre denuncias y sanciones por irregularidades laborales en centros penitenciarios. Tras una denegación inicial basada en el deber de sigilo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración acabó facilitando la información disponible.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco las resoluciones de expedientes sancionadores contra una empresa. Tras el silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración finalmente respondió informando de la inexistencia de resoluciones firmes y remitiendo informes previos.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco los expedientes de inspección de la empresa GMS Management Solutions. Tras una denegación presunta por silencio administrativo, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración respondió fuera de plazo y en un expediente incorrecto.
Una trabajadora solicitó al Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco el acceso a un expediente administrativo de inspección contra su empresa. El organismo denegó el acceso alegando el deber de sigilo y la existencia de un proceso judicial. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears datos sobre reuniones y conferencias de una persona concreta. Tras una estimación parcial de la administración, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar correcta la denegación basada en la protección de datos y el secreto de las investigaciones.
Se solicitó al Ayuntamiento de Planes d’Hostoles actas de inspección sanitaria y datos de registro de varios establecimientos. El Ayuntamiento alegó que la competencia estaba delegada en el Consorci SIGMA y citó límites de confidencialidad comercial. La GAIP estima parcialmente el acceso y ordena retrotraer el proceso para que el Ayuntamiento derive la solicitud al Consorci SIGMA.
El solicitante pidió a la Consellería de Sanidad información sobre los costes de aplicación del Reglamento (UE) 2017/625. Ante la falta de respuesta (silencio administrativo), interpuso reclamación. La Comisión de la Transparencia de Galicia estima la reclamación y obliga a la Consellería a dictar una resolución expresa sobre la solicitud en el plazo de 10 días hábiles.
Se solicitó a la AEAT el Plan de Intensificación de Actuaciones (PIA) 2019-2023, sus modificaciones y sus informes de cumplimiento. El reclamante alegó silencio administrativo y falta de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la aprobación del plan por el Ministro al no ser información auxiliar ni afectar la inspección.
Se solicitó a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica del SAS las actas e informes de una alerta alimentaria sobre aceite de oliva. El reclamante alegó que son documentos públicos y que no es necesaria la condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar investigaciones en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de 11 expedientes de actuaciones previas derivados de sus propias denuncias. Alegó contradicción ya que el Ministerio admitió que estaban archivados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque, al estar archivados, no existe perjuicio a la investigación ni control administrativo.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Una sociedad solicitó a la CNMC información sobre las actuaciones derivadas de una denuncia contra un operador de telecomunicaciones. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la CNMC no respondió en plazo, aunque posteriormente facilitó la información sobre el estado del trámite.
ASVAD INTL SL solicitó al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) información sobre un proceso de evaluación de válvulas, una denuncia sobre seguridad nuclear y detalles de sus cuentas anuales. El reclamante alegó falta de respuesta y denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al CSN a facilitar los datos económicos.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena expedientes completos de dos contratos menores de asistencia jurídica. El organismo denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma la denegación basándose en el riesgo real de alterar el equilibrio de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el dictamen A.G. Entes Públicos 116/21 sobre bajas incentivadas en Puertos del Estado. Alegó que el documento no fue creado específicamente para el proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión del informe perjudicaría la estrategia procesal y la igualdad de armas en el juicio.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el acceso a los formularios de comunicación de titulados españoles en buques de terceros países. La solicitante alegó que los titulados suelen ser personas jurídicas y que no hay daño al revelarlos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que son personas físicas y procede la disociación de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior la relación y copia de todas las Órdenes Generales de la Guardia Civil. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las órdenes vigentes relativas a condiciones laborales y estatutarias del personal.
Se solicitó a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) la base de datos completa del visor de expedientes. El reclamante alegó que la información es accesible para ejercer la acción pública. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de datos de personas jurídicas y de personas físicas previa disociación.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el detalle de las desviaciones tratadas en reuniones de seguimiento con la empresa PWC GmbH entre 2017 y 2021. Tras la denegación de la CELAD, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información ya fue facilitada previamente y que el detalle solicitado requeriría un informe ad hoc desproporcionado.
Se solicitó a la CNMC la relación de personal no funcionario que participó en tres inspecciones concretas. El solicitante alegó que la CNMC aplicó incorrectamente los límites legales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando retroceder las actuaciones para dar audiencia a los afectados y posteriormente facilitar la información.
El interesado solicitó acceso al expediente sancionador completo y a las inspecciones de la resolución Obra Civil 2 S/0021/10 a la CNMC. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de confidencialidad y la falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la confidencialidad no es absoluta y no se justificó el daño.
Se solicitó a la Agència Catalana de Consum información sobre los trámites de un expediente sancionador relativo a un contador de agua. El solicitante reclamó ante la GAIP la desestimación parcial y la inadmissió de su petición. La GAIP resuelve finalizar el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco actas de inspección y datos de control de cuatro establecimientos alimentarios. Tras una estimación parcial que denegó las actas por riesgo de perjudicar la labor inspectora, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena el acceso a las actas, previo anonimizado de datos personales.
Un investigador solicitó a la Consejería de Salud de La Rioja informes y actas de inspección sobre una alerta de botulismo de 2016. Tras una concesión parcial, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estima la reclamación al considerar que predomina el interés público sobre la salud frente a la confidencialidad administrativa.
La asociación APEDANICA solicitó a la CNMC datos sobre el uso del sistema Cellebrite en inspecciones. La CNMC denegó el acceso alegando riesgo para sus funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos estadísticos y fechas, pero manteniendo la reserva sobre el desglose de dispositivos y consentimientos.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría de la IGAE sobre gestión de personal de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias (2019-2021). Tras la denegación de Puertos del Estado, AP Pasaia y AP Bilbao, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información anonimizada.
La Liga Nacional de Fútbol Profesional solicitó al CSD información sobre un requerimiento relativo a la operación LaLiga Impulso. El CSD inadmitió la solicitud alegando que debía tramitarse por la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó tardíamente tras interponer la reclamación.
La Liga Nacional de Fútbol solicitó al Consejo Superior de Deportes (CSD) acceso a la documentación de actuaciones previas derivadas de dos denuncias. El CSD denegó el acceso alegando que se regulaba por la LPACAP y no por la LTAIBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en que el acceso perjudicaría las funciones de inspección y control.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las guías de formación para funcionarios penitenciarios. El Ministerio denegó el acceso alegando razones de seguridad pública y confidencialidad de procesos selectivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la denegación carecía de motivación detallada y justificación del daño real.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los informes técnicos de inspección y reparación del viaducto de El Castro (A-6). El solicitante alegó que los informes ya estaban terminados y no causarían perjuicio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión interferiría en un procedimiento de investigación en curso.
El interesado solicitó información sobre la bolsa de empleo de ingeniero técnico industrial al Ayuntamiento de Alcobendas. El Ayuntamiento denegó inicialmente el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque, tras el proceso, la administración aportó los datos originales solicitados.
Se solicitó acceso a la documentación sobre la gestión y supervisión del Centro Alzheimer de la Fundación Reina Sofía a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la protección de funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima la reclamación al no estar motivada la denegación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores un informe sobre un desfalco en Panamá remitido al Tribunal de Cuentas. La administración denegó el acceso alegando los límites de prevención de ilícitos y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación porque la Administración no motivó suficientemente la aplicación de los límites, no realizó la ponderación de intereses exigida y el documento ya había sido divulgado públicamente sin perjuicio para las investigaciones penales.
El ciudadano solicitó copia del proyecto de obras de consolidación del castillo de Ayora a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, rechazando que el estado de alarma o la disponibilidad de la información en el ayuntamiento justifiquen la denegación.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de las empresas con más accidentes laborales desde 2010. Tras una inadmisión por solicitud repetitiva, el reclamante propuso obtener datos anonimizados del IBEX-35. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
Se solicitó a la CNMV la copia completa del expediente sancionador contra Banco Popular Español, S.A. La CNMV alegó la prevalencia de la Ley del Mercado de Valores y la confidencialidad de la supervisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información salvo datos concretamente justificados como confidenciales.
Se solicitó a la CNMV el texto completo de resoluciones sancionadoras contra Banco Popular y Popular Banca Privada. La CNMV denegó el acceso alegando confidencialidad según la Ley del Mercado de Valores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información basándose en doctrina del Tribunal Supremo.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco datos de emisiones de una instalación y su remisión continua. El Departamento denegó la entrega automática por considerarla abusiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos omitidos pero denegando la remisión continua.
La Asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte documentos sobre la posible expoliación en el Parque Arqueológico del Molinete. Tras una denegación inicial basada en la falta de condición de interesado y límites de seguridad, el Ministerio accedió parcialmente tras la reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de un alto cargo de la AEAT, así como datos sobre sus ingresos privados por libros y docencia. El reclamante alegó que la información agregada era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar el detalle de gastos pero denegando los datos privados.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el detalle de dietas y gastos de viaje del Director del Departamento de Informática Tributaria de la AEAT. El solicitante alegó que la información es ya pública en redes sociales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la AEAT no justificó un perjuicio concreto ni la necesidad de reelaboración.
Un periodista solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte (CSD) resoluciones sobre el presunto uso de fondos de la RFEF para espiar al presidente de la AFE. El solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando una invocación genérica de límites legales, pero finalmente desistió de la reclamación, por lo que el CTBG decidió archivar el expediente.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (AEAT) el detalle de dietas y gastos de viaje del Director General de la AEAT de los últimos 4 años. El solicitante alegó que dicha información es ya parcialmente pública en internet. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por falta de motivación del perjuicio concreto.
Una periodista solicitó a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) el listado de establecimientos alimentarios inspeccionados entre 2017 y 2021, incluyendo nombres, direcciones y resultados. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: se debe entregar la dirección de los locales, pero se deniega el nombre comercial por falta de certeza en la veracidad de los datos.
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